Cuauhtémoc Cárdenas pide una Democracia Participativa

Agradezco profundamente a todos los miembros de la LXI Legislatura de este Senado de la República, la alta distinción de la que me hacen objeto al otorgarme la Medalla de Honor “Belisario Domínguez”; agradezco a los integrantes de la Comisión de la Medalla su dictamen; agradezco y saludo con respeto la presencia de los C. C. Presidente de la República, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Presidente de la H. Cámara de Diputados, de los C. C. Gobernadores de Chiapas y Michoacán, del C. jefe de Gobierno del Distrito Federal, de los C. C. integrantes de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva del H. Senado de la República, de los C. C. Senadores, de los representantes de los medios de información y de todos quienes aquí nos acompañan.

Agradezco de manera particular a los integrantes de la fracción del Partido de la Revolución Democrática en esta Cámara del Congreso, así como a las organizaciones y personas que propusieron mi nombre a la Comisión de la Medalla “Belisario Domínguez”, para que esa condecoración me fuera concedida este año.

Recibo la Medalla de Honor “Belisario Domínguez” reconociendo, sin falsa modestia, el debido cumplimiento del mandato que tiene el Senado de la República para seleccionar a quien se otorga esta condecoración, y la recibo, también y sobre todo, en nombre de todos aquellos que en lo que tengo de vida han luchado y luchan en México por el rescate y pleno ejercicio de la soberanía nacional, por la igualdad, la democracia y la justicia, teniendo en la memoria, de manera muy especial, a los 600 luchadores caídos en este esfuerzo entre 1988 y 1997, cuyos crímenes permanecen en su casi totalidad impunes, a quienes sólo se puede honrar manteniéndose firme en la lucha a la que ellos entregaron sus vidas.

Recibir la Medalla de Honor “Belisario Domínguez” entraña aceptar el compromiso de tomar ejemplo de la digna conducta y la lucha valiente que libró el insigne legislador chiapaneco en favor de la vigencia plena del Estado de derecho, anteponiendo la fidelidad a los principios y el cumplimiento del deber a cualquiera otra consideración. Así, cuando Belisario Domínguez reclama de la Representación Nacional cumplir con su deber “aun con el peligro y aun con la seguridad de perder la existencia”, y deponer de la Presidencia de la República al usurpador Victoriano Huerta, tenía cabal conciencia del peligro al que quedaba expuesto.

Anticipó el anuncio de su sacrificio. Sabía que su ejemplo sería trascendente, porque sabía también que son siempre más las buenas que las malas conciencias y que la razón y el derecho acaban siempre por imponerse a la barbarie y a la arbitrariedad.

Entre las razones para concederme la Medalla de Honor “Belisario Domínguez” correspondiente a este año, se ha hecho mención a mi contribución a la transformación democrática de nuestro país. Debo decir al respecto, que he sido uno más, en un esfuerzo colectivo que ha estado llevando a cabo la parte mayoritaria del pueblo mexicano, sobre la que recae todo mérito.

El deterioro de las condiciones de vida y una exclusión social crecientes, el desorden prolongado de la economía y una conducción política entreguista, llevaron a diversos sectores de mexicanos a reclamar un cambio de rumbo para el país. Así se generó una vigorosa movilización popular, de gran amplitud política y social, que si bien en 1988 no logró echar abajo el fraude e imponerse pacífica y democráticamente en la coyuntura electoral, sí logró que a partir de entonces, el pueblo mexicano tomara conciencia que la participación política, la organización popular y el voto ciudadano, la observancia estricta de la ley y la vía pacífica constituían los caminos para el cambio profundo y sólido del país.

