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Sauri Riancho: ¿Cúal es la prisa para la Revocación del Presidente?

Costará mucho dinero, advierte la presidenta de la Cámara de Diputados

La Diputada Dulce María Sauri Riancho (PRI): Con su permiso, señora presidenta.

Le restan 11 días a la LXIV Legislatura, este período de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión inició el 1 de mayo de este año.

¿Qué quiero decir al recordar estas fechas? ¿Realmente hay prisa por legislar en torno a tres leyes, nuevas todas ellas?

La Ley de la Marina Armada de México, cuyo dictamen fue generado en la Comisión de Marina de la Cámara de Senadores hace unos días.

La Ley de Juicio Político y Declaratoria de Procedencia, que pretende sustituir a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y normar los procedimientos para el juicio político y para la declaración de procedencia, es decir, para quitar el fuero constitucional y también para destituir e inhabilitar a funcionarias y funcionarios, consecuencia del juicio político cuando éste es procedente.

Y la tercera, que es la Ley para Normar la Revocación de Mandato, figura que fue introducida, vale recordar, el 20 de diciembre de 2019 y que daba 180 días a las cámaras de Diputados y de Senadores para poder establecer esa legislación.

Esto se cumplió, aquí se ha dicho, en la tribuna, en junio del 2020, los 180 días y solamente hubo una iniciativa, presentada en esta Cámara de Senadores por mi compañera Claudia Ruiz Massieu, en la materia, en febrero pasado.

De pronto vinieron las prisas, las urgencias, el descubrimiento que había que completar el proceso que ya está establecido, por cierto, para 2018-2024, en el cuarto transitorio de la reforma constitucional.

Prisas inusitadas, sin lugar a dudas; prisas ciertamente no motivadas por razones de la propia figura de revocación de mandato, porque sabemos desde diciembre de 2019 que a partir del 1 de noviembre hasta el 15 de diciembre se podrán juntar las firmas de casi 3 millones de ciudadanas y ciudadanos que estén inconformes con el actual gobierno, que quieran que termine anticipadamente su mandato y que tengan la llave para poderlo lograr.

Los que vayan a solicitar la revocación indudablemente no son los que apoyan al presidente, son los que están en contra del presidente y, no hay que confundirse ni confundir a la gente, porque no se trata de refrendarle el mandato, lo tiene; se trata de quitárselo porque un grupo de ciudadanas y ciudadanos considera que no se puede permanecer con el actual Ejecutivo hacia el 1 de octubre de 2024.

Esa llave que tiene la ciudadanía veremos si la ciudadanía decide activarla y veremos entonces si el Instituto Nacional Electoral, revisando las firmas, decide convocar a la consulta en un plazo de 20 días después del 15 de diciembre, que se vence el 4 de enero.

Y el propio cuarto transitorio dice que la convocatoria establecerá 60 días para la realización de la consulta y los 60 días se cumplen el 5 de marzo de 2022. Eso dice el transitorio constitucional, no lo puede, de ninguna manera, modificar la ley reglamentaria en materia de revocación de mandato.

¿Qué sí puede hacer la ley reglamentaria?

Va a normar el proceso para el próximo período 2024-2030, allá sí, en 2028 se aplicará lo que la ley señale. En este, es el cuarto transitorio que tiene fechas perfectamente establecidas.

También hay una, estaba dudando si llamarla fobia, pero creo que sí lo es, al Instituto Nacional Electoral, como aquí se ha expresado en varias ocasiones por parte de la mayoría. El Instituto Nacional Electoral es el organizador porque así lo decidió el Constituyente Permanente, porque así lo decidimos por mayoría calificada cuando se estableció la figura de revocación de mandato.

No se van a metichear, están allá; es más, si leyeran con atención la iniciativa dictaminada por la Comisión de Gobernación en el Senado verían invariablemente la presencia de Instituto Nacional Electoral.

¿Qué posiblemente quiere el INE en esta reunión que ha convocado del 27 de agosto?

Una cuestión que es fundamental, si procede la revocación para 2022 se requiere una previsión presupuestal y el Instituto Nacional Electoral tiene que presentar para que forme parte del proyecto de presupuesto que el Ejecutivo Federal presentará a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre.

Esa es una razón por la que el INE necesitaría hacer los cálculos. Y yo, desde esta tribuna, solicitaría al Consejo General del Instituto Nacional Electoral que haga una pausa y que exclusivamente presente la posibilidad o la exigencia del presupuesto para la realización de una posible consulta popular el año próximo.

Es más, propongo desde ahora, en el transitorio de la Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos 2022, que se establezca la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de darle los recursos suficientes al INE si procede la revocación de mandato. No podemos darle una responsabilidad de ese tamaño sin también proveerle los recursos. Está en juego la democracia mexicana.

Por último, compañeras y compañeros, somos 37 integrantes de esta Comisión Permanente. Nueve Diputadas y Diputados, 18 Senadoras y Senadores, formarán parte de la LXV Legislatura y yo les tengo mucha confianza, compañeras y compañeros, que a partir del 1 de septiembre ustedes, con el tiempo, los argumentos, las razones y los estudios y trabajos que se han realizado, puedan aprobar una buena legislación, muy buena en materia de revocación de mandato, muy buena en materia de juicio político y declaración de procedencia, muy buena en materia de nueva Ley Orgánica de la Marina Armada de México.

Yo sí confío en ustedes. El grupo parlamentario del PRI confía en las y los integrante de la LXV Legislatura y hago un cordial exhorto a la mayoría de Morena a que confíe en su nueva mayoría de la LXV Legislatura, que sepa que van a legislar bien y a tiempo para darle al país las leyes que necesita, y al pueblo de México la certidumbre que hacemos las cosas bien.

Muchas gracias.

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