Sin la participación plena y libre de las mujeres en la política, no habrá una verdadera democracia

• Ha sido constante en los sistemas religiosos, sociales, económicos y en las estructuras de poder.
• En las sociedades que se han asumido como democráticas, en las que el derecho de las mujeres a votar y ser votadas ha sido un logro a cuenta gotas el sufragio femenil.
• Si bien es cierto que ahora, desde hace 66 años en México, las mujeres pueden votar en igualdad de condiciones que los hombres, no se puede decir lo mismo —lamentablemente— con respecto al derecho a ser votadas o de participar en la toma de decisiones públicas.

Por Rodolfo Jiménez González

Las mujeres han sido discriminadas por siglos alrededor del mundo. Lo vemos en los principales sistemas religiosos, en los que los hombres tienen un papel preponderante y en donde también las principales divinidades y figuras proféticas suelen ser masculinas. Lo vemos en los sistemas sociales, en los que los hombres gozan de una mayor libertad y las mujeres están sujetas a decisiones de los varones, sean de sus padres, esposos o hermanos. Lo vemos en los sistemas económicos, en donde los hombres tienen mejores posiciones de dirección en las empresas y mejores sueldos. Lo vemos en las estructuras de poder, a las que es difícil que las mujeres puedan acceder y abrirse paso en ellas.

Desde el siglo diecisiete en Francia, un aliado de las mujeres, Francois Poullain de la Barre, notaba este hecho y decía: “parece que todas las leyes fueron hechas para mantener a los hombres en las posiciones en donde están”1.

Más recientemente, a la notable filósofa europea Agnes Heller —quien sobrevivió al genocidio en Auschwitz y ha combatido los totalitarismos con sus ideas y la fuerza de la razón— le preguntaron “¿por qué hay tan pocas filósofas mujeres en la historia?”. Su respuesta fue: “También hay muy pocas pintoras o compositoras. Porque para dedicarse a ello se necesita la libertad, que es la primera condición de la productividad en la alta cultura. Ahora las mujeres pueden ser filósofas, directoras de orquesta, compositoras… La condición es la libertad”2.

Lamentablemente, en pleno siglo XXI esa capacidad de vivir libremente está seriamente limitada para la mitad de la humanidad: que son precisamente las mujeres. Paradójicamente, esa libertad se ha visto también limitada y restringida en las sociedades que se han asumido como democráticas, en las que el derecho de las mujeres a votar y ser votadas ha sido un logro a cuenta gotas.

Fue a partir de la segunda mitad del siglo diecinueve que, en distintos países, las mujeres comenzaron a exigir públicamente su derecho a votar, en un movimiento al que se le ha conocido histórica y universalmente como “sufragista”.

En México, Hermila Galindo, cercana a don Venustiano Carranza, hizo llegar sus propuestas de derechos políticos de las mujeres a los Constituyentes de 1917. Cabe mencionar que pese a lo avanzado de nuestra Constitución, los legisladores consideraron—y cito textual—  que “las mujeres no sienten la necesidad de participar en los asuntos públicos”3, y por eso no se les reconoció explícitamente su derecho a votar y ser votadas en aquel momento.

El voto de las mujeres se aprobó en nuestro país hasta 1953, durante el gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines. Sin duda, pudo haber sido mucho antes, pero el derecho a votar de las mujeres encontró poderosos detractores y obstáculos políticos.

Por dar sólo algunos ejemplos: un general4 le escribió al presidente Miguel Alemán diciendo que el voto femenino ocasionaría “desconcierto y desorganización en nuestro amado hogar”5.

Asimismo, durante el debate legislativo, un diputado6 expresó en forma de reproche que “si vamos perdiendo la única cosa siempre aparatosa, que es la política […] si vamos a ser iguales hasta en la calle, en las asambleas, en las Cámaras, en la Corte suprema, en los tribunales, en los anfiteatros, etcétera, etcétera, pues, entonces, que nos dejen a nosotros, que nos permitan bordar, coser, moler y demás”7.

Estas dos expresiones son ejemplos de la discriminación y los estereotipos en contra de los cuales tuvieron que luchar las mujeres en México, para que fuera aprobado su derecho a votar. Y si bien es cierto que ahora, desde hace 66 años, las mujeres pueden votar en igualdad de condiciones que los hombres, no se puede decir lo mismo —lamentablemente— con respecto al derecho a ser votadas o de participar en la toma de decisiones públicas.

Por ejemplo, de conformidad al Atlas de Género en México8 del INEGI, actualmente:

La distribución en nuestro país de juezas, jueces, magistradas y magistrados en los juzgados y tribunales superiores de justicia estatales, es de 38.94% para las mujeres y de 61.06% para los hombres; esto implica una brecha de género de 22.12 puntos porcentuales9.

