Plantea AMLO un Proyecto de Gobierno en el Centro Internacional Woodrow Wilson
Buenos días.
A pesar de que a lo largo de la historia, las relaciones entre México y Estados Unidos han sido difíciles y complejas, también ha habido periodos de entendimiento y cooperación para el desarrollo.
Recordemos la relación de respeto y comprensión cuando la expropiación petrolera entre los gobiernos de Franklin Delano Roosevelt y el General Lázaro Cárdenas del Río. O durante la Segunda Guerra Mundial cuando México ayudó a Estados Unidos a satisfacer su necesidad de materias primas y mano de obra mediante el convenio laboral del programa “Bracero”.
En los años cincuenta, México fomentó su industria, lo cual requirió de bienes de capital y tecnología de los Estados Unidos.
En los sesenta, se iniciaron en México los programas para el desarrollo de la zona fronteriza norte, aprovechando el creciente intercambio comercial con nuestro vecino. Al mismo tiempo, el crecimiento de nuestro mercado interno resultó atractivo para las empresas estadounidenses que abrieron filiales e invirtieron en México.
En 1993, se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y, en 1995, Estados Unidos otorgó apoyo financiero extraordinario para superar la devaluación del peso y la crisis de confianza al concluir la administración de Carlos Salinas de Gortari.
Sin embargo, en los últimos tiempos, la cooperación bilateral se ha enfocado más a temas de seguridad, sin atender las causas que han originado los problemas de violencia y la creciente migración de mexicanos a los Estados Unidos.
En consecuencia, es menester exponer ante ustedes, aquí en Washington, nuestra visión acerca de lo acontecido en los tiempos recientes en nuestro país.
Debe saberse que, desde 1983, la política económica aplicada en México, sólo ha beneficiado a una pequeña minoría y ha propiciado el abandono de las actividades productivas, la falta de empleos, el empobrecimiento de la gente y la descomposición social que hoy se expresa en inseguridad y violencia.
Para demostrar que la crisis de México tiene como origen los malos resultados de la política económica, conviene se?alar que en los últimos 28 años, de 1983 a la fecha, el crecimiento del Producto Interno Bruto ha sido en promedio de 2.3 por ciento y, si consideramos el aumento de la población, el per cápita es de 0.4 por ciento anual, una de las tasas más bajas del continente americano y del mundo.
La falta de crecimiento no sólo debe atribuirse a los defectos estructurales del modelo neoliberal, sino también al mal manejo de la política económica y, fundamentalmente, a la corrupción gubernamental.
Por ejemplo, en la administración de Carlos Salinas, la conducción de la economía se basó en privilegiar a un pequeño grupo, sin importar el interés nacional. Este grupo se benefició sobre todo de la privatización de activos del Estado, muchos de los cuales terminaron siendo monopolios que asfixiaron gran parte del potencial de competencia y de crecimiento de la economía.
Al mismo tiempo, el gobierno abandonó las políticas de fomento al sector agropecuario, a la industria y al resto de las actividades productivas. Se dividió a PEMEX y a la industria eléctrica, y se rompió la cadena de valor que permite manejar de manera eslabonada e integral al sector energético.
Esto explica en buena medida la paradoja de que México, siendo uno de los principales países productores de petróleo sea, a la vez, uno de los más grandes importadores de gasolinas y de otros petrolíferos en el mundo.
La poca creación de empleos y el abandono del campo y de las actividades productivas provocaron el aumento de los flujos migratorios a los Estados Unidos y México se convirtió en el país que más mano de obra exporta al extranjero.
En la actualidad, el fracaso de esta economía de élite se mide con tasas de desempleo y subempleo del 21 por ciento de la Población Económicamente Activa. Hoy, según cifras oficiales, el 67 por ciento de los trabajadores con empleo, 7 de cada 10, reciben ingresos que no superan los tres salarios mínimos, o sea, 13 dólares diarios.
Y lo peor de todo, es que en los últimos cinco años, por la llamada “guerra contra el narcotráfico”, han perdido la vida alrededor de 50 mil mexicanos, muchos inocentes y en su mayoría jóvenes que no tuvieron oportunidades y fueron obligados por las circunstancias a tomar el camino de las conductas antisociales.
En pocas palabras, la violencia en México se ha originado, en lo fundamental, por la falta de desarrollo.
Por eso, nuestra propuesta consiste en cambiar la política económica, orientando el esfuerzo del gobierno de México hacia la reactivación de la economía, la generación de empleos y el bienestar de los mexicanos.
En específico, nos proponemos superar el estancamiento económico con proyectos de desarrollo de alto impacto y dimensión social. Puntualmente, planteamos:
Rescatar al campo e impulsar la autosuficiencia alimentaria. La soberanía alimentaria.
Sembrar un millón de hectáreas de árboles maderables en el sureste del país, para crear empleos, detener el fenómeno migratorio y mejorar el medio ambiente.
Integrar y utilizar al sector energético como palanca del desarrollo.
En específico, construir cinco grandes refinerías que aumenten el valor agregado del petróleo crudo, generen empleos y sustituyan las importaciones de combustibles que hoy nos cuestan más de 20 mil millones de dólares por año.
No permitir las prácticas monopólicas y establecer como prioridad la libre competencia. Actualmente, por los monopolios se pagan precios exagerados que quitan a las familias entre 10 y 15 por ciento de sus ingresos y son un freno al crecimiento económico y al empleo;
Dar prioridad al desarrollo de la pequeña y mediana empresas, con energéticos y créditos baratos, con protección ante precios exagerados de insumos, impuestos altos y burocratismo;
Crear un corredor económico y comercial en el Istmo de Tehuantepec. Este proyecto se propone aprovechar la ubicación estratégica y la cercanía en esta franja del territorio nacional para unir al Pacífico con el Atlántico y, con ello, facilitar el transporte de mercancías entre los países de Asia y la costa este de los Estados Unidos.
Se trata de un corredor de 300 km, donde se construiría una línea ferroviaria para el transporte de contenedores, se ampliaría la carretera existente, se rehabilitarían los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos y se instalarían plantas para ensamblar piezas y fabricar manufacturas.
Este proyecto que, dejará a salvo el derecho a nuestra soberanía, se promoverá con la participación del sector público, privado y social. En este caso, como en cualquier otro proyecto, se tendrán en cuenta los impactos ambientales y no se pasará por encima de los derechos de los propietarios de las tierras; por el contrario, serán tomados en cuenta, consultados e incorporados como parte sustantiva del proyecto.
En particular, los dueños de las tierras que formarán parte de este corredor, serán invitados a participar como socios o accionistas de la empresa que se constituya con este propósito.
La construcción de estas obras y las fábricas que se instalen, generarán un importante número de empleos, para evitar que los jóvenes de esta región sigan emigrando hacia el norte en busca de oportunidades de trabajo.
Impulsar la industria de la construcción para reactivar pronto la economía y generar empleos. En lo específico, se proponen los siguientes proyectos:
a) un programa de un millón de acciones de mejoramiento, ampliación y construcción de vivienda en el medio urbano y rural, para generar 500 mil empleos;
b) la construcción de obras y servicios públicos (introducción de agua potable, drenaje, construcción de pavimento, de escuelas, hospitales y espacios para la recreación y deporte) en colonias populares del Valle de México, en ciudades fronterizas y en las periferias de las urbes más pobladas del país;
c) la construcción de nuevas carreteras, sobre todo, en el sur sureste; así como un programa para atender a 362 municipios (15 por ciento de los 2,456 que existen) cuyos pueblos no cuentan con caminos pavimentados para trasladarse a sus cabeceras municipales. La construcción de estos caminos debe hacerse con el uso intensivo de mano de obra comunitaria para crear empleos y fortalecer la economía local.
d) la construcción de un nuevo aeropuerto internacional en Tizayuca, Hidalgo, con la operación de un tren moderno y rápido hacia la ciudad de México;
e) la construcción de trenes rápidos o de gran velocidad de la Ciudad de México hacia la frontera con Estados Unidos, así como el tren turístico y cultural de la ruta maya Cancún-Chichén Itzá-Mérida-Campeche-Palenque.
Como es obvio, llevar a la práctica estas acciones se necesitarán recursos que deberán obtenerse mediante la participación e inversión conjunta del sector público, privado y social.
En cuanto al sector público, se contempla aplicar una política de austeridad que reduzca el gasto burocrático, sobre todo, el destinado a mantener los privilegios de la alta burocracia; también se liberarán fondos con el combate a la corrupción y con la aplicación de una reforma fiscal progresiva como lo establece la Constitución General de la República.
Se ha hecho el análisis y se tienen los estudios necesarios para afirmar que con estas tres medidas, se podrían liberar hasta 800 mil millones de pesos (60 mil millones de dólares) para el desarrollo económico y el bienestar de la población; es decir, el 6% de nuestro Producto Interno Bruto.
Desde luego, esta nueva política exige de llevar a cabo cambios de fondo en el gobierno, en su estructura y en su organización. Estamos seguros de que, sin combatir la corrupción en las altas esferas gubernamentales, no será efectiva ninguna estrategia de desarrollo.
La colusión de funcionarios con negocios privados en perjuicio del país y la ausencia de valores éticos y morales, han minado las bases del desarrollo y han producido la actual decadencia.
En este marco es que se propondrá, en su momento, al gobierno de Estados Unidos un cambio sustancial en la relación bilateral.
Vamos a convencer y a persuadir a las autoridades de Estados Unidos de que por el bien de las dos naciones, es más eficaz y más humano, aplicar una política de cooperación para el desarrollo que insistir, como sucede actualmente, en dar prioridad a la cooperación policiaca y militar.
Hoy, por ejemplo, el monto de ayuda de Estados Unidos a México es de 478 millones de dólares y, además de ser raquítico, casi en su totalidad, 450 millones, se destinan a la llamada Iniciativa Mérida.
Con claridad lo decimos, nuestra propuesta es obtener más recursos y cambiar las prioridades: lo primero debe ser el desarrollo y la creación de empleos en nuestro país.
Los problemas de índole económico y social no se resuelven con medidas coercitivas. Con mucho respeto expresamos: no es con asistencia militar o con labores de inteligencia ni con envíos de helicópteros y armas, como se remediará el problema de la inseguridad y de la violencia en nuestro país.
Tampoco se detendrá el flujo migratorio construyendo muros, haciendo razias, deportaciones o militarizando la frontera. Los mexicanos que vienen a buscarse la vida a los Estados Unidos, lo hacen por necesidad, no por gusto. Lo arriesgan todo para tener un trabajo y mitigar su hambre y su pobreza.
Aquí abro un paréntesis y hago un atento llamado al presidente Barack Obama, para que cumpla su compromiso de campaña de regularizar la situación migratoria de los mexicanos que trabajan honradamente en Estados Unidos.
Entiendo que está de por medio la cuestión electoral y que hay en este país una oposición conservadora que se niega a reconocer los derechos de los migrantes y que incluso han optado por la persecución y el racismo.
Pero en todo momento, debe actuarse pensando que por encima de las fronteras están los derechos universales del hombre: el derecho a la libertad de la palabra; el derecho a libertad de cultos; el derecho a vivir libres de miseria; y el derecho a vivir libres de temor; proclamados precisamente por ese presidente gigantesco, precursor de la política de la buena vecindad, Franklin Delano Roosevelt, uno de los mejores estadistas que ha tenido Estados Unidos.
En el fondo lo que se requiere es que Estados Unidos amplíe y, sobre todo, reoriente su ayuda oficial a México. Y para ello, estamos dispuestos a poner en correspondencia nuestro plan económico con el establecimiento de una nueva relación con el gobierno de Estados Unidos, fincada en la cooperación para el desarrollo y la ayuda mutua. Todo, desde luego, en un marco de respeto a la independencia y soberanía de nuestro país.
Por nuestra parte, no descartamos la posibilidad de firmar un acuerdo para la aplicación de un programa bilateral orientado a reactivar la economía y a crear empleos en México.
Para ilustrar mejor lo que queremos, sirva de ejemplo un contraste de lo que pasa actualmente, con lo que deseamos que suceda en el futuro. Hace unos días, apareció por primera vez en público el nuevo embajador de Estados Unidos en México para entregar helicópteros militares a la Armada de nuestro país.
En vez de esta imagen, quisiéramos que el embajador estuviera presente, en un día no muy lejano, en la entrega de cheques del Banco Norteamericano de Desarrollo para financiar proyectos, como el de la reforestación de la selva lacandona y generar 400 mil empleos anuales, o para la pavimentación de caminos en Oaxaca, con el uso intensivo de mano de obra, o para el programa de incorporación de los jóvenes al trabajo y al estudio.
Amigas, amigos:
Como es sabido, por cuestiones de geopolítica, México tiene una situación especial. Somos vecinos de la mayor potencia económica, política y militar del planeta. No sólo nos unen tres mil kilómetros de frontera, sino que viven y trabajan en este país alrededor de 12 millones de mexicanos.
Por eso, debemos utilizar toda nuestra imaginación y todo nuestro talento diplomático para construir, a partir de nuestra innegable realidad, una política de buena vecindad y de mutuo beneficio.
Sería irresponsable no procurar con el gobierno de Estado Unidos una relación de colaboración, basada en el respeto y en la cooperación para el desarrollo, la paz y la tranquilidad de nuestros pueblos. Nosotros lo intentaremos, siempre habrá voluntad de nuestra parte.
Termino recordando lo que expresó el presidente Woodrow Wilson en su célebre discurso de los 14 puntos, al término de la primera guerra mundial, cuando postuló el principio de justicia para todos los pueblos y nacionalidades, bajo la premisa de que las naciones tienen “derecho a vivir en igualdad de condiciones, de libertad y de seguridad” con los demás estados, sean pequeños o grandes, “fuertes o débiles”.
Muchas gracias.
