“Aprobar la Ley de Seguridad Nacional significará militarizar al país”: Padre Miguel Concha

EL SR. MIGUEL CONCHA: Gracias.

Señoras y señores; Diputadas y Diputados;  Senadoras y Senadores:

Desde que el 23 de abril del 2009, el Ejecutivo Federal envió al Senado la Iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Nacional, las organizaciones de derechos humanos y los especialistas prendimos la alerta sobre el peligro que su contenido entrañaba para la todavía muy deficiente democracia en los derechos que ya para entonces eran severamente dañadas por la instrumentación de una equivocada y necia estrategia de militarización de la Seguridad Nacional.

Las ciudadanas y ciudadanos de este país no queremos que ningún gobierno, pertenezca al Partido que sea, pretenda sustituirse al Estado Mexicano; tampoco que éste piense que absorbe completamente a la nación, y menos que la nación prescinda de quienes la conformamos con todos nuestros derechos.

El documento surgido del Senado, ahora Minuta en Cámara de Diputados, pese a que eliminó las facultades extra constitucionales, inadmisibles, que se le otorgaban a las Fuerzas Armadas en el proyecto original, mantuvo una concepción que privilegia la seguridad del Estado, un Estado que lamentablemente ya no nos ha venido representando de manera completa por sobre los ciudadanos y ciudadanas.

En todo el texto, pero destacadamente al señalar las amenazas y riesgos a la seguridad nacional, los ciudadanos no existimos como sujetos de protección.

La seguridad nacional, en el documento del Senado solo atiende y cito “a la condición de integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano. Lo que se debe preservar a lo que por supuesto no nos oponemos, es a la soberanía y la independencia de nuestra Nación. Es al orden constitucional, a las instituciones de la República; a la unidad de las partes de la Federación, a nuestro Territorio Nacional”. Apenas hay una breve referencia a la protección de la población cuando sea afectada.

Sigo citando, “por factores de orden ambiental, climático, clínico, físico o bien por acciones que la expongan a siniestros de carácter colectivo, más la protección amplia al bienestar y a la seguridad vital de los ciudadanos es la gran ausente de esa Ley”.

Desde 1994 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo planteó que la seguridad de las naciones, si son democráticas y viven en un Estado de Derecho debe estar fundada en un concepto de seguridad humana que ponga a las personas como el centro de todo, incluyendo su seguridad ciudadana.

Son los ciudadanas y ciudadanos en todos los ámbitos de su desarrollo colectivo y nacional, los verdaderos sujetos de la seguridad.  Y en este sentido las instituciones y el Estado mismo cobran significado como garante de la protección de la vida, la libertad, los derechos, el bienestar económico, la salud, la educación, el desarrollo cultural y social, la seguridad física y patrimonial de los ciudadanos y ciudadanas.

La seguridad humana es donde los derechos y las libertades  realmente son el escenario para construir políticas públicas y legislativas.

Esto no es así en la minuta del Senado, menos aún a partir de que se han promulgado ya después de muchos años de esfuerzos de ciudadanas, ciudadanos, organizaciones de derechos humanos y miembros del Congreso sensibles a estas demandas, reformas constitucionales de derechos humanos y amparos  que transforman estructuralmente el bloque de constitucionalidad que obliga a todos los poderes y a todos los órdenes del Estado Mexicano.

Más preocupante para el movimiento, las organizaciones de derechos humanos y especialistas que acompañamos estas causas para poner fin a la violencia venga de donde venga es la incorporación a la Ley y un título séptimo sobre seguridad interior.

Concepto ambiguo que actualmente sólo pretende estar clarificado en el código de justicia militar, para los delitos de rebelión y sedición y peor aún, la apelación de  una figura de declaración de afectación a esa seguridad interior  que de facto es la suspensión de derechos y garantías para permitirle al Ejecutivo Federal evadir el cumplimiento del artículo 29 constitucional, bajo el argumento de que dicha regulatoria regula la facultad de obligación que la fracción VI del artículo 89  otorga al Presidente de disponer de la fuerza armada permanente para la seguridad interior y la defensa.

Las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales compartimos la exigencia  para las Comisiones Unidas de Gobernación, Defensa y Derechos Humanos de emitir un dictamen  en sentido negativo de esa minuta que está en inminente proceso de discusión en la Cámara de Diputados. En su lugar pedimos una Ley de Seguridad Humana y Seguridad Ciudadana que lamentablemente no existe en nuestra República ya es  una exigencia de nuestra convivencia.

Eventual la aprobación y una reforma que incorpore una disfrazada declaración para  suspender o restringir el ejercicio de sus derechos y sus garantías sin cumplir el procedimiento ay establecido en el artículo 29 constitucional, nos parece sumamente grave.

En todo caso, senadoras y senadores, diputados y diputadas, emprendamos la elaboración de una Ley Reglamentaria  del artículo 29 Constitucional que contempla de manera garantista lo que es la declaración de un estado de excepción y las limitaciones  al cumplimiento de los derechos y libertades que nunca pueden ser suspendidos o cancelados en esas situaciones.

El propio Congreso de la Unión, si sigue actuando en sentido contrario, simple y sencillamente por cálculos partidistas, para nuestros irresponsables, estaría abriendo la puerta para que en un contexto de violencia criminal e institucional creciente, en el preludio de elecciones federales, de por sí ya en riesgo, en una situación en la que voceros de las Fuerzas Armadas y del Ejecutivo Federal difunden, amparados en la impunidad del poder, descalificaciones inadmisibles en contra de las organizaciones de derechos humanos y del movimiento por una paz justa y digna, colocándonos en gran vulnerabilidad.

La Suprema Corte de Justicia, intérprete de la constitucionalidad, tendría que ir asumiendo sus funciones, declarar esas leyes inadmisibles y anticonstitucionales.

Hacemos un llamado enérgico, firme. Y son muchos años los que nos avalan frente a ustedes y frente a la sociedad, al Congreso de la Unión, a que sea congruente consigo mismo, a que se comprometa, junto con nosotros, con la sociedad civil, el Movimiento de Derechos Humanos, el Movimiento por la Paz, la Justicia y la Dignidad, a construir una legislación que se fundamente en la seguridad humana y ciudadana, única, compatible con los derechos humanos, única, compatible, con las libertades públicas, y que sentemos así las bases para terminar con la violencia que tanto está lastimando y haciendo sufrir a nuestro pueblo, y que juntos alcancemos la paz.

Reitero, no queremos que ningún gobierno, sea del partido que sea, pretenda hacer al Estado su propiedad privada. Tampoco queremos que el Estado se erija en lugar absoluto de la nación y que nuestra nación sea concebida sin ciudadanos que ejercen y tienen derechos y libertades plenas.

Muchas gracias.