Gracias a la Reforma Electoral de 2014, que estableció en la Constitución el principio de paridad de género en la representación política, se ha avanzado en el caso de la distribución porcentual de las diputaciones en los congresos estatales, siendo actualmente las mujeres el 41.10% y los hombres el 58.90%. Sin embargo, persiste una brecha entre géneros de 17.80 puntos porcentuales10.

El caso de presidentes municipales es preocupante. En este rubro, las mujeres representan el 14.10% del total nacional, mientras que los hombres son el 85.90%; es decir una brecha de 71.80 puntos porcentuales11.

Estos datos muestran la disparidad existente entre géneros, en lo que corresponde a la toma de decisiones en nuestro país. Por eso, es crucial que —como nación— redoblemos nuestros esfuerzos para lograr la igualdad sustantiva.

Y pese a esta brecha entre géneros, hay que destacar y hacer visible un problema adicional. Me refiero al fenómeno de la violencia política en razón de género, que se ha desatado en contra de las mujeres por participar de forma más activa en la política.

Efectivamente, hoy muchas mujeres son víctimas de violencia simbólica, verbal, patrimonial, económica, psicológica, física y sexual por dedicarse a la política, y la sufren a manos de quienes se resisten a aceptar que la situación ha cambiado en nuestro país. Su pretensión es impedir que las mujeres ejerzan el cargo para el cual fueron electas o designadas.

Como lo ha señalado la Organización de las Naciones Unidas12: “la violencia contra la mujer constituye una manifestación de unas relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a que el hombre domine a la mujer y discrimine contra ella, impidiendo su adelanto pleno”.

Además, la ONU ha señalado que “la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales, por los que se reduce a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre”13.

Esta es una situación inaceptable que sociedad y autoridades no debemos permitir. Por ello, resulta encomiable que desde hace algunos años importantes instituciones fundamentales del Estado Mexicano, como el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, junto con otras instituciones y organizaciones, hayan sumado esfuerzos para impulsar dos instrumentos fundamentales:

Uno, los Observatorios de Participación Política de las Mujeres, cuya finalidad es promover que cada entidad federativa comparta y haga visible la situación política de las mujeres en su territorio; así como las estrategias de empoderamiento que se están llevando a cabo, para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Y, dos, el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres14, que constituye una “hoja de ruta” para proteger los derechos de las víctimas, así como para lograr la restitución de cualquier daño y el ejercicio efectivo de sus derechos políticos.

Resulta necesario, además, que se legisle para definir y sancionar ejemplarmente la violencia política en contra de las mujeres. Esto tiene que lograrse a nivel federal, así como en cada una de las entidades federativas de nuestro país.

México no será entera ni verdaderamente democrático, mientras a las mujeres se les siga negando, en los hechos, su derecho a participar en la toma de decisiones y determinar —en condiciones de igualdad con los hombres— el destino de nuestra nación

En este mes de marzo, en el que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, debemos —todas y todos— refrendar nuestro compromiso con la igualdad sustantiva, que es una premisa básica para hablar de una verdadera democracia.

Las mujeres han esperado demasiado la reivindicación de sus derechos. Es hora de hacerlos realidad.

1  “Toutes les lois semblent n´avoir été faites que pour maintenir les hommes dans la possessions où ils sont”. Poullain de la Barre, Francois, De l’Égalité des deux sexes, discours physique et moral où l’on voit l’importance de se défaire des préjugés, Michel Fingerhut, 2010, p. 12. Disponible en http://blog.le-miklos.eu/wp-content/Poullain-EgaliteDesDeuxSexes.pdf

2 Altares, Guillermo, “Agnes Heller: El islamismo radical es peor que una dictadura”, El País Semanal, 21 de agosto de 2017. Disponible en: http://elpaissemanal.elpais.com/documentos/agnes-heller-entrevista

3 Elizondo Gasperín, Rafael, Violencia política contra la mujer. Una realidad en México, Porrúa, México, 2017, p. 14.

4 General Manuel de J. Solís

5 Tuñón, Enriqueta, ¡Por fin… ya podemos elegir y ser electas! El sufragio femenino en México, 1935-1953, Plaza y Valdés / CONACULTA-INAH, México, 2002, p. 209.

6 Diputado Aquiles Elorduy.

7 Tuñón, op. cit., p. 72

8 Disponible en: http://gaia.inegi.org.mx/atlas_genero

9 Ibidem.

10  Ibidem.

11 Ibidem.

12 Resolución 54/134, del 7 de febrero de 2000.

13 Ibidem.

14 El Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres puede descargarse en el sitio web https://www.gob.mx/conavim/documentos/protocolo-para-la-atencion-de-la-violencia-contra-las-mujeres-en-razon-de-genero-2017