Por Cuauhtémoc Cárdenas
Estamos reunidos hoy para reafirmar nuestra convicción patriótica, revolucionaria y progresista, así como nuestra decisión de lucha, ante la amenaza oficial, entreguista y neoliberal, de reformas constitucionales y legales, con el claro objetivo de desplazar al Estado mexicano del control y manejo de su riqueza petrolera, puntal de su independencia económica.
El pasado día 12, el titular del Ejecutivo federal remitió al Congreso la iniciativa para reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución, en sus párrafos sexto y cuarto respectivamente. A esto se reduce hasta ahora la propuesta de reforma energética del Ejecutivo, nada se dice de las adecuaciones necesarias de leyes secundarias que tendrían que llevarse a cabo de aprobarse esta iniciativa, la que no por reducida e incompleta deja de ser atentatoria contra la soberanía y el desenvolvimiento autónomo de la Nación.
Al presentar esta propuesta y enviarla al Congreso, el Ejecutivo ha señalado que de aprobarse, se ofrecería a los usuarios electricidad a tarifas menos gravosas que las actuales, que se modificará el régimen fiscal al que se tiene sometido a Petróleos Mexicanos para hacerlo competitivo (¿frente a quién?, habría que preguntarse, pues los costos de exploración, producción y desarrollo de Pemex son actualmente menores que los de Statoil de Noruega, ExxonMobil de EEUU, ENI de Italia, Petrobras de Brasil, Chevron de EEUU, entre otros), que el organismo tendrá una nueva estructura administrativa con un gobierno corporativo, que tendrá mayor (no plena) autonomía de gestión (y nada se menciona de la autonomía presupuestal), que mejorará las condiciones de transparencia y rendición de cuentas (¿y por qué no desde ya?) y que en las compras y proyectos de Pemex habrá 
mayores contenidos nacionales. Con estos cambios, expresa el Ejecutivo, se logrará una mejor restitución de reservas, la producción de crudo se elevará a 3 millones de barriles diarios en 2018 y a 3.5 millones en 2025 y la de gas pasará de 5 700 millones de pies cúbicos diarios a 8 000 en 2018 y a 10 000 en 2025. Otros impulsores de la iniciativa oficial agregan a estas supuestas bondades, que se generará medio millón de nuevos empleos para 2018 y dos y medio millones más para 2025, que el gas natural doméstico resultará también más barato al consumidor y que la economía mexicana crecerá un punto porcentual más en 2018 y 2 más en 2025. Todos estos supuestos logros suenan a cuentas alegres y en el mejor de los casos a buenos deseos. No hay una cifra que los sustente, ni un análisis y proyecciones serias de la economía nacional en los próximos años, ni un estudio del desenvolvimiento de la industria petrolera internacional, ni menos la definición de una política petrolera integral que requiriera de esos montos de producción, de mayores o menores, en los horizontes de 2018 y 2025.
La propuesta de reforma del sector energético que ahora se presenta con una visión nacionalista y progresista, corresponde a la de un país que busca el rescate y ejercicio pleno de su soberanía (no una nación que día a día ceda soberanía y acreciente su dependencia), que cuente con una industria energética conductora del crecimiento económico y de la industrialización (no al servicio de intereses ajenos), con organismos operadores (en este caso Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad) saneados de corrupción, que operen con absoluta transparencia, eficiencia y eficacia.
Las reformas que se proponen se enmarcan en una política petrolera con los objetivos siguientes:
Prolongar lo más posible la vida de las reservas, satisfaciendo al mismo tiempo la demanda nacional de hidrocarburos.
Para obtener los mayores beneficios de los recursos naturales y frente a una perspectiva de autosuficiencia a corto plazo del cliente principal de las actuales exportaciones mexicanas de crudo, disminuir gradualmente, al ritmo más rápido posible, las exportaciones de este recurso, para transformarlo industrialmente en el país.
Desarrollar las cadenas productivas de la industria petrolera con el fin de agregar valor a los productos, generar empleos y estimular los desarrollos regionales.
Aumentar la capacidad de refinación: de inmediato en 600 mil barriles diarios (capacidad de refinación que podría estar disponible en 2017) e iniciar nuevas instalaciones, en 2017, con capacidad del orden de 300 barriles diarios más.
Fomentar nuevas inversiones privadas y públicas en la industria petroquímica y en la construcción de gasoductos.
Incrementar la exploración y reposición de reservas, como mínimo del 100% de los volúmenes extraídos y exportar sólo los volúmenes que excedan las necesidades internas y la propia reposición.
Crear estímulos para fomentar el uso de vehículos automotores que no utilicen combustibles con origen en los hidrocarburos: existen ya vehículos que utilizan baterías de hidrógeno y electricidad para su locomoción.
Un primer paso para disminuir el consumo de combustibles con origen en los hidrocarburos, debiera ser la obligación de adicionar etanol a las gasolinas en porcentajes de 10 a 15%, lo que no demanda cambios en los motores de combustión interna actuales.
De manera concreta, nuestras iniciativas pretenden alcanzar los siguientes objetivos:
Conceder autonomía presupuestal y de gestión de Pemex y CFE.
Se otorga esta autonomía para ejercer los recursos aprobados en función del Plan de Negocios de Pemex y las necesidades energéticas del país.
Sacar a Pemex y a la CFE del presupuesto federal y del control de la Secretaría de Hacienda a través de
Transformar a Pemex y a la CFE en empresas públicas; y
Un nuevo gobierno corporativo para Pemex.
Se reintegra verticalmente Pemex en una sola entidad, desapareciendo los organismos subsidiarios.
Reducir la carga fiscal de Pemex.
Se establece un nuevo régimen fiscal para Pemex que genere recursos adicionales para inversión productiva y para revertir la descapitalización a la que ha estado expuesto, permitiéndole así cumplir con sus objetivos.
Impulsar a la transición energética.
Apoyar al desarrollo e investigación tecnológica.
Fortalecer la arquitectura institucional de sector.
La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) pasan de ser organismos desconcentrados a organismos descentralizados, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, operativa y funcional.
Se amplían las facultades de la CNH en materia de supervisión, verificación y vigilancia de Pemex.
Dar nuevo destino de los recursos provenientes del petróleo.
Se crea el Fondo para excedentes petroleros.
Los ingresos excedentes que la Nación obtiene de su riqueza natural, podrán ser utilizados por resolución expresa de la Cámara de Diputados o en su caso la Comisión Permanente del Congreso, para
Proyectos prioritarios de Pemex, el IMP y la CFE;
Proyectos de infraestructura para transporte masivo de personas, con el fin específico de contribuir al ahorro de combustible y a la transición energética; y
Proyectos prioritarios educativos y de salud.
La reforma a la Ley de Petróleos Mexicanos tiene como propósito convertir a Pemex en una empresa pública, con autonomía presupuestal y de gestión, y un gobierno corporativo más ágil e independiente.
Al sustraerse Pemex del control de la Secretaría de Hacienda, sus presupuestos serán enviados cada año, directamente, al Proyecto de Presupuesto de egresos de la Federación, sin que puedan ser modificados por Hacienda. Los proyectos de la empresa pública, al contar ya con autonomía presupuestal, se desvincularán de la Ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria.
La transformación de Pemex pasa necesariamente por el cambio de su régimen fiscal actual. En 2012, la producción de crudo promedió 2 548 000 
barriles diarios. Las ventas totales alcanzaron ese año el máximo histórico de un billón 647 mil millones de pesos ($1 647 000 000 000). Los impuestos pagados registraron igualmente su máximo histórico, llegando a 900 mil millones de pesos.
En las pasadas dos administraciones la carga fiscal sobre utilidades de Pemex llegó a 110%. Pemex generalmente registra ganancias antes de impuestos, pero al aplicarle su particular y único régimen fiscal, se generan obligadas e inducidas pérdidas contables.
El segundo párrafo, fracción primera del artículo 7 de la Ley de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, establece que “[A] cuenta del derecho ordinario sobre hidrocarburos a que se refiere el artículo 254 de la Ley federal de derechos, Pemex-Exploración y Producción deberá realizar pagos diarios, incluyendo los días inhábiles, por $634 525 000 durante el año. Además, el primer día hábil de cada semana del ejercicio fiscal deberá efectuar un pago de $4 453 880 000”.
Este régimen fiscal resulta confiscatorio y es económicamente irracional, financieramente insostenible y no tiene comparación ni nacional ni internacional, ni en la industria petrolera ni en ninguna otra rama de la actividad productiva. Con este régimen de pago por adelantado de impuestos, habría que ver quiénes son los particulares que van a celebrar contratos de utilidad compartida (o despojo seguro) con el Estado, de los que se nos habla en la presentación de la iniciativa oficial.
Los cambios que se proponen en el régimen fiscal de Pemex toman en cuenta la necesidad de dotar de mayores recursos de inversión a la empresa y también de mantener un flujo aceptable de los ingresos fiscales que recibe Hacienda.
Así, para reducir la carga fiscal de Pemex se modificará la tasa del derecho ordinario sobre hidrocarburos, llevándola del 71.5 al 62.5 en un periodo del 2014 al 2018, modificándose al mismo tiempo el límite del monto deducible de costos, gastos e inversiones deducibles por barril de petróleo crudo equivalente, que pasará de 6.50 a 8 dólares, y en el caso del gas natural no asociado se aumenta el límite de 2.70 a 3 dólares por cada mil pies cúbicos.
Con el propósito de que Pemex cuente con un mayor flujo de efectivo, Pemex estará pagando lo correspondiente a derechos anticipados mensualmente y no ya diario y semanalmente.
Estos cambios en el régimen fiscal de Pemex se estima le aportarán un recurso adicional de 150 mil millones de pesos en 2014, que irán aumentando anualmente en 30 mil millones más, que sumados a los 280 mil que ha venido invirtiendo en los últimos años, le permitirán un manejo más desahogado de su encomienda.
Se está igualmente proponiendo elevar el derecho para la investigación científica y tecnológica de 0.65 a 1% del valor del petróleo crudo y el gas natural extraídos en el año. Con ello se incrementarán los ingresos del Instituto Mexicano del Petróleo, cuyo Comité de investigación y desarrollo tecnológico se faculta para emitir dictámenes que permitan estrechar la relación entre el IMP y Pemex para fomentar la adopción de tecnologías de punta, la formación de recursos humanos y las alianzas estratégicas con instituciones de investigación científica, tanto nacionales como del exterior.
Cambia también la composición del Consejo de Administración de Pemex. Salen de él el Secretario de Hacienda y cuatro representantes más del Ejecutivo, quedando sólo el Secretario de Energía, que continúa presidiéndolo; salen igualmente los cinco representantes sindicales, que dejan así de ser juez y parte. Además de su presidente, el Consejo estará integrado por el Director de la Comisión Federal de Electricidad (es indispensable una adecuada coordinación dentro del sector energético) y siete consejeros profesionales, que al igual que el Director General de la empresa, serán designados por el jefe del Ejecutivo y ratificados por el Senado de la República.
La Comisión Nacional de Electricidad se establece también como una empresa pública, con autonomía presupuestal y de gestión, mediante la reforma de la Ley del servicio público de energía eléctrica. Su Junta de Gobierno se modifica: formarán parte de ella el Secretario de Energía, que la preside, y el de Economía, el Director General de Petróleos Mexicanos y seis consejeros profesionales, que serán, al igual que el Director, nombrados por el titular del Ejecutivo y ratificados por el Senado.
En el año 2008 se expidió la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, que al reformarse se convertirá en la Ley de energías renovables. El objeto de esta ley (Artículo 1º.) es “…regular el aprovechamiento de fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias para generar electricidad con fines distintos a la prestación del servicio público de energía eléctrica, así como establecer la estrategia nacional y los instrumentos para el financiamiento de la transición energética.”
Al regular en esta ley secundaria el aprovechamiento de recursos renovables y de las tecnologías limpias para la generación de energía eléctrica con fines distintos a la prestación del servicio público, se colocó a la estrategia de transición energética, por una parte, en un espacio reducido y en continuo riesgo de parálisis por invasión de la esfera del servicio público, desalentándose a los sectores privados para la producción de estas energías, lo que va en contra de la lógica y las necesidades de la transición; por la otra, contradictoriamente, en un marco regulatorio para que sean las empresas privadas las que se hagan cargo y monopolicen el desarrollo de las energías renovables.
En la nueva Ley de energías renovables se ha considerado pertinente reformar la actual definición de generador, que se debe reducir, de acuerdo a la fracción I del artículo 3° de la Ley del servicio público de energía eléctrica, a quienes generan para autoabastecimiento, cogeneración o para la pequeña producción.
En la Ley de energías renovables, de aprobarse, se mandata a la CFE para que invierta y desarrolle en la producción de energías de fuentes renovables, y se establece que la capacidad de los proyectos autorizados a los generadores no rebase la que desarrolle la CFE, en una perspectiva hacia el 2024, cuando se deberá estar generando al menos un 35% del total con energías limpias.
Con objeto de fomentar el desarrollo de estas energías por pequeños productores y empresas del sector social, la ley establece que la generación que produzcan sea recibida por el Sistema Eléctrico Nacional, independientemente de las capacidades desarrolladas vía autoabastecimiento y cogeneración.
En resumen, nuestra propuesta incluye la modificación de doce leyes secundarias o reglamentarias y la expedición de la Ley del Fondo de excedentes petroleros. No se plantean reformas constitucionales, porque para los fines que se persiguen de modernizar el sector energético y 
lograr de él una cada vez mayor y mejor contribución al desarrollo independiente del país, no se consideran necesarias.
De aquí, nuestros compañeros legisladores llevarán las iniciativas para las reformas de estos ordenamientos a la Comisión Permanente del Congreso, la que al iniciarse en próximo periodo de sesiones ordinario, las remitirá al Senado.
¿Por qué la iniciativa del Ejecutivo se ha reducido hasta ahora a dar a conocer las reformas que propone de los artículos 27 y 28 de la Constitución y nada sobre leyes secundarias? ¿Por qué la campaña propagandística oficial se ha centrado en el 27 y nada se menciona del 28?
El titular del Ejecutivo, lo decía antes, en su iniciativa de reforma energética se limita a plantear modificaciones a los artículos 27 y 28 constitucionales. En el discurso, se hacen sólo referencias vagas a posibles reformas de leyes secundarias. Más allá de la denominación, tampoco señala cómo serán en la práctica los contratos de utilidad compartida. ¿Se comparte la utilidad en dinero, se comparte en producto, se establecerán límites a las proporciones del Estado y las de los particulares? En un sentido todo queda claro, en otro nada se define.
El alud propagandístico se concentra en el 27, pero la reforma más grave, la más perjudicial, es la que derivará de la reforma al 28: con ella, el Estado perdería la exclusividad en el manejo de las áreas estratégicas de la industria petrolera, desde la exploración y la explotación de los yacimientos (y consecuentemente el manejo y cuidado de las reservas), hasta la transformación industrial del recurso en la refinación y petroquímica, así como en los servicios complementarios de almacenamiento y transporte.
Por más que en el medio oficial ahora no se hable de la modificación del 28, la iniciativa deja ver con claridad meridiana la intención de desplazar a Petróleos Mexicanos (Pemex) de toda la cadena productiva del petróleo, substituyendo a este organismo, al que hasta ahora el Estado ha encomendado de manera exclusiva la conducción de la industria petrolera, por particulares. Esto es, se está ante la gravísima perspectiva de que las compañías expropiadas en 1938 vuelvan a ser las que decidan cómo se manejen y sean las principales beneficiarias de la explotación de los yacimientos de hidrocarburos mexicanos.
El cambio en el 28 constitucional cancelaría la condición de áreas estratégicas a los hidrocarburos y a la electricidad (ni siquiera alcanzan la calidad de prioritarias), abriendo la posibilidad de que el Estado llegara a deshacerse de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, al dejar sin materia lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 25 constitucional, que dice: “El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan”. Esto es, al no ser ya estratégicos los sectores de los hidrocarburos y de la electricidad, los órganos que los manejan, hoy Pemex y CFE, podrían, de acuerdo con la Constitución modificada, dejar de ser de propiedad gubernamental. Pemex y CFE, todo lo que posean, podrían ser vendidos, privatizados.
La iniciativa del gobierno para reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución, es una iniciativa privatizadora, dígase lo que se diga. Es una iniciativa que va contra el interés general de los mexicanos. Es, sin lugar a dudas, una iniciativa lesiva a los interesas de la Nación, una iniciativa antipatriótica.
¿Dónde pues cabe pretender sustentar esta retrógrada reforma en la figura de Lázaro Cárdenas? Es falaz la utilización que se hace del nombre de quien encabezó la lucha por el rescate y pleno ejercicio de la soberanía de la Nación en el siglo XX. Ofende a quienes verdaderamente se identifican con sus ideas y su obra. Ofende la inteligencia y el sentido común.
Nadie más lejos de una política entreguista que Lázaro Cárdenas. Nadie más lejos de mentir al pueblo mexicano. Nadie más lejos del oportunismo demagógico.
Se dice que el gobierno puede contar con los votos en las Cámaras del Congreso para sacar adelante sus iniciativas. Puede ser. Pero eso, desde ningún punto de vista debe inmovilizarnos.
Primero, el debate hay que llevarlo a todos los foros posibles y darlo en todos los foros en que haya oportunidad, así los organicen o convoquen nuestros adversarios políticos.
Apoyemos, desde las trincheras a las que tengamos acceso, toda iniciativa y toda medida que busque frenar y echar abajo las propuestas oficiales de reformas del 27 y 28 constitucionales.
Apoyemos la consulta que organiza Alianza Cívica, sobre reformas en materias energética y fiscal. Nos dará, en unos cuantos días, una visión certera del sentir de la ciudadanía en el país.
Para terminar: el artículo 35 constitucional, reformado el 9 de agosto del 2012, en su fracción VIII, nos dice que los ciudadanos mexicanos tenemos derecho a votar en las consultas populares, que pueden ser convocadas por nosotros, los ciudadanos, si lo hacemos, por lo menos, en cantidad equivalente al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores, que hoy seríamos 1 630 000 electores.
Como este artículo no está reglamentado por una ley secundaria, habría que montar el proceso a partir solamente del texto constitucional, por lo que la consulta popular tendría que realizarse concurrente con la próxima elección federal, el primer domingo de julio del 2015.
Pongámonos en el escenario más desfavorable: que por mayoría, el Congreso apruebe, con el voto en contra de los legisladores patriotas, las reformas propuestas por el Ejecutivo de los artículos 27 y 28 constitucionales. Propongámonos entonces, pero empecemos a organizarnos desde ahora, me arrogo la facultad de convocarlos, para que oportunamente tengamos el millón 630 mil electores inscritos en la lista nominal, y muchos más, estoy seguro que podemos, para presentar a las autoridades nuestra demanda para que convoque a una consulta sobre si mantienen vigencia o no las reformas al 27 y 28 constitucionales, consulta que tendría que realizarse concurrente con la próxima elección federal que renueve la Cámara de Diputados. Convoquémonos para echar para atrás las reformas del 27 y 28, si se diera la desgracia que en este periodo legislativo fueran aprobadas.
Lo podemos hacer y el pueblo va a responder.
Les digo, yo, desde ahora, dejaré otros asuntos y me lanzo de lleno a preparar esta campaña. Sé que muchos compañeros, por todo el país, acompañarán este esfuerzo. Recojamos firmas por toda la República, registrando al mismo tiempo los números de credenciales de electores y buscando notarios que lo certifiquen, para llegar oportunamente al IFE y que estrenemos el artículo 35 constitucional, reformado en agosto del 2012, con la primera consulta popular realizada en nuestro país, apoyada en lo que dispone nuestra Constitución, la misma que permitió la Expropiación del 18 de marzo de 1938.
