Para que las familias de las personas aseguradas que hayan desaparecido no queden en situación de vulnerabilidad económica, el Senado aprobó reformas a la Ley del Seguro Social. Podrán cobrar la pensión que, por derecho, corresponde a la persona no localizada, a fin de cubrir gastos de alimentación, salud, vivienda, vestido y educación.
