Posicionamiento de Cuauhtémoc Cárdenas ante la Reforma Petrolera

Celebramos hoy 75 años de la expropiación de la industria petrolera en favor de la nación, acto cimero del gobierno de Lázaro Cárdenas y de las reivindicaciones de la Revolución Mexicana.

Idealistas revolucionarios como Lázaro Cárdenas y Francisco J. Múgica, entre otros, aspiraban a que nuestro país tuviera dominio pleno de sus recursos naturales y desarrollara industrias, como la petrolera, que modernizaran la economía y elevaran las condiciones de vida de los trabajadores y de los mexicanos en general.

La nueva administración, en 1934, llegó con el compromiso de recuperar para la nación el control de los recursos del subsuelo, pero todavía en los inicios de 1938 no se veía, con objetividad y realismo político, que pudiera hacerse del control pleno del petróleo.

Al unificarse los sindicatos de trabajadores petroleros en una sola organización, presentó ésta, a mediados de 1937, un pliego de demandas que las compañías rechazaron, iniciándose entonces un largo y complejo proceso judicial, que la soberbia de las petroleras extranjeras transformó, en 1938, de un conflicto laboral entre empresas y trabajadores sindicalizados, en un enfrentamiento entre las compañías y el Estado mexicano, llegándose a la disyuntiva para éste de inclinarse ante el poder de las empresas respaldadas por los gobiernos de origen de sus accionistas principales o hacer valer y respetar las leyes y las decisiones de nuestro tribunal supremo.

La decisión que entonces se tomó, la conocemos: Lázaro Cárdenas, el 18 de marzo de hace 75 años decretó la cancelación de las concesiones y la expropiación de los bienes de las compañías.

Fue una decisión valiente, tomada con audacia e inteligencia. Se midieron las posibles reacciones de fuera y de dentro.

El respaldo popular fue inmediato y masivo. El pueblo comprendió los alcances de la medida. Se desarmó así toda oposición interna. Había autoridad moral y confianza en el gobierno para que éste negociara con las compañías y los gobiernos que respaldaban sus intereses.

En los 75 años transcurridos de aquellos días para acá, millones y millones de barriles de petróleo se han extraído del subsuelo mexicano. Al día siguiente de decretada la expropiación, la industria amaneció y quedó en manos y bajo la responsabilidad de mexicanos. De la exportación de crudo como actividad principal, se pasó en poco tiempo a la integración de cadenas productivas de la industria petrolera y al abasto preferente de los mercados nacionales de petrolíferos. Se capacitaron los trabajadores, se formaron técnicos e ingenieros de altas calificaciones, cobró fuerza la ingeniería petrolera en campo y gabinete, se desarrollaron tecnologías de vanguardia, muchas industrias crecieron al impulso económico de Petróleos Mexicanos.

Se trabajó primero sólo en tierra y unos cuantos años más tarde también se perforó en el mar. Se localizaron y se inició el aprovechamiento de yacimientos gigantes, volvió a cobrar importancia la exportación de crudo y lo que produjo se empezó a utilizar en la expansión de Pemex y para desarrollar nuevos complejos petroquímicos, algunos operan, a otros los alcanzó el entreguismo neoliberal y su construcción quedó a medias, arrumbándose. Petróleos Mexicanos se desintegró en los años noventa con la intención de facilitar su privatización por partes. La vitalidad del organismo, la complejidad misma de la industria, la conciencia y cohesión de los petroleros, voces y acciones patrióticas frenaron el intento. De eje conductor del crecimiento económico y la industrialización, el Estado neoliberal cambió los objetivos estratégicos de Petróleos Mexicanos, asignándole la función de abastecedor principal de recursos fiscales, frenando su propio desenvolvimiento y el desarrollo de la industria petrolera como una industria racionalmente integrada y en continua expansión.

Pemex, aún en estas condiciones, ha contribuido en los últimos treinta años con más de la tercera parte de los fondos fiscales del Estado. A pesar de limitaciones presupuestales y a la inversión incluso de fondos propios, impuestas por las políticas hacendarias vigentes por tres décadas y de una falta de visión nacional, industrial y empresarial en su manejo, está trabajando con éxito en la exploración en aguas ultra-profundas, utilizando en estas tareas, y en general en todas sus actividades, tecnologías de punta, en fin, con todo y las limitaciones impuestas pues, por una visión entreguista y hacendaria, la industria petrolera sigue siendo la más importante del país y Petróleos Mexicanos el ente productivo que más utilidades genera y una de las petroleras más rentables en el mundo.

Ahora bien, ¿por qué, entonces, desde las más diversas posiciones políticas se insiste en la necesidad de una reforma de Pemex, parte de una reforma energética cuya necesidad igualmente se postula, y por qué, desde ciertas posiciones conservadoras, se insiste en la necesidad de la apertura de Pemex a la inversión privada?

