58 Recomendaciones de los empresarios a Calderón

Objetivo: Una agenda concertada para el crecimiento

Dotar al país de mejores condiciones para enfrentar los retos inmediatos de la coyuntura económica y para crecer vigorosamente una vez que el escenario global lo permita.
Esta Agenda debe ponerse en práctica con el sentido de URGENCIA que impone la recesión económica, con compromisos, plazos y responsables precisos.

1. Una política fiscal que resuelva los retos de coyuntura, pero mirando al largo plazo

• Permanencia de la tasa del 16.5% del IETU en 2009.
• Aceleración y resolución inmediata de las devoluciones de saldos a favor de IVA.
•  Establecimiento de un mecanismo que durante 2009 permita que en las obligaciones provisionales mensuales se pague el gravamen que cause mayor monto y que a los montos correspondientes al ISR también se es puedan disminuir los pagos de IETU.
•  Extensión de la vigencia del decreto de exención del 5% para determinadas cuotas del IMSS.
•  Introducción y aplicación de un régimen de excepción en el pago de cuotas de Seguridad Social e Infonavit, considerando periodos de gracia, ampliación de plazos y existencia de parcialidades para empresas cumplidas pero con problemas temporales de liquidez.
•  Simplificación del despacho aduanal, privilegiando los sistemas de una sola revisión y homologando horarios.
•  Eliminación definitiva del pago del impuesto a la tenencia de automóviles.
•  Determinación de la eliminación del ISR a partir de 2010, junto con toda su cauda de exenciones, dejando al IETU como tasa única para gravar los ingresos.
•  Disminución de la tasa de IVA del 15 al 12%, y la generalización de su aplicación a todos los productos y servicios a partir de 2010, incluyendo alimentos y medicinas, tal vez con una tasa menor diferenciada.

2. La reforma laboral pendiente

• Flexibilización de la contratación y término de las relaciones laborales.
• Legislación sobre regímenes de periodo de prueba, capacitación inicial, trabajo de temporada y multi-habilidad con remuneración adecuada.
•  Flexibilización en jornadas y esquemas de pago de salarios.
•  Contratos colectivos multianuales y con disposiciones ligadas a productividad.
•  Profesionalización de los órganos de procuración de justicia y litigio en materia laboral.
•  Establecimiento de límites y topes a las indemnizaciones y salarios caídos.
•  Reglamentación adecuada de las demandas de huelga y titularidad.
•  Establecimiento de reglas claras y estrictas para el registro de contratos colectivos.
•  Simplificación y desregulación de las obligaciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo relativas a capacitación, adiestramiento, seguridad y salud ocupacional.
•  Eliminación del escalafón ciego.
•  Obligatoriedad para ambas partes de los temas de capacitación y formación.
•  Conciliación en cualquier momento o instancia dentro de los procesos laborales.
•  Corrección de aspectos de procedimiento para hacerlos más expeditos.

3. Gobierno eficiente

• Eliminación de obstáculos que hoy impone la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para permitir la toma de decisiones oportuna y eficaz por parte de los funcionarios.
• Agilización de los procesos internos generados en las secretarías y total coordinación en aquellos existentes entre éstas.
•  Revisión de las facultades del IFAI en relación al trabajo que realizan los servidores públicos, pues en algunos casos exceden sus alcances
•  Facilitación de la elaboración de proyectos ejecutivos y mayor certidumbre jurídica para las licitaciones en lo concerniente a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados.
•  Generalización de las mejores prácticas estatales en México según el estudio Doing Business en materia de apertura de empresas, permisos de construcción, registros de propiedad y cumplimiento de contratos.
•  Reducción de tiempos e incertidumbre en los procesos ante los registros públicos de la propiedad y la constitución de garantías inmobiliarias.
•  Aplicación de un plan para hacer más eficiente la operación de todos los órganos públicos.
•  Reducción del 50% a las dietas de los legisladores federales y estatales.
•  Establecimiento de un tope salarial a funcionarios públicos.
•  Reducción de un 30% a los gastos de las campañas políticas y reasignar los recursos para obra pública.

