Por Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
Pocas veces, como ahora, la versión oficial resulta tan alejada de la realidad del evento.
Rumbo a la sustitución de las energías fósiles, compromiso asumido por las naciones miembros de la ONU en el Acuerdo de Paris, y ratificado por nuestro país en septiembre de 2016, las señales que envía México sobre el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Acuerdo resultan confusas, si no es que de plano contradictorias.
Mientras que la preocupación mundial por reducir emisiones de gases contaminantes lleva a dirigir las inversiones hacia la generación de energías renovables, en un proceso de descarbonización, aquí le seguimos apostando al uso de combustibles fósiles. Y, sin mirar a futuro se opta por construir una refinería para procesar petróleo crudo cuyo costo se ha casi triplicado, sin que quede claro cuando empezará a operar, no obstante que fue inaugurada hace casi un año.
Por otra parte, se adquieren 13 plantas de generación de energía eléctrica de tecnología obsoleta, ciclo combinado, por un precio de cerca de 6 mil millones de dólares, de las cuales, dos terceras partes tienen entre 10 y 25 años de antigüedad. Esto es, algunas con una vida útil muy mermada.
En el mundo al revés de la 4T, se construye cuando conviene comprar y se compra cuando resulta mejor construir. Haciendo a un lado lo poco aconsejable de adquirir plantas para procesar petróleo en estos tiempos, la compra de la refinería Deer Park, fue mejor negocio que la construcción de la refinería de Dos Bocas, atendiendo al elevado monto de la inversión. Con una tercera parte de lo que está costando este proyecto, se pudo haber adquirido otra refinería en operación y sobrarían recursos para el programa de rehabilitación de las antiguas plantas de la paraestatal.
En el caso de la operación mercantil con Iberdrola, lo recomendable hubiera sido dedicar los casi 6 mil millones a construir plantas generadoras de energía renovable o a fortalecer las redes de distribución y transmisión de CFE. Entonces se podría haber hablado de un aumento en la generación de energía y de un mejor servicio para la demanda de los consumidores.
De acuerdo a expertos en el tema, la compra de las 13 plantas, fue un mal negocio para la industria eléctrica de nuestro país. La mezcla de razones políticas e ideológicas y un tanto de prejuicios, dominaron los objetivos de esta operación, cuyo elevado costo pesará en las finanzas públicas.
Porque no queda claro cómo se podrá evitar que la aportación del gobierno, a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), se sume a la deuda pública, si, finalmente, su garantía de pago corre a cargo del Gobierno Federal. Según indican especialistas, las deudas del Fondo quedan registradas en el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, conforme a normas del Fondo Monetario Internacional.
Pocas veces, como ahora, la versión oficial resulta tan alejada de la realidad del evento. Para efectos de la 4T, las plantas adquiridas formarán parte del patrimonio público; la CFE aumentará la generación de energía eléctrica del país, de 39.6 por ciento a 55.5 por ciento; se resuelve “para el corto y mediano plazo el consumo de energía que requiere el país” y se garantiza que los precios no aumentarán. Además de considerar la operación como una “nueva nacionalización”.
La realidad es otra. Según la información oficial, la compra de las plantas la hizo la administradora privada de fondos de inversión Mexico Infraestructure Partners que recibirá financiamiento de Fonadin, por lo que los bienes adquiridos son propiedad privada y no del gobierno. Efectivamente su operación estará a cargo de la CFE, pero no queda claro en qué términos las operará. Tampoco es exacto que signifique un aumento en la producción de energía eléctrica en el país, pues es la misma energía que ya producía Iberdrola y le vendía a CFE, solo que ahora se suma a la de la paraestatal. La capacidad de generación de energía de CFE sigue siendo limitada y con problemas para atender la creciente demanda.
No hay manera de garantizar que los precios de la energía eléctrica no aumenten. De hecho, podrían aumentar si consideramos que los costos de generación de Iberdrola son más bajos que los de CFE, además, habrá que agregar el costo de mantenimiento de las plantas adquiridas. De aplicarse las regulaciones del contrato colectivo de trabajo de CFE en estas plantas, su operación será todavía más gravosa. Difícil evitar un aumento en las tarifas o prescindir de subsidios.
Y ya de segunda nacionalización, mejor ni hablamos, porque la operación derivó de un acuerdo ciento por ciento comercial, en un contexto en el que Iberdrola decidió mejor vender, ante el acoso oficial que le impedía operar por presiones, multas, bloqueos y una serie de artimañas. A fin de cuentas, algunas plantas ya amortizaron su costo.
Una buena operación para Iberdrola, que aumentó el valor de sus acciones en un 2.45 por ciento. La empresa se va con sus dólares a otra parte y, en un comunicado, anunció sus planes de desinvertir en tecnologías con altas emisiones de carbono y sus nuevos proyectos de inversión en energías limpias para cumplir con los lineamientos de sustentabilidad, en países como Gran Bretaña, EUA, Brasil y Australia, entre otros.
Por cierto, la mal llamada segunda nacionalización, nubla el futuro de las inversiones extranjeras en nuestro país, por el contexto en que se dio.