A pesar de una fuerte hostilidad oficial contra la oposición progresista y democrática, de numerosos fraudes, mayores y menores, que siguieron al de 1988, y de ver caer a compañeros por el sólo hecho de su actitud opositora, el esfuerzo tesonero y decidido que sin desmayo se mantuvo vivo por todo el país, más las nuevas presiones sociales y políticas, provocadas por la agudización de la crisis económica cuando se produce el llamado error de diciembre, condujeron a crear una autoridad electoral autónoma; a que en 1997 los ciudadanos lograran finalmente imponer respeto a su voto, y así se abriera el paso para que se perdiera la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, que significó una efectiva separación de Poderes y terminó con la dependencia que ejercía el Ejecutivo sobre el Legislativo; a abrir los medios de información a la oposición política; a elegir al Jefe de Gobierno del Distrito Federal; a que llegara a su fin, en el año 2000, el régimen de partido de Estado dominante y se consolidara, como una realidad de vida democrática, la posibilidad de alternancia en el ejercicio del poder.

Pero la democracia, lo sabemos bien, no consiste sólo en respetar el voto ciudadano y los resultados de las elecciones constitucionales. La democracia es de alcances mucho mayores y más amplios. Democracia es igualdad, igualdad para todos en el ejercicio de los derechos consagrados en las leyes y en las oportunidades de mejoramiento, igualdad en los accesos a la educación y a la cultura, a la salud y a la seguridad social, a la vivienda y a servicios públicos de calidad, igualdad en la calidad de vida en las diferentes regiones del país, en grandes ciudades y en poblados pequeños, e igualdad para México en su relación con otras naciones.

La democracia, para desarrollarse a plenitud, requiere de la vigencia plena del Estado de derecho, que la autoridad cumpla estrictamente con la ley y la haga cumplir, sancionando los abusos, poniendo fin a las impunidades y dando ejemplo para que todos cumplamos con nuestras obligaciones, garantizándonos, al mismo tiempo, que todos podamos ejercitar cabalmente nuestros derechos. Requiere, igualmente, de paz pública y seguridad familiar e individual, condiciones indispensables para el desarrollo de una sana y fructífera convivencia social.

Y sólo en la democracia, entendida en su sentido más amplio, puede tener lugar un crecimiento económico independiente y sostenido en el largo plazo, sustentable social y ambientalmente, y generarse al mismo tiempo un progresivo mejoramiento social, ya que sólo en la democracia pueden realmente compartirse con equidad los beneficios del progreso.

Democracia también es participación. Participación, hoy, para ganar nuevos espacios a la expresión directa del sentir ciudadano respecto a la confirmación o revocación de mandatos, a leyes y medidas de trascendencia mayor y amplia proyección, cuya reglamentación, por cierto, debe establecer condiciones que razonablemente puedan cumplirse y que hagan posible alcanzar los objetivos pretendidos con las nuevas formas de consulta.

Participación, en otras escalas, en aquellas decisiones que nos afectan como trabajadores en un centro laboral, en nuestra calidad de usuarios de servicios públicos o de consumidores de productos básicos, como residentes de un barrio, una ciudad y un municipio. Participación entonces en cómo se organiza el trabajo en el centro laboral y cómo se reparten los beneficios que derivan de los incrementos en la productividad, en cómo deben moverse las tarifas y el mejoramiento de la calidad de los servicios públicos, en la regulación de precios de productos indispensables, en la determinación de las prioridades para mejorar los ambientes en los que residimos y realizamos nuestra convivencia cotidiana.

Hoy el pueblo mexicano, en mayoría, reclama recuperar las condiciones para desarrollarnos en democracia, porque, repito, la democracia no es sólo la electoral, en la que ciertamente se ha avanzado, aunque aún debe avanzar más. Es preciso reconocer que la sociedad mexicana es actualmente una de las más desiguales del mundo; que en los tiempos recientes la pobreza se ha incrementado desmedidamente; que el crecimiento económico es insuficiente y sectorial y regionalmente desequilibrado; que hoy se tiene el desempleo más elevado de los últimos años; que a pesar de esfuerzos que merecen reconocimiento, la inseguridad aumenta, se registran en el último lustro más de 50 000 muertos en condiciones violentas y la delincuencia organizada ha establecido presencia en territorios cada vez más extensos, extorsionando a productores, poniendo en riesgo la actividad económica y alterando gravemente la convivencia social.

