Pasó la Reforma Fiscal
Como en toda democracia hubo jaloneos, y fuertes; el sector empresarial se exaltó y el PAN no pudo construir mayorías parlamentarias de oposición para derrotar a la Iniciativa Presidencial de Reforma Fiscal.
Enrique Peña Nieto envió al Congreso, en este caso a la Cámara de Diputados, una Iniciativa de Reforma Fiscal de corte social, con la intención de obtener una recaudación adicional que permitiera al gobierno establecer tres grandes objetivos: la Pensión Universal para Adultos Mayores, el Seguro de Desempleo y también el Seguro Social Universal; esos eran los fines últimos de la Reforma Fiscal: servir a la población trabajadora con nuevas fórmulas de prestaciones sociales como las que tienen en su mayor parte, los países avanzados; pero con esta iniciativa se lastimaban intereses importantes, aunque a la vez se dispensaba al sector empresarial varias ventajas como la supresión de IETU y la derogación del Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE).
Sin embargo, el sector empresarial tomó a la Iniciativa de Reforma Fiscal como una ofensa personal, un conjunto de medidas muy lesivas, sobre todo cuando mencionaba la supresión de la consolidación fiscal, que durante muchos años permitió maniobras diversas para algunas empresas grandes, a fin de evadir impuestos; el sector privado tomó la iniciativa presidencial como si hubiera sido hecha contra ese sector, lo cual nunca fue así, sino que el Presidente Peña Nieto estaba pensando en ampliar beneficios y prestaciones a grandes sectores sociales hoy deprimidos y con hambre.
MÉXICO: CASI UN PARAÍSO FISCAL
Lo que ocurrió realmente con el empresariado mexicano es que México está dejando de ser casi un paraíso fiscal, del que todo el mundo se ha aprovechado y se ha beneficiado.
El impuesto de un peso por litro a los refrescos azucarados, y el 8% a golosinas diversas y alimentos chatarra, armó tremenda gritería impulsada por las grandes refresqueras y los grandes empresarios de los refrescos, que no se han dado cuenta o no se quieren dar del daño que han causado a la población mexicana provocando obesidad y diabetes; daños causados a una población que ve la televisión y el radio y que ha sido bombardeada durante décadas por anuncios que le han creado una adición a esos alimentos chatarra.
También se produjo otro alboroto con la imposición del IVA de 16% a los alimentos industrializados para mascotas.
REVUELO EN LAS FRONTERAS, SOBRE TODO EN LA NORTE
La Iniciativa planteó la homologación del IVA del 16% en la Frontera Norte del país (y también en la Sur), donde el IVA era apenas del 11%; y de eso se tomó el PAN, sobre todo los senadores de ese partido, para armar tremenda escandalera, tan exagerada que algunos propusieron la separación de los Estados fronterizos del resto del país.
Los opositores a esa homologación no habían tomado en cuenta que históricamente los gobiernos del país habían beneficiado a la frontera primero con el establecimiento de zonas libres, sin pago de impuestos, para alentar el desarrollo de las ciudades fronterizas y de las poblaciones aledañas, con la finalidad de que progresaran y se poblaran con mayor cantidad de habitantes, dando salida a la aglomeración en el centro de la República.
Las zonas libres en las fronteras tanto del norte como del sur duraron muchos años, tal vez hasta los años 70 del siglo pasado, y luego, ya con el establecimiento de maquiladoras y otras industrias se fueron estableciendo impuestos, incluso para los grandes centros de juego que funcionan, los hipódromos y galgódromos; y así fue creciendo la frontera del norte como la del sur, incluyendo toda la península de Baja California.
Pero ahora, en su iniciativa de ley, el Ejecutivo consideró que ya era tiempo de emparejar el nivel de los impuestos al Valor Agregado entre las entidades del centro y las zonas fronterizas, donde, en estas últimas viven aproximadamente 10 millones de personas.
MÁS POLÍTICA QUE ECONOMÍA
La discusión en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, se volvió más política que económica, y los partidos de oposición, tanto el PAN como el PRD, vieron oportunidades de llevar agua a su molino y atacar al gobierno de Peña Nieto pensando en las próximas elecciones del año 2015 y también en las presidenciales del 18. Tanto el PAN como el PRD piensan que ganarán muchos adeptos y votos en las próximas elecciones del 2015; pero el PRI considera que este asunto del IVA en las fronteras quedará olvidado para esas fechas, ya que el Gobierno Federal desarrollará programas de fomento económico y social, para mejorar esas regiones, y que habrá dinero suficiente en los presupuestos de los gobiernos estatales y en sus participaciones federales que ayudarán a olvidar el mal trago de la homologación al 16%.
¿Y QUÉ PASARÁ CON EL ENOJO DE LA IP?
El enojo de la Iniciativa Privada (IP), con todas sus organizaciones, también pasará rápido, porque los costos adicionales que pagarán las empresas los trasladarán a los consumidores y encontrarán la forma de emparejar sus utilidades a como las venían teniendo.
AHORA: DEBE HABER MEJORES SERVICIOS Y MÁS OBRAS PÚBLICAS
Ahora, lo que debe hacer el Gobierno de Enrique Peña Nieto, es devolver las nuevas aportaciones tanto de empresas como de consumidores y trabajadores, en forma de mayores y mejores servicios y obras públicas que compensen el sacrificio social; sobre todo, más seguridad pública.
Y si el dinero extra recaudado sirve para establecer la Pensión Universal para Adultos Mayores, el Seguro de Desempleo y el Seguro Social Universal, Peña Nieto será reconocido al final por la población y en especial por los votantes.
Le quedan al Presidente Enrique Peña Nieto tiempo y oportunidades para demostrar los beneficios sociales que se lograrán con esta Reforma Fiscal.
DÉFICIT FISCAL Y ENDEUDAMIENTO
El déficit y endeudamiento que establece la Reforma Fiscal tendrán que ser manejados correctamente con el fin de obtener beneficios económicos para el desarrollo del país y el nivel de vida de su población, sin deteriorar los términos fundamentales de la economía nacional y en eso tendrá que verse la capacidad operativa del sector hacendario y financiero del Gobierno Federal.
Por el Lic. Mauro Jiménez Lazcano, Director General de la Revista Macroeconomía