¿Es México un país de pobres?

Para dar una respuesta objetiva a esta interrogante, es imprescindible revisar las estadísticas disponibles. Tomando como referencia la información generada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) existen dos alternativas para analizar la evolución de la pobreza. En una primera instancia se puede recurrir a las cifras oficiales derivadas de la medición multidimensional de la pobreza. El primer elemento releva surge cuando se observa que, de acuerdo al CONEVAL, existen 58.5 millones de personas con un ingreso inferior a la línea de bienestar. Lo anterior implica que al menos el 52% de la población no tenía el ingreso suficiente para poder alcanzar un nivel bienestar que los aleje de la situación de pobreza. Un hecho innegable es que estos 58.5 millones de mexicanos, constituyeron 4.8 millones adicionales a la cifra contabilizada en el 2008.

Es evidente que el problema central fue el bajo poder adquisitivo que la población mexicana alcanzó por sus percepciones salariales. La cantidad de pobres que el CONEVAL reportó mediante la metodología multidimensional fue de 52 millones de pobres. La diferencia de 6.5 millones es explicada por un acceso que las personas marginadas tuvieron a algunos

servicios como salud, educación, vivienda y seguridad social. Sin embargo, la oportunidad de alcanzar dichos servicios no se derivó de los ingresos obtenidos por un empleo en el mercado laboral; la mayor parte de ellos fue accesible gracias a las políticas de protección social que se han implementado, tanto a nivel federal, estatal y municipal. Si bien esto último es positivo, queda claro que es insuficiente y que además no detiene el avance de la pobreza: en solo dos años, entre 2008 y 2010, la medición multidimensional de la pobreza

indicó un incremento de 3.2 millones de personas.

Otra opción que el mismo CONEVAL proporciona para revisar la tendencia de la pobreza, se refiere a la medición por ingresos. Una ventaja de esta forma de cuantificar la situación de pobreza en México, es que cubre un horizonte temporal mucho más amplio y permite contrastar que los 57.7 millones de mexicanos en pobreza en por ingresos en 2010 fueron 5.4 millones más que la cifra estimada dos años antes. Adicionalmente, también es evidente que constituyeron 12.2 millones más con respecto a 2006.

El aumento citado rompió con la tendencia a la baja que el indicador de pobreza por ingresos había reportado después de la crisis de 1995, siendo además la cifra más elevada para los últimos diez años.

Finalmente, se tiene un indicador que si bien el CO- NEVAL indica que no mide la pobreza su nombre si refiere a una medición de precariedad originada por las condiciones del mercado laboral. El Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP) se encuentra en los niveles más altos desde que se empezó a elaborar en 2005. Lo anterior significa que aun tomando en consideración la crisis económica de 2009, en la actualidad el ITLP es superior, es decir, el crecimiento económico alcanzado en 2010 y 2011 no se ha traducido en una mejora del mercado laboral y por consiguiente de los mexicanos.

Por tanto, las estadísticas oficiales colocan a la pobreza como uno de los verdaderos desafíos a resolver. Es poco afortunado intentar realizar un manejo político del delicado estado de la situación social del país. En realidad, es necesario plantear a este problema como uno de los ejes centrales que deben abordarse mediante la política económica de quien se desempeñe en el poder ejecutivo para los siguientes seis años. Más allá de la retórica, se necesita una solución al creciente problema de marginalidad en el que viven millones de mexicanos.

La pobreza, un problema estructura

Entre 2001 y 2011, el crecimiento del producto interno bruto (PIB) de México solo ha alcanzado una tasa promedio anual del 1.9%. Esta situación ha constituido una limitante para el desarrollo del país, teniendo implicaciones negativas sobre el bienestar, la productividad, la competitividad y el equilibrio social. El magro crecimiento económico revela un escenario desfavorable en el desempeño de variables estratégicas de desarrollo ulterior como la in- versión, el consumo privado, el empleo y los salarios.

