“Los partidos deben responder a la grave acusación del Auditor Superior”: Muñoz Ledo

El diputado Porfirio Muñoz Ledo: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados.
Presento hoy una aportación a la necesaria y urgente reforma de la Cámara y de sus procedimientos legislativos. Se trata de reformas legales que crearían el Consejo de Estudios e Investigación de esta Cámara de Diputados. Su objetivo sería evaluar, replantear, rediseñar y coordinar todos los Centros de Investigación y el trabajo editorial de esta Cámara, que es errático, opaco y desconectado.
Los Centros de Investigación de esta Cámara son: el de las Finanzas Públicas, que creamos en el 98; el de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, el de Estudios Sociales y de Opinión Pública, el de Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria, y el de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, sin contar con la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia.
Hace dos años la auditoría de desempeño a los Centros de Estudio de la Cámara de Diputados, realizada en el marco de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública, probó que hay fallas graves en el funcionamiento de los centros. Éstos no obedecen a las normativas elementales de este tipo de trabajos ni a las disposiciones que regulan el servicio de carrera que regulan el servicio de carrera. Son como una serie de centros universitarios desconectados o de apéndices burocráticos de la Cámara sin relación orgánica con la tarea de los legisladores, sin autoridad académica y su control administrativo verdadero. Se trata, debo decirlo, de una anomalía en los sistemas parlamentarios.
¿De quién dependen esos centro? Es de la Secretaría de la Cámara y tienen unos comités de Cámara que supuestamente supervisan a cada uno de ellos, pero en su conjunto carecen de objetivos claros e independientemente de la calidad de sus investigaciones o de sus libros, o de la falta de calidad, no tienen un diseño ni una organización que corresponda a los principios fundamentales de eficiencia administrativa, de claridad y transparencia y de funcionalidad para los trabajos de esta Cámara.
No podría dejar de mencionar, señor presidente, que el auditor superior de la Federación, a cuyo cargo estuvo esta investigación, acaba de declarar en los periódicos el día de hoy que los partidos políticos en este recinto se han convertido en mafias que utilizan al país como botín para repartirse el patrimonio público con total cinismo y desvergüenza, sin saber siquiera los principios que están defendiendo, porque ello les da oportunidad de seguir disfrutando el caudal que representan los recursos públicos bajo su disposición.
Creo, señores, que ésta es una acusación grave que debe ser respondida por los diputados, por los grupos parlamentarios o por la Cámara. De acuerdo con la perspectiva y el juicio que cada uno tenga sobre estas afirmaciones. Pero que debe ser respondida, sobre todo, con hechos.
La reforma que presentamos es tendiente a esta transparencia, eficacia y limpieza del trabajo de la Cámara, a la que he llamado, hace poco, una cámara fallida. Probemos con responsabilidad lo contrario. Muchas gracias, señores.

Que adiciona y deroga diversas disposiciones de la ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Diputado Porfirio Muñoz Ledo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Exposición de motivos
Según el artículo 49, numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Cámara de Diputados contará con los siguientes Centros: 1) de estudios de las finanzas públicas; 2) de estudios de derecho e investigaciones parlamentarias; 3) de estudios sociales y de opinión pública; 4) de estudios de desarrollo rural sustentable y la soberanía alimentaria, y 5) de estudios para el adelanto de las mujeres y la equidad de género.
El objetivo por el que se crearon los Centros de Estudios fue apoyar técnicamente, y con carácter institucional, al trabajo legislativo. El primero fue el de finanzas públicas, creado en 1998. En 1999 se establecieron los de Derecho e Investigaciones Parlamentarias y el de Sociales y de Opinión Pública. En el año 2005 se incorporaron los Centros de Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, y el de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. Cada Centro cuenta con una estructura y un presupuesto que en ocasiones resulta oneroso en comparación con los resultados que presentan.
Las fallas en el cumplimiento de los objetivos que enmarcan el trabajo público, el exceso o falta de estructura y hasta la ausencia de claridad de objetivos inciden negativamente en la retribución social de las organizaciones públicas. Su diseño institucional puede ser decisivo para su éxito o fracaso.
En un contexto democrático y plural como es la Cámara de Diputados esto adquiere mayor relevancia, ya que su trabajo está sujeto al escrutinio público y a obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, pero sobre todo porque están obligadas a generar bienes y servicios para la población.
Existen, en general, fallas en el diseño, opacidad en las actividades y desviación de los objetivos para los que fueron creados los Centros. Según la Auditoría de Desempeño a los Centros de Estudios de la Cámara de Diputados, realizada en el marco de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007 de la Auditoría Superior de la Federación, existen fallas graves en el funcionamiento de los Centros.
Esta auditoría tenía como objetivo: “fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados por los Centros de Estudios de la Cámara de Diputados, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos y metas de otorgar, en forma objetiva, imparcial y oportuna, servicios de apoyo técnico e información analítica, sustentados en los cánones de investigación científica para desarrollar la función parlamentaria”. Es decir, la Auditoría verificó el cumplimiento de objetivos basándose en la gestión financiera de los Centros.
Los resultados arrojados por la Auditoría son graves. Entre las fallas más constantes de los Centros se encuentran la falta de cumplimiento de las disposiciones que regulan el Servicio de Carrera. Esta anomalía tiene efectos importantes en el trabajo de los Centros, ya que el Servicio, según el art. 72 del Estatuto, tiene entre otros fines: a) formar funcionarios de alta calidad que apoyen de manera profesional y eficaz el cumplimiento de las atribuciones y funciones de la Cámara; b) proveer a los servicios que se prestan en la Cámara de personal calificado; c) garantizar que el desempeño de los funcionarios del Servicio se realice bajo los principios de legalidad, objetividad, productividad, imparcialidad, disposición y compromiso institucional. Es decir, si las contrataciones de los Centros no se basan en el Estatuto, puede ponerse en entredicho la calidad de los servicios que prestan a los parlamentarios.
