Una interpretación histórica
Por Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
Con la entrega de la constancia a Claudia Sheinbaum para ejercer el cargo de presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, la semana pasada, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio por concluido, formalmente, el proceso de la elección presidencial, y la doctora, ahora como Presidenta Electa, se convierte en la primera mujer en ocupar el más alto cargo político del país.
Previo a esta ceremonia, la autoridad electoral había emitido la constancia de mayoría (con 59.75 por ciento de votos a favor) y declarado la validez de la elección. Tema, este último, que marcó ciertos diferendos entre los magistrados de la Sala Superior, pues mientras que en el dictamen oficial se dice que la elección fue “libre, auténtica y periódica” en la que se cumplieron los principios de “certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad”, hay magistrados que tienen otros datos.
En el boletín del TEPJF, se dice que se atendieron 240 juicios de inconformidad, que las peticiones de nulidad de la elección fueron infundadas porque las pruebas presentadas no demostraron de manera fehaciente que las irregularidades denunciadas hubieran generado un resultado distinto al de la votación. Sin embargo, para la magistrada Janine Otálora Malassis el proceso no fue tan impoluto.
“La política puso sus tiempos a los plazos de la ley,” al adelantar el proceso que legalmente debió haber iniciado el 7 de septiembre de 2023, señalaría la magistrada. Los llamados “procesos políticos novedosos”, agregaría, fue sólo un fraseo para evitar reconocer un fraude de ley. Además de referirse a la intervención sistemática y reiterada del presidente, en al menos 50 conferencias mañaneras, que dieron lugar a la emisión de 20 medidas cautelares, y que no se consideró en el dictamen.
La violencia electoral, también fue un tema al que aludió la magistrada. Según la organización Data Cívica,130 aspirantes, precandidatos y candidatos fueron atacados, presuntamente, por grupos del crimen organizado durante el pasado proceso electoral. 34, fueron asesinados.
Para emitir la declaratoria de validez de la elección presidencial y entregar la constancia correspondiente de Presidenta Electa, el TEPJF aceleró, en el último momento, la incorporación del sexto miembro a la Sala Superior, para constituir el quorum mínimo necesario de seis magistrados que establece la ley (Art 167 LPJF) para formular las declaratorias mencionadas.
En una maniobra política, que habría que catalogar entre una más de las anomalías que se presentaron en este proceso electoral, los senadores de Morena se negaron a hacer las designaciones de los magistrados (2) que completarían el pleno de la Sala Superior del TEPJF, por lo que éste tuvo que operar con cinco magistrados.
Por la importancia del Tribunal, que constituye la última instancia para resolver, en forma definitiva e inatacable, entre otras, las controversias surgidas por la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, se supondría que contar con un Tribunal completo resultaba una prioridad. Pero no fue así, seguramente por otros datos que desconocemos.
Por lo pronto, la atención se concentra, ahora, en la resolución que deberá emitir el INE en el tema de la sobrerrepresentación. Del resultado de la interpretación que la autoridad electoral haga de la ley, dependerá si nuestro sistema democrático sobrevive al tsunami del 4T, con pretensiones hegemónicas, y persiste el juego político que permita una lucha por el poder, en que se reconozca y respete la presencia y participación de las minorías. En el que el diálogo, la colaboración y la apertura, que no los enfrentamientos, las descalificaciones y los ataques, sean la norma que rija las relaciones entre gobierno y oposiciones.
La otra es que se imponga el poder político del partido en el gobierno y su hegemonía arrase con las oposiciones disminuidas, con voz, que no se escucha y, votos, que no alcanzan. En la que los avances de nuestra democracia, se pierdan ante los afanes de una 4T ávida por concentrar y controlar cada vez más poder. En la que los contrapesos al Poder Ejecutivo no existan y la división de poderes solo sea una teoría en desuso. De la independencia y autonomía del Legislativo y del Judicial, ni hablar. El primero, cooptado desde el inicio de la 4T. El segundo, demolido por una reforma de capricho.
A los consejeros del INE y, en su caso, a los magistrados del TEPJF, les corresponde tomar la decisión histórica que habrá de comprometer el futuro del país.
