Ante los rezagos históricos en materia laboral, la reforma propuesta, y en primera instancia votada por los Diputados y los Senadores, a la Ley Federal del Trabajo (LFT) busca modernizar el marco regulatorio del empleo, la productividad, los derechos de los trabajadores y la democracia sindical para así acelerar la inserción de México en el mercado global. Esta nueva ley reconoce una realidad en el mercado de trabajo que abandona situaciones anacrónicas del marco normativo que impera actualmente y que posicionan a este mercado en un nivel muy bajo de competitividad.
Cabe señalar sin embargo, que la iniciativa ha perdido su carácter de urgente como iniciativa preferente y queda sujeta a una nueva discusión legislativa por 
parte de los Diputados, en lo referente a los artículos modificados en la votación por los Senadores cuya minuta fue devuelta a los Diputados. Es necesario dado la importancia del tema que se apruebe lo antes posible y no le den más largas al asunto.
Cabe destacar que la nueva LFT introduce el concepto de “trabajo decente”, tesis auspiciada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que incluye las condiciones mínimas que deben imperar en una relación laboral: dignidad humana del trabajador, no discriminación, acceso a la seguridad, salario remunerador, capacitación y productividad, seguridad e higiene, libertad de asociación y autonomía y democracia sindical, derecho de huelga y contratación colectiva.
En general, la aprobación de esta reforma modificaría la flexibilidad laboral, transparencia y democracia sindical. En primera instancia amplía la gama de opciones de contratación como es el pago por hora y vía de tercerización o subcontratación (outsourcing), así como fijaría un tope a los salarios caídos evitando así la quiebra de las empresas y el impulso a la productividad laboral. En materia sindical estas agrupaciones harían pública la información relativa al registro de sus finanzas y elegirían a sus dirigencias mediante voto libre, directo y secreto.
En lo específico, se incorporan nuevos elementos como las formas de aviso de despido, permiso de paternidad, un catalogo sobre trabajos peligrosos para menores de 14 años, promoción de la contratación de jóvenes mediante programas de empleo gubernamentales y añade un capítulo para los trabajadores jornaleros. Se establece los contratos a prueba (de uno a seis meses), contratos por capacitación (de tres a seis meses), por temporada y el teletrabajo (trabajo en domicilio particular) con garantía de las prestaciones de Ley.
También quedan legalizados los servicios vía outsourcing por lo que cabría esperar una mayor fragmentación de los sindicatos. Pues podrían existir dos o más sindicatos por la misma actividad y centro de trabajo. En cuanto a la promoción de la productividad laboral destaca la eliminación del “escalafón ciego” y para motivar la inversión y generación de empleo; se limitan los salarios caídos hasta por un periodo máximo de 12 meses y se agiliza el aviso de despido, pues ahora el patrón podría dar aviso en forma indistinta al trabajador o a la junta de conciliación y arbitraje en cinco días hábiles, de manera personal o por correo certificado.
Ante este nuevo marco de actuación cabría esperar mejoras notables en la competitividad del país pues se crearía un ambiente de mayor certidumbre a las inversiones y generación de empleos. La productividad laboral en México prácticamente no ha variado en los últimos veinte años, y dada su posición respecto a países más desarrollados se requiere urgentemente de cerrar esta brecha para mejorar nuestra posición en el escenario internacional y permitir así una mejor inserción en los mercados globales.
En suma, en el contexto nacional se observarían nuevas reglas para lograr una organización de los sindicatos más transparente y democrática. De aprobarse la nueva LFT esta modernizará el mercado laboral lo que permitirá a México competir con mejores condiciones y mayor atractivo internacional, con mejoras competitivas menores diferenciales de productividad que observamos actualmente respecto a los países desarrollados.
Por Julio A. Millán B., Presidente de Consultores Internacionales S.C.