4. Financiamiento y apoyos oportunos y eficientes para las Pymes.

• Reestructuración de la banca de desarrollo para facultarla para atender proyectos de diversos sectores productivos en operaciones de banca de primer piso.
•  Adecuación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno Federal y las disposiciones correspondientes de los Estados, a fin de que las Pymes puedan convertirse en proveedoras del gobierno.
•  Establecimiento de un proceso universal de licitación más eficiente y expedito en todas las dependencias y órganos autónomos.
•  Licitaciones fraccionadas que permitan participar a Pymes.
•  Reglas para que los consejos que decidan licitaciones no conozcan los nombres de las empresas que corresponden a cada una de las propuestas.
•  Instrumentación de la clave única como empresa proveedora de Gobierno.
•  Establecimiento de un mecanismo de seguridad equiparable a la fianza que sea de menor costo.
•  Establecer sanciones a la autoridad que retrase o exceda los plazos marcados para un proceso.
•  Establecimiento de beneficios fiscales a empresas que generen cadenas de valor que integren a Pymes nacionales y generen encadenamientos productivos.
•  Instrumentación de un plan nacional que fomente prácticas de certificación y normalización para habilitar Pymes proveedoras de la industria maquiladora y de las grandes empresas.
•  Campaña masiva de difusión de cultura financiera y de cumplimiento de lineamientos y requisitos para poder acceder a programas de apoyo y financiamiento público o privado.
•  Programas e incentivos para facilitar la reconfiguración de empresas, con objeto de que adapten su oferta a las nuevas necesidades de los mercados.

5. Más infraestructura, con un esfuerzo mayor por parte de los Estados.

•  Restablecimiento de la Comisión Nacional de Infraestructura, con la participación del sector privado, y crear órganos similares para los Estados.
•  Coordinación interestatal para la generación de proyectos regionales.
•  Institucionalización en todos los estados de la elaboración de planes de infraestructura de largo plazo con proyectos ligados a presupuestos multianuales.
•  Asignación de recursos federales para proyectos de infraestructura supeditada a estrategias de desarrollo regional de largo plazo.

6. Más competencia y menos prácticas monopólicas

• Fortalecimiento de la autonomía y atribuciones de la Comisión Federal de Competencia.
•  Combate a las prácticas monopólicas con base en una política federal de focalización y resolución de un tema a la vez.
•  Reducción de los precios de la totalidad de los hidrocarburos a niveles competitivos internacionales.
•  Inversión privada en proyectos de generación de energías alternativas.

7. Institucionalizar el desarrollo regional.

• Creación de núcleos productivos y clusters en los cuáles se propicie la investigación y el desarrollo de tecnologías y capital humano, vinculando los sectores educativo, científico y empresarial.
•  Generación y fomento de programas de apoyo e incentivos estatales para empresas que coadyuven al desarrollo planeado y la consolidación de vocaciones productivas regionales.
•  Agencias de desarrollo económico locales con la participación del sector privado.

8. Educación decalidad e innovación.

•  Incorporación de los acuerdos de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) en los contratos colectivos de trabajo.
•  “Bono educativo universal”: financiamiento público para acceder a la educación básica, ya sea en instituciones públicas o privadas.
•  Expedición de la ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa.

Propuesta de Agenda para Recuperar el Crecimiento

Este año tenemos ante nosotros la coyuntura económica más adversa que el país haya enfrentado desde la crisis de 1994-1995. Como ocurrió con la desaceleración de 2001, la causa es externa, pero esta vez los efectos son de verdadero alcance global y mucho más agudos, tanto así, que la Organización Internacional del Trabajo ha previsto la pérdida de hasta 50 millones de empleos en el mundo en este año. En contraparte, a diferencia de la situación de hace 14 años, México cuenta con un margen de maniobra inédito en su historia reciente.
Las iniciativas del Gobierno Federal para compensar la contracción en sectores como el exportador y para mitigar los efectos negativos en el empleo y los ingresos de la población van en el sentido correcto. Sin embargo, la rapidez y variabilidad con la que están desarrollándose los acontecimientos obligan a no bajar la guardia en el seguimiento y análisis puntual de la situación, a fin de reforzar y complementar estas estrategias.
El anuncio del Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo del pasado 8 de octubre fue oportuno, lo mismo que el Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo del 7 de enero y las iniciativas de cambios a las leyes del Seguro Social e Infonavit, anunciadas el 9 de febrero. Lejos de agotar las alternativas, estos programas y acuerdos deben dar pie al diseño urgente de más acciones y a la posibilidad de hacer ajustes según los retos y oportunidades que vayan surgiendo.

