“Los Derechos Humanos están en riesgo cuando el Poder Ejecutivo no puede ser frenado o controlado, como se pretende ahora”: Presidenta de la Suprema Corte

PRESIDENTA:

ASISTENCIA:

SEÑORA MINISTRA:

NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ

SEÑORAS MINISTRAS Y SEÑORES MINISTROS:

ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA

JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ YASMÍN ESQUIVEL MOSSA

LORETTA ORTIZ AHLF

JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO

LENIA BATRES GUADARRAMA

ANA MARGARITA RÍOS FARJAT

JAVIER LAYNEZ POTISEK

ALBERTO PÉREZ DAYÁN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

TRIBUNAL PLENO

SESIÓN PÚBLICA SOLEMNE CONJUNTA DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Y DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CELEBRADA EL MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024.

(SE ABRIÓ LA SESIÓN A LAS 11:20 HORAS)

SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Se abre esta sesión pública solemne conjunta de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y de la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación.

Continúe, por favor, señor secretario.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí, señora Ministra Presidenta.

Le informo que se encuentran presentes integrantes del Consejo de la Judicatura Federal y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A continuación, para dar inicio a la sesión solemne se solicita, atentamente, a todos los presentes ponerse de pie para rendir honores a la bandera, consistente en el saludo civil.

SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Realizamos el saludo civil, por favor. Gracias.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: De conformidad con lo dispuesto en la fracción XI del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la señora Ministra Norma Lucía Piña Hernández, Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dirigirá un mensaje con motivo del informe de labores del Poder Judicial de la Federación, correspondiente al año dos mil veinticuatro.

SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Gracias.

Honorables Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; Licenciado César Yáñez Centeno Cabrera, subsecretario de gobierno de la Secretaría de Gobernación, en representación de la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; señora Magistrada y señor Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; señoras magistradas, señores magistrados; señoras juezas y señores jueces de distrito; distinguidas y distinguidos invitados especiales; señoras y señores; amigas y amigos todos:

Me dirijo a ustedes en cumplimiento del artículo 14, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, que establece la atribución de la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de rendir ante las y los Ministros, ante las y los Consejeros un informe de labores al finalizar el segundo período de sesiones de cada año.

Como lo he sostenido reiteradamente, la justicia no es solo una cuestión de leyes y tribunales: es una cuestión de derechos humanos, de equidad, de ética y de dignidad que involucra a todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Los derechos humanos están en riesgo permanente cuando el poder no puede ser contenido, frenado y controlado. Uno de los propósitos de un Poder Judicial independiente es, precisamente, proteger los derechos humanos y ser un contrapeso al poder, que podría amenazar tales derechos. Es así como el Poder Judicial federal honra el apotegma de Morelos que todo aquel, que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario.

La independencia judicial, como patrimonio de la humanidad, está directamente vinculada con la esencia misma del carácter constitucional de las sociedades democráticas y, en toda democracia, el camino para fortalecer el Estado de derecho debe ser evaluado, debatido y enriquecido. La democracia constitucional implica gobernar una comunidad de ciudadanos en libertad; es un todo de mayorías y de minorías que debe garantizar los derechos fundamentales, universales, interdependientes, indivisibles y, sobre todo, progresivos del ser humano.

El informe anual es un ejercicio de rendición de cuentas que muestra el trabajo diario que se ha realizado desde la judicatura federal en favor de la impartición de justicia centrada en las personas. A través de este ejercicio de transparencia, se da cuenta a la sociedad mexicana que el Poder Judicial Federal ha hablado a través de sus sentencias y resoluciones que, reconocidamente tanto a nivel nacional como internacional, han protegido los derechos y las libertades de las y los mexicanos. El informe que hoy se presenta y que ya se encuentra disponible en todas las redes y plataformas de comunicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal da cuenta, primordialmente, de la actividad del Poder Judicial de la Federación en su función jurisdiccional, así como en la centralidad de los derechos humanos, la igualdad de género, la comunicación y vinculación con la sociedad, la gestión administrativa, el combate a la corrupción y la rendición de cuentas.

Función jurisdiccional. Durante el presente año, la Corte emitió resoluciones muy relevantes que han tenido un impacto decisivo en nuestra sociedad, por ejemplo, al establecer los parámetros que deben seguirse al regular la forma de consultar a pueblos originarios y personas con discapacidad, al imponer límites a la configuración y nombramiento de titulares de órganos garantes de transparencia locales, así como a la regulación del juicio político para evitar que se convierta en un medio de persecución, y definió la naturaleza de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos

Humanos y su vinculatoriedad en el orden jurídico, entre otros muchos temas. Por otro lado, la Corte garantizó los derechos a la salud y a la información de los consumidores al validar el sistema de etiquetado de productos, los derechos de las mujeres a un sistema normativo libre de estereotipos de género y el derecho a la información pública de la sociedad, al desclasificar información relacionada con los monitoreos de la pandemia, de la contratación de sistemas de espionaje y ciertas obras públicas de relevancia nacional.

Centralidad de los derechos. La centralidad y garantía efectiva de los derechos humanos son la piedra angular para que la justicia sea cercana, real y accesible para todas las personas. En este año de gestión, se desarrollaron y pusieron en marcha proyectos de formación y sensibilización con el fin de avanzar en la defensa de los derechos fundamentales y en el acceso a la justicia en los campos de justicia intercultural, justicia ambiental y climática y promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, se trabajó en ejes, como la prevención, atención y seguimiento de casos de violencia de género y consolidación de espacios seguros y la transversalización e institucionalización de la perspectiva de género.