La precaria situación del mercado laboral constituye una de las consecuencias más graves del escaso crecimiento económico y que a su vez tiene un fuerte impacto en el incremento de la pobreza. En este sentido, no únicamente la desocupación y sus condiciones críticas han dado cabida a una mayor marginación; la caída del poder adquisitivo (considerando el índice de precios de la canasta básica) ha sido otro un factor determinante. En términos reales, no se ha recuperado el poder adquisitivo del salario mínimo. En la actualidad, solamente representa el 23% de lo que constituyó a mediados de la década de los años 70 ?s y más aún entre 2000 y 2011 tuvo un retroceso adicional del 4%. Aún más delicado es que, de acuerdo al CONEVAL, entre 2006 y 2011 el ingreso per cápita promedio real disminuyó 25% cuando la comparación se realiza mediante los precios de la canasta básica.

Una consecuencia natural del bajo crecimiento económico y del retroceso en el poder adquisitivo es el aumento en el número de personas pobres. Según la medición de pobreza por ingresos, entre 1992 y 2010, el número total de pobres aumentó en 25%, contabilizando 57.7 millones de mexicanos afligidos por este problema, cifra superior a la registrada hace casi 20 años, 46.13 millones. Entre 2006 y 2010, la pobreza ha crecido de manera sostenida, siendo la parte más delicada, la pobreza alimentaria: un incremento de 44% a nivel nacional, 80% urbano y 26% rural. La pobreza por ingresos en México supera incluso la población entera de varios países, por lo que el ejército de pobres no puede pasar por desapercibido.

Esta situación de pobreza tiene un vinculación directa con el aumento de la inseguridad en el país: en tan solo 10 años se han elevado en un 22% las denuncias a nivel nacional.

El incremento de la pobreza se ha convertido en un hecho incontrovertible ante el cual las políticas públicas poco han podido hacer. Medido por el Índice de la Tendencia de la Pobreza Laboral (ITPL), el incremento registrado entre 2006 y el 2011 a nivel nacional es de 21%. Sin lugar a dudas lo anterior sintetiza que los programas de atención a la pobreza únicamente constituyen un alivio temporal, y muy endeble, a un problema estructural que aumenta con el desempleo y la precariedad laboral que enfrentan millones de mexicanos.

Lo descrito se ve exacerbado por el hecho de que, entre 2010 y 2011, la tendencia de la pobreza que marca el mercado laboral continua incrementando y marca nuevos niveles record, aún en entornos de crecimiento económico. Las cifras son contundentes: entre 2006 y 2011 el ITPL rural solamente se elevó en 3.8% en tanto que en el urbano lo hizo en 29.3%. Por tanto la marginación se ha generalizado. Evidentemente que parte de ello es atribuible a que un aumento de la pobreza en el ambiente rural representaría segregar a un grupo de mexicanos que ya viven en un entorno crítico. Además, a esos lugares llega una parte considerable de los recursos canalizados mediante el programa Oportunidades, el mecanismo oficial diseñado para tratar de minimizar el avance de este cáncer social. Oportunidades es bien evaluado porque ayuda a la gente más pobre a

sobrellevar su situación, pero es evidente que no tiene la capacidad de contribuir a la solución de la misma.

No obstante que la situación de pobreza ha penetrado el entorno urbano, la mayor marginalidad se sigue presentando en estados y municipios predominantemente rurales. Existen municipios en donde la pobreza supera el 97% de la población total y los 15 municipios en los cuales esta situación es más grave tienen a más del 96% de sus respectivas poblaciones en pobreza. De igual forma, de los 15 municipios en donde la situación de pobreza extrema rebasa al 73% de su población. En realidad dichos municipios se encuentran en el sur y sureste de la república mexicana, es decir, en estados poco industrializados y que a pesar de tener recursos naturales abundantes no cuentan con una infraestructura suficientemente desarrollada como para mejorar la calidad de vida de su población. Un elemento que también se debe mencionar es el hecho de que 1,003 municipios tienen al 75% o más de su población en una situación de pobreza y 190 concentran la mitad de la población en pobreza del país. Lo descrito refleja las casi nulas oportunidades que existen en tales localidades para aspirar a un mejor nivel de vida.

La descripción realizada contiene al menos cuatro aspectos a resaltar:

1. Es innegable el avance de la pobreza.

2. Parte de ello es atribuible a la precariedad del mercado laboral.

3. El mayor incremento de la pobreza se dio en las ciudades, pero la pobreza extrema sigue presentándose con mayor incidencia en los ambientes rurales.

