Los paradigmas de la SB1070

Por Jorge Navarro Lucio

La Ley SB1070, que entre otros preceptos criminaliza a los migrantes indocumentados, podría entrar en vigor el 29 de julio si no hacen algo al respecto los actores relevantes de este proceso. Hacer algo significa también entender el momento electoral que vive hoy Estados Unidos. El país está más dividido que nunca, los conservadores pareciera que avanzan sus posicionamientos con mayor rapidez, mientras que los liberales dan la impresión que actúan reactivamente. La agenda nacional parece estar del lado de los conservadores.
Esta tendencia política es cada vez más clara y se revela en varios Estados. Por ello el valor intrínseco que tiene el Estado de Arizona para el análisis, es sin lugar a dudas fundamental. La Ley SB1070 más que una legislación antiinmigrante es una tendencia de valor contextual. Leyes y posiciones ideológicas como esta ley dan un respiro político a los conservadores radicales. Ya no se puede ser conservador y de centro ahora se tiene que ir a los extremos.
El John McCain de hace unos años no tiene nada que ver con el actual, porque ahora, en noviembre próximo, tendrá que enfrentar a uno de los opositores más influyentes y carismáticos de su Estado. El rival de McCain será, nada menos que J.D. Hayworth, un conductor radiofónico y ex representante, quien ya ha logrado el apoyo del movimiento del “tea party” gracias a su posición antiinmigrante, homofóbica y de rechazo a las políticas ambientalistas.
En Arizona, el asesinato de un hacendado de Arizona, presuntamente a manos de un indocumentado o de un traficante, activó el debate en torno a la inmigración ilegal. La propia gobernadora de Arizona, Jan Brewer, ha encontrado en el tema migratorio su moto de campaña y en pocos días, después de haber promulgado la Ley la SB1070, ha visto ascender su posición en las preferencias electorales de Arizona.
Brewer enfrentará la elección primaria republicana el 24 de agosto y entre sus adversarios está el tesorero estatal Dean Martin. Por eso el asunto de los indocumentados cobra prominencia en estos momentos porque tanto Hayworth como Martin lo usan para sumar puntos a su favor.

¿Qué se puede hacer para detener esta tendencia?
En principio están a la vista las dificultades que enfrenta la gobernadora Brewer para poner en práctica la SB1070 en el Estado de Arizona. Por ello, el 29 de abril, ante la avalancha de demandas que pudieran suscitarse, decidió convertir en ley una iniciativa que reinterpreta el concepto de “contacto directo con la autoridad” por el de “sólo al infractor se le interrogará sobre su estatus migratorio”, ello con el fin de evitar los perfiles raciales. La nueva disposición establece que una autoridad no puede preguntar a una persona sobre su estatus migratorio a menos de que hayan infringido otra ley. La supuesta “sospecha razonable” ya no es una causal suficiente para interrogar a una persona sobre su estatus legal en Estados Unidos.
Las modificaciones en el precepto prohíben usar los perfiles étnicos como sustento de los interrogatorios. La SB1070 consideraba suficiente el “contacto” con una autoridad para indagar el estatus migratorio de cualquier persona. Ahora, con las nuevas modificaciones, eso ya no será posible.
Sin embargo, y aquí está la parte medular para detener la efectividad de la SB1070, esas modificaciones abren las posibilidades de que duchos abogados o entes pro inmigrantes presenten ante tribunales federales demandas de inconstitucionalidad. Ello porque la SB1070 violenta la Constitución de Estados Unidos ya que sólo los estatutos federales (como lo indica el United States Code Title 8) pueden regular y normar los flujos migratorios. La responsabilidad de hacer cumplir las leyes migratorias recae, según el Titulo Octavo del Código de Regulaciones Federales (que emana del USC Title 8), exclusivamente en la autoridad federal.
Ahora que, valga decir, hay otras estrategia para impedir que entre en vigor esta ley, como bloquearla en los tribunales federales por violaciones a los derechos civiles (Cuarta Enmienda de la Constitución) o presentar un referéndum, antes del 29 de julio, en contra de esta ley.
La Cuarta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos establece que las pesquisas y aprehensiones llevadas a cabo por una autoridad deben ser “razonables”. Esta enmienda especifica que las órdenes judiciales sobre cateos y arrestos deben ampararse en una “causa razonable”. El perfil racial no es una causa razonable para detener a nadie.