Revocación inútil
Por el Lic. Mauro Jiménez Lazcano,
Director General de la Revista Macroeconomía
A todas luces, la Revocación del Mandato Presidencial será un ejercicio inútil: primero, porque ningún partido político registrado la ha solicitado y porque los ciudadanos y ciudadanas del país tampoco están en eso; los mexicanos están muy ocupados en resolver sus problemas económicos y las tragedias que ha traído el coronavirus, y la ley obligará, para que haya revocación, a que por lo menos 3 millones de ciudadanas y ciudadanos exijan la renuncia del Presidente Andrés Manuel López Obrador para que el INE tome cartas en el asunto y organice ese ejercicio en todo el país, que costará a la propia ciudadanía vía Presupuesto Federal 4 mil millones de pesos en marzo próximo.
Pero además, esos 3 millones de ciudadanos y ciudadanas tendrán que pertenecer por lo menos a 17 estados del país; así que de no reunirse esos requisitos el INE se verá impedido para convocar a ese ejercicio democrático electoral, que para muchos simplemente es una farsa, ya que el Presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá que dejar el mandato el 30 de septiembre del año 2024, aunque la gente votara precisamente por eso: porque termine su mandato.
Y para que la decisión de la Revocación Presidencial fuere vinculatoria, es decir, obligatoria, se requerirán que por lo menos acudan a votar a las urnas 37 millones de ciudadanos y ciudadanas que aparecen en la lista oficial de votantes en el Instituto Nacional Electoral.
Todos entendemos que el Presidente Andrés Manuel López Obrador quiere que la gente vuelva a votar por él; pero eso es absolutamente inútil porque la Constitución ya no permitirá en ninguna forma su reelección, según se establece con toda claridad en esa Carta Magna.
Entonces, ¿para qué gastar tanto dinero en un absurdo político? ¿Para qué movilizar nuevamente a la población en un ejercicio inútil, cuando los ciudadanos mexicanos están más interesados en resolver sus problemas económicos, sanitarios, en la educación de sus hijos, en enterrar a sus muertos producto de la violencia y del coronavirus?
Creo que es aquí donde deben actuar los frenos y contrapesos democráticos y constitucionales que están constituidos por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los gobernadores y los congresos locales, y los organismos autónomos del sector público así como las organizaciones empresariales, obreras y populares.
Quedan algunas preguntas por contestar, en hipótesis posibles y también probables:
¿Qué pasará si no se logran los 3 millones de ciudadanos y ciudadanas que exijan la destitución del Presidente Andrés Manuel López Obrador, “por falta de confianza?”
¿Qué pasará si asisten a las urnas los 37 millones de ciudadanos que se requieren para ser obligatorio el resultado del ejercicio, y más de la mitad de ellos responden con la respuesta con número 1, para que se vaya el Presidente? ¿de veras se iría?
¿Qué pasará si, la mayoría de los votantes, siendo más de 37 millones del total, dicen que el Presidente se quede, con la respuesta 2? Pues simplemente se quedará y terminará su mandato el 30 de septiembre del año 2024, que así lo marca la Constitución, por lo cual el ejercicio será inútil y sin razón de ser, porque eso ya lo tiene el Presidente Andrés Manuel López Obrador; así lo establece la Ley con la que fue electo.
A menos que la verdadera intención, oculta, sea la de dividir a los mexicanos en dos, planteando un falso dilema ya que aun quienes no están de acuerdo con López Obrador, creen en su mayoría que debe terminar el periodo que marca la Ley.
No es necesario dividir a la nación mexicana en estos momentos tan críticos en lo económico y en lo social.