Por una parte, algunos sostenemos que Petróleos Mexicanos debe sujetarse a una reforma profunda, en los objetivos que le asigne el Estado mexicano, para que vuelva a ser factor decisivo del crecimiento económico, la industrialización, el avance científico y tecnológico y la formación de capital humano; en su relación con el Estado, para que con autonomía presupuestal y de gestión, comportándose como cualquier otra empresa o entidad productiva del país, con un tratamiento fiscal también como cualquiera otra, pueda cumplir con esos objetivos; y en su estructura corporativo-administrativa, para que opere con la agilidad de cualquier empresa administrada con eficacia y eficiencia.

Por el otro lado, aquellos que demandan la apertura de Pemex a la inversión privada no precisan, hasta ahora, cuál debiera ser la relación del organismo con el Estado, cuál la reestructuración corporativo-administrativa de la empresa, si pretenden que el Estado les comparta –cómo, por qué y bajo qué esquema- el recurso que hoy va íntegro a sus fondos fiscales. Tampoco precisan si se pretende que se entreguen la exploración, la explotación de los yacimientos, las refinerías, en fin, las áreas que la Constitución reserva en exclusiva al Estado, mediante venta o concesión, a inversionistas privados, y no explican las razones de por qué si la petroquímica y la transportación de gas natural por ductos, actividades en las que puede participar la inversión privada desde dos décadas atrás, ésta no ha fluido y son áreas en las que urge capital.

Se argumenta también que no hay capital para nuevos proyectos. Pemex, de cambiársele el régimen fiscal al que está sometido y concedérsele autonomía, contaría con muchos más recursos para hacer frente a sus necesidades de buen mantenimiento y expansión, así como para apoyarse con créditos para la expansión de sus actividades, como siempre lo ha hecho. Por otra parte, no debe perderse de vista que muchos proyectos, de todo tipo y tamaño, pueden licitarse incluyendo el financiamiento y, desde luego, las condiciones de éste. Así trabajó Pemex por mucho tiempo, con créditos de proveedores y financieros, supongo que lo siga haciendo, y no veo razón para que no lo haga en el futuro. Tiene con qué responder.

Pero, por mil razones, el cambio en la política petrolera es urgente. La mala gestión de las pasadas dos administraciones se salvó, relativamente, por los altos precios internacionales del petróleo. Todas las producciones de la cadena petrolera disminuyeron: la extracción de crudo, el gas natural, los combustibles, los petroquímicos, etc.

La industria petrolera sufre un fuerte deterioro. Muchas de sus instalaciones requieren renovación. El abasto de combustibles, insumos y productor básicos depende fundamentalmente de las importaciones. Los gobiernos neoliberales han atribuido esta situación a la falta de capitales, de capacidad financiera, aun cuando estos negocios resultan de alta rentabilidad para inversionistas privados. Lo que no se dice, es que estas administraciones se propusieron, conscientemente, ceder los mercados mexicanos a productores extranjeros.

Una nueva política petrolera debe tener entre sus objetivos prioritarios, además de la substitución inteligente de importaciones, reduciendo la exportación de crudo, agregando valor a la materia prima y prolongando las cadenas productivas, una política industrial activa, en la que concurran, además de Pemex, asociaciones con empresarios nacionales y extranjeros y con otras empresas petroleras, preferentemente estatales como Pemex, para producir bienes de capital, manufacturas, insumos y servicios, así como para contribuir a detonar inversión, generación de empleo formal, innovación tecnológica y formación de recursos humanos.

Recién la semana pasada se aprobó en el Senado de la República la iniciativa de Estrategia Nacional de Energía, que habrá de pasar a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación en su caso, que establece el marco para el desenvolvimiento del sector en el horizonte 2013-2027 y en la cual debe inscribirse el Plan de Negocios de Pemex, en una perspectiva de cinco años.

La propuesta de Estrategia Nacional de Energía resulta preocupante. Se ha diseñado considerando que la economía crecerá en ese periodo 2.1% respecto al PIB e igualmente lo hará la producción de hidrocarburos. Malas noticias: se augura así, por quienes hayan formulado la Estrategia, que se crecerá con insuficiencia, que el rezago económico seguirá por esta administración, la siguiente y poco más; con estas previsiones de crecimiento podemos esperar para el 2020, en los primeros años del siguiente sexenio, que empezarán las escaseces de petrolíferos y que estará en riesgo serio la seguridad energética del país.

La Estrategia tendría, y no lo hace, que definir las plataformas de producción y de exportación, así como la política de restitución de reservas. No basta ahora con reponer el 100% de los volúmenes extraídos, porque se está en una situación de declinación de la producción. Si para el final de la presente administración se pretende una producción de 3 millones de barriles diarios –actualmente se están produciendo 2.5 millones-, se requiere un esfuerzo mayor en la exploración y consecuentemente el incremento substancial de las reservas probadas. Hoy sólo alcanzan para 10 años, de mantenerse las condiciones actuales de extracción y reposición.

La Estrategia tampoco precisa si finalmente se construirá la nueva refinería en Tula, si se ubicará en otro lado o si continuará la sangría que representa la importación del 50% de los combustibles que consume el país.

Nada se dice de cómo estimular las inversiones en petroquímica y en ductos, dos actividades desreguladas desde la década de los noventas y en las que es urgente nueva inversión.

En fin, mucho más habría que decir de la Estrategia Nacional de Energía, un documento inconsistente y lleno de lugares comunes, que no precisa los criterios y las metas del mandato que el Estado debe dar a Petróleos Mexicanos para su gestión presente y el desarrollo futuro en sus diversas áreas de actividad.

Que se quiere hacer de Petróleos Mexicanos una empresa como Petrobras. Puede ser. Pero se tendría que ir por pasos: concédase primero la autonomía presupuestal y de gestión. Para ello no se requiere de reformas constitucionales, sí las de algunos ordenamientos secundarios. Déjesele operar en esas condiciones, véanse resultados y sin precipitación, pues todas las decisiones están en manos de las instituciones del Estado, estúdiense bien los siguientes pasos a dar para transformar al organismo público en empresa pública o de participación estatal mayoritaria. Téngase presente que en Petrobras, la tendencia de los gobiernos últimos –de Lula y Dilma, como allá familiarmente les llaman-, ha sido la de incrementar consistentemente la participación del Estado brasileño en el capital accionario de la empresa. Será, de darse el caso en nuestro país, sin duda, un proceso largo en tiempo.

Un tema presente en el actual debate petrolero es el del gas shale. Es frecuente escuchar que la explotación de esta materia prima debe sujetarse a una regulación distinta a la del petróleo y el gas natural. Quien así argumenta debe pensar que todo el que está enfrente es un ignorante. Los hidrocarburos, gas y petróleo, encerrados en formaciones geológicas de lutitas o esquistos –shale en inglés-, son exactamente iguales a los de los yacimientos que desde le época precolonial conocieron los habitantes originarios de nuestro territorio, por lo tanto, su aprovechamiento debe regirse por lo establecido en el artículo 27 constitucional y las leyes que de ahí derivan.

Se dice también que la explotación de hidrocarburos en lutitas o esquistos, requiere de fuertes inversiones, para las cuales Petróleos Mexicanos no cuenta con recursos. Me parece un argumento sin sustento. Nadie ha valuado lo que se necesita para explotar esos depósitos en nuestro suelo. Hace falta, antes que otra cosa, explorar y valorar la potencialidad de esos yacimientos, incorporarlos a la reserva probada, después de ello, decidir cuándo es que llega el tiempo en que debe comenzar su aprovechamiento, en función de la secuencia que debe darse a la explotación de nuestros diferentes yacimientos en tierra, en aguas someras y profundas, maduros, etc., y como parte de esa decisión deben considerarse los altos consumos de agua y los efectos contaminantes en los mantos acuíferos, los suelos y la atmósfera de los procedimientos actuales para su explotación, particularmente el fracking o fractura de las estructuras geológicas en las que se acumulan gas y petróleo; los altos costos que podrían hacer incosteable su explotación ante una baja eventual en los precios del gas; considerar igualmente los efectos negativos en la agricultura y la ganadería que genera y se han observado ya en zonas en las que se utiliza este procedimiento; así como estudiar las razones que han llevado al Estado de Nueva York a ya tres moratorias, la última aún vigente, que han frenado la utilización del fracking en las explotaciones en aquel Estado del país vecino.

Estos recursos constituyen, sin duda, una reserva, que puede ser importante, pero antes de decidir su aprovechamiento, debe valuarse lo que representan en volúmenes, sus costos de extracción y cómo contrarrestar los daños potenciales de su aprovechamiento sobre los recursos naturales, el medio ambiente, la economía y, sobre todo, la población.

En fin, celebramos 75 años de la Expropiación Petrolera. Los diagnósticos sobre Petróleos Mexicanos y la industria petrolera son conocidos. Se sabe qué hacer para revitalizar a Pemex y para modernizar y desarrollar la industria petrolera, de manera que recupere su condición de eje y motor del crecimiento económico y la industrialización, para que sea factor decisivo en la generación de empleos formales y la elevación de las condiciones de vida de los mexicanos.

Se tiene la certeza que todo ello es posible, a condición de tomar las decisiones acertadas y dar los pasos adecuados, en el tiempo también adecuado.

El Estado, en particular los Poderes Ejecutivo y Legislativo, los partidos políticos y las organizaciones sociales, los ciudadanos en lo colectivo y en lo individual desde sus más diversas trincheras, tenemos –y lo digo en plural- compromiso y responsabilidad con nuestra nación, con un manejo correcto de los recursos naturales, con las generaciones presentes y las futuras. A todos corresponde contribuir a que la celebración de los 75 años de la Expropiación del Petróleo se inicie con reformas patrióticas y acertadas, que generen éxitos y beneficios en las condiciones de vida de los mexicanos, en el crecimiento de la economía, en petróleo para muchas generaciones por delante y, sobre todo, en una nación cada vez más libre, que ejerza sin trabas su soberanía.

Por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano