Un Plan Económico de Emergencia propone el Consejo Coordinador Empresarial

Estamos a una semana de que el Presidente Enrique Peña Nieto rinda su Primer Informe de Gobierno, en un momento clave, en el cual hay que tomar decisiones que marcarán el rumbo que tome el sexenio.

Aunque todavía es una etapa temprana, hay un número de frentes importantes abiertos que no se presentaba desde hace décadas. A la abultada y complicada agenda del periodo ordinario en el Congreso que inicia el mismo 1º de septiembre, se aúnan retos coyunturales delicados, que deben ser atendidos con prontitud y determinación.

En síntesis, el contexto es propicio para las tensiones, que exige que todos los actores reafirmemos el compromiso con el diálogo, la democracia y las instituciones.

Es un momento ideal para evaluar, con un diagnóstico objetivo, el estado de la nación y las prioridades y acciones a seguir, a la luz de los primeros resultados de los cambios y esfuerzos que se han impulsado en estos primeros nueve meses de gobierno. El entorno de oportunidades y confianza se mantiene, pero empiezan a adquirir fuerza resistencias, riesgos y obstáculos más definidos.

En materia política, el Presidente Peña Nieto ha sido exitoso en su empeño de destrabar la construcción de acuerdos. El Pacto por México, suscrito el segundo día del sexenio, ha sido fundamental en esta tarea, marcando un punto de inflexión luego de más de 15 años de esterilidad legislativa en varios temas prioritarios.

Vemos proactividad y eficiencia para promover reformas, y a un Congreso con una disposición equivalente. El poder Ejecutivo muestra renovada capacidad para ser factor de unidad, recobrando margen de maniobra para la gobernanza y para propiciar una relación de respeto, entendimiento y coordinación con los otros órdenes y poderes de gobierno,.

El gran desafío en este momento es la disyuntiva sobre la mejor forma de mantener e inclusive revigorizar la dinámica reformadora que se inició desde la fase de transición, y no permitir que decaiga.

A través del consenso, se han logrado reformas constitucionales tan trascendentes como la educativa y la de telecomunicaciones, pero hay que contemplar el riesgo de que, en aras de procurar un aval de todas las fuerzas políticas, caigamos en reformas insuficientes o superficiales, que sólo posponen las soluciones que se requieren con urgencia.

No podemos conformarnos con lo que se considera políticamente viable porque diluye lo importante para evitar las diferencias. Tanto el consenso como la formación de mayorías legislativas son vías legítimas y pueden coexistir.

Lo que resulta fundamental es impedir que se retrasen más los asuntos y la agenda pública se siga abultando y complicando. Los retos en materia económica son ilustrativos en este sentido.

La reducción, por parte de la Secretaría de Hacienda, de su pronóstico de crecimiento para este año a sólo 1.8%, sin duda es un golpe que impacta el ánimo favorable que se tenía en meses previos. Más que preocupación, las señales de la economía demandan respuestas puntuales.

El gobierno ha mantenido un manejo responsable de las finanzas públicas y la política macroeconómica, ha sido promotor activo de las reformas y de diversas acciones de promoción económica. Si bien se presentaron retrasos en el ejercicio del gasto público, éstos no fueron el factor determinante de la desaceleración. La causa está más bien en la lenta recuperación en Estados Unidos y la poca capacidad de nuestro mercado interno para subsanar esta dependencia.

Necesitamos un enfoque de fomento mucho más enérgico para incentivar la inversión y al mercado interno. Tenemos múltiples alternativas, pero hay que movernos con rapidez. Aunque la segunda mitad del año sea mejor, podemos acabar este año con más de 250 mil nuevos empleos menos que en 2012.

Es oportuno instrumentar un plan emergente de reactivación, con acciones que puedan tener efectos en lo inmediato, que complementen recursos y fuerzas del sector público y el privado. El CCE y sus organismos constitutivos han planteado más de 100 propuestas de este tipo al Gobierno Federal y a la Conago en las últimas semanas.

Proponemos armar un programa ambicioso de infraestructura y APPs, aprovechar áreas de oportunidad como la economía verde, el desarrollo urbano y las que se abren con reformas como la de telecomunicaciones. Asimismo, estímulos fiscales y administrativos para nuevas inversiones y empresas, acelerar la aprobación de la reforma financiera y acuerdos macro de política industrial.

El descenso de la proyección de crecimiento también refuerza la importancia de concretar las reformas energética y hacendaria con rapidez y asegurando que realmente impliquen cambios de gran calado. En algunas industrias existe incertidumbre y planes de inversión retenidos, en espera de mayor claridad de su orientación y profundidad.

En la calidad de estas reformas se juega en gran medida el que rompamos con la inercia de lo que hemos denominado estancamiento estabilizador. De ellas dependen retos tan importantes como el de apuntalar un sistema sólido y universal de seguridad social y salud.

Respondamos a la coyuntura redoblando la voluntad para crear un modelo económico renovado para México, que apuntale motores de crecimiento como el sector energético, un TLCAN Plus que permita mayor integración productiva, y el necesario compromiso con la productividad, que a su vez conlleva el que debemos hacer en materia de formalización. Ésta es fundamental para que la reforma laboral dé mejores resultados, al igual que para expandir el crédito.

El fortalecimiento de la cultura de la legalidad es esencial: los rezagos, deficiencias y distorsiones que prevalecen en este frente siguen estando entre los mayores obstáculos al progreso y la justicia en México.

En esta materia, se ha hecho un esfuerzo loable en la implementación de la reforma penal, se fortaleció la figura del amparo y está por pasarse una reforma de gran calado en el IFAI.

Sin embargo, la iniciativa para crear la Comisión Nacional contra la Corrupción, que envió el Presidente de la República hace casi un año, pareciera haber quedado congelada. Hace falta un mayor compromiso para combatir a fondo la corrupción y la impunidad, más allá del discurso. Este un desafío de todos, pero el sector político y el gobierno tienen un papel esencial que desempeñar.

La persistencia de espacios propicios para que se reproduzca el fraude, así como de figuras emblemáticas de la corrupción que ostentan públicamente privilegios e impunidad, siguen agraviando a la sociedad. La meta debe ser que en todos los casos y en cualquier nivel de gobierno se cumpla la ley, que no se negocie o aplique discrecionalmente.

En relación con la oposición violenta y hasta ahora impune de grupos del magisterio a la trascendente reforma educativa que se logró con el consenso de las principales fuerzas políticas, el exhorto es a no ceder al chantaje y a no dar ningún paso atrás en la legislación secundaria y la implementación puntual de todas las disposiciones, sin excepción alguna.

La educación de calidad es el objetivo más trascendente que tenemos como nación, no dilapidemos el futuro de México y de los mexicanos.

Otro caso preocupante es el de los llamados grupos de autodefensa comunitaria, que por otro lado, representan una respuesta a la falta de protección efectiva en zonas azotadas por la delincuencia y la inseguridad pública. Éstas continúan siendo el expediente abierto más crítico que tiene la nación, por los riesgos que implican para la gobernabilidad democrática y, desde luego, para la integridad física y patrimonial de los ciudadanos.

Tempranamente, el Presidente expuso las líneas generales de la nueva estrategia de seguridad, como el énfasis en la prevención, atacar los delitos que más afectan al ciudadano común, mayor coordinación y eficiencia, centralización de mando en la Secretaría de Gobernación, y coordinaciones regionales.

Se establecieron zonas de atención prioritaria y hay una mejora sensible en la relación  entre los tres niveles de gobierno, con mayor disposición para la coordinación y la corresponsabilidad, que esperamos dé frutos como los mandos policiacos únicos estatales. Es visible, también, un manejo responsable en la difusión.

No obstante, la nueva política de seguridad aún no queda clara de cara a la sociedad. Persisten indefiniciones, como ocurre en el caso de la gendarmería nacional, y no hay evidencias que marquen diferencias significativas con la estrategia precedente en temas prioritarios.

Aún no se registra una reducción significativa en delitos como asesinatos, extorsiones y secuestros. La violencia continúa en niveles preocupantes. El pasado mes de marzo, el Presidente Peña Nieto pidió un año para verificar resultados de los esfuerzos emprendidos. Es un plazo razonable para que cuando se venza, haya una evaluación objetiva y capacidad autocrítica, que permitan fortalecer lo que funciona y corregir lo que falla.

Un aspecto positivo es la difusión de una imagen más balanceada del país en el exterior, que ya no se concentra tanto en la violencia del crimen organizado. Esto se ha dado en paralelo a logros tangibles en las relaciones exteriores.

México tiene una participación activa en las negociaciones del TPP y la Alianza del Pacífico y se está reposicionando en el plano global, tejiendo alianzas como la del grupo MIST. Se concretaron acuerdos históricos con China, que abren grandes oportunidades y soluciones a muchos de los problemas comerciales que se han presentado. Con la visita del Presidente Obama, se perfiló una nueva fase en la relación bilateral con Estados Unidos, que asigna más atención a temas como el económico, contra el peso excesivo que ha tenido la seguridad.

Los desafíos son muchos, pero también lo son las oportunidades para transformar al país. Aprovechemos las ventanas abiertas, que no pueden permanecer así indefinidamente.

Aún queda casi el 90% del sexenio. Los mexicanos podemos hacer grandes cosas en este tiempo. Asegurémonos de que no decaiga el impulso reformador. Este es el  momento de relanzarlo con dinamismo renovado.