Recibe Cuauhtémoc Cárdenas la Cátedra Carlos Fuentes de la Facultad de Derecho de la UNAM

Cátedra Extraordinaria Carlos Fuentes.

Facultad de Derecho.

Universidad Nacional Autónoma de México. 10 de octubre de 2023.

Por Cuauhtémoc Cárdenas

El pasado 31 de agosto recibí una llamada inesperada: mi amiga querida Silvia Lemus de Fuentes, sin mayor preámbulo, de repente, me preguntó si aceptaría yo se me entregara la Cátedra Extraordinaria Carlos Fuentes 2023, de la Facultad de Derecho de la UNAM. Respondí de inmediato que, antes que nada, agradecía la alta distinción que representaba para mí su propuesta, la que, desde luego, aceptaba. Y aquí estamos. Silvia: nuevamente, muchas gracias.

Agradezco al Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM haber aprobado la propuesta de que se me entregara la Cátedra Extraordinaria Carlos Fuentes 2023, así como al Dr. Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, por haberla presentado, su amistad y la hospitalidad en esta casa de estudio, y, desde luego, la distinción que me representa me entregue esta Cátedra, particularmente después que en 2021 y 2022 se entregara a dos eminentes egresados de esta Facultad, queridos y respetados amigos Fernando Serrano Migallón, ex director de esta Facultad, académico además de todas las Academias, y Porfirio Muñoz Ledo, abogado de causas buenas, compañero de ideales y luchas, a quien lamentablemente perdimos recientemente.

Recibir la Cátedra Carlos Fuentes significa aceptar un compromiso con los legados de Carlos Fuentes, honrándolos al buscar hacer realidad, desde las trincheras, las circunstancias y en los tiempos propios, los anhelos y causas que él adoptó, que plasmó en su obra literaria, en la que

con fértil imaginación y fina sensibilidad retrató a México, España, Latinoamérica y el mundo, la gente, actitudes, paisajes, pasiones, problemas, historias, personajes, inventados unos, reales otros, que se reflejan además en su activismo en favor de las mejores causas de nuestro país y de la humanidad, pues fue vasto en su visión, ideales y el compromiso consigo mismo, que normó su actividad.

Con Carlos mantuvimos una larga relación de amistad, afinidades y de cercano afecto, aun cuando principalmente nos movimos en mundos distintos. Mi primer encuentro con él tuvo lugar a mediados de los años 50 del siglo pasado, en el Círculo de Estudios Mexicanos, grupo de estudio y reflexión en el que, jóvenes los dos, coincidimos con destacados estudiosos y activistas progresistas de ese tiempo: Alonso Aguilar, economista, Guillermo Montaño, oncólogo, Enrique Cabrera, cardiólogo, Manuel Mesa Andraca, agrónomo, Jorge L. Tamayo, geógrafo, Fernando Carmona, economista, Ignacio Aguirre, artista plástico; con feministas comprometidas y distinguidas como Matilde Rodríguez Cabo, Clementina Batalla de Bassols, Adelina Zendejas y Esther Chapa; con políticos identificados con las posiciones avanzadas de la Revolución Mexicana como Narciso Bassols, Ignacio García Téllez y Natalio Vázquez Pallares, y con muchos más, entre ellos los entonces jóvenes como nosotros, Luis Prieto Reyes, Janitzio Múgica, Sergio Pitol, así como con los que en mayo del 59 empezarían a publicar la revista El Espectador: Víctor Flores Olea, Francisco López Cámara, Enrique González Pedrero, Jaime García Terrés, Luis Villoro y el propio Carlos.

El Espectador tendría la corta vida de un año escaso, pero en ese breve periodo tuvo una divulgación que bien podría calificarse de explosiva, convirtiéndose en lectura obligada para la gente de pensamiento avanzado, y también en guía ideológico y político para muchos jóvenes progresistas. Me cuento entre quienes lamentamos que El Espectador dejara de publicarse.

Con quienes ya llamaban los espectadores seguimos coincidiendo, esta vez en la Conferencia latinoamericana por la soberanía nacional, la emancipación económica y la paz, que se llevaría a cabo es esta ciudad de México en los primeros días de marzo de 1961.

