Por un desequilibrio entre la demanda y oferta de energía eléctrica que ponía en riesgo al Sistema Interconectado Nacional, la semana pasada, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), declaró, en varias ocasiones, durante cuatro días, estado operativo de emergencia.
La conjunción de varios factores, altos picos de demanda de electricidad y varias fallas en centrales de generación, provocaron que, el margen de reserva operativa del sistema, apenas llegara al 3 por ciento, cuando requiere para operar, en condiciones de seguridad, un margen mínimo del 6 por ciento. La declaratoria de emergencia llevó a la Cenace a realizar acciones operativas como la desconexión de carga en algunas entidades, para recuperar el equilibrio entre oferta y demanda de energía y lograr la estabilización del sistema eléctrico.
Por esta emergencia, casi el 70 por ciento de las entidades del país padecieron apagones, lo que, además de las molestias, causaron fuertes pérdidas económicas. A manera de explicación, oficialmente se dijo que el intenso calor fue la causa de los apagones. Que fue algo excepcional, que la generación de energía no se verá comprometida, además de prometer que no habrá más apagones.
Pero si bien, no hay duda de que las altas temperaturas que nos afectan generan un incremento en el consumo de energía por el uso de aires acondicionados y sistemas de refrigeración, el problema del desequilibrio entre la oferta y demanda de energía es mucho más complicado.
El tema de la energía eléctrica siendo eminentemente técnico, se politizó e ideologizó. Al grito lópezmateista de, “la luz es nuestra”, los de la 4T, no bien tomaron posesión, se arrancaron en contra de la reforma energética promovida por el gobierno de Enrique Peña Nieto, con la pretensión de “recuperar” la soberanía sobre la industria eléctrica y eliminar la participación privada en el sector.
Primero a través de un acuerdo administrativo conocido popularmente como decreto Nahle, por haberlo promovido la entonces secretaria de Energía, Rocío Nahle, que la SCJN declaró inconstitucional, y más adelante, con una iniciativa preferente que pretendía, a través de una ley secundaria, acabar con la Reforma Eléctrica del gobierno anterior, que también atajó la Corte, por inconstitucional.
Y si bien, legalmente el gobierno no pudo anular la aborrecida reforma, en la práctica ni la acata ni la aplica. Para atajar la inversión privada, canceló las subastas eléctricas, frenó la inversión privada en generación, congeló los permisos de interconexión, acabó con la libre competencia privilegiando siempre a CFE sobre cualquier generador eléctrico y dio carpetazo a la generación de energías limpias, renovables y de bajo costo, entre otras medidas que han inhibido la inversión del capital privado.
Este mal entendido nacionalismo le está saliendo muy costoso al país. La CFE carece de los recursos para atender la demanda de energía eléctrica que el crecimiento y desarrollo económico de México requieren. En lo que va de este gobierno, poco se ha dicho de nuevos proyectos de generación. La paraestatal invirtió un promedio de 700 millones de dólares por año, cuando el sector requería una inversión anual de 4 mil 200 millones de dólares. Sus redes de transmisión, sólo aumentaron un 3 por ciento. La crítica al gobierno actual es que dejó de invertir en el sector y se cerró a la colaboración público-privada.
Para colmo, cuando invirtió, no fue muy afortunado. En febrero dedicó 6,200 millones de dólares para la compra de 13 plantas de generación de energía a la empresa española Iberdrola, en una operación, más política que otra cosa, al anunciarla como la “nacionalización” de centrales eléctricas. Buen negocio para los españoles que se deshicieron de unas plantas ya amortizadas y obsoletas, y no tan bueno para el país, pues esa operación no le aportó ni un megavatio adicional a nuestro sistema eléctrico. Lo que generaban, ya lo entregaban a CFE. Por cierto, en la reciente emergencia, estas centrales brillaron por su ausencia, pues ahora están sin operar.
Según la COPARMEX, la ampliación y modernización de las redes de transmisión y distribución requerirían de una inversión anual de alrededor de 9 mil millones de dólares. Está claro que, la CFE carece de los recursos para hacerlo sola, y que, únicamente con la participación del capital privado se podría lograr mantener una oferta de energía al ritmo del crecimiento que requiere el país.
Pero ya dijeron en Palacio, que el modelo de generación de energía, se mantendrá, dando preferencia a la CFE. Así que, habrá que empezar a acostumbrarnos a los apagones.
