Política

Equilibrio y División de Poderes

 

– Carta del Editor.

Desde Montesquieu, en “El Espíritu de las Leyes”, antes de la Revolución Francesa, pasando después por Alexis de Tocqueville, en “La Democracia en América”, la democracia tiene, entre sus principales características un funcionamiento del poder público basado en la división de poderes, y si México ha entrado a una etapa superior de su Democracia Electoral, es necesario también que se respete el equilibrio y la división de poderes para el mejor funcionamiento del sistema democrático mexicano.

Incluso desde su discurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que lo declaró Presidente Electo por voz de la Magistrada Janine Madeline Otálora Malassis, el Lic. Andrés Manuel López Obrador expresó que no avasallaría a ningún otro de los dos poderes, lo cual ratificó en su discurso de la noche en el Zócalo: “… el Ejecutivo no será el Poder de los Poderes…”, dijo.

Es por eso que creemos que no debe darse ninguna señal de lo contrario: el Ejecutivo tiene obligación de respetar la independencia tanto del Poder Judicial de la Federación, encabezado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como al Poder Legislativo que no debe ser usado como una agencia para tramitar leyes e iniciativas que se aprueben tal cual provengan del Ejecutivo Federal.

Eso explica que en la visita que hizo el Jefe del Ejecutivo, Lic. Andrés Manuel López Obrador, a la Suprema Corte de Justicia, con motivo del Informe de su Presidente, Ministro Luis María Aguilar Morales, este ratifico que la Constitución establece con toda claridad el equilibrio y respeto a la división de poderes del Gobierno Federal.

El Ministro Aguilar fue claro y contundente tanto como respetuoso con el Jefe del Poder Ejecutivo, López Obrador: los poderes de la nación, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, son independientes y soberanos.

El respeto a ese principio es la garantía para que la República avance de una manera Constitucional, que de confianza a todos los sectores nacionales y garantice el ejercicio y vigencia plena del Estado de Derecho.

Por el Lic. Mauro Jiménez Lazcano,

Director General de la Revista Macroeconomía.

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