En la Pandemia: Por un Cambio Urgente de la Política Económica

Han transcurrido más de cinco meses desde el primer contagio por COVID-19 en el país. A pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno federal y los gobiernos de los estados y el apoyo y solidaridad de gran parte de la sociedad, la crisis sanitaria persiste y los casos confirmados activos y los fallecimientos siguen creciendo.

En el ámbito económico, el retroceso arroja un saldo de graves daños sociales que apenas empieza a apreciarse. La política adoptada no consideró que contener la caída de la economía, mediante apoyos a empresas para preservar empleos y a los trabajadores desempleados para mitigar la pérdida de sus ingresos, contribuiría, de manera directa, a frenar la pandemia al permitir a la población mantenerse a resguardo por el tiempo suficiente para detener la propagación del virus.

Creemos que contener la pandemia, proteger las fuentes de empleo y reactivar la economía son objetivos complementarios, no alternativos.

La pandemia significa un nuevo desafío al objetivo de cerrar las múltiples brechas de desigualdad que fracturan a la nación. En el último año, hubo un importante incremento de los salarios mínimos, se amplió el derecho a una pensión básica para adultos mayores y se extendieron apoyos a otros grupos vulnerables.

Ante una situación extraordinaria, se ha mantenido una política económica y social que fue diseñada para otras circunstancias y prioridades. Sin embargo, los datos a la mano han confirmado que la actividad económica, los niveles de empleo y el ingreso de la mayoría de la población se deterioraron abruptamente entre abril y mayo y los empleos que se han empezado a recuperar en junio han sido fundamentalmente informales.

Sólo en abril, 12.5 millones de personas quedaron desocupadas y perdieron sus ingresos; entre 10 millones (CONEVAL) y 16 millones de personas (PUED-UNAM) cayeron en una situación en la que sus ingresos totales no alcanzan para cubrir el costo de la canasta alimentaria básica, y el PIB registró en el segundo trimestre una caída de 18.9% frente al mismo trimestre de 2019, la mayor desde que se tiene registro.

Ante la pandemia, el confinamiento y sus efectos sobre la economía eran inevitables. La magnitud del daño, sin embargo, dependía, y aún depende, de la puesta en marcha de medidas adicionales o alternativas de política económica que lo reduzcan.

El cierre definitivo de empresas, antes solventes, dificulta el reingreso de la población a los puestos de trabajo; es siempre arduo recuperar la pérdida de ingresos provenientes de empleos formales o de actividades informales.

Esta situación, tan adversa, puede y debe corregirse. El 28 de marzo expusimos algunos planteamientos sobre las medidas que considerábamos necesarias en aquellos momentos1. Ahora, y ante la evolución reciente de la economía, expresamos algunas ideas y propuestas adicionales y reiteramos otras con el ánimo de contribuir a la reflexión sobre las estrategias requeridas para salir lo más pronto posible de esta crisis, para generar condiciones de crecimiento del empleo y de los ingresos de las familias, para fortalecer la provisión de servicios públicos, en particular los de salud, y para transformar las bases del desarrollo nacional.

1. Adoptar una estrategia de emergencia para lo que resta de 2020 y para 2021

La economía mexicana no se recuperará espontáneamente, de forma rápida. La reactivación podría ser más lenta de lo deseado; está condicionada a que se controle la propagación del COVID-19, a que no haya rebrotes o nuevas oleadas.

Ante la magnitud y la extensión del impacto en el empleo y en la actividad económica, no resultan suficientes los programas sociales actuales enfocados fundamentalmente a quienes poco antes de la crisis habían sido incorporados a los padrones de beneficiarios de programas renovados o ampliados.

Es imprescindible tomar medidas inmediatas para proteger el empleo y el ingreso de los trabajadores que han quedado desempleados o subocupados, así como apoyar a los trabajadores informales que han visto caer sus ingresos. La gran mayoría de ellos se ubica en los estratos de más bajo salario y son altamente susceptibles de pasar a una situación de pobreza. Esto implica, por otra parte, ayudar a proteger la sobrevivencia del mayor número posible de fuentes de trabajo para que, en su momento, pueda iniciarse más rápidamente la recuperación.

Esperar una recuperación acelerada de la actividad económica siguiendo con la misma política no parece razonable, aun cuando se terminaran las medidas de confinamiento, lo que todavía no está ocurriendo pues la epidemia se prolonga.

El impulso para la recuperación sostenida difícilmente vendrá solo del consumo privado. Si bien muchas de las ocupaciones informales se retomarán con cierta rapidez, su nivel previo de ingreso tardará en alcanzarse en tanto no se reactiven las percepciones de la mayoría de la población.

La inversión privada, por su parte, acentuó su larga declinación desde la segunda mitad de 2018, descenso que se ha agudizado en 2020. En el contexto de una enorme ampliación de la capacidad ociosa, escasas perspectivas de repunte de la demanda y gran incertidumbre, la inversión difícilmente crecerá por sí misma en los próximos meses.

La entrada en vigor del TMEC en el marco del conflicto entre Estados Unidos y China puede tener efectos positivos sobre la exportación y la inversión extranjera directa, pero lo más probable es que éstos, de ocurrir, se vean en el mediano plazo. Las exportaciones dependerán de la evolución de la economía estadounidense que, según el FMI, no recuperará su nivel de actividad previo a la pandemia antes de 2022.

Debemos impedir que persista el círculo vicioso de caídas en el empleo, el ingreso y la producción que puede dar lugar a una depresión de larga duración. Solo un impulso fiscal puede dinamizar la recuperación en el corto plazo.

Por razones de estricta justicia social vinculadas al imperativo de paliar el sufrimiento de millones de familias, y también por motivos de índole macroeconómica, sigue siendo necesario y es ahora más urgente poner en marcha un programa de ampliación del gasto público a la altura de la emergencia. Esto supone incrementar el déficit público para 2020. Requiere, además, un presupuesto y un programa para 2021 que fortalezca considerablemente dicho impulso ampliando el espacio fiscal.

Es de fundamental importancia, al mismo tiempo, garantizar que la deuda y las finanzas públicas se mantengan en una trayectoria sostenible, lo que incidiría en una mejor percepción de los mercados.

Resarcir ingresos de la población más afectada por el deterioro del empleo, impulsar la economía en el corto plazo para preservar fuentes de ocupación, y mantener la deuda en límites razonables como proporción del PIB, son objetivos que pueden lograrse de manera simultánea.

Para financiar el déficit de 2020 y parcialmente el de 2021 se puede recurrir, por una parte, a la línea de crédito flexible de bajo costo disponible en el FMI y, por la otra, a financiamiento directo del Banco de México. Adicionalmente, la banca puede cooperar con la recuperación no solo otorgando más crédito a empresas y personas sino también apoyando el financiamiento de un mayor déficit público.

Los recursos adicionales movilizados también pueden ampliar el financiamiento de la banca de desarrollo, para favorecer la reactivación productiva del sector industrial. Diversos países, tanto en Europa como en América Latina, han recurrido a expedientes similares sin castigo por parte de los mercados.

El funcionamiento de la arquitectura financiera internacional impone prudencia en la gestión de la deuda a los países menos ricos, en particular de la deuda externa. La gravedad de la recesión que la pandemia ha provocado, sin embargo, ha vuelto improrrogable establecer una forma de cooperación entre las autoridades fiscal y monetaria, que atribuye a las segundas la tarea de seleccionar formas de financiamiento del déficit público que reduzcan en lo posible la emisión de deuda. También ha obligado a repensar el papel de las autoridades monetarias y fiscales de apoyar directamente a empresas, a fin de preservar empleos, y facilitar una transformación de la estructura productiva acorde con un desarrollo sustentable y mantener moderadamente al alza los salarios reales.

Es posible, es necesario, pues, movilizar recursos en el muy corto plazo para proteger los ingresos familiares, preservar fuentes de empleo y –pari passu con un desconfinamiento prudente– reactivar la economía. La expansión del gasto público debe concentrarse en:

i) robustecer al sector salud;

ii) apoyar directamente a los millones de familias que siguen afectadas por los despidos laborales o el recorte de sus remuneraciones; y

iii) ayudar a empresas privadas a preservar fuentes de trabajo con apoyos directos, además de créditos.

Al mismo tiempo que se ponga en marcha la reactivación, es necesario definir un nuevo curso de desarrollo, incluyendo un conjunto de reformas como un seguro de desempleo de emergencia, un ingreso básico para las familias más pobres, y otras de tipo financiero destinadas a fortalecer la banca de desarrollo, la política industrial y regional, así como otras dimensiones y aspectos de la política económica y social para un crecimiento incluyente y sustentable.

También podría instrumentarse un programa emergente de inversión en infraestructura, utilizando información disponible en la propia banca de desarrollo y en grupos de ingeniería y empresas privadas de la construcción.

2. Iniciar los debates para una reforma que amplíe el espacio fiscal

Aun cuando es factible movilizar más recursos de forma inmediata para lo que resta de 2020, el espacio fiscal es reducido frente a las necesidades de la emergencia –y las de larga data–, así como frente a los compromisos de gasto que se enfrentan.

El recurso al endeudamiento debe ser visto como transitorio y circunscrito a superar la emergencia. Por ello, para solventar las necesidades futuras en materia de bienes públicos indispensables –salud, educación e infraestructura en primer término– y para garantizar que la deuda se mantenga en una trayectoria sostenible y aceptable, es impostergable ampliar el espacio fiscal.

El debate y la adopción de una reforma fiscal que le dé viabilidad al endeudamiento de corto plazo y permita detonar el crecimiento económico a mediano plazo debe convertirse en uno de los ejes principales del programa hacendario para 2021.

Una reforma fiscal que finque las bases de una nueva economía incluyente y sustentable necesita ser producto de un amplio pacto entre las fuerzas políticas y sociales y los agentes económicos. Ese pacto podría, además, contribuir a mejorar el diálogo entre la sociedad y el gobierno, y propiciar la inversión y el crecimiento.

El Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos para 2021 deben tener como objetivos principales la recuperación económica y social. Llamamos a la Cámara de Diputados y al Senado, a sus grupos parlamentarios, y a la sociedad mexicana, a debatir con la altura de miras que demanda la emergencia nacional.

Mientras más tiempo pase sin que se reoriente la política económica y, en especial, las medidas de restricción del gasto público, más graves serán el deterioro económico y de las condiciones laborales, más intensa será la profundización de la pobreza y la desigualdad y más tardaremos en salir de esta grave situación. La contención fiscal que podría ser aconsejable en tiempos normales, no lo es en estas circunstancias extraordinarias.

Ciudad de México. 10 de agosto de 2020.

Rolando Cordera (coordinador)

Eugenio Anguiano

Julia Carabias

Cuauhtémoc Cárdenas

José Casar

Fernando Cortés

Enrique del Val

Mauricio de Maria y Campos Saúl Escobar

Mario Luis Fuentes

Carlos Heredia

David Ibarra

Clara Jusidman

Juan Carlos Moreno Brid

Jorge Eduardo Navarrete

José A. de Oteyza

Carlo Panico

Enrique Provencio

Norma Samaniego

Francisco Suárez Dávila

Carlos Tello Macías.

1 Véase: Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, “Propuestas frente al Covid-19.” 28 de marzo de 2020. http://www.nuevocursodedesarrollo.unam.mx/docs/GNCD_Propuestas_frente_al_COVID- 19.pdf