Este no es el México que la mayoría de los mexicanos queremos y este no es ni puede ser el destino fatal de nuestra patria. México y los mexicanos no sólo aspiramos, sino que considerando nuestras dimensiones territorial y demográfica, el potencial de nuestros recursos naturales y las estructuras productivas y de servicios existentes, estamos ciertos de poder tener otras condiciones de vida y otras perspectivas para el desarrollo. Pero para ello, es indispensable que desde el Estado se instrumenten políticas con el claro propósito de recuperar un desarrollo de amplias repercusiones sociales.

El cambio empieza porque haya voluntad política en los funcionarios y en las instituciones responsables de las decisiones en materia de políticas del Estado. Habrá que ver si la hay en el futuro inmediato. Pero suceda lo que suceda, habrá que insistir en que la situación prevaleciente resulta insoportable e inadmisible, que genera tensiones y eleva los riesgos de mayor descomposición y atraso, que el cambio es realizable y que es indispensable empezar ya a caminar hacia adelante.

La economía mexicana puede crecer a los ritmos necesarios para satisfacer las necesidades de la población de empleo, ingreso, alimentación, servicios públicos, etc., pero no crecerá si se continúa con la observancia rigurosa de los Consensos de Washington. Así se ha concentrado la riqueza en pocos, se han disparado la desigualdad y el desempleo, provocado la desindustrialización, el desastre productivo del campo y acrecentado la dependencia, al dejar los mercados mexicanos para ser abastecidos por productores extranjeros y al dejar como opción única para millones de mexicanos, ofrecerse como mano de obra barata y laboral y políticamente desprotegida a la economía norteamericana.

Conocedores de estos temas señalan, con bases sólidas, que aún en las condiciones actuales de prolongado rezago económico, es posible dar el viraje hacia una nueva política de crecimiento, que empiece por sustentarse en una reforma fiscal integral, en este caso articuladora de otras reformas, como la laboral y la de la seguridad social, una reforma que no se limite a lo tributario, que tenga como objetivo central desarrollar un auténtico Estado de bienestar, a partir, también, de instrumentar una política social articulada con la económica, que tenga como meta fundamental lograr una equitativa redistribución del ingreso.

La nueva política económica, además de reconstruir y fortalecer instituciones públicas fundamentales para el fomento del desarrollo y de estimular el crecimiento de una banca comercial realmente mexicana vigorosa, debe plantearse la orientación de las inversiones a las actividades productivas, en especial a las consideradas estratégicas, a la industrialización y a la recuperación productiva del campo, así como a la educación, la capacitación y la investigación científica y tecnológica, previendo la inversión del Estado cuando la privada sea omisa en áreas indispensables para la reactivación.

La reforma laboral necesaria no puede ser, como lo demandan sectores retrógrados, sólo la flexibilización para facilitar el despido. Una verdadera reforma laboral debe considerar, ciertamente, el promover mayor movilidad, de acuerdo a las transformaciones que ha observado el mundo del trabajo como efecto de los acelerados y amplios avances tecnológicos y la globalización de la economía, pero debe igualmente tomar en cuenta tanto los avances logrados en años de lucha en los derechos laborales, como los esquemas modernos y adecuados de protección, y por otro lado, la necesidad de dar transparencia al manejo de los recursos sindicales y garantizar de modo efectivo los derechos de asociación y de negociación colectiva.

La seguridad social debe ser de carácter universal, sin vínculo con el puesto de trabajo, y garantizar, además del acceso al cuidado de la salud, pensión y seguro de desempleo. Los recursos con los que cuenta el país permiten, aún en las condiciones de escaso crecimiento actuales, de contarse con voluntad política, universalizar la seguridad social.

Las formas de combate a la delincuencia se han mostrado insuficientes. No basta con el enfrentamiento directo. No basta con el descabezamiento de bandas y las múltiples aprehensiones de delincuentes, que de inmediato recrean nuevos liderazgos y reconstituyen sus fuerzas, ni pensar que la delincuencia es un fenómeno autónomo, sin ligas con lo económico, lo financiero, lo político, lo social o lo internacional.

