Por Miguel Tirado Rasso
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De acuerdo a la investigación Las Reformas a la Constitución en la Era de la Alternancia, del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, en sus 107 años de vigencia, nuestra Carta Magna ha sido reformada en 256 ocasiones, generando 770 cambios en diversos artículos. De sus 136 preceptos, 117 han sufrido al menos una modificación y, únicamente, 19 han mantenido su texto original.
Durante la actual administración, se han aprobado 10 reformas constitucionales con cambios en 62 artículos, y con una eficacia legislativa del 88 por ciento de aprobación de las iniciativas presentadas en el primer trienio de la 4T. Sin embargo, en la segunda parte del sexenio, los números no han sido tan favorables a las propuestas de Palacio, pues sólo el 43 por ciento fueron aprobadas (Buró Parlamentario).
Ahora, en las postrimerías del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a poco menos de 8 meses de dejar el poder, el Ejecutivo envió al Congreso un paquete de 20 reformas, 18 constitucionales. Se trata, señaló el mandatario de “modificar el contenido de artículos antipopulares que fueron introducidos durante el período neoliberal.” “Recuperar el espíritu social de la Constitución de 2017,” adujo como propósito, lo que se logra, según su interpretación, con mandar al diablo las instituciones.
La batería de reformas constituye una miscelánea en la que hay de todo. Unas sensibles, provocadoras y amenazantes y otras de rango menor, injustificadamente incluidas en este último llamado presidencial al Congreso (esperemos). Reformas para cambios radicales en materia electoral, judicial y de pensiones. Reformas para imponer el estado de austeridad republicana. Reformas para desparecer organismos autónomos y acabar con contrapesos al poder y, reformas que prohiben la comercialización de vapeadores y el maltrato animal.
Una agenda que da línea a la candidata oficial y, asimismo, sirve de distractor. Porque se trata de mantener la atención pública y el debate en estas polémicas reformas y evitar referencias a asuntos sensibles e incómodos para el gobierno como la inseguridad, la corrupción, la impunidad, los desaparecidos, la falta de medicinas, la violación a derechos humanos y otros graves problemas que han quedado en la lista de pendientes de la 4T.
Las circunstancias y estos tiempos son favorables para fijar agenda. En plena etapa de intercampaña, cuando las candidatas presidenciales están obligadas por la ley a cumplir un voto de silencio promocional. Cuando, supuestamente, las campañas electorales sufren un receso, queda la cancha libre para que el Ejecutivo pueda llenar esos vacíos propagandísticos con una campaña institucional de difusión de sus reformas constitucionales y, de paso, golpear a quienes considera sus enemigos, que son, precisamente, quienes apoyan a la candidata de la oposición.
Porque habría que advertir que, si bien, la ley prohibe a los funcionarios públicos, intervenir en los procesos electorales, en apoyo o rechazo de las candidatas, nada impide que, desde Palacio Nacional, se promuevan las reformas constitucionales propuestas, cuyo objetivo, está claro, por aquello del propósito de la candidata de Morena de construir el segundo piso de la 4T, son coincidentes o, para mayor claridad, son la propuesta de gobierno de la candidata oficial. Por aquello del 90 por ciento de lealtad.
Con esta jugada política, por lo pronto, la ex jefa de Gobierno queda sin mucha oportunidad para exponer ideas y propuestas de gobierno propias. Por la prisa con que el presidente López Obrador ha actuado para presentar sus reformas constitucionales, no obstante, no contar, aparentemente, con los votos necesarios para su aprobación, además, de que varias de ellas, ya fueron rechazadas con anterioridad, pareciera que lo que motiva al Ejecutivo es estar presente y participar activamente en la campaña presidencial.
El mensaje del mandatario no permite dudas. Él dirige la campaña y decide cuáles deben ser las propuestas y el plan de gobierno de la próxima administración. Por eso no importa que las reformas no sean aprobadas ahora. La apuesta es a ganar el Congreso y, entonces, cuando la nueva legislatura las apruebe, la Dra. Sheinbaum, si triunfa en la elección, tendrá las bases y contenidos de su programa para gobernar. La continuidad del proyecto político de la 4T, estará asegurada.
Bueno, al menos, ese parecería ser el plan político transexenal del huésped de Palacio. Así fue, en su momento, en el caso de alguno que otro mandatario del pasado que pensó que su programa de gobierno era el mejor y el que el país necesitaba, y que su poder político podía extenderse más allá de los límites del período sexenal. La realidad les demostró que estaban equivocados.