Aunque es un hecho que la fase más aguda de la crisis está viviéndose en este primer semestre del año. Es vital ligar las acciones coyunturales a una visión y un programa de cambios con horizonte más amplio.
A pesar de que los pronósticos no son alentadores, con un pronóstico de caída del PIB de entre 0.8 y 1.8 por ciento y hasta 340 mil empleos perdidos (Banco de México), gracias a la estabilidad y solidez en las variables macroeconómicas clave (luego de décadas en que la falta de esto era incluso el problema) tenemos un abanico importante de opciones y oportunidades para enfrentar la situación. La circunstancia puede y debe servir como acicate para aprovecharlas.

El problema nos ompete a todos

Más allá de la coyuntura económica, 2009 es un año de grandes retos para México: por una parte está el tema de la inseguridad pública y el combate al crimen organizado; por otra, las elecciones para renovar la Cámara de Diputados Federal, seis gubernaturas y varias presidencias municipales. A toda costa debe evitarse que la situación económica se vea agravada por la efervescencia política, por la vía de la desinformación o frenando las medidas a tomar.
La intervención informada y activa de la ciudadanía puede ayudar mucho para afrontar el desafío con éxito, y en ese mismo sentido, es vital que el sector empresarial se mantenga involucrado en el seguimiento de la situación y la generación de propuestas en conjunto con los otros sectores.

Es de esa manera como pueden encontrarse, con prontitud, soluciones efectivas a nivel nacional y en cada una de las regiones y estados del país, en función de sus necesidades, circunstancias y características propias.
Con este trasfondo, aquí planteamos esta visión y una Propuesta de Agenda para Recuperar el Crecimiento, con el ánimo de que se evalúen y enriquezcan, pero, sobre todo, para contribuir para que se concreten urgentemente acuerdos nacionales sobre los temas aquí abordados.

I. 5 consideraciones sobre la situación internacional

1.  En el corto plazo veremos una profundización de la recesión, tanto en la economía mundial como en la mexicana; la recuperación dependerá en gran medida del retorno de la confianza en el sistema económico.
2.  La profundidad del problema es grande:
   – En Estados Unidos, la otrora poderosa banca de inversión es prácticamente inexistente; los precios al consumidor han sufrido las mayores caídas desde los años de la posguerra, lo cual hace temer un fenómeno deflacionario; la construcción de casas ha experimentado caídas cercanas al 50% anual respecto a 2007.
   – La producción manufacturera de ese país ha reportado las peores caídas anuales desde la recesión de 1980–81, algo especialmente preocupante para México, por la relevancia que ésta tiene para nuestro propio sector manufacturero, que representa el 57% de nuestra industria.
   – La industria automotriz estadounidense depende en gran medida de los apoyos gubernamentales. Alrededor de 70% de los automóviles y autopartes que produce este sector en nuestro país –generador de 3% del PIB y casi 21% de las exportaciones– tienen a dicha industria como destino.
3.  La capacidad de la política monetaria en Estados Unidos y otros países desarrollados está ya muy acotada (la Reserva Federal estadounidense está pagando tasas de depósito inferiores a 0.25 por ciento). Para sus gobiernos, las opciones a corto plazo van más por el lado de la política fiscal, aunque ya Estados Unidos lidiará este año con un déficit fiscal de 1.2 billones de dólares, más del 8% de su PIB (el más alto desde los años de la Segunda Guerra Mundial).
4.  El Fondo Monetario Internacional ha planteado que para revertir oportunamente la recesión internacional, se necesita que los países diseñen paquetes de estímulos a la actividad económica que sumen al menos el 2% del PIB mundial.
   – Bajo ese supuesto, en el caso de México, el monto comprometido debería rondar los 22 mil millones de dólares; incluso los proyectos de infraestructura superan esa cifra, pero no todos son de impacto directo ni fueron diseñados expresamente para actuar contra la crisis, sino que eran de origen presupuestario. Las 25 medidas del Acuerdo en Favor de la Economía Familiar y el Empleo tienen un costo inferior a 1.4% del PIB e incluso hay cálculos que lo dejan en no más de 0.6% del mismo, por lo que puede decirse que debe hacerse un mayor esfuerzo para cumplir con el parámetro.
   – El plan de estímulo de Estados Unidos es equivalente a aproximadamente el 5% de su PIB, el de Japón pudiera ser de hasta 3%, China tiene uno de 15% para varios años y el bloque europeo, en promedio, de 1.4% de su PIB.
   – El plan del Presidente Obama, aprobado por el Senado de ese país el 9 de enero, supera los 800 mil millones de dólares, con la premisa de que, sin él, la pérdida de empleos en el año podría pasar de más de tres millones de plazas. Sólo en enero se perdieron casi 600 mil empleos en ese país.
5.  Por lo pronto, los analistas estiman que la economía estadounidense decrezca alrededor entre 1.8 y 2 por ciento. La caída podría ser mayor si se recrudecen los problemas financieros de empresas y familias, o menor, si funcionan los programas de estímulo. La salida de la recesión, que según los analistas comenzó a fines de 2007, no se daría antes del último trimestre de este año.