4. Así como en el país existe una concentración de la riqueza, también lo es en el caso de la pobreza, por lo que su atención pasa por

atender de manera regional, los problemas productivos de infraestructura, de educación, salud y vivienda que existen en aquellos municipios con un mayor grado de marginalidad.

Dentro de esta revisión, es claro que se cuenta con información estadística que permite hacer un diagnóstico preciso del grado de incidencia y de ubicación del problema. Ahora, lo indispensable es contar con un programa económico y social que resuelva esta problemática de manera eficaz. Este es uno de los aspectos fundamentales de la “Una Agenda Mínima para México”, el cual debe ser tomado por los candidatos a la Presidencia de la República, ya que al inicio del próximo gobierno se tendrán a más de 60 millones de mexicanos en una situación de po- breza porque sus ingresos son insuficientes para ayudarlos a superar su condición de marginalidad.

La agenda mínima para los candidatos

Las campañas electorales han comenzado, es el momento para que los candidatos presenten sus propuestas. El actual estado de la nación no admite más retórica, los partidos políticos deben señalar de manera clara y precisa cuales serán las medidas que implementaran para resolver los problemas que laceran la precaria estabilidad económica, social y de seguridad en la que vive

buena parte del país.

Lejos quedaron las promesas de bienestar para la familia, de crecimiento del 7% o de tener una presidencia generadora de empleo, los saldos hoy son desfavorables en todos esos aspectos.

El incremento de la pobreza es la mejor muestra de ello. De acuerdo a la información generada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) la pobreza aumentó bajo cualquiera de las dos mediciones que realiza, la ahora oficial, denominada multidimensional, que arroja un universo de 52 millones de personas en pobreza, o la denominada por ingresos, que sitúa la problemática en 57.7 millones. La última forma de medición deja en claro la precarización del mercado laboral, es decir, el grave retroceso que el ingreso de los trabajadores ha sufrido, así como sus prestaciones sociales. De acuerdo al CONEVAL, el ingreso per cápita real ha caído en casi 25% (cuando se toman en cuenta los precios de la canasta básica).

Lo previo sintetiza dos elementos a tomar en cuenta. El primero versa sobre el desafío que deben asumir los candidatos: mejorar las condiciones laborales, para lo cual será necesario modificar la política de contención salarial que se ha aplicado durante los últimos años. No se puede buscar ser competitivo en función de bajos salarios, se debe pasar a una economía de mayor innovación y productividad.

El segundo elemento es el daño que está sufriendo el poder adquisitivo de las personas que realizan su mayor gasto en la parte de alimentos, es decir de los pobres. La política de olvido del sector agrícola, así como la ausencia en la generación de agroindustrias ha hecho que México sea un país dependiente de lo más básico, de alimentos. El problema es que la especulación internacional ha propiciado un incremento en sus precios, lo cual ha impactado al bienestar de los pobres.

Adicionalmente los candidatos deben presentar propuestas para el sector energético. Hay tres opciones básicas, que lo dejen como mecanismo de financiamiento de un sector público ineficaz e improductivo, que lo privaticen generando monopolios y que por ello los beneficios no lleguen a la población o que realmente lo transformen en un pilar del desarrollo de México, al generar energía suficiente, de calidad y barata tanto para las industrias como para las personas.

Generar una verdadera banca de desarrollo es fundamental, solo así se podrán generar nuevos sectores productivos en regiones marginadas. La concentración del crédito empresarial que otorga esta banca debe ser superado: tiene 624 acreditados de un universo de 3.5 millones de unidades económicas en el país.

Favorecer la competencia económica es otro factor a considerar. Una gran cantidad de monopolios y oligopolios han surgido por las decisiones del gobierno, su forma de privatizar, concesionar, de dar crédito, de rescatar sectores económicos y de ejecutar su gasto son causa de ello.

De igual manera se tiene a la seguridad pública. Combatir al crimen organizado pasa por tener una estrategia que va más allá de la parte armada. Tener una política de desarrollo industrial y social permitiría que la gente cuente con empleo, ayudando con ello a inactivar los incentivos que algunas personas tiene para asociarse al crimen organizado.

Lo anterior representa solamente algunos de los aspectos a considerar al evaluar las propuestas de los candidatos y su compromiso para resolver los problemas del país. Decir no al discurso vacío es fundamental, la profundidad de los desequilibrios impide una campaña sin fondo.