Función administrativa. En el período que se informa, se atendió la auditoría realizada por la Auditoría Superior de la Federación derivada de la presentación de la Cuenta Pública 2023, en la cual se revisó el cumplimiento a la gestión financiera para verificar que el presupuesto de la Corte se hubiera ejercido y registrado conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. Al concluir la revisión, la Auditoría Superior no determinó alguna observación o recomendación a este Alto Tribunal.

Consolidación en el combate a la corrupción y fomento a la transparencia. Al ser el combate a la corrupción una de las prioridades institucionales, se implementaron diversas acciones, entre las que destacan el seguimiento de la evolución patrimonial del personal, la aplicación de medidas para facilitar la presentación de denuncias contra personas servidoras públicas y para llevar a cabo su investigación, la recepción de denuncias y la adecuada investigación de presuntas faltas administrativas, el fortalecimiento de los procedimientos de responsabilidad administrativa, la efectiva aplicación de sanciones a las personas servidoras públicas como responsables y la práctica de diversas auditorías internas.

El Pleno del Consejo, por otra parte, discutió y decidió sobre los asuntos de su competencia y atribuciones en 71 sesiones ordinarias, la mayoría de ellas presenciales, celebradas semanalmente, en las que se determinaron y resolvieron 3,087 asuntos en materia de administración, adscripción, carrera judicial, conflictos laborales, contraloría, creación de nuevos órganos, disciplina y vigilancia, entre otras, aunado a las sesiones que cada una de las comisiones llevó en lo particular, según sus atribuciones. Cabe destacar que, en este año, el Consejo organizó diversas mesas de trabajo para conocer y dialogar sobre las diferentes demandas del personal tanto jurisdiccional como administrativo, y las cuales se han estado atendiendo según las determinaciones del propio Pleno del Consejo.

En el período comprendido entre el dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés y el quince de noviembre de dos mil veinticuatro, el Poder Judicial Federal enfrentó un contexto sin precedentes, marcado por la discusión en todos los ámbitos de la vida nacional e, incluso, internacional de las implicaciones de la reforma judicial, en donde distintas voces destacaron este proceso y la necesidad de llevar a cabo un análisis profundo sobre su impacto en la impartición de justicia y, sobre todo, en los derechos de las personas. Indudablemente, la reforma judicial presenta enormes retos, pero no solo para las personas juzgadoras, sino para todo México. Partamos de que estamos ante un escenario prácticamente sin precedentes a nivel mundial. La reforma judicial no es una historia de vencedores o vencidos. Todo demócrata y, con mayor razón, todo servidor público desea lo mejor para su país. No es posible saber, al menos en este momento, cuál será el resultado de dicha reforma. ‘Se necesita (como decía Renato Leduc) de la sabia virtud de conocer el tiempo’.

Pienso y, al mismo tiempo, así lo deseo, por el bien de mi país, que la expresión exclamada por algunos ‘sí se pudo’ solo tendrá sentido no ahora, sino cuando, en su caso, los hechos den constancia plena de que está funcionando el nuevo sistema que garantice de mejor manera los derechos de las y los mexicanos. Espero que la finalidad de esta reforma, por el bien de México, no consista en destruir, sino en construir un mejor sistema de protección de los derechos humanos, un mejor control de regularidad constitucional, un mejor sistema de contrapesos entre los poderes del Estado; todo ello, en beneficio de la sociedad y de nuestro país, pero esto solo se verá con el tiempo, que será cuando la reforma se podrá apreciar y evaluar en su totalidad. No obstante, en lo personal sostengo que el aspecto medular deriva de que se trata de una reforma con, al menos, dos evidentes retos de origen.

El primero es que se está innovando a partir de una narrativa falsa, infundada, pero repetida tan consistentemente que ha parecido convertirse en verdad. Nos encontramos, entonces, ante un caso típico de posverdad, en el que las apelaciones a las emociones, a las creencias y a los sentimientos han tenido más influencia en la formación de la opinión pública y de los actores políticos que los hechos objetivos y verificados. Una revisión a los acontecimientos del dominio público deja ver, con claridad, cómo la campaña para la anulación de la autonomía del Poder Judicial Federal, para sujetarlo a lógicas electorales y partidistas se intensificó, inclusive, de manera violenta cuando la Suprema Corte de Justicia y sus integrantes actuamos como nos corresponde: como un Tribunal Constitucional, pero lo cierto es que la campaña de deslegitimación de personas juzgadoras federales comenzó hace más de seis años. No debemos olvidar los ataques a jueces y magistrados que, desde entonces, ya eran constantes. Recordemos que, apenas hace menos de tres años, se promulgó una importante reforma judicial que puso énfasis en la carrera judicial, la erradicación de la corrupción y el nepotismo, la formación judicial y de defensores públicos, el fortalecimiento de la Corte como un Tribunal Constitucional. No se propuso, entonces, una reforma para las policías, para las fiscalías, para las comisiones de víctimas, para el sistema penitenciario, que se encuentra, como todos sabemos, actualmente en ruinas. Los intentos de injerencia sobre la judicatura federal llegaron a tales extremos que, incluso dentro del proceso legislativo sobre la reforma judicial 2021, se llegó a incluir a través de una reserva para no pasar por un proceso deliberativo parlamentario y, en contravención a la Constitución, la extensión