Perspectivas y escenarios para una política de cooperación internacional
Dentro de unos meses el nuevo gobierno presidido por Enrique Peña Nieto presentará a la nación su Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el cual sin duda contendrá los puntos fundamentales de la cooperación científica y tecnológica con el mundo. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, que le precede, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2007, establecía los elementos generales para promover una mayor cooperación mundial en el terreno de la investigación, la ciencia y la tecnología. El objetivo fundamental se centraba en la elevación del nivel tecnológico nacional a través de intensificar los apoyos financieros en la promoción de la investigación e innovación científica y tecnológica.
La cooperación científica y tecnológica internacional, es uno de los aspectos básicos de la coordinación de los intercambios y de la transferencia estructurada de tecnología en áreas prioritarias nacionales. Este intercambio pretende generar un entorno propicio para impulsar la innovación productiva de nuestro país. Aquí juegan un papel fundamental las secretarías de estado como entes coadyuvantes en los mecanismos de promoción de la cooperación científica a fin de que el intercambio fluya hacia áreas prioritarias concebidas dentro de una estrategia nacional de desarrollo científico y tecnológico.
Gran parte de estos aportes de la comunidad científica internacional sirven para enriquecer, mejorar, apuntalar los niveles de desarrollo en ciencia y tecnología de los investigadores mexicanos. Estas 
aportaciones permiten desarrollar esquemas de mayor sustentabilidad en beneficio de nuestros ecosistemas, generar el crecimiento de la productividad nacional, tender las redes con el sector público; con los círculos académicos y con los núcleos empresariales.
La cooperación científica y tecnológica internacional facilita la instrumentación de políticas públicas de financiamiento a programas de innovación y desarrollo tecnológico. Es por ello, que la Ley de Ciencia y Tecnología contempla en sus estatutos, como principio rector, el apoyo institucional a las actividades orientadas al desarrollo científico y tecnológico. La columna vertebral de este modelo se forma a través del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.
La finalidad de este sistema es reorientar las políticas públicas en este campo, a nivel de desarrollo tecnológico y establecer condiciones de competitividad semejantes a las que existen en los países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). No resulta fácil lograr este nivel de desarrollo tecnológico sin tener un brazo ejecutor que organice la cooperación y materialice sus objetivos. En este sentido la cooperación científica y tecnológica tiene como propósito favorecer la consolidación de aquellos proyectos de investigación científica que propicien el fortalecimiento de las instituciones de investigación de la comunidad científica mexicana.
Con la publicación de la Ley de Ciencia y Tecnología en el Diario Oficial de la Federación y las más recientes reformas llevadas a cabo el 12 de junio de 2009, el tema de la innovación queda como una de las variables más importantes de este ordenamiento. En ella se regulan los apoyos gubernamentales para impulsar, fortalecer, desarrollar y consolidar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación por medio de los mecanismos de coordinación de acciones entre las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y otras instituciones, las cuales intervienen en la definición de políticas y programas en materia de desarrollo científico, tecnológico e innovación.
El esquema para potenciar los lineamientos establecidos dentro de estos ordenamientos jurídicos debe considerar la sistematización de mecanismos de coordinación que faciliten los procesos de transferencia de innovación tecnológica, sobre todo manteniendo un resguardo y un seguimiento puntual de las investigaciones realizadas y su posterior difusión por las entidades involucradas, entre las academias de la comunidad científica. En este sentido, no es posible profundizar una mayor cooperación científica y tecnológica si no se cuenta con elementos sustanciales de operación formal, especialmente en la sistematización de los ordenamientos jurídicos que regulan la cooperación científica y que le dan sentido práctico a los intercambios entre instituciones cooperantes.
Resulta prioritaria una estrategia encaminada a lograr la sistematización de los intercambios en ciencia y tecnología para apuntalar la política de transferencia, con bases más firmes, que permita acrecentar los niveles actuales de innovación científica y tecnológica y que redunde en un incremento de la productividad y la competitividad nacional. La base crítica de la cooperación científica y tecnológica está en la transferencia e intercambio de conocimientos entre los científicos y las instituciones cooperantes. El objetivo fundamental de la cooperación estriba en alcanzar niveles de desarrollo tecnológico cercanos a los que ostentan los países de la OCDE. El inventario de convenios y de intercambios debe estar estructurado bajo esta óptica. El enfoque de política exterior en materia de cooperación tecnológica y científica para el desarrollo, debe atender los parámetros de productividad, sustentabilidad y promoción de la democracia. La cooperación internacional es un instrumento de negociación para la proyección de esta Gran Estrategia.
