Una nueva visión de Política Exterior para el próximo Sexenio

Hace ya algunos años que la política de protección a los mexicanos se ha quedado en el limbo. Es ampliamente sabido que recientemente la tasa de inmigración de paisanos a los Estados Unidos llegó a la tasa cero. Es decir, entre los miles de mexicanos que entran de manera indocumentada al país del norte y los que son expulsados, alcanzó una tasa de crecimiento cero. Nuestros connacionales ya no se están quedando en el país vecino porque las oportunidades de trabajo son mínimas y las leyes migratorias de los estados de ese país se han endurecido.

No creamos ingenuamente que las oportunidades de trabajo en México se han incrementado, prueba de ello es que tenemos 13 millones de trabajadores informales y 8 millones de ninis (jóvenes que ni estudian, ni trabajan), entre los cuales existe un ejército laboral que trata de ganarse la vida diariamente limpiando parabrisas en los principales cruceros de las grandes ciudades del país o recostándose sobre una cama de clavos y vidrios rotos tendida en los pasillos de los vagones del metro capitalino.

Este año de 2012, en el cenit de la crisis económica norteamericana, han entrado en vigencia en esa nación varias iniciativas de ley antiinmigrante que reflejan las inquietudes de las asambleas locales en materia de inmigración, salud, seguridad pública y cohesión social. Las asambleas que representan los intereses de la población estatal, se han inclinado hacia la criminalización de los inmigrantes indocumentados mexicanos. Esas iniciativas avanzan ante la inercia de las autoridades consulares mexicanas que no emprenden acciones claras de cabildeo enfocadas a detener o contrarrestar su vigencia. Ni tampoco aparecen programas de protección claros que defiendan los intereses de nuestros connacionales: sus derechos y prerrogativas cada día están más mermados.

En parte esa inercia es atribuible al perfil del cónsul mexicano que no coincide con una visión de estado clara que les obligue a realizar una tarea ardua de negociación a fin de que las iniciativas antiinmigrantes no prosperen. El perfil del cónsul debiera revisarse a fondo. Un cónsul debiera manejarse cómodamente en el idioma inglés,  conocer el derecho norteamericano federal y los estatutos locales, saber cuál es el rumbo de la política local,  como se dan los pesos y contrapesos en la toma de decisiones gubernamentales y cómo participan en el proceso los grupos de interés, entender bien la teoría de la negociación y la mediación, tener una buena relación con los medios de comunicación y utilizar los foros sobre temas migratorios que normalmente se abren en la radio, la prensa escrita y la televisión; y, por supuesto, ser carismático y sociable.

Si revisamos a fondo, e incluso superficialmente los currículos de los actuales cónsules, adscritos en los consulados que tienen dentro de su circunscripción los estados donde más se han legislado esas leyes antiinmigrantes, nos percataremos que ninguno o pocos de ellos tienen los atributos antes señalados. No cuentan con un porcentaje mínimo aceptable de lo que se requiere para desempeñar una función de tal envergadura.

Este año en Alabama, Georgia, Carolina del Sur y Tennessee entraron en vigor leyes que por su tinte son a todas luces antiinmigrantes. Si bien es cierto, que la población norteamericana de esas localidades está respaldando a sus representantes distritales  para que legislen en ese sentido, también es cierto que el cónsul tiene a su disposición todo un menú de opciones para disminuir la prevalencia de estas tendencias. De continuar esta inercia el próximo gobierno que entre en funciones el primero de diciembre de este año, tendrá todavía una tarea mucho más ardua que hacer para revertir mínimamente esta tendencia. No se diga en Arizona, donde la autoridad gubernamental ha logrado posicionar la ley SB 1070 como estatuto válido de referencia; a fin de que los jueces de la entidad y los federales diriman sus controversias judiciales en materia de migración con base en los preceptos que establece esa legislación.

Alabama, por ejemplo obliga a los empleadores que realizan actividades lucrativas con el gobierno a que antes de realizar cualquier contrato de trabajo o darle servicio a esa entidad deben utilizar el sistema federal E-Verify para demostrar que sus empleados son residentes legales o ciudadanos norteamericanos. El sistema electrónico de verificación de documentos (E-Verify), pudiera no ser removido por la acción de un cónsul, pero podría haberse hecho lo suficiente como para que el Estado se mantuviera al margen de un trabajo que en teoría debiera realizar el gobierno federal (siempre y cuando tenga el suficiente presupuesto para hacerlo) y no efectuarlo la entidad utilizando los recursos escasos del erario estatal. Además Alabama es uno de los estados más pobres (17.1 %) de la unión americana, pero tradicionalmente conservador y poco evolucionado en la construcción de nuevos tejidos sociales sobre todo en convivencia con extranjeros. Alabama, al parecer, no visualiza que la migración es un fenómeno global que se está dando en todo el mundo porque en las naciones avanzadas cae vertiginosamente la tasa de fertilidad. Pregunta: ¿quién pagará el retiro o jubilación de la fuerza laboral de Alabama, cuyos trabajadores envejecen y en una década dependerá en gran proporción (el 25 %) de las contribuciones al Seguro Social de la masa trabajadora compuesta de inmigrantes extranjeros?