A la Conferencia, convocada por los tres copresidentes latinoamericanos del Consejo Mundial por la Paz, Lázaro Cárdenas entre ellos, concurrió alrededor de un millar de delegados de todos los países latinoamericanos, representantes de partidos y grupos políticos avanzados, varios de ellos exiliados por las dictaduras de esa época de Guatemala, Nicaragua, Republica Dominicana, Paraguay, Haití, más presencias fraternales de otras regiones y otros continentes. En la reunión se acordó mantener la lucha contra el imperialismo y el colonialismo, impulsar el desarrollo de las economías con autonomía plena, las reformas agrarias con carácter integral, defender a la entonces joven Revolución Cubana, desterrar las bases militares norteamericanas de América Latina, propugnar por la paz, desarrollar las culturas nacionales, liberar a los presos políticos -en aquel momento en México: los dirigentes ferrocarrileros detenidos en 1958 y 59, más David Alfaro Siqueiros y Filomeno Mata- y formar en cada país un Movimiento de Liberación Nacional que propugnara por llevar a la práctica los acuerdos de la conferencia.

En una lucha que ha sido larga, tal como fue la de Carlos, muchos mantenemos firme la aspiración y el empeño de construir y desarrollar en nuestro país una democracia que eche raíces profundas, perdure y se desarrolle amplia. Esa pretensión y ese esfuerzo encuentran hoy obstáculos que sólo con la acción concertada de Estado y sociedad podrán superarse: desigualdad social y pobreza; una economía a la que se imponen restricciones impidiéndole que crezca y distribuya con equidad; inseguridad, violencia y presencia de delincuencias que azotan por toda la nación y a todos agreden y ofenden. Y en el terreno estrictamente político, los obstáculos son las descalificaciones por el simple hecho de discrepar, la ausencia de propuestas de partidos y grupos, el desánimo a la participación, el verticalismo en decisiones, atropellos a las reglas, erosión institucional, en vez de invitaciones al diálogo, al análisis sereno y objetivo de propuestas ideológicas y programáticas que enriquecieran la vida pública -política, social, cultural- y enseñaran posibles caminos a seguir según visiones diversas, ofreciendo opciones al Estado y a la sociedad, a ciudadanos y colectivos para superar problemas específicos, así como propuestas también para descentralizar decisiones y facultades que fortalecieran la democracia en sus bases, y para recuperar fortaleza institucional.

Si aceptamos que valor principal de la democracia y característica fundamental de ella es la igualdad, todo mexicano debiera poder ejercer, sin traba alguna, los derechos que la Constitución reconoce a todos.

Puede afirmarse que no existen impedimentos para ejercer los derechos de palabra, de imprenta, de tránsito, de asociación y reunión, pero no es el caso respecto a otros: la universalidad de la educación obligatoria que se establece en el 3°; los reconocidos en el 4° a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, garantizándolo el Estado; a la protección de la salud; a un medio ambiente sano; al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, aceptable y asequible; a una vivienda digna y decorosa; en el caso de niñas y niños, a la satisfacción de las necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, fijando además la obligación para ascendientes, tutores y custodios de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios; en el propio 4°se reconoce el derecho de acceso a la cultura y al ejercicio de los derechos culturales; y se precisa que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte; y en el 123 se reconoce el derecho al trabajo digno y socialmente útil.

Para universalizar el ejercicio de estos derechos -y creo oportuno plantearlo en esta institución en la que se estudia, se enseña y se investiga sobre derecho-, será necesario incorporar a la Constitución y a las leyes los mecanismos para que cualquier ciudadano pueda hacerlos exigibles ante el Estado, siendo indispensable, además, identificar los obstáculos para su ejercicio, su dimensión y calidad, y dónde se localizan social y territorialmente los núcleos de población impedidos de ejercitar derechos determinados. En la mayoría de los casos, para superar obstáculos y garantizar el ejercicio de esos derechos, además de las reformas legales, se requerirán programas gubernamentales con objetivos concretos: modernización educativa, creación de empleos, capacitación para el trabajo, expansión de la seguridad social, reforma hacendaria, etc., y obra material: construcción y equipamiento de escuelas y hospitales, medidas para ampliar los cupos en las instituciones públicas de educación superior, obras para el suministro de agua potable y de saneamiento, cuidado de la biodiversidad, etc. Se requerirá, pues, dar prioridad en la acción pública a la satisfacción de las necesidades que se atienden mediante el ejercicio de esos derechos y, desde luego, responsabilidad social y voluntad política en las instancias públicas de toma de decisiones para convertir las imposibilidades de hoy en realidades efectivas.

