Paquete económico 2024: ¿Qué debemos esperar?

Artículo por Thomson Reuters

El pasado 8 de septiembre el Presidente de la República por medio del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, entregó la propuesta del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2024 a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Cabe señalar que, conforme al artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), el proceso de aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos deben cumplir con los siguientes tiempos:

La Cámara de Diputados tendrá hasta el 20 de octubre para aprobar la Ley de Ingresos, mientras que el Senado tendrá hasta el 31 de octubre.

La Cámara de Diputados (como facultad exclusiva) tendrá como fecha límite el 15 de noviembre para aprobar el Presupuesto de Egresos.

A los 20 días naturales después de aprobados, el Ejecutivo Federal deberá publicar en el DOF la LIF y el PEF.

Es rumbo a la recta final del año que el Congreso de la Unión entra de lleno a la discusión de lo que serán los criterios generales de la política económica y tributaria que orientarán la gestión pública del próximo año.

En ese sentido, para 2024 la SHCP estima ingresos presupuestarios por 7’328,995.2 millones de pesos (mdp),1.8% menores, en términos reales, respecto a lo aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2023.

Asimismo, no se prevé una miscelánea fiscal, por lo que en este rubro no se contemplan modificaciones en las disposiciones fiscales ni incremento en impuestos.

En cuanto a los indicadores económicos la propuesta estima un crecimiento del producto interno bruto (PIB) de un 3.5%, en tanto que en materia de ingresos tributarios se espera incrementar la percepción de ingresos en 6.1% respecto del monto para 2023.

La SHCP estima que, al cierre de este ejercicio fiscal, se observará un cambio en las perspectivas de la captación de ingresos presupuestarios, respecto a lo estimado originalmente en la LIF 2023.

Implicaciones en la recaudación de impuestos para el ejercicio 2024

La política tributaria promovida por el Ejecutivo Federal desde el inicio de su administración, más allá de crear nuevos impuestos, tiene el objetivo de fortalecer los medios de acción por parte de la autoridad.

Esta política se puede resumir en lo siguiente:

No existe incremento de impuestos en términos reales

Se combate con mayor rigor la evasión fiscal

Se abstiene de conceder exenciones, créditos y otros beneficios a los grandes contribuyentes

Fortalecimiento de la cultura tributaria

En ese sentido, se buscará llegar a los objetivos previstos en la LIF a través de más fiscalización por parte de la autoridad y dotarla de herramientas para cumplir con una mayor recaudación por medio de auditorías, revisiones de gabinete y otras acciones para las cuales tiene facultades esta autoridad.

La recaudación esperada en 2024 es de 4’941,540.8 mdp, 2.1% más de lo aprobado para el año anterior, estimación que responde a la expectativa de mayor recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a gasolinas y al Impuesto sobre la Renta (ISR), a pesar de una menor recaudación esperada en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

¿Deben tomar alguna previsión los contribuyentes?

Se recomienda al contribuyente reforzar las políticas y prácticas de control interno sobre el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, dado que la autoridad fiscal cuenta con herramientas tecnológicas efectivas que le permiten tener una mejor vigilancia del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, algunas de ellas son:

La información que recaban a través del CFDI

Las declaraciones fiscales prellenadas

La obligación de revelar los esquemas fiscales agresivos y, la posibilidad de declarar operaciones inexistentes en los supuestos a los que se refiere el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación

Establecer medidas enfocadas a disminuir riesgos fiscales como políticas y protocolos de prevención, detección, gestión y mitigación a fin de evitar requerimientos y multas por parte de la autoridad fiscal.

Implementar un adecuado compliance tributario trae consigo múltiples beneficios como la prevención de delitos fiscales, recuperación más pronta de impuestos a favor, disminución de auditorías e inspecciones de cumplimiento, entre otros.

Víspera electoral: Sus implicaciones en las políticas recaudatorias del gobierno

Los especialistas en la materia han señalado la relevancia de este Paquete Económico 2024 por ser un año de elecciones presidenciales, además de que, al ser el último año del sexenio, se buscará no dejar proyectos inconclusos.

Bajo esa tesitura, el gasto proyectado tiene un alto contenido social enfocado en los programas prioritarios, por tanto, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024 propone una asignación de recursos orientada a incrementar la cobertura de los principales programas sociales, tales como el pago de pensiones a adultos mayores, así como concretar la construcción de múltiples proyectos de infraestructura.

En ese sentido, el gasto neto total del sector público que se propone es de 9’021,995.2 mdp, esto es, 26.2% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que representa un incremento del 4.3% respecto del aprobado en 2023.

En diversos medios, especialistas en la materia han argumentado que resulta preocupante que el déficit público del PIB propuesto para 2024 sea el máximo desde 1990, lo que implica una política fiscal que va en detrimento de la trayectoria de la deuda pública como porcentaje del PIB, por lo que, ante la fragilidad prevista para las finanzas públicas en los próximos años, será necesario que el siguiente gobierno implemente una reforma fiscal que permita incrementar los ingresos tributarios.

Es claro que no habrá reforma fiscal para 2024 ¿Qué reformas habrá?

Si bien al inicio de la administración el Gobierno Federal había advertido que en el tercer año se propondría una reforma fiscal, varios especialistas en la materia anticiparon que esta no se llevaría a cabo, y es que, de acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, para impulsar una reforma fiscal orientada a una mayor recaudación tributaria se requiere un contexto de sólido crecimiento económico que permita mitigar el impacto negativo del aumento en los impuestos, ya que dicha medida fiscal se considera restrictiva con relación al crecimiento económico.

En ese sentido, la SHCP señala que el Paquete Económico 2024 busca la continuidad de un proyecto de nación enfocado en el desarrollo, con el fin de reducir la pobreza y la desigualdad, que a través de cambios como las reformas en materia laboral y de política salarial ha logrado revertir las políticas que limitaban el crecimiento económico, propiciando una mejor distribución del ingreso en beneficio de la clase trabajadora.

Bajo esa tesitura, podría esperarse se impulsen las reformas pendientes en materia de derechos laborales y de seguridad social.

En tanto, la bancada de Morena indicó que para la recta final de la actual administración presentarán iniciativas tendentes a consolidar los programas sociales como son: el de adultos mayores, con el fin de bajar la edad de 68 a 65 años para obtener este beneficio, la universalización de la pensión para personas con discapacidad y elevar a rango constitucional el programa Sembrando Vida.

Qué iniciativas de reforma hay que seguir

Diversos especialistas en la materia han señalado la necesidad de una reforma fiscal que permita aumentar los ingresos tributarios para cumplir con los incrementos presupuestales de los programas sociales, ya que no existen fondos para enfrentar los bajos ingresos tributarios, por lo que la próxima administración deberá plantear una reforma fiscal integral durante sus primeros años.

Por otra parte, en lo que resta para el último año de la legislatura que concluirá el próximo 31 de agosto de 2024 existen varias iniciativas por lo que respecta a la agenda legislativa laboral tales como: las licencias de paternidad, el aumento en los días de vacaciones, incremento del aguinaldo, inclusión laboral de grupos históricamente excluidos, reconocer el burnout como enfermedad de trabajo, así como garantizar los derechos laborales de trabajadores en plataformas digitales.

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