Los grupos parlamentarios del PAN en el Congreso presentaron ante la Comisión Permanente una iniciativa para reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, a fin de modificar el modelo de gestión y organización del sector energético.
De acuerdo con la propuesta, no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional, la administración de los recursos producto de la renta petrolera, la exploración y producción del petróleo y los demás hidrocarburos, así como la 
generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica.
Plantea que tratándose del petróleo y de los hidrocarburos provenientes de formaciones geológicas, el Estado debe garantizar el máximo beneficio de la renta petrolera para la Nación, por conducto de los operadores que realicen las actividades de exploración y producción.
Por ello, elimina la prohibición constitucional de que en el caso del petróleo y los carburos de hidrógenos sólidos, líquidos o gaseosos no se otorguen concesiones ni contratos.
Para los minerales radioactivos y de la energía nuclear, se precisa, permanecerá la restricción vigente, que establece que el Estado no otorgará ningún tipo de concesión ni de permiso, reservándose estas materias para su explotación exclusiva por tratarse de elementos que pondrían en riesgo la seguridad nacional.
Al presentar la iniciativa, el senador Francisco Domínguez Servién afirmó que “la apertura a la inversión de particulares no implica la privatización ni la pérdida del dominio de los recursos que el Estado ejerce actualmente”. “Nuestra propuesta –enfatizó– no implica ninguna forma de privatización”.
Destacó que el modelo de Petróleos Mexicanos fue rebasado por las condiciones económicas y políticas y que el Estado mexicano “no posee la capacidad económica para lograr su modernización plena, que genere condiciones de competencia a nivel internacional”.
Domínguez Servién aseveró que “la negativa constante de cerrar las puertas a cualquier tipo de inversión del sector privado en la cadena productiva de hidrocarburos coloca a México en una situación grave de desventaja frente a países como Cuba, Colombia y Brasil”.
En tanto, el diputado Luis Alberto Villarreal García expresó que “dejar correr el tiempo, dejarse amenazar y dejar las cosas como están es sentenciar al país a tirar por la borda su riqueza energética y condenar a los mexicanos a vivir con gasolina importada, luz cara, gas insuficiente y un futuro económico incierto”.
En Acción Nacional, dijo, “no tenemos miedo a decir sí a la transformación del sector energético, sí a la asociación público-privada para invertir más e incrementar la renta petrolera, sí una reforma que quite lastres a Pemex y de cara a los ciudadanos que acote la corrupción, los abusos y excesos”.
El legislador también hizo un llamado al Ejecutivo Federal para que presente su propuesta y ponga fin “al silencio gubernamental que impera en este debate trascendental”.
La iniciativa también propone suprimir de la Carta Magna las restricciones vigentes a la competencia y, posteriormente, una reforma legal que lleve a cabo la separación de las actividades de generación, despacho, transmisión y distribución de energía eléctrica.
La reforma también propone la creación del Fondo Mexicano del Petróleo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto la administración de la renta petrolera y conseguir, a través de las facultades que se le otorgarán mediante la ley que el Congreso de la Unión expida, su máximo beneficio.
Con esta propuesta, Acción Nacional prevé que en un plazo de 10 años, México deje de depender mayoritariamente de los recursos petroleros para su incorporación en la Ley de Ingresos de la Federación y su destino en el Presupuesto de Egresos.
El modelo del Fondo tendrá bajo su responsabilidad recibir los derechos de los recursos petroleros de Pemex y de los demás operadores, retener y enterar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el porcentaje de los derechos que le corresponda.
Los senadores panistas también estimaron necesario que el Estado cuente con una Comisión Reguladora de Energía, como un organismo autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, para regular la generación, control operativo, transmisión, distribución, comercialización, así como el desarrollo eficiente del suministro y venta de energía eléctrica.
Para ello, se menciona, fomentará una sana competencia entre los distintos operadores, protegerá los intereses de los usuarios, propiciará una adecuada cobertura nacional y atenderá a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.
La iniciativa se turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos, Primera, y de Energía del Senado de la República.
