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En defensa del amparo: Pérez Dayan

La intolerancia del Presidente pone en riesgo los derechos humanos de los mexicanos

Invitamos al Ministro Alberto Pérez Dayán, Presidente de la Segunda Sala de la suprema Corte de Justicia de la nación, para que nos comparta su mensaje y realice la declaratoria de inauguración de los trabajos que nos convocan el día de hoy.

MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN. – Distinguidos integrantes de este presídium. Participantes de estas mesas de trabajo; queridos amigos, con su permiso. Con toda sinceridad, me atrevo a decirles que me siento en casa; lo digo con mucho sentimiento, muchos de ustedes aquí lo saben, los restantes, ahora ya lo conocen.

Saludo y agradezco profundamente a todos quienes nos honran con su presencia en este Quinto Foro Regional del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia convocado con el Poder Judicial de la Federación.

De los 14 Foros Regionales previstos se han celebrado cuatro, estos en la zona Centro, Norte, Noreste y suroeste del país, en donde los participantes tuvieron la oportunidad de expresar abiertamente su sentir y reflexionar a profundidad sobre los problemas de seguridad y justicia que aquejan nuestro país.

Pero no sólo eso, también vislumbraron posibles rutas de acción para atajar todos estos retos a los que como mexicanas y mexicanos nos enfrentamos día con día. El estado de Yucatán y la península en general, no serán la excepción. La tierra que hoy nos recibe es de gran tradición jurídica, sólo basta recordar que la más importante defensa jurisdiccional de nuestra Constitución y los derechos humanos nació en este gran Estado.

Es lamentable en este también gran estado venir a reconocer hoy, que para muchos esta figura se ve severamente amenazada por la intolerancia. En 1841 se dicto formalmente la primera regulación constitucional del Juicio de Amparo, la cual buscó brindar a través del Poder Judicial una vía efectiva para proteger los derechos de las personas frente a la actuación arbitraria e indebida de la autoridad.

Nada de ello hubiera podido tener lugar si no hubiera sido acompañada de una suspensión que permitiera preservar el Derecho protegido por el propio Juicio de Amparo. El pilar fundamental para garantizar y proteger la integridad, la libertad, la igualdad, la seguridad, la propiedad y los demás derechos que prevé nuestro sistema jurídico, es sin lugar a ninguna duda el Juicio de Amparo.

Por ello, es responsabilidad y tarea de todos y de todas protegerlo en su integridad, a fin de evitar que este medio de defensa, sea debilitado o traicionado por algún grupo de la legislatura.

No puedo dejar de expresar mi preocupación, precisamente por la aprobación de la Reforma a la Ley de Amparo, conocida por todos los nosotros. La suspensión en el juicio asegura la tutela preventiva de los derechos e intereses colectivos y difusos principalmente de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, cuyo cumplimiento y exigibilidad, constituye una obligación humana a cargo del Estado mexicano y como es bien sabido, su avance ha sido producto de la jurisprudencia nacional a lo largo de muchos años.

Aquí es preciso mencionar que el pasado 29 de febrero, en la inauguración del Encuentro Nacional por una Agenda de Seguridad y Justicia, la Ministra Piña Hernández recordaba que la conmemoración de los 30 años del funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un Tribunal Constitucional, pone sobre la mesa la necesidad prioritaria de avanzar en la autocrítica, entendiendo siempre que tenemos absoluta humildad para reconocer en todo aquello que ustedes nos hagan ver, que hemos fallado.

Esto nos permite garantizar plenamente el acceso a la justicia y por qué no, compartir con todos ustedes sus experiencias, con especial consideración de aquellas voces que siempre han sido excluidas y marginadas para perfeccionar nuestros sistemas de trabajo y dar mejores resultados a la sociedad.

Esta franja de exposición se verá siempre enriquecida con el análisis y reflexiones grupales que estoy seguro caracterizarán aquí los trabajos de este Quinto Foro Regional, el cual se nutre con la presencia de participantes de los Estados de Campeche, Quintana Roo y naturalmente, de Yucatán.

Gracias por su hospitalidad y por la generosidad que siempre les ha caracterizado, me consta personalmente; las mesas que conforman este Foro abordarán cuatro grandes ejes temáticos.

En primer lugar, analizarán si existe un acceso real y efectivo a servicios legales de calidad y si esto se involucra en un enfoque de derechos humanos. En segundo lugar, se abordarán las muy diversas problemáticas de la seguridad pública, que sean propias de las entidades federativas participantes.

No importa que estemos en la península, aquí también podremos escuchar las experiencias que esta sociedad ha alcanzado para tener los estándares más altos en esta materia. Se abordarán también muy diversas problemáticas de la seguridad pública, cuyo eje central siempre será dar cara a los derechos de las víctimas del delito, considerando cuáles son las obligaciones de las autoridades públicas en la persecución y sanción efectiva de quienes las trasgreden.

Se analizará también el funcionamiento del Sistema Nacional de Impartición de Justicia y la estructura institucional que lo soporta. Por último, en otra mesa que abordará el funcionamiento del Poder Judicial local y federal, considerando su calidad, su disciplina, su independencia y los resultados que debe dar.

Como podemos advertir, el encuentro que hoy concita nuestra reflexión sobre la complejidad de estos dos ámbitos, particularmente sensibles para nuestra sociedad, como lo son la seguridad y la justicia, ambos trascendentales para nuestro presente, pero para nuestro futuro aún más, son de principal y capital importancia.

No debe olvidarse que existe una estrecha vinculación entre el sistema de seguridad y justicia y la defensa y protección, entre otras de medio ambiente, si no existen instituciones competentes que actúen realmente para evitar la degradación de los ecosistemas y protegerlos nuestro presente y el futuro de las nuevas generaciones seguirá comprometiéndose aún más.

Hace unos meses, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó la emblemática declaración sobre el Derecho Humano a un Medio Ambiente Limpio, Saludable y Sostenible, en la que se reivindicaba la dimensión universal de este derecho y enfatiza la necesidad, urgencia y obligatoriedad de su protección, recordándonos que ésta promueve no sólo el bienestar humano sino el pleno disfrute de todos los derechos humanos por las generaciones presentes y futuras; es un compromiso con las sociedades que vienen.

Los efectos negativos de los daños ambientales tienen un impacto mayor en aquellos sectores en situación de vulnerabilidad, incluidos los pueblos y comunidades indígenas; la degradación del medio ambiente, la pérdida de la biodiversidad, el desarrollo sostenible son algunas de las amenazas más apremiantes y graves que tanto para las generaciones presentes como para las futuras, ponen en riesgo el disfrute pleno de todos sus derechos.

Es por ello que una Agenda de Seguridad y Justicia que sea verdaderamente integral, no puede ser omisa en advertir la crisis ambiental que estamos viviendo, ni tampoco ignorar el principio de equidad e intergeneracional.

Las decisiones que hoy tomemos, las acciones que hoy emprendamos y aquellas que dejemos de emprender determinarán nuestra supervivencia como especie en el planeta. Es así que, regreso al Juicio de Amparo y me pregunto: “Acaso la existencia de un juicio cuya finalidad es proteger los derechos humanos, realmente defenderá y protegerá nuestro futuro y el de nuestras generaciones si quienes lo tramitan no pueden impedir que una actividad que impacta negativamente en el ambiente, se detenga”.

Este es un interrogante principal que nos envielve con un gran dilema, la suspensión con efectos generales, es fundamental para defender los intereses legítimos reconocidos por la Constitución Federal.

Por ello y por muchas otras cosas, estamos aquí, porque creemos que el debate en este Quinto Foro Regional está llamado a convertirse en un espacio de escucha genuina, amplia y plural que permita interactuar a los diversos actores sociales, autoridades y personas usuarias de los sistemas de seguridad y de justicia, de la cual estoy absolutamente seguro, derivarán propuestas que nos permitirán defender y brindar una esperanza para el futuro de las nuevas generaciones.

Estando aquí, sólo puedo decir tratemos de que la península de Yucatán sea el reflejo para toda la República Mexicana. Un ejemplo a seguir; finalizo esta reflexión permitiéndome y si ustedes son tan amables de acompañarme de pie, para realizar la inauguración formal de este encuentro.

Mismo que a las 16:40 horas del día de hoy, 25 de abril de 2024, acompañados siempre de una música reconfortante, declaró formalmente inaugurados todos los trabajos de este Encuentro Nacional Para una Agenda de Seguridad y Justicia en la sede de Mérida; muchas felicidades y enhorabuena por su participación.

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