II. 4 Consideraciones sobre la situación en México

1.  Aunque todavía no es posible precisar con certeza el impacto de la crisis global en la economía mexicana, el pronóstico del Banco de México para el desempeño del PIB en 2009 es de entre -0.8 y -1.8 por ciento, esto partiendo de un crecimiento inferior a 1.5% en 2008.
   – Los analistas hablan de decrecimiento durante la primera mitad del año, tocando fondo en el segundo bimestre, y de una recuperación que sólo comenzaría hasta finales de año, para consolidarse hasta 2010.
   – La situación será dispar entre los diferentes sectores.
   • Entre los más vulnerables está la industria manufacturera, que se estima podría sufrir una caída de alrededor de 2% y una pérdida de empleos importante. En cada uno de los primeros dos trimestres su contracción podría pasar de 3 por ciento.
   • Se espera una caída en la producción de automóviles de hasta 12%, lo que afectará gravemente a la industria de autopartes.
   • Otros sectores afectados: minería, con una probable caída superior al 9%, y construcción, que es el segundo segmento más importante de la industria, tras la manufactura (un leve crecimiento de no mucho más de 0.3% en tanto la inversión pública compense la caída del gasto en este rubro por parte del sector privado).
   • Entre los sectores que pueden impulsar al resto destaca el de construcción, en la medida que avance el programa de infraestructura. Asimismo, telecomunicaciones y alimentos básicos.
2.  La inflación esperada para 2009 inferior a 5% (precedida por una de superior a 6% en 2008). El tipo de cambio estimado para este año por el CEESP es de 13.6 pesos por dólar y el de tasas de interés de 7.6% para Cetes de 28 días (CEESP).
   – La inflación podría ser menor en función de los congelamientos o reducciones en precios decretados por el Gobierno Federal en temas como gas LP, electricidad y gasolinas. Esto debe coadyuvar para hubiese una mayor baja en las tasas de interés, en tanto también se empiece a ver una estabilización en el tipo de cambio.
3. Se espera una pérdida neta de empleos en el año de más de 200 mil empleos, cuando son alrededor de un millón de personas las que se incorporan al mercado laboral anualmente en busca de una oportunidad. Además, el saldo en 2008 fue de unos 30 mil empleos formales perdidos.
4.  México aborda esta crisis con variables macroeconómicas y finanzas públicas fuertes, lo cual ha refrendado un riesgo-país mejor que el de muchos países en desarrollo, como Brasil o Rusia. Las reservas de divisas (aproximadamente 86 mil millones de dólares en la primera quincena de febrero) superan ampliamente la deuda pública de corto plazo, el sistema bancario goza de buena salud y el déficit presupuestario para 2009, contemplando los programas de estímulos anunciados por el Gobierno Federal, no pasaría de 2% del PIB.
   – En 2009 la SCT hará inversiones por más de 60 mil millones de pesos en infraestructura carretera. El programa anti-crisis incluye también la construcción de una refinería con un costo de alrededor de 12 mil millones de pesos.
   – De acuerdo con el Gobierno Federal, las 25 medidas contempladas en el Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo implicarán un costo de cerca 120 mil millones de pesos, con recursos mayoritariamente provenientes de excedentes petroleros y ahorros.

III. 5 consideraciones para las empresas del país

1. Escasez de financiamiento debido a la restricción del crédito, la incertidumbre y la aversión al riesgo a nivel internacional.
2. Contracción en los mercados naturales de las exportaciones mexicanas, afectando directa o indirectamente a todos los eslabones de las cadenas productivas relacionadas, en tanto que la diversificación de mercados se torna complicada por el carácter global de la crisis.
3.  Un menor volumen de inversiones extranjeras y nacionales, ya sea por cancelación o posposición de proyectos.
4.  Caída en el volumen de remesas de mexicanos residentes en el extranjero, así como de la actividad turística, lo cual afectará sobre todo a aquellas regiones en las que una o la otra actúan como el motor de la economía local.
5.  Todo esto significa menos ventas y contratos y, con ello, menor liquidez para que fluya suficientemente por toda la cadena. Si el ciclo se cierra con ajustes de presupuesto, cancelación de proyectos y contrataciones y –peor aún– despidos, se da una menor demanda agregada y, con ello, el recrudecimiento del ciclo desde su inicio: menos ventas y contratos.

IV. Las iniciativas del Gobierno Federal

Coparmex suscribió el Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo convencido de que sus 25 medidas son positivas, respaldándose y comprometiéndose a trabajar para que cumplan su cometido. Sin embargo, hemos precisado que el programa no debe acotar el que puedan diseñarse más acuerdos, programas y acciones.
En el sentido de que todavía persiste la falta de claridad en torno a la profundidad de la crisis, su duración y alcances, así como la disponibilidad de más opciones que pueden explotarse, el Acuerdo no puede ser suficiente. Como se ya se manifestó, lejos de concluir la discusión, debe dar pie para que los sectores económicos, políticos y sociales logren sacar adelante otras soluciones.
Por lo pronto, el Acuerdo ayudará a mitigar los efectos de la crisis en las capas más vulnerables de la población, así como para aligerar la presión sobre la inflación y en las tasas de interés.
El sector empresarial y Coparmex en específico han hecho el compromiso de poner la conservación de la planta laboral como máxima prioridad, teniendo a los despidos como última opción, y no alimentar la inflación con ajustes de precios.
Entre los puntos sobre los que consideramos que es más importante trabajar, destacamos los siguientes.

• Necesidad de una política de estímulo fiscal, como se está haciendo en muchos países.
•  Hace falta ligar las acciones inmediatas y para paliar los efectos de la crisis a una visión de crecimiento y competitividad. Eso significaría un avance en la generación de condiciones para el crecimiento sustentable, al mismo tiempo que se alientan las expectativas de recuperación y el atractivo para la inversión productiva.
•  Se requiere de más compromisos de los poderes ejecutivos (federal y estatales) y legislativos para trabajar con celeridad en las reformas estructurales pendientes y en reforzar aquellas que no han dado todos los resultados esperados.
•  Precisar responsables, plazos y mecanismos. Tener un modelo confiable y preciso de evaluación para el avance de estas medidas, al igual que de temas como el programa de infraestructura.
•  Se requiere de compromisos de los gobiernos estatales para quitar obstrucciones y acelerar el flujo de los recursos.
•  Diseñar mecanismos flexibles para que apoyos y programas destinados a las pequeñas y medianas empresas, efectivamente puedan llegar hasta ellas, considerando sus circunstancias y características.
•  No se incluyó a sectores importantes como el transporte de carga, que puede tener efectos positivos inmediatos en los costos de las empresas. Aquí podrían explorarse medidas tan al alcance como el permitir al servicio de carga que circule por carreteras que no son de cuota (por ejemplo, en el caso del trayecto Nuevo Laredo-Monterrey, esto encarece los fletes hasta en 12%).
•  Se generan inequidades, como en el caso del gas, donde se afecta a usuarios y proveedores de gas natural, al generar mejores condiciones para los de gas LP.
•  Corregir posibles riesgos, como en el caso de las medidas relacionadas con el uso de fondos de las cuentas de retiro.