LA COOPERACION INTERNACIONAL
La cooperación internacional implica una negociación de objetivos entre las partes participantes. Como ya se ha asentado, la política exterior de México en materia de cooperación tiene como objetivo principal lograr los índices, digamos promedio, de los países de la OCDE en términos de productividad, sustentabilidad, gobernanza y promoción de la democracia. En este ámbito existe una colaboración diplomática con todos los estados y, en su caso, con las entidades relevantes de la cooperación.
Puede considerarse, a manera de ejemplo, la cooperación que se logró en marzo de 2005, cuando se llevó a cabo una mayor cooperación con América del Norte a través de la alianza tripartita (México, Estados Unidos y Canadá) conocida como Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN). La agenda de ASPAN fue muy concreta, orientada básicamente en aumentar la productividad; reducir los costos del comercio y los costos de transacción; promover una mayor corresponsabilidad con respecto el medio ambiente; crear una oferta de alimentos más confiable y segura; facilitar el comercio de productos agrícolas y la protección de nuestra población contra enfermedades.
Aunque faltaba darle a esa gran gama de asignaturas, radicadas en el tema de la seguridad y la sustentabilidad, una agenda de cooperación internacional que tuviera al desarrollo como fin primordial. Que permitiera avanzar mucho más allá del simple intercambio, que coadyuvara a definir un enfoque de cooperación para el desarrollo con estrategias de políticas públicas y de coordinación entre entidades cooperantes.
Es así como el 6 de abril de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (diez días más tarde entró en vigor) la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, cuyo Art. 1 brinda los lineamientos básicos de la cooperación como un instrumento para la programación, promoción, concertación, fomento, coordinación, ejecución, cuantificación, evaluación y fiscalización de acciones relativas a los Programas de Cooperación Internacional para el Desarrollo que se lleven a cabo con gobiernos de otros países y con organismos internacionales, para la transferencia, recepción e intercambio de recursos, bienes, conocimientos y experiencias educativas, culturales, técnicas, científicas, económicas y financieras. Todo ello, con la finalidad de que esta cooperación sea en beneficio de nuestro país, contribuya a la competitividad, a la sustentabilidad de los ecosistemas, a la seguridad y a la promoción de la democracia.
Esta ley indica con toda claridad que las acciones de cooperación internacional para el desarrollo llevadas a cabo por México, tanto en su carácter de donante como de receptor, tendrán el objetivo fundamental de promover el desarrollo humano sustentable, mediante acciones que contribuyan a erradicar la pobreza, el desempleo, la desigualdad y la exclusión social.
La cooperación, tal y como lo marca esta ley, con toda objetividad, tiene el propósito de aumentar los niveles de educación, el avance técnico y científico la promoción de los intercambios culturales, la promoción de la democracia (transparencia y gobernanza). Alcanzar con éxito los objetivos planteados por este ordenamiento coadyuvaría sin lugar a dudas a disminuir las asimetrías y a lograr niveles óptimos de desarrollo semejantes a los que gozan las naciones de la OCDE.
Todavía falta mucho que hacer en el terreno de la implementación e instrumentación de la ley para darle sentido a los órganos que crea, abordar con claridad sus fines y el tema del financiamiento, la selección del personal calificado a fin de que la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) sea un verdadero instrumento de diálogo en materia de cooperación dentro de la Gran Estrategia de Política Exterior que se ha propuesto en esta columna como esquema de política pública dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND).
Abordar el apartado correspondiente a la Cooperación Internacional dentro del PND desde un enfoque más integral, implica que se considere el crecimiento económico, el desarrollo social, la sustentabilidad de los ecosistemas y la promoción de la democracia como la columna vertebral de una Gran Estrategia de Política Exterior en la materia.
Cabe resaltar que nuestro país se adhirió a la Comunidad de las Democracias desde la Declaración de Varsovia del 27 de junio de 2000 (http://www.ccd21.org/); cuyo fin es el de promover y fortalecer las instituciones democráticas y los derechos humanos de acuerdo a los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Comunidad de las Democracias parte del axioma de que un modelo democrático deseable se alcanza a través de la cooperación entre entes que puedan fortalecerse mutuamente.
Por la Dra. Audrey Rivera Gómez, miembro del Servicio Exterior Mexicano de carrera.
