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Desconfianza en los partidos políticos

Por el Dr. Raúl Contreras Bustamante

Nuestra Carta Magna en su artículo 41 dispone, entre otras cosas, que los partidos políticos son entidades de interés público y tienen como finalidad promover la participación del pueblo en la vida democrática, así como hacer posible su acceso al ejercicio del poder público mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

Los teóricos definen como partido, cualquier grupo de personas unidas por un mismo interés y suelen encontrar sus orígenes desde la antigüedad en Grecia y Roma; aunque debe explicarse que fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando los partidos políticos comenzaron a institucionalizarse dentro de los textos constitucionales.

En la presente época, la expresión partido político tiene elementos distintivos. Se trata de una agrupación política mediadora entre los grupos de la sociedad y el Estado; y constituyen casi la única instancia legal para el acceso al poder político, mediante la consulta de la voluntad popular a través de los procesos electorales.

La sociedad necesita de representantes populares para poder ejercer el principio de soberanía popular. Para ello, requiere puentes de comunicación con el Estado; y en los albores del Constitucionalismo, esos puentes iniciales fueron los parlamentos, el libre ejercicio de la opinión pública y los partidos políticos.

Estos últimos agrupan a ciudadanos con intereses colectivos comunes, así como particulares; cuyo principal objetivo es aliarse para tratar de alcanzar el poder político. Y el partido que lo detenta, su propósito esencial es no perderlo, utilizarlo y preservarlo el mayor tiempo posible.

En la actualidad, en nuestro país hay 7 partidos políticos que cuentan con un registro nacional y que tendrán derecho a participar en las próximas elecciones federales y locales.

Ya la hemos dicho en este espacio, desde septiembre de 2023 dio inicio el proceso electoral para celebrar comicios el domingo 2 de junio de este año, que será la jornada comicial más grande que hemos tenido en la historia en nuestro país. Los casi 100 millones de ciudadanos -de las 32 entidades federativas- que integramos la lista nominal, elegiremos a casi 21 mil servidores públicos, para cargos diversos que van desde Presidente de la República hasta los regidores de un ayuntamiento.

Sin embargo, de acuerdo a la “Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023”, se diagnosticó que -a nivel nacional- a la población de 18 años y más, las instituciones que les inspiran mayor confianza son: sus familias (87.4%) y las Universidades Públicas (78.7%). En cambio, en los últimos lugares, se ubican a las policías (37.1%) y a los partidos políticos (28.9%). Por cierto, por área metropolitana, podemos observar niveles de confianza aún más bajos, como en el Poniente de la Ciudad de México (18.1%) o en Tijuana (14.6%).

Nos debe causar una honda preocupación que, frente al proceso electoral de mayor envergadura de nuestra democracia, estemos viviendo una de las mayores crisis de legitimidad de aquellas instituciones políticas que debieran ser por excelencia el puente de expresión y acceso pacífico del pueblo al poder público.

A pocos meses de acudir a las urnas, se vislumbra difícil que los partidos políticos resuelvan esta crisis. Por ello, será muy importante que el electorado estudie y analice muy bien la naturaleza de los cargos electorales en juego, así como los antecedentes de las candidatas y candidatos a quienes habrá de favorecer con su único y auténtico poder directo: el voto ciudadano.

Como Corolario las palabras del joven filósofo belga, el Doctor David Van Reybrouck: “Despreciamos a los elegidos, pero idolatramos las elecciones”.

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