V. Bases para ir más allá urgentemente.

Se requiere dar seguimiento a la situación y a las medidas emprendidas por el Gobierno Federal, así como contribuir para que efectivamente funcionen. Pero hay que ir más allá.
Ni la situación, ni nuevos acuerdos nacionales, deben ser usados para lucrar políticamente. Es menester propiciar un clima social libre de polarización y tensiones innecesarias; con realismo y una sociedad civil consciente del entorno, informada e involucrada, evitando la desinformación o las calumnias.
En esa misma línea, los representantes políticos y económicos preponderantes deben sostener un comportamiento sensible a la situación que vive la población, predicando con el ejemplo. Si se quiere la confianza de la sociedad civil, no se puede enviar mensajes de que los costos y sacrificios sólo recaen en ésta o en algunos sectores. Aunque las finanzas públicas están sanas, debe prodigarse la sobriedad, evitando gastos superfluos, tanto en las empresas como en todos los poderes y niveles de gobierno.

Una visión de largo plazo

Las medidas y acuerdo, como hemos reiterado, deberían estar ligadas a un horizonte que vaya más allá de lo transitorio, contemplando la necesidad de aumentar la competitividad del país para acceder a un crecimiento suficiente, sustentable y con equidad. Es lo recomendable ante el carácter coyuntural de la crisis y las naturales limitaciones de las medidas anticíclicas, en general.
No debe perderse de vista que la salida franca del problema es en gran medida global y está en la recuperación de la confianza, la digestión de las pérdidas y el apalancamiento de gobiernos y familias, y, sobre todo, la reactivación de la demanda a nivel internacional, particularmente en Estados Unidos.
Como sea, sólo con una perspectiva de mayor amplitud la crisis puede ser, en efecto, una oportunidad. En México deben tomarse decisiones respecto al futuro todo el tiempo, no sólo en las crisis. El mejor blindaje contra éstas es el desarrollo con bases sólidas.

Tanto para las necesidades inmediatas como para las de carácter menos transitorio existen espacios de acción importantes a través de los instrumentos del Estado, como se está haciendo en todo el mundo.

Debe tenerse en cuenta que, de prolongarse los efectos recesivos en el mundo, 2010 podría complicarse mucho para México, dada la alta dependencia del erario respecto a los ingresos petroleros. Estos muy probablemente bajarán por la tendencia decreciente tanto de la producción como de los precios, ya sin posibilidades de contratar coberturas tan favorables como las que se lograron para este año.

La crisis económica puede ser esa oportunidad en el sentido de corregir las debilidades estructurales que no le permiten al país tener un crecimiento suficiente (no más de 3% con las condiciones de competitividad actuales), sustentable y con equidad, algo que no tenemos de manera consistente desde hace ya casi 50 años.

Ante estos retos, es vital que el sector empresarial se involucre proactivamente en el seguimiento de la situación, la generación de propuestas y la construcción de acuerdos con los otros sectores económicos, políticos y sociales.
Esta Propuesta de Acuerdos para Reactivar el Crecimiento tiene el soporte de la información recabada en los Foros Empresariales “De la Crisis al Crecimiento”, realizados del 19 al 26 de enero; de un proceso de encuestas entre los afiliados a Coparmex, que inició desde el año pasado, y de la opinión de sus Comisiones de Trabajo.
Premisas

a) Sentido de urgencia.
b) Creatividad en el uso de los instrumentos del Estado (en todos los órdenes y niveles de gobierno) y en las políticas microeconómicas, industriales y regionales; prudencia que asegure un sano equilibrio macroeconómico.
c) Visión de Estado y de nación por parte de los actores.
d) Sentido práctico, atacando un número manejable de objetivos concretos: las opciones más viables y de alto impacto.
e) Acciones oportunas para la coyuntura sin perder de vista una visión de largo plazo.
f) Buscar el aval y compromisos específicos del Gobierno Federal, los gobiernos estatales y municipales, el Poder Legislativo, partidos políticos y los sectores empresarial y sindical. Incluso sería conveniente llegar a compromisos base para la próxima Legislatura.
g) Claridad en cuanto a los responsables y plazos, con un mecanismo de seguimiento y de revisión y solución de los problemas que se presenten para la consecución de los acuerdos y la implementación de las acciones derivadas de los mismos.
h) Transparencia: la ciudadanía debe contar con información realista y oportuna sobre el desarrollo de la situación y el avance de la agenda, de tal manera que pueda tomar decisiones mejor sustentadas y también ejercer vigilancia y presión en todo el proceso.
i) Rendición de cuentas.
j) Austeridad: no se debe enviar un mensaje de que los costos y sacrificios sólo recaen en la población o en algunos sectores.

VI. Ocho ejes de acción

Objetivo: Una agenda concertada para el crecimiento
Dotar al país de mejores condiciones para enfrentar los retos inmediatos de la coyuntura económica y para crecer vigorosamente una vez que el escenario global lo permita.
Esta Agenda debe ponerse en práctica con el sentido de URGENCIA que impone la recesión económica, con compromisos, plazos y responsables precisos.

1) Una política fiscal que resuelva los retos de coyuntura, pero mirando al largo plazo.

• Permanencia de la tasa del 16.5% del IETU en 2009.
• Aceleración y resolución inmediata de las devoluciones de saldos a favor de IVA.
• Establecimiento de un mecanismo que durante 2009 permita que en las obligaciones provisionales mensuales se pague el gravamen que cause mayor monto y que a los montos correspondientes al ISR también se les puedan disminuir los pagos de IETU.
• Extensión de la vigencia del decreto de exención del 5% para determinadas cuotas del IMSS.
• Introducción y aplicación de un régimen de excepción en el pago de cuotas de Seguridad Social e Infonavit, considerando periodos de gracia, ampliación de plazos y existencia de parcialidades para empresas cumplidas pero con problemas temporales de liquidez.
• Simplificación del despacho aduanal, privilegiando los sistemas de una sola revisión y homologando horarios.
• Eliminación definitiva del pago del impuesto a la tenencia de automóviles.
• Determinación de la eliminación del ISR a partir de 2010, junto con toda su cauda de exenciones, dejando al IETU como tasa única para gravar los ingresos.
• Disminución de la tasa de IVA del 15 al 12%, y la generalización de su aplicación a todos los productos y servicios a partir de 2010, incluyendo alimentos y medicinas, tal vez con una tasa menor diferenciada.

2) La reforma laboral pendiente

• Flexibilización de la contratación y término de las relaciones laborales.
• Legislación sobre regímenes de periodo de prueba, capacitación inicial, trabajo de temporada y multi-habilidad con remuneración adecuada.
• Flexibilización en jornadas y esquemas de pago de salarios.
• Contratos colectivos multianuales y con disposiciones ligadas a productividad.
• Profesionalización de los órganos de procuración de justicia y litigio en materia laboral.
• Establecimiento de límites y topes a las indemnizaciones y salarios caídos.
• Reglamentación adecuada de las demandas de huelga y titularidad.
• Establecimiento de reglas claras y estrictas para el registro de contratos colectivos.
• Simplificación y desregulación de las obligaciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo relativas a capacitación, adiestramiento, seguridad y salud ocupacional.
• Eliminación del escalafón ciego.
• Obligatoriedad para ambas partes de los temas de capacitación y formación.
• Conciliación en cualquier momento o instancia dentro de los procesos laborales.
• Corrección de aspectos de procedimiento para hacerlos más expeditos.

3) Gobierno eficiente
• Eliminación de obstáculos que hoy impone la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para permitir la toma de decisiones oportuna y eficaz por parte de los funcionarios.
• Agilización de los procesos internos generados en las secretarías y total coordinación en aquellos existentes entre éstas.
• Revisión de las facultades del IFAI en relación al trabajo que realizan los servidores públicos, pues en algunos casos exceden sus alcances.
• Facilitación de la elaboración de proyectos ejecutivos y mayor certidumbre jurídica para las licitaciones en lo concerniente a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados.
• Generalización de las mejores prácticas estatales en México según el estudio Doing Business en materia de apertura de empresas, permisos de construcción, registros de propiedad y cumplimiento de contratos.
• Reducción de tiempos e incertidumbre en los procesos ante los registros públicos de la propiedad y la constitución de garantías inmobiliarias.
• Aplicación de un plan para hacer más eficiente la operación de todos los órganos públicos.
• Reducción del 50% a las dietas de los legisladores federales y estatales.
• Establecimiento de un tope salarial a funcionarios públicos.
• Reducción de un 30% a los gastos de las campañas políticas y reasignar los recursos para obra pública.

4) Financiamiento y apoyos oportunos y eficientes para las Pymes.

• Reestructuración de la banca de desarrollo para facultarla para atender proyectos de diversos sectores productivos en operaciones de banca de primer piso.
• Adecuación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno Federal y las disposiciones correspondientes de los Estados, a fin de que las Pymes puedan convertirse en proveedoras del gobierno.
• Establecimiento de un proceso universal de licitación más eficiente y expedito en todas las dependencias y órganos autónomos.
• Licitaciones fraccionadas que permitan participar a Pymes.
• Reglas para que los consejos que decidan licitaciones no conozcan los nombres de las empresas que corresponden a cada una de las propuestas.
• Instrumentación de la clave única como empresa proveedora de Gobierno.
• Establecimiento de un mecanismo de seguridad equiparable a la fianza que sea de menor costo.
• Establecer sanciones a la autoridad que retrase o exceda los plazos marcados para un proceso.
• Establecimiento de beneficios fiscales a empresas que generen cadenas de valor que integren a Pymes nacionales y generen encadenamientos productivos.
• Instrumentación de un plan nacional que fomente prácticas de certificación y normalización para habilitar Pymes proveedoras de la industria maquiladora y de las grandes empresas.
• Campaña masiva de difusión de cultura financiera y de cumplimiento de lineamientos y requisitos para poder acceder a programas de apoyo y financiamiento público o privado.
• Programas e incentivos para facilitar la reconfiguración de empresas, con objeto de que adapten su oferta a las nuevas necesidades de los mercados.

5) Más infraestructura, con un esfuerzo mayor por parte de los Estados.

• Restablecimiento de la Comisión Nacional de Infraestructura, con la participación del sector privado, y crear órganos similares para los Estados.
• Coordinación interestatal para la generación de proyectos regionales.
• Institucionalización en todos los estados de la elaboración de planes de infraestructura de largo plazo con proyectos ligados a presupuestos multianuales.
• Asignación de recursos federales para proyectos de infraestructura supeditada a estrategias de desarrollo regional de largo plazo.

6) Más competencia y menos prácticas monopólicas

• Fortalecimiento de la autonomía y atribuciones de la Comisión Federal de Competencia.
• Combate a las prácticas monopólicas con base en una política federal de focalización y resolución de un tema a la vez.
• Reducción de los precios de la totalidad de los hidrocarburos a niveles competitivos internacionales.
• Inversión privada en proyectos de generación de energías alternativas.

7) Institucionalizar el desarrollo regional.

• Creación de núcleos productivos y clusters en los cuáles se propicie la investigación y el desarrollo de tecnologías y capital humano, vinculando los sectores educativo, científico y empresarial.
• Generación y fomento de programas de apoyo e incentivos estatales para empresas que coadyuven al desarrollo planeado y la consolidación de vocaciones productivas regionales.
• Agencias de desarrollo económico locales con la participación del sector privado.

8) Educación de calidad e innovación.

• Incorporación de los acuerdos de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) en los contratos colectivos de trabajo.
• “Bono educativo universal”: financiamiento público para acceder a la educación básica, ya sea en instituciones públicas o privadas.
• Expedición de la ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa.