“El INE continúa trabajos para la Revocación y condena persecución penal”: Lorenzo Córdova Vianello

Mensaje del Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello divulgado a través de sus redes sociales; El INE México continúa cumpliendo con sus responsabilidades para la organización de la Revocación de Mandato, en acatamiento a sentencias y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y a pesar de la persecución penal que se pretende hacer de algunos de sus integrantes.

Hola qué tal, feliz año 2022; el Instituto Nacional Electoral sigue cumpliendo con el mandato constitucional, de verificar las firmas de apoyo de aquellas ciudadanas y ciudadanos que promueve la revocación de mandato del presidente la República, por, como lo dice la Constitución, haberle perdido la confianza. 

En las próximas semanas sabremos si se alcanzaron los requisitos legales y en consecuencia el INE, emitirá la convocatoria respectiva.

Aun así, los trabajos del instituto para organizar este proceso siguen adelante, a pesar de que no contamos con los recursos presupuestales necesarios para organizar la revocación de mandato, con las características y modalidades que nos exige la ley de la materia.

Así, en acatamiento a un acuerdo de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de una sentencia del Tribunal Electoral, el pasado jueves, el Consejo General acordó continuar con los trabajos y hacer un nuevo esfuerzo por tratar de incrementar los 1,503 millones de pesos, que hasta ahora logramos reunir.

No hay que olvidar que el costo total de la revocación de mandato, si cumpliéramos con lo que la Ley exige, sería de 3,800 millones de pesos; ello se hará, como lo disponen las sentencias, sin afectar o comprometer nuestras facultades constitucionales, legales, estatutarias, ni los derechos laborales de quienes trabajan en el Instituto. 

Si después de ese nuevo esfuerzo, aún hacen falta recursos, estos, se les solicitarán a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y si los mismos no son entregados, la revocación de mandato se organizará con el presupuesto disponible y sólo con aquellas características y modalidades que puedan fondearse.

Es lamentable que por un tema presupuestal se haya colocado al INE en esta situación y que se haya puesto en entredicho la realización optima de un ejercicio ciudadano, pero al imposible nadie esta obligado; el INE siempre ha manifestado su disposición para que este proceso de revocación de mandato se lleva a cabo con todas las garantías y características que exigen la Constitución y la ley.

Por ello, ha recurrido siempre a las instancias legales competentes y tomado decisiones, a veces polémicas y controvertidas, que se han considerado necesarias; ello, no debería ser motivo ni de censura, ni mucho menos de persecución penal o política; por eso, es grave que el presidente de un poder, en el que además está representada la pluralidad de la nación, haya recurrido a denuncias penales, para tratar de encarcelar a quienes no opinamos igual que él; se trata de un acto que recuerdan las peores prácticas de los regímenes autoritarios.

Perseguir a servidores públicos por tomar acuerdos, y recurrir a otros poderes para tratar de cumplir con sus responsabilidades legales, implica criminalizar el derecho a disentir; es grave que en una democracia se pretenda utilizar el aparato de justicia, para amedrentar a quienes son vistos como adversarios.

Nunca en la historia, desde que se fundó el IFE, en 1990, se había procedido penalmente en contra de sus Consejeras y Consejeros, por el simple hecho de tomar una determinación que incomoda políticamente al poder; es cierto que la presión social de académicos, formadores de opinión, asociaciones gremiales, organizaciones sociales, actores políticos y hasta del Presidente de la República, obligaron a quien preside la Cámara de Diputados a rectificar, qué bueno que lo haya hecho; sin embargo, las denuncias penales, contra los servidores públicos se persiguen de oficio y hoy, siguen su curso ante la Fiscalía General de la República, ojalá pronto se enmiende el error, y se desestimen esas denuncias sobre presuntos delitos claramente inexistentes y que evidentemente, sólo tienen propósitos políticos.

Más allá de qué el orden constitucional vuelva pronto a su cause, lo que ocurrió es grave, muy grave, se traspaso una frontera que debería ser infranqueable y en la que se sustenta todo el arreglo democrático; se pretendió usar el brazo penal del Estado, para amedrentar y amenazar a miembros de un órgano del mismo Estado, por el simple hecho de que piensan distinto.

Mientras tanto, seguiremos cumpliendo con nuestras responsabilidades constitucionales, ejerciendo a plenitud nuestra autonomía e independencia y defendiendo siempre los valores democráticos.

A la democracia la cuidamos todas y todos, por eso infórmate, involúcrate y participa; porque con tu INE, contamos todas, contamos todos.