En la democracia, la seguridad y la justicia son asuntos de la autoridad civil. El combate contra la criminalidad organizada debe librarse por un cuerpo específicamente creado y preparado para ello, al que debiera evaluarse y supervisarse por medio de mecanismos externos de carácter civil. Las Fuerzas Armadas, por lo tanto, no deben seguir expuestas a riesgos derivados de una función que no les corresponde, y fortalecerlas como el cuerpo que resguarda y garantiza la integridad de la nación.

Un combate eficaz contra la delincuencia entraña un combate igualmente eficaz y decidido contra la corrupción y la impunidad, así como el saneamiento de los cuerpos judiciales mediante acciones que principalmente emprenda el Poder Judicial en su condición de ente autónomo, y por el otro lado, abrir oportunidades de educación, empleo, acceso a la cultura y esparcimiento sano a la juventud, instrumentar políticas preventivas, dar seguimiento a las corrientes del dinero sucio y demandar en ello la colaboración de las instituciones bancarias, mejorar la investigación o lo que hoy llaman inteligencia, mejorar la coordinación y exigir reciprocidad en las acciones internacionales vinculadas al tema, y librar el combate de acuerdo a un plan concebido con visión integral, pendiente de formularse, con metas, tiempos y responsables de cada actividad, al que se pueda dar seguimiento en sus avances e incumplimientos mediante una efectiva rendición de cuentas.

Los tiempos electorales nos han alcanzado. Los partidos políticos, con seguridad, se preparan para dar cumplimiento a las exigencias legales del proceso que ha iniciado, entre ellas las de registrar sus respectivas plataformas electorales.

Por otro lado, de hecho, han comenzado ya dentro de cada partido, los procesos para la selección de los candidatos que habrán de contender en la próxima elección presidencial.

En ambos casos, de partidos y potenciales candidatos, los ciudadanos esperamos conocer las propuestas que concretamente nos hagan para esta elección y para estos tiempos de la nación.

Estoy cierto que los mexicanos, en mayoría, esperamos que nos presenten sus propuestas de cómo se puede llevar a cabo el cambio de las actuales situaciones de deterioro social, rezago económico, dependencia, inseguridad y violencia que se están viviendo, que nos digan por dónde ven soluciones viables a los problemas que todos los días nos agobian. También que con franqueza, la franqueza que debe haber en la vida democrática, nos digan, si alguien así lo pensara, que es destino ineludible seguir en el tobogán por el que ha estado resbalando el país en los últimos tres decenios.

Quiero pensar que en las políticas principales, económica, social, educativa, internacional, de combate a la inseguridad y a la delincuencia, en las plataformas de los distintos partidos y en las ideas de los potenciales candidatos presidenciales, se encuentran puntos comunes, independientemente de sus discrepancias. ¿Por qué, más allá de proseguir con los procesos internos, que deben cumplir requisitos y tiempos legales, como decisión política que bien puede tomarse, no se abre un diálogo para identificar las coincidencias respecto a lo que debe hacerse hacia adelante? ¿Por qué no se empieza, al interior de cada partido, con la identificación de las visiones que comparten quienes hoy aglutinan simpatías distintas? ¿Por qué no pensar que propuestas que concentren coincidencias puedan alcanzar el respaldo de mayorías ciudadanas y por qué no pensar que pueda establecerse un compromiso común de partidos y candidatos presidenciales para llevar a cabo, en los próximos seis años, aquello que se comparte, con el impulso y el esfuerzo común de todos aquellos que coinciden?

Belisario Domínguez médico, humanista, fundador de los periódicos “Chiapas” y “El Vate”, en los que lleva a cabo una periodismo combativo en defensa de su Estado, fundador del Club Democrático de Comitán y crítico de la dictadura porfiriana, Presidente Municipal de Comitán, Senador suplente y Senador en funciones, representando a su Estado natal con gallardía y valor civil, fue en todos los tiempos y en todas sus actividades hombre de una sola línea, congruente en sus ideas, discurso y conducta, que a todo antepuso el respeto a la palabra empeñada y el cumplimiento del deber. Este ejemplo, que hoy recordamos, reconocemos y exaltamos en el Senado de la República, nos obliga a actuar en consecuencia.

Por Cuauhtémoc Cárdenas