En Georgia una ley similar obliga a las empresas con más de 500 empleados que use el E-Verify, para conocer quiénes son realmente trabajadores elegibles. En esa entidad todo trabajador recién contratado tiene que demostrar su estancia legal en el país y que cuenta con permiso para laborar en Estados Unidos.  Según la ley, para julio de 2013 todas las empresas con más de 10 empleados deberán pasar por ese requisito de verificación electrónica. En Atlanta, Georgia, el Cónsul de México debe tener conciencia de que miles de trabajadores indocumentados mexicanos están ubicados en empresas con menos de 20 empleados. Los “crew leaders” o capataces han tratado de prevenir esas medidas contratando para trabajar en la construcción a jornaleros o “day laborers”,  que consiguen en las afueras o en las esquinas de las tiendas tales como “Home Depot”. Los jornaleros se han puesto de moda hoy en día en estas localidades, pero desafortunadamente bajo este esquema están totalmente desprotegidos y en caso de accidente es muy difícil hacer los reclamos de compensación o representarlos judicialmente.  En Georgia los abusos hacia la comunidad mexicana se han incrementado exponencialmente.  Esta ley ha venido afectando seriamente el crecimiento de la industria de la construcción y este sector de la economía, se ha visto altamente perjudicado con esas leyes que políticamente pueden sonar bien para la población de Georgia pero que en el largo plazo los lleva a la ruina o deben pagar altos precios por cualquier trabajo de remodelación de su casa, escuela, fábrica o edificio. Esta ley ha disuadido a los migrantes mexicanos a permanecer en la localidad, mientras tanto la acción consular de protección y la acción preventiva de cabildeo no se ven.

En Tennessee la situación es tanto peor o similar. Los trabajadores deben portar su licencia de conducir autorizada por la “Real ID”. Una licencia que tiene todos los candados de seguridad y donde el número de seguro social es verificable directamente con el E-Verify. Es como una tarjeta inteligente que permite a los tenedores de este documento a ingresar al mercado laboral. Si se observa la tasa de desempleo en Tennessee, aunque ha mejorado en los últimos años (7.9 %), se verá con claridad que esta ley lo único que ha ocasionado es que la oferta laboral le haya dado al traste a la demanda agregada (suma del consumo, inversión y gasto público). No se necesita una gran ciencia macroeconómica para saber que esta ley es completamente anti mercado. Pregunta: ¿Qué no es Tennessee donde el problema de la pobreza es una cultura políticamente correcta? Tennessee tiene una población en la línea de pobreza del 16.5 % mientras que a nivel nacional es del 13.8 %.

En Carolina del Sur la ley antiinmigrante permite a los policías, sin que previamente exista el principio constitucional de “probable cause” o causa probable de delito, presumir la culpabilidad de un supuesto sospechoso o potencial delincuente; puede sin mayor preámbulo solicitar a cualquier persona (sobre todo de apariencia extranjera) documentos de estancia legal en el país. Si una persona por equis razón conduce un autóvil con exceso de velocidad,  sin luz trasera u omite encender las luces delanteras por la noche, es objeto de sospecha, más allá de la infracción de tránsito puede ser detenida por un oficial de la policía e interrogada sobre su estatus migratorio. Carolina del Sur, si es que no lo saben quienes debieran, es donde la mano de obra mexicana es altamente apreciada por los agricultores de la industria tabacalera organizada. South Carolina Growers Association fue una empresa que por muchos años cabildeo en el Congreso de los Estados Unidos para que se llevara a cabo una reforma migratoria integral.

Steve Karalekas, un importante lobista de Washington, DC,  trabajó intensamente para lograr que la reforma migratoria (IRCA, Immigration Reform and Control Act)  diera una mayor certidumbre a las inversiones multimillonarias que se destinaban a los campos agrícolas del sector tabacalero de Carolina del Sur. Ahora, sin el apoyo de México, los agricultores organizados de Carolina del Sur no pudieron  contrarrestar las nuevas medidas antiinmigrantes de este año; y, tampoco tuvieron el apoyo y asesoría de nuestras autoridades consulares. Hoy los agricultores sólo se contentan con la escasa cuota de trabajadores migratorios que logran a través del programa de visas H-2A. Carolina del Sur, por increíble que parezca, ya etiquetó dentro del presupuesto de este año una partida especial para crear una policía estatal dedicada exclusivamente a la ejecución de las leyes locales de migración.

Lo más increíble de todo es, que California siendo el único estado santuario de la mano de obra indocumentada  mexicana poco se le ha estudiado y apoyado. Gracias a una labor de cabildeo constante desde la autoridad diplomática en Washington, DC, California se mantiene en el centro de las prioridades mexicanas.  Por ese cabildeo, los avances que se han logrado están a la vista de todos y es una de las pocas entidades que todavía es un refugio seguro para los mexicanos indocumentados. Por varios años el Consulado General de México en los Ángeles, California estuvo encabezado por astutos cabilderos sobre todo durante las administraciones de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. Gracias a esa época subsiste hoy  todavía una cultura y una conexión con México.  La empatía de California con México es tal, que una nueva iniciativa de ley que entró en vigor este año, permite a los estudiantes extranjeros indocumentados recibir apoyo financiero para sufragar su matrícula en universidades públicas.

Por ello es importante regresar, a las bases de lo que fue la protección  a los connacionales y colocar nuevamente la migración en la agenda de la política exterior del próximo sexenio.

* El Maestro Jorge Navarro ha sido cónsul de protección en los Estados Unidos.

Por Jorge Navarro Lucio*