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“Debe evitarse la muerte del Estado de Derecho”

Por Raúl Contreras Bustamante

Especial para Revista Macroeconomía

 

El cobarde asesinato del juez federal Uriel Villegas Ortiz, junto con su esposa Verónica Barajas, en su propio domicilio y ante la presencia de sus dos hijos, acaecido hace unos días en la ciudad de Colima, ha llenado de indignación a la ciudadanía y en especial a la academia.

Se sabe que el juzgador conoció y resolvió —hace un par de años— el caso de Rubén Oseguera González, alias El Menchito, hijo del capo Nemesio Oseguera, cuando se desempeñó como juez sexto de Distrito en Procesos Penales en Jalisco y que tenía poco tiempo de haber sido transferido hacia esa localidad.

No obstante que el país lleva años convulsionado por la violencia, la delincuencia y la corrupción, este incalificable evento obliga a reflexionar de manera especial acerca del papel fundamental que los juzgadores juegan en la vida democrática de un Estado.

La labor que tienen los jueces es clave en la defensa de los derechos de los ciudadanos y su función primordial es la de velar por el cumplimiento de la ley. No es poca cosa, pues en la observancia de las normas jurídicas es donde la existencia del derecho cobra sentido y se puede lograr la vida pacífica en una sociedad justa.

El doctor Guillermo Floris Margadant definía un crimen como un “delito político”, que pone en riesgo evidente a toda una comunidad. Y es que esta grave agresión no puede ni debe verse como uno más de la incalculable lista de homicidios que a diario desangran a la nación.

Se trata de un desafío, un mensaje cruel, atroz y bien calculado del crimen organizado hacia el Estado mexicano. Es una advertencia e intimidación inadmisibles que los grupos delincuenciales pretenden mandar a los jueces para tratar de someter sus decisiones a su voluntad e imperio, lo que representaría la muerte del Estado de derecho.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, calificó este asesinato como un crimen de Estado, exigiendo a las autoridades competentes investigar el caso. Se considera que esta clasificación corresponde a un acto cometido por un gobierno o agencia del gobierno, es decir, por el mismo Estado, que va en contra de las leyes de ese gobierno o del derecho y principios internacionales reconocidos.

Quiero entender que esta severa definición es producto de un reconocimiento de que el Estado —en sus tres niveles, Federación, entidades y municipios— le está fallando a sus autoridades encargadas de la prevención y procuración de justicia, al no darles la debida protección y garantías para cumplir su peligrosa y delicada tarea social.

Porque la amenaza que enfrentan los jueces debe ser atendida y respondida no sólo por el Poder Judicial, sino también por todos los integrantes del Estado mismo. Todos los órganos de poder deben sumar esfuerzos y garantizar la seguridad de nuestros juzgadores, la razón no es que su vida o seguridad valgan más que la de cualquier ciudadano, sino que su trascendente labor merece una protección especial.

El mensaje criminal que han enviado los grupos delincuenciales es un claro desafío hacia la sociedad, de que no van a permitir que nadie les detenga y castigue. Significa un aviso de que están muy lejos de querer dejar de cometer sus actividades delincuenciales y que no le temen al gobierno. Es un reto a todo el sistema de gobierno y una demostración de que van a pugnar para que la impunidad siga siendo la norma de conducta que caracteriza nuestra impartición de justicia.

Cómo Corolario, la expresión del maestro emérito Raúl Carrancá y Rivas respecto de este crimen: “El Estado todo, el gobierno todo, han sido agraviados en su función primordial”.

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