Por Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
En una coincidencia histórica, todos los involucrados directa e indirectamente, actores y protagonistas, propios y extraños a la jornada electoral del 28 de julio pasado, por la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, están de acuerdo en que se hagan públicas las actas electorales para que se conozca el resultado de los comicios. Solo hay un detalle que impide que esto suceda: al parecer los resultados no favorecen la reelección del mandatario Nicolás Maduro y éste no está dispuesto a aceptar su derrota ni a mostrar las actas de votación.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), autoridad controlada por el chavismo, habría retrasado seis horas el anuncio del resultado de la elección, atribuyendo la tardanza a un intento de hackeo masivo procedente de Macedonia del Norte, no comprobado. Con esta excusa, al presidente del Consejo, Elvis Amoroso, se le hizo fácil anunciar el triunfo de Maduro con 52 por ciento de los votos sobre el 43 por ciento del candidato opositor, Edmundo González Urrutia.
Lo anterior, únicamente basado en su palabra, sin mostrar ni un acta electoral, lo que aumentó las sospechas de un posible fraude electoral y sobre calentó el ambiente político. Transcurridos más de 10 días de la elección, la autoridad electoral ya no hace referencia a las actas y menos al tema de su publicación.
La oposición, por su parte, no reconoce el triunfo del mandatario Maduro, señalando que éste no ganó en ninguno de los 24 estados del país. La lideresa María Corina Machado afirma que el candidato de la oposición, obtuvo el 70 por ciento de la votación, según el 84 por ciento de las actas electorales que tiene en su poder y que ha hecho públicas, lo que, a decir de la líder, constituye “la elección presidencial con el mayor margen de victoria en la historia.”
La agencia Associated Press, realizó un análisis de las actas electorales dadas a conocer por la oposición. Según este estudio, el opositor Edmundo González obtuvo 6,89 millones de votos, mientras que Nicolás Maduro solo recibió 3,13 millones. El análisis incluyó el procesamiento de 24 mil actas de votación que representarían el 79 por ciento de las máquinas de votación, por lo que, a menos que el CNE cuente con otros datos y los acredite mostrando las misteriosas actas que mantiene en celoso sigilo, Nicolás Maduro habría fracasado en su intento de reelegirse por tercera ocasión.
La controvertida elección venezolana ha trascendido sus fronteras. Mientras que países como Rusia, China, Siria, Irán, Cuba, Bolivia, Nicaragua y Honduras, reconocen el triunfo de Maduro, aún y cuando no se han dado a conocer las actas oficiales, un número importante de naciones y organismos internacionales cuestionan los resultados anunciados por el CNE. Argentina, Uruguay, Panamá, Ecuador, Perú, Guatemala, República Dominicana, Paraguay y Costa Rica, habrían solicitado la revisión completa de los resultados y una reunión urgente del Consejo Permanente de la OEA.
El gobierno de EUA, en un momento dado, decidió levantarle la mano al candidato opositor Edmundo González, convocando a los partidos venezolanos a “iniciar diálogos para una transición respetuosa y pacífica.” Molesto el mandatario Maduro, acusó a Washington de estar al frente de un golpe de estado y de organizar escaladas de violencia.
Organismos internacionales como la ONU, la OEA, y Amnistía Internacional, entre otros, además de la Unión Europea han criticado la falta de transparencia del proceso electoral venezolano y exigido la publicación de las actas de escrutinio. También han condenado la represión emprendida por el oficialismo en contra de la oposición.
México, Brasil y Colombia emitieron un comunicado conjunto “solidarizándose con el pueblo venezolano,” haciendo un llamado a las autoridades electorales para que se “den a conocer públicamente los datos desglosados por mesa de votación…” y se haga una verificación imparcial de los resultados. La renuencia a dar a conocer públicamente estos documentos, siembra dudas sobre el supuesto triunfo del mandatario, aún entre estos tres países, que, sin ocultar su identificación con el régimen de Maduro, han optado por esperar a que el mandatario compruebe con documentos su triunfo.
Lo que sucede en Venezuela, no deja de ponernos nerviosos, ante la intención demoledora de instituciones que contempla la llamada 4T y que amenaza continuar en su segundo piso. En nuestra realidad, el Congreso federal está ya bajo las órdenes de Palacio Nacional, de manera incondicional, pues a sus iniciativas de ley no les modifican ni una coma.
El futuro no pinta mejor, pues desde antes de que inicie la próxima administración presidencial, se pretende dejar asentado un marco jurídico que haga, literalmente, incontrolable e incontenible al poder presidencial. Con un Poder Legislativo bajo control, van ahora tras el Poder Judicial para transformarlo en una entidad sometida al Ejecutivo. Sin contrapesos ni división de poderes autónomos e independientes, nuestra democracia quedará muy vulnerada. Y ya vemos los excesos a que se puede llegar, cuando los mandatarios se engolosinan con el poder.
No olvidemos que el chavismo, iniciado hace un cuarto de siglo, arrancó con una nueva Constitución que recargó el poder presidencial y marginó a la oposición. Ahora, con pretensión de permanencia, el presidente chavista se resiste a dejar el poder.
