Golpe Final a Nuestra Soberanía Energética
EL C. PRESIDENTE SENADOR FRANCISCO LABASTIDA OCHOA:
Deseo agradecer, en primer lugar, saludar y reconocer la presencia y el apoyo del señor Senador Santiago Creel, Presidente de la Mesa Directiva del Senado; del señor Senador Manlio Fabio Beltrones, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado; del Senador Carlos Navarrete, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD; del Senador Francisco Abundis, Coordinador del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, y de nuestros compañeros y Senadores y Diputados que nos han hecho el favor de acompañarnos, y agradecer a los señores ponentes su presencia, su disposición, su contribución al análisis de este tema.
Con el foro del día de hoy, terminamos el ciclo de foros de Debate Sobre la Reforma Energética. Quiero por eso agradecer de la manera más amplia a los Diputados y Senadores que a lo largo de once semanas han asistido y participado en nuestros encuentros.
En nombre de la Comisión de Energía, quiero expresar mi reconocimiento a la Junta de Coordinación Política, y a la Mesa Directiva del Senado, así como a todos los coordinadores de los grupos parlamentarios que nos han hecho el favor de acompañarnos en muchas de las sesiones que aquí se han desarrollado.
Se hizo un sorteo previo para determinar el orden de intervención de los señores ponentes. Le correspondió al licenciado Manuel Bartlett Díaz, tener el primer uso en el orden de la palabra.
El licenciado Manuel Bartlett Díaz es Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios en Maestría y Doctorado en Ciencias Políticas, en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.
Tiene estudios de posgrado en la Universidad de París, Francia; Diplomado en Administración Pública de la Universidad Victoria de Manchester, Inglaterra.
Es profesor de Teoría General del Estado en la Facultad de Derecho de la UNAM, en su larga carrera de desempeño público, ha sido Secretario de Gobernación; Secretario de Educación Pública; Gobernador Constitucional del Estado de Puebla; Senador de la República, y Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Legislatura LVIII y LIX.
Tiene el uso de la palabra el licenciado Manuel Bartlett Díaz.
-EL C. LIC. MANUEL BARTLETT DIAZ: Con mi agradecimiento al Senado de la República por oportunidad de estar hoy aquí con ustedes.
Concluye hoy el debate sobre la Reforma Energética. Se analizaron todos sus aspectos. Cada legislador dispone de material útil para tomar una decisión trascendental para México, y que marcará a cada uno para siempre.
Tuve el privilegio, como algunos de ustedes, de haber conocido, y en nuestro caso, rechazado en el Senado iniciativas para abrir el Sector Energético a la inversión extranjera, y denunciado ante las autoridades permisos y contratos que se siguen expidiendo para imponer la apertura, violando la Constitución.
Hoy, bajo el rubro Reforma Energética, presentan lo mismo, pero integrado en paquete, nada es nuevo. Las iniciativas pretender dar el golpe final a nuestra soberanía energética, concluir un proceso iniciado con el TLC.
El tema de hoy, “Relaciones con Compañías Extranjeras y Jurisdicción de Tribunales Extranacionales” es una acertada conclusión, porque explica todos los demás temas.
El objetivo central de la Reforma, es el regreso a México de las petroleras extranjeras, protegidas por la jurisdicción extranacional.
El diagnóstico del gobierno es un pretexto, la causa determinante es la imposición extranjera.
Si no se sitúa el tema en el marco de la geopolítica, y de la política petrolera mundial, no se explican las iniciativas.
México es de los primeros proveedores de crudo de Estados Unidos, cada vez más demandantes.
El Grupo de los Ocho, acordó presionar a las empresas nacionales abrirlas al mercado para que bajo su control fluya hacia ellos el petróleo.
México tiene un modelo petrolero sustentado en mandatos constitucionales ilegales que preservan la exclusividad del Estado en su explotación con prohibición a extranjeros para fines nacionales: proveer la energía primaria y desarrollar una industria petrolera propia para el desarrollo del país.
La explotación, niveles de exportación, refinación, dependen de decisiones mexicanas. Garantiza, así seguridad energética y soberanía sobre este recurso nacional finito.
Lo que pretende el Ejecutivo es sustituir el modelo nacional por otro en el que se someta al petróleo mexicano a las reglas del libre mercado, bajo la explotación de toda la cadena por empresas extranjeras asociadas en el aprovechamiento de la renta petrolera a través de contratos que confieren derechos intocables, desde la exploración y explotación, hasta la venta directa.
El modelo establece garantías para los contratistas extranjeros que anulan la exclusividad del Estado a la explotación, se apropian de funciones reservadas a la empresa nacional. Es la desnacionalización del petróleo mexicano por sobre la Constitución.
Queda Pemex como simple agencia de contratación. Modifica toda la legislación petrolera esencial para abrir espacios a las inversiones y a las empresas petroleras transnacionales, desmantela los marcos institucionales de una industria nacional para imponer otros adecuados a una industria privatizada.
El imperativo es producir más petróleo. Mantener y acrecentar la plataforma de extracción y exportación obedece a presiones externas y no a nuestra conveniencia de beneficiarnos de su preservación e industrialización.
El TLC respeta formalmente el modelo mexicano, al rechazar entonces demandas norteamericanas. El anexo 602 establece que “El Estado mexicano se reserva para sí mismo, incluyendo la inversión y la prestación de servicios, las actividades estratégicas: la exploración y explotación de petróleo y gas natural; su refinación y tratamiento de petroquímicos básicos; comercio exterior, transporte, almacenamiento y distribución, incluyendo la venta de primera mano de petróleo crudo; gas natural y artificial; bienes obtenidos de la refinación o del procesamiento de petróleo crudo y gas natural; y petroquímicos básicos”.
El Tratado destaca esta reserva: “en el caso de contradicción entre este párrafo y cualquiera otra disposición de este Tratado, prevalecería este párrafo en la medida de la incompatibilidad”. Se rechazó así el abasto garantizado a Estados Unidos, los contratos de riesgo, las gasolineras extranjeras. Las empresas norteamericanas no pueden realizar actividades de exploración y explotación, ni producir en México, refinar, exportar, distribuir hidrocarburos, ni vender al mayoreo o al detalle. La resistencia a las presiones se basó en el argumento válido de la prohibición constitucional.
México concedió, sin embargo, la apertura de las compras y servicios de Pemex a licitación internacional, lo que produjo la invasión de las empresas extranjeras a través de licitaciones sesgadas y la contratación de explotación, disfrazada de servicios. Otro resultado del TLC fue la subdivisión de Pemex en cuatro subsidiarias, tres fueron descapitalizadas con el resultado de la destrucción de nuestra industria petrolera. Se apoyó únicamente la de extracción de crudo. Si bien México no se comprometió a garantizar el suministro a los Estados Unidos como lo hizo Canadá, el gobierno actúa como si lo hubiéramos pactado, incrementando aceleradamente la exportación a Estados Unidos sin reponer reservas.
Calderón renuncia a las reservas establecidas por el Estado Mexicano, con aprobación del Senado, y se somete de manera unilateral a lo que demandó Estados Unidos, proponiendo abrir a la inversión extranjera lo que está literalmente reservado.
Esta Reforma Energética asume dócilmente el modelo que han venido imponiendo, aprovechando debilidades económicas o políticas y connivencias locales. Obedece a una estrategia de los países consumidores para anular a las empresas nacionales y garantizar el acceso directo a sus recursos naturales.
Este proceso se inicia con la rebelión de la OPEP contra el dominio de las transnacionales. Amparados los productores en la reivindicación de la soberanía permanente sobre sus recursos naturales, revocaron las concesiones y las traspasaron a sus compañías nacionales.
Los países consumidores reaccionaron induciendo un nuevo orden internacional del petróleo. Fundaron la Agencia Internacional de Energía y han tejido tratados bilaterales y multilaterales, comerciales y de protección a la inversión, para encuadrar al régimen petrolero dentro de un régimen legal internacional del capital. Nuevos contratos de exploración y explotación que asocian a las compañías petroleras nacionales sustituyen a las concesiones.
Este nuevo marco legal internacional protege la inversión por encima del recurso natural. La pieza clave de esta red de tratados, contratos, servicios, es la imposición del arbitraje internacional. Sustrae el petróleo, materia estratégica, de la jurisdicción nacional obligando a los países a someterse a tribunales extranacionales creados por ellos, en los que se imponen los privilegios concedidos a la inversión, bajo la amenaza de sanciones, embargos, etcétera. Cualquier cambio que pretenda el país productor es impugnado en el exterior; la soberanía legislativa, administrativa y fiscal se pierde.
Utilizan a la empresa pública para simular control nacional. El nuevo régimen global reduce los derechos soberanos de los estados a dar o no dar permiso de acceso a la explotación, una vez que las empresas entran, los derechos de dominio eminente sobre el petróleo se subordinan a los tratados internacionales. Los países exportadores de capital ejercen derechos sobre el recurso. Anulan el régimen de la propiedad pública. Las compañías nacionales se transforman en agencias de contratación. El país es dueño del petróleo, se dice, no, en principio, pero su explotación se somete a los derechos supremos del capital.
Además de la sumisión del modelo Calderón a intereses externos, su decisión de llevarlos a mayor dependencia está en acuerdos orientados a integrar el petróleo mexicano al mercado de los Estados Unidos.
El informe Cheney, en 2001, define la meta: lograr mercados energéticos unificados, aprovechar el TLC para una política energética común: acelerar las inversiones transfronterizas en ductos y redes eléctricas, facilitar permisos para la mayor integración energética entre los socios del TLC. El Presidente Bush ha declarado que ha llegado el momento de terminar con la excepción mexicana.
En la Cumbre de las Américas, celebrada en México en 2001, Fox se integró a un grupo de trabajo de Energía de América del Norte, promotor de más comercio e interconexión.
La integración energética persigue que México se comprometa, como ya lo hizo Canadá, a satisfacer las necesidades energéticas de Estados Unidos como si fueran propias, sin darle prioridad a nuestro mercado, al mercado mexicano. Canadá ha perdido el control de su petróleo, no puede reducir la exportación de crudo a los Estados Unidos si no reduce su consumo interno en la misma proporción.
En el marco de la lucha contra el terrorismo se crea el ASPAN: Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte. Acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá que justifican como no vinculante. No es tratado, ni acuerdo formal, sino una forma fuera de la legalidad que establece compromisos, sin la aprobación del Senado. El ASPAN tiene su proyecto energético, obviamente en la línea del país hegemónico. Integración del Mercado de América del Norte; impulsar medidas privatizadoras en energía; promover la cooperación sectorial para facilitar la actividad empresarial en energía; la seguridad energética en América del Norte, con el abasto de energía segura, sostenible y asequible; distribución energética a través de la frontera; liberalizar el comercio, almacenaje y distribución de productos petroleros. No son temas aislados sin consecuencia, son compromisos que asume el Presidente de México que impulsan acciones de gobierno que avanzan ilegalmente. Son claros los propósitos del modelo Calderón. Las iniciativas se complementan.
La Ley Reglamentaria del artículo 27 propone transformar el marco regulatorio de la industria petrolera. Iniciar la explotación en aguas profundas asociados. Establecer en yacimientos compartidos, mecanismos de explotación conjunta cambio integral legal para aprovechar el apoyo de terceros. Diseñar mecanismos de colaboración. Contratar servicios asociados a la refinación. Participación del sector privado y transporte, almacenamiento, distribución. Autorizar simples permisos administrativos, contratos de servicios con terceros. Reformar el artículo 6° para legalizar, digamos, los contratos de servicios múltiples.
La Ley Orgánica de PEMEX busca incrementar sustancialmente la producción, establece un régimen de excepción.
Las actividades productivas no serán reguladas por las leyes de adquisición, arrendamiento y servicios del sector público ni de obras públicas. Propone flexibilidad, excepciones a la licitación pública, adjudicación directa, contratación para acceso tecnológico, contratos a determinar precio y contenido durante la ejecución. Todo, obviamente, con terceros. Puede aceptar incluso la aplicación del derecho extranjero.
La nueva estructura de “gobierno corporativo”, entre comillas, refuerza facultades del Consejo de Administración con 4 consejeros profesionales nombrados por el Presidente. Emite bonos ciudadanos con entendimientos asociados al comportamiento económico y desempeño.
Mantiene las divisiones subsidiarias. Pero podrá decidir su futura estructura creando nuevas filiales. Autonomía financiera eso sí aplazada.
La Ley de la Comisión de Petróleo con 4 comisionados nombrados por el Presidente, define contratos, explotación, exploración, plataformas de exportación sin intervención del Congreso.
La Ley de Comisión de Regulación de Energía que es un órgano para mercados privatizados, se reforma para incluir atribuciones en materia de transporte, almacenamiento, distribución y petroquímicos básicos por la apertura o la propuesta de apertura a la participación de particulares.
Reforma Fiscal propia de un régimen contratista, favorecedor de la inversión privada extranjera.
El modelo de Ejecutivo se apega disciplinadamente al nuevo orden petrolero y reproduce elementos que han sido eficaces para transformar regímenes nacionales en transnacionales.
Propone una autonomía de gestión tramposa que le confiere al Consejo de Administración facultades de excepción para contratar con terceros, pero mantiene el control en manos del Presidente.
Esos derechos autónomos confieren capacidad del Consejo de Administración para transferir sus funciones a empresas extranjeras sin límite.
El sentido de la autonomía es en realidad liberar a PEMEX de Hacienda, no del Estado. Lo que exige control del Congreso de la autoridad superior.
La ley autoriza a la empresa para someterse a tribunales extranacionales y a convenir la aplicación de derecho extranjero. Inicia la bursatilización con los bonos, instrumentos de capital, cuyo rendimiento no estará representado por una tasa de interés, sino por una compra-prestación vinculada al desempeño.
El bono ciudadano, es un título de capital de riesgo que dará derecho a sus tenedores a exigir cuentas, lo dice la iniciativa. Son derechos corporativos y estarán en manos extranjeras sin duda. Es una auténtica privatización.
El modelo Calderón es el que le permitió privatizar a PETROBRAS, autonomía sobre el estado, facultades exorbitantes para abrir y contratar y la bursatilización.
El 60% de sus resonados descubrimientos, pertenecen a la Bolsa de Nueva York, así fue también la desnacionalización en la Venezuela de Carlos Andrés Pérez y muchos más.
Las iniciativas de Calderón van en contra de la tendencia mundial. Los países productores aseguran sus reservas, recuperan antiguas sesiones, recortas privilegios de las transnacionales. Bolivia, Ecuador, Argelia y muchos más. Estados Unidos, oigan, Estados Unidos impide a China comprar una empresa petrolera americana por razones de seguridad nacional. España, Francia, por patriotismo económico, así le llaman, por patriotismo económico, defienden sus empresas energéticas.
Rusia recupera lo que se dio Yeltsin y se erige en potencia energética.
El nacionalismo energético es la regla. En México se propone la desnacionalización.
Señores legisladores:
Las iniciativas persiguen la anulación del modelo nacional para someterlos a las transnacionales. No pueden ser punto de partida.
Quienes se han manifestado en contra de toda privatización abierta o encubierta, no pueden aceptar las iniciativas que lo proponen; ni siquiera parcialmente, es un modelo integrado. El riesgo es quitar lo aparente y mantenerlo encubierto, desde luego, desde luego, ¡eh!, se debe precisar el concepto privatizar, porque nadie lo encuentra en ningún lado.
Los proyectos alternativos que surgen a la luz del proceso desatado por el Proyecto Calderón, deben a su vez someterse al debate nacional. PEMEX no se puede quedar como está, pero no es posible legislar sobre la industria más importante del país y una revisión a fondo de la misma. El producto del debate es indispensable.
Las iniciativas no presentan ningún plan, como no sea entregarle la solución a las empresas extranjeras que no vienen a rescatar, sino a sustituir.
La presencia de las transnacionales en México afectarán la soberanía nacional y la seguridad nacional.
Por lo anterior, con todo respeto propongo dictaminar en contra las iniciativas de reforma energética del Ejecutivo. Iniciar e instalar una Comisión Plural que establezca un programa de emergencia. Exigirle al Ejecutivo detener la destrucción de PEMEX, que inicie la construcción de refinerías, incremente la capacidad de las existentes, reduzca la importación de gasolinas y de gas. Iniciar juicio de responsabilidades a quienes han propiciado el desastre petrolero. Demandar al Ejecutivo presentar al Congreso todos los contratos que bajo diferentes nombres realizan innumerables funciones. Evaluar su presencia ya en todo el territorio nacional, los compromisos que implican, revisar sus montos, su constitucionalidad. Analizar las compras y servicios diversos, sus montos y la comparación con los costos nacionales.
Es práctica del nuevo orden petrolero transnacional, asegurarse por estas vías el reciclamiento de los fondos que representan sus compras de crudo para recuperarlo mediante ganancias, cuya repatriación aseguran de tratados y contratados. El dinero se regresa, el petróleo se esfuma. Solicitar a la Auditoría Superior de la Federación, órgano del Congreso propongan las medidas para corregir el desastre financiero que se expidió en este foro hace dos días. Sin lo cual ninguna reforma será viable.
Muchas gracias.