Ningún derecho es más importante que otro. La imposibilidad de ejercitar cualquiera de los constitucionalmente reconocidos, impone restricciones a la vida, al presente o futuro de individuos, familias o colectivos.

Y ya que nos encontramos en un centro de enseñanza y aprendizaje, quisiera referirme al derecho a la educación: en democracia, nadie debiera encontrar impedimentos para educarse, para tener acceso a educación de calidad, lo que reclama, como un primer paso urgente, universalizar y dar la más alta calidad a los ciclos de la educación obligatoria, que van del jardín de niños a la media superior, y para que, como establece la más reciente reforma al artículo 3°, el Estado se haga cargo de la educación superior, lo que debiera significar, en primer lugar, realizar las inversiones suficientes para que existan los cupos necesarios y se eviten rechazos en las universidades públicas, dotadas éstas del personal, equipamientos e instalaciones que garanticen formar profesionales e investigadores de excelencia.

Carlos Fuentes, en conferencia dictada en 1997, decía respecto a la educación:

Un país que no le da de comer a su gente, un país que abandona la educación de su gente, jamás accederá al nuevo mundo tecnológico del siglo XXI. Pero el mundo subdesarrollado lo es porque es pobre, porque es injusto, porque carece de la salud y la educación indispensables para el bienestar de su explosiva fertilidad. La América Latina sigue siendo parte de ese mundo…

…mientras el mundo desarrollado cuenta con amortiguadores sociales, nosotros carecemos a menudo de ellos. Los sistemas de seguridad social, asistencia médica y habitacional, escolaridad, maternidad y compensación del desempleo, usuales en Europa occidental y en los Estados Unidos, no tienen equivalente en el mundo subdesarrollado…

Debemos advertir, en todo caso, los peligros de la ecuación educación-trabajo-producción en el mundo desarrollado para que los tengamos presentes cuando logremos salir de la ecuación ignorancia-desempleo-pobreza en la América Latina.

¿Cómo lo haremos? -se preguntaba Carlos, y se respondía-:

Voy a regresar, para dar respuesta a esta pregunta, a las bases mismas del proceso educativo: la familia, la escuela y el maestro, pues ellos serán siempre el cimiento de un trayecto que parte de la educación del niño, transita por las etapas de la primaria, la secundaria, el liceo y la universidad, pero no se detiene en ellas, sino que demanda, hoy, una novedad para hacer frente a la crisis del trabajo en la era tecnológica.

La novedad se llama educación vitalicia… [que] pretende reordenar los itinerarios de la educación, facilitar el pasaje de una etapa a otra, reconocer el valor de cada etapa y mantener abierta para todos, a todos los niveles y a todas las edades, la oportunidad educativa .

En el mismo plano de prioridad que el derecho a educarse con calidad, se encuentra el derecho al trabajo digno y socialmente útil. Actualmente, la población económicamente activa del país asciende a 60 millones de personas; de ellas 26 millones tienen una ocupación formal y 34 millones (57% del total) se mueven en la informalidad, la mitad de ésta incluso fuera del sector informal, y 4.8 millones (8.1%) se encuentra en la subocupación y 1.8 millones (2.9%) en la franca desocupación.

Prioridad de un Estado socialmente responsable es garantizar trabajo formal a toda la población activa, lo que nunca ha sucedido y sigue sin suceder en México, por lo que hoy 34 millones de personas mayores de 15 años se encuentran con necesidad de acceder a un trabajo formal digno, remunerado con suficiencia y socialmente protegido. Esa es la dimensión de este problema.

Educación de calidad y trabajo digno para todos, es condición indispensable para que México llegue a convertirse en una nación desarrollada y en una verdadera democracia igualitaria.

Desde principios de los años 80 hasta hoy, se ha impuesto a México una política económica de corte neoliberal, impulsando el desarrollo de una economía de mercado subordinada e imponiendo una irracional austeridad a las inversiones productivas y para el mejoramiento y ampliación de los servicios sociales, en lugar de limitar la austeridad a prestaciones y condiciones de orden personal, lo que ha traído como consecuencias una fuerte desigualdad social, pobreza, concentración de la riqueza, una economía de exiguo crecimiento con serios efectos en la pérdida de empleos, la desindustrialización y la degradación de la economía rural, así como en el despoblamiento en distintas regiones del país y la pérdida por vía de la migración, de talento y fuerza de trabajo que mucho podrían haber aportado y estar aportando al progreso nacional.

Así, en condiciones de grave asimetría económica y social respecto a las naciones anglófonas de América del Norte, en 1994 se incorporó a nuestro país al TLCAN, proyecto de hegemonía de los Estados Unidos, y se le mantiene en su continuidad como TMEC. Y lo cierto es que desde 1994 a la fecha, la asimetría de la economía mexicana respecto a las de sus llamados socios se mantiene, y el rezago económico y la degradación social siguen siendo las características predominantes de nuestro desarrollo.

Vistos entonces estos resultados, con patriotismo e inteligencia, debiera pensarse que el camino de México es otro: abandonar no de palabra sino en los hechos, las políticas en boga, desarrollando ya no una economía de mercado sin rumbo, sino con mercado, equitativa en la competencia, y una sociedad de mercado, esto es, con capacidades de consumo, reguladas democráticamente por el Estado; no mantener más las políticas económicas pro-cíclicas, sino poner en práctica políticas contra-cíclicas, que generen crecimiento desde ya y en el largo plazo; instrumentar una política hacendaria que dé suficiencia a la inversión pública; aprovechar el near-shoring -la relocalización industrial- que está llegando a México como efecto de cambios en economías poderosas, para poner en práctica una política activa de economía mixta que oriente hacia qué actividades y qué regiones debiera preferentemente impulsarse esa relocalización industrial, que cuente con apoyos institucionales e infraestructuras del Estado y en función del interés nacional contribuyera, por ejemplo, al desarrollo, integración y prolongación de cadenas productivas como las de la petroquímica, las tierras raras, el litio, la agroindustria, la minería, etc., fomentando así, al tiempo que nuevas actividades productivas, el empleo y los desarrollos regionales.

La integración subordinada con América del Norte ha distanciado a nuestro país social, política y económicamente de las naciones y pueblos del Centro y del Sur, que anímicamente ven ahora a México desinteresado del resto del continente, ajeno a la comunidad latinoamericana y cada vez más dependiente del Norte.

Recuperar reconocimiento a la identidad latinoamericana debiera ser política prioritaria del Estado mexicano, no tanto para cambiar una impresión que desde el Sur pueda tenerse ahora de nosotros, sino porque significaría en la práctica ejercitar con firmeza nuestra soberanía, que sin cortar la participación en el TMEC y otros proyectos con el Norte, busque con éste una relación equitativa y de beneficios mutuos, al tiempo que se impulse una política económica interna que responda efectivamente al interés nacional, y se compartan esfuerzos con el Centro y el Sur en la práctica de políticas de autonomía y se avanzara en el viejo ideal de nuestros próceres: la integración política y económica de América Latina, que llevara, en visiones de hoy, a constituir un gran bloque territorial, demográfico, de alto potencial productivo y fortaleza democrática, que practicara relaciones de equidad y colaboración solidaria con los otros grandes bloques económico-demográficos ya constituidos como la América del Norte anglófona, China, la Unión Europea, Rusia, o por formarse en el futuro.

Al dar este viraje, debiera comenzarse por identificar activamente las áreas por las que pudiera iniciar la integración mediante la práctica de políticas comunes y responsabilidades compartidas: educación superior, investigación científica y desarrollo tecnológico, energías limpias, reversión a los efectos negativos del cambio climático, protección de la biodiversidad, producción sostenible de alimentos, fortalecimiento político del Parlamento Latinoamericano, por ejemplo, y, en el caso de nuestro país, sumarse además al proyecto de los BRICS, donde ya se encuentra Brasil y al que recientemente se incorporaron Argentina y varios países petroleros del Medio Oriente, así como buscar vinculaciones más estrechas con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), con la Unasur y el Mercosur. Se estarían así dando pasos firmes, en ejercicio activo de la soberanía nacional, para resquebrajar la colonización política, económica y cultural que ha venido limitando seriamente nuestro desenvolvimiento.

El problema más sentido a lo largo y ancho del país y respecto al cual se demanda urgente atención, su control y erradicación, es el de la presencia creciente de la delincuencia, la inseguridad y la violencia a lo largo y ancho de la República. Desde hace alrededor de dos décadas se encomendó de manera principal a las Fuerzas Armadas resolver este problema. Desde entonces, de administración en administración, los cuerpos responsables de enfrentar y abatir esta calamidad han estado haciendo lo mismo, mostrando incapacidad e incompetencia, obteniendo por lo tanto, una y otra vez, los mismos exiguos e insatisfactorios resultados, ya que al paso del tiempo lo que está a la vista es que los problemas se han agudizado y complicado, afectando a territorios cada vez más extensos, a poblaciones más numerosas y actividades cada vez más diversas de la vida económica, social y aun política, como se ha visto en los casos de involucramiento del narcotráfico en procesos electorales.

La experiencia vivida hace ver que otros caminos deben buscarse: si las Fuerzas Armadas no han dado y no dan los frutos esperados -entendiendo que en buena parte se debe a que no se han diseñado las estrategias adecuadas para alcanzar los objetivos deseados y no cuentan con las capacitaciones que demandan las actividades policiacas, al no ser esa su función constitucional-, habría que considerar encomendar esta tarea a un cuerpo diferente, especializado, debidamente dimensionado, preparado y equipado, que cuente con una inteligencia realmente eficaz, debidamente coordinada con las áreas encargadas del combate directo a la delincuencia, que, como se ha demandado desde distintas posiciones y lo establece nuestra Constitución, no dependa del área militar de la administración, sino se ubique en la parte civil.

Una estrategia por instrumentar para desplazar territorialmente y abatir la delincuencia, debiera ser que Estado y sociedad, conjunta y coordinadamente, a través de un plan de largo plazo, que considere además del combate directo, diferentes programas productivos, educativos y de salud, culturales, deportivos, de generación de empleos y capacitación para el trabajo, organización comunitaria, infraestructura, etc., trabajen con dirección y orden, en cada región, cada municipio, cada comunidad, cada colonia urbana, para que la acción de Estado y sociedad vaya resolviendo los problemas, expulsando  por esa misma presencia y acción permanentes a los elementos nocivos de todas y cada una de las porciones del territorio nacional.

La militarización de actividades civiles achica en la práctica los ámbitos democráticos. Los mecanismos de decisión en la milicia y en la gestión civil, son radicalmente diferentes. Considero urgente e indispensable responsabilizar a civiles de la gestión de actividades eminentemente civiles, y mantener a militares estrictamente en las áreas de la responsabilidad militar.

Si por circunstancias particulares es un ciudadano militar el del perfil más adecuado para una función civil, que solicite licencia o dado el caso, su retiro. Si fuera un civil quien mejor pudiera desempeñar una función del ámbito militar, habilítesele temporalmente como militar para ello.

Y no es cuestión de capacidades o de honradez. Tan buenos o malos, tan rectos o corruptos abogados, administradores o ingenieros los hay de un lado y de otro. Pero según el campo de actividad, debieran ser los perfiles de aquellos a quienes se asignen responsabilidades oficiales.

Nuestra Constitución establece en el artículo 89, que el presidente de la República puede disponer de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación; y en el 129 que en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que aquellas que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Por su parte, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en su artículo 1°, fracción 4 faculta al Ejército para realizar acciones cívicas y sociales que tiendan al progreso del país. Y la Ley orgánica de la Armada precisa que la Policía Naval podrá apoyar a instituciones de seguridad pública dentro del marco jurídico aplicable. Todos estos ordenamientos se atropellan al encomendar a fuerzas militares tareas ordinarias y cotidianas de carácter policiaco, por lo que sería procedente ya, relevar al personal del Ejército y de la Armada de funciones que están violentando la ley, entendiendo que por la situación que se vive, la desmilitarización tendría que aplicarse gradualmente, en el tiempo en que se prepara adecuadamente al cuerpo civil al que se encomiende el combate a la delincuencia.

Los fracasos evidentes en el combate a la delincuencia y responsabilizar a personal militar de la gestión de obra pública violando la ley, al permitir el incumplimiento de ordenamientos legales y vedarla del escrutinio público, práctica que se está aplicando respecto entre otros, a proyectos denominados insignia, está generando grave desprestigio a las Fuerzas Armadas ante la sociedad, y por otro lado, la administración de obra pública y colocar a militares a la cabeza de la administración de aduanas, aeropuertos y puertos, propicia una división muy sensible dentro de las propias Fuerzas Armadas, al crear entre mandos altos y medios, una élite que goza de prebendas al realizar actividades de la administración civil, frente a quienes se limitan y cumplen estrictamente funciones militares, en mucho casos de difícil desempeño y aun riesgo de vida. No es esta una condición sana para nuestras Fuerzas Armadas, cuerpo que por ningún motivo debe perder autoridad moral ante la sociedad ni erosionarse en su cohesión.

En unas cuantas semanas tendremos a la vista lo que nos ofrecerá el panorama electoral. Conoceremos cuáles serán las opciones que se nos presentan y sobre las que los ciudadanos tomaremos decisiones. En lo particular, sólo espero un proceso de confrontaciones, que resulten edificantes, se desarrolle con civilidad y pasemos a lo que sigue.

Y lo que sigue es resolver de fondo los problemas que más afectan a la gente. Después de la contienda electoral debe venir una etapa de muchos diálogos, con ánimo constructivo, de la que, entre otras cosas, surja la convocatoria para formular un proyecto de nación, a la que respondan los hoy iguales y diferentes, que en función de sus coincidencias presenten a los mexicanos una propuesta que colectivamente podamos convertir en realidades entre todos.

Pensemos entonces, en un gran y concertado esfuerzo colectivo para seguir construyendo nuestra democracia, una democracia para todos. Queremos -expresé no hace mucho- democracia para vivir cada vez mejor, sin sobresaltos por carencias materiales, sin negación o pérdida de oportunidades para progresar, sin desastres prevenibles, en paz, con acceso a satisfactores de la más alta calidad. Queremos democracia que garantice nuestro trabajo y también para hacer lo que nos interesa y nos gusta. Queremos democracia para, en concepciones de cada quien, ser felices, y para ello que nos demos la mano unos a otros .

Quiero recordar, casi para concluir, algunos párrafos de la Propuesta Democrática del ya lejano 1987, que considero importante recordar hoy. Se manifestó entonces:

A pesar de las reformas implantadas y de los profundos cambios ocurridos desde entonces, el país ha recaído en la gravitación colonial de su pasado. Hoy prevalece nuevamente un diseño político sustentado en el empobrecimiento de las mayorías, el predominio del capital especulativo y la subordinación nacional a intereses ajenos…

El orden de las prioridades nacionales ha sido radicalmente trastocado. En vez de una economía orientada al aprovechamiento de nuestras capacidades y riquezas en beneficio de la población, se ha instaurado una política especulativa que ahonda las desigualdades, desvaloriza el trabajo, paraliza la planta industrial, estrecha los mercados internos y cancela expectativas a las nuevas generaciones…

…El compromiso de garantizar condiciones de justicia y libertad para todos es el núcleo mismo del pacto constitucional. El disfrute de una vida digna no es sólo aspiración individual, sino responsabilidad colectiva y fin obligado de la acción política. Es el nuestro un Estado social concebido para generalizar el bienestar, corregir los desequilibrios entre grupos y regiones y asegurar el máximo posible de igualdad en las oportunidades…

…Se ha olvidado que la legitimidad del Estado descansa en la fortaleza de la sociedad y en el acatamiento de los principios .

En fin, he querido aprovechar la oportunidad para reconocer la muy valiosa presencia de Carlos Fuentes en nuestra vida cultural y política, y para exponer algunas inquietudes, respecto a las cuales, estoy cierto, Carlos coincidiría.

1,- Carlos Fuentes: “Nueva educación, nuevo milenio” (Reunión del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. San José, Costa Rica, 3 de julio de 1997) en “Conferencias políticas. Educación, sociedad y democracia”. Fondo de Cultura Económica. México. 2018.

2 Cuauhtémoc Cárdenas: “Por una democracia progresista. Debatir el presente para un mejor futuro”. Penguin Random House Grupo Editorial, S. A. de C. V. México. 2021.

3 Corriente Democrática: “Propuesta democrática por una Nación independiente, justa, libre y productiva”. México. Septiembre de 1987. Fundación para la democracia -alternativa y debate-. México. 2015.