Desarrollo social

Costo de la inseguridad en el país: $170,000,000,000 de pesos

La seguridad pública debe ser provista por el Estado para cumplir tanto con su función esencial de proteger los bienes y la integridad física de las personas, como para que se alcance un nivel de seguridad socialmente eficiente que fomente el desarrollo del país. Se debe resaltar que, un eficiente sistema público de seguridad no sólo asegura la integridad física de las personas y brinda protección a sus bienes e inversiones, sino también contribuye a la cimentación de un estado de derecho cuyos beneficios se traducen en un ambiente propicio para que los individuos y las empresas desarrollen sus actividades productivas. Sin embargo, cuando el ambiente de inseguridad es el que prevalece, se generan costos sociales adicionales que deben realizar las personas o empresas para protegerse de ser víctimas de un delito. Los costos sociales de la delincuencia y la inseguridad pública pueden ocasionar, entre otras cosas, al cierre de empresas, caídas en la inversión y en la formación de capital, pérdida de competitividad y una menor generación de empleos. En suma, la delincuencia e inseguridad obstaculizan el crecimiento económico y contribuyen a aumentar la pobreza.

Es un hecho que calcular el costo de la inseguridad es un proceso sumamente complejo, pero ya a finales del año pasado, las autoridades hacendarias señalaban que este podría ser de 1.2% del PIB, lo que en términos monetarios equivale a casi 170 mil millones de pesos, si se calcula con base en la cifra estimada del PIB para el 2011 en el Programa Económico aprobado.

Es por ello que la preocupación por la inseguridad que vive el país actualmente se agudiza, convirtiéndose, en opinión de especialistas y población, en un factor que puede ser obstáculo para un mayor dinamismo de la actividad económica.

Por una parte, dentro de los resultados de la más reciente Encuesta Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado que realizó el Banco de México, se observa que el mayor porcentaje de opinión considera los problemas de inseguridad pública como el principal factor que puede limitar el ritmo de crecimiento de la actividad económica. Por otro lado, el INEGI informó que durante marzo el indicador general sobre seguridad pública tuvo un disminución anual de 2.5%, con lo que mantuvo su comportamiento negativo desde que se inició la serie en abril del año pasado.

Es evidente que son diversos los temas que deben atenderse con prontitud, no solo para lograr que la economía tenga un crecimiento elevado, sino para que este se mantenga en el largo plazo y resulte en un beneficio directo a toda la población.

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