México en vilo por el “Decretazo” y el nombramiento en Banxico
Dos actos de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador conmovieron a la opinión pública y a los medios políticos y sociales del país, en la semana que inició el lunes 22 de noviembre: lo primero fue un Acuerdo, realmente con efectos de Decreto cuya finalidad fue interpretada por los sectores nacionales como un intento para ocultar los gastos y contratos relativos a las grandes obras públicas presidenciales como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, el Tren Transístmico y el Aeropuerto de Santa Lucia-Felipe Angeles; el INAI y grupos de senadores de oposición anunciaron que iniciarán controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque consideraron que este Acuerdo-Decreto Presidencial es violatorio de la Constitución y de los derechos de los mexicano para saber en qué y cómo gasta el Gobierno Federal los impuestos que aportan a la nación.
El otro acto gubernamental del Presidente López Obrador fue el nombramiento y postulación para Gobernadora del Banco de México, de la Subsecretaria de Hacienda Victoria Rodríguez Ceja, quien fue considerada por senadores y organismos económicos del sector empresarial como carente de los requisitos que exige el propio Banco de México para nombrar a su Gobernador, en este caso Gobernadora, ya que no tiene los cinco años necesarios en un cargo de alto nivel del Gobierno Federal ni la experiencia monetaria que requiere un funcionario en esa alta posición.
Estas dos acciones del Presidente López Obrador escandalizaron fuertemente a los sectores de la opinión pública, del empresariado nacional y del Congreso, senadores, diputados y partidos políticos.
Una distinguida periodista y politóloga, Denise Dresser, habló de “un Golpe de Estado mediante el cual el Presidente le entrega el Gobierno a los militares”.
Y el escándalo fue tan fuerte, que la Subsecretaria Victoria Rodríguez Ceja, se vio obligada a decir que “no tocará las reservas monetarias del Banco de México”, que actualmente se acercan a la cantidad de 200 mil millones de dólares.
El Presidente ha intentado explicar estas medidas, pero realmente sin éxito; los sectores nacionales piensan que hay mucho escondido atrás y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe declarar inconstitucional el Acuerdo-Decreto Presidencial del 22 de noviembre de 2021; también piensan que el Senado debe exigir el nombramiento de un nuevo Gobernador del Banco de México que cubra todos los requisitos.
Lic. Mauro Jiménez Lazcano
Director General de la Revista Macroeconomía