Otra desviación detectada en la mencionada auditoría es que ninguno de los Centros de Estudio de la Cámara de Diputados dispuso de indicadores de desempeño para evaluar la contribución de los servicios de apoyo técnico y de la información analítica en el cumplimiento de la función parlamentaria. No debe dejarse de lado que una correcta evaluación del desempeño, en cualquiera de sus modalidades, permite a las organizaciones determinar las carencias de formación de sus integrantes, los errores en la conducción de la misma y reorientar el rumbo si se ha desviado del cumplimiento de los objetivos que le dieron vida. Si los Centros no cuentan con indicadores y estándares que permitan verificar lo anterior es posible que se hayan alejado de sus funciones principales generando cargas económicas y financieras a la ciudadanía.
Según la Auditoría, “los Centros de Estudios de la Cámara no dispusieron de criterios estandarizados sobre los servicios de apoyo técnico y la información analítica, ni contaron con mecanismos e instrumentos de control que permitieran la determinación de los productos y la calificación de este tipo de servicios en los Programas Operativos Anuales”. Con ello, la auditoría evidencia la falta de homogeneidad en la calidad de los trabajos de los Centros. El impacto de lo anterior es sumamente negativo, ya que al ser organismos auxiliares del trabajo parlamentario, pueden entregar resultados de dudosa calidad académica y política.
Las omisiones y/o fallas hasta ahora mencionadas no incluyen la gestión de los recursos financieros. La auditoría registró numerosos incumplimientos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En esta crisis económica resulta de la mayor importancia verificar que los recursos públicos se destinen de manera eficaz y eficiente.
La opacidad es un elemento que habría de combatirse de manera urgente. Según el artículo 36 del Estatuto “los centros de estudios deberán guardar reserva sobre la información y resultados de sus actividades e investigación y sólo podrán darla a conocer por autorización superior expresa”. Los resultados de los trabajos de los Centros deben considerarse en todos los casos de interés público, así se fomentaría la rendición de cuentas y el estricto apego a la legalidad.
La adscripción de los Centros a la Secretaría de Servicios Parlamentarios puede ser causante de algunas de las desviaciones en sus fines. La naturaleza académica de los Centros no debiera pertenecer al ámbito de una Secretaría cuyo fin es apoyar a los órganos de la Cámara. La Secretaría tiene un objetivo de naturaleza técnica y administrativa que no coincide necesariamente con la calidad académica que debería regir a los Centros, ni debieran existir intermediarios entre éstos y los legisladores. Es decir, no hay coincidencia en los objetivos de unos y otros, contraviniendo la lógica organizativa y provocando distorsiones en los resultados. Es fundamental reforzar y revisar la transparencia, la rendición de cuentas, la estructura administrativa, pero sobre todo, su relación con el trabajo legislativo.
Los Centros de Estudio responden organizativamente a dos instancias: 1) según el artículo 22 inciso m del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, el Secretario de Servicios Parlamentarios tiene la obligación de “Dirigir las actividades de los Centros de Estudios, con base en los acuerdos del Secretario General”; 2) por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, los Centros responden también a los Comités constituidos en torno a cada uno de ellos. Esto evidencia que, a pesar de la duplicidad jerárquica del Secretario de Servicios Parlamentarios y de los respectivos Comités, no hay instancia parlamentaria alguna que coordine los trabajos de los Centros. Las actividades no han sido supervisadas de manera suficiente ni adecuada, sino que se ha propiciado que dichos Centros se conviertan en cuotas adicionales de los partidos políticos. Así, se amplía la posibilidad de ineficiencias y falta de calidad en los resultados de las investigaciones y actividades.
La emergencia económica y la gravedad de los problemas sociales del país obligan a los legisladores a asignar con criterios de eficiencia y eficacia los presupuestos públicos. Asimismo, en un contexto de pluralidad política, como es la Cámara, la transparencia, la rendición de cuentas y la necesidad de información clara y veraz adquieren mayor importancia. Al día de hoy, los Centros, que fueron concebidos para enriquecer el trabajo legislativo y apoyar a los diputados en sus tareas cotidianas, carecen de conexión con el trabajo parlamentario.
Por lo anteriormente mencionado, se presenta a su consideración el siguiente:
Proyecto de Decreto que adiciona los numerales 6 y 7 del artículo 46, que deroga el numeral 3, del artículo 49 y que deroga el inciso c, numeral 2 del artículo 50 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Único. Se adiciona el numeral 6 del artículo 46, se adiciona el numeral 7 del artículo 46, se deroga el numeral 3, del artículo 49 y se deroga el inciso c, numeral 2 del artículo 50 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 46.
1 a 5. …
6. La Cámara contará con los centros de estudio que requiera para el apoyo de las labores de los diputados y el debido funcionamiento de los sistemas de biblioteca, documentación y análisis al servicio del trabajo legislativo.  Promoverá, además, un programa editorial acorde a sus fines y a la difusión de la cultura política y parlamentaria.
7. Para efecto de coordinar, planear y evaluar los trabajos de los Centros de Estudio y del Consejo Editorial se integrará el Consejo de Estudios e Investigación, integrado por legisladores de los partidos políticos representados en la Cámara,  y que contará con el concurso de un Comité de académicos reconocidos por su trayectoria.
Artículo 49.
1 a 2…
3. Se deroga.
Artículo 50.
1.
2.
a…
b…
c. Se deroga.
d. …
Transitorio
Único. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en la sede la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos a 25 de noviembre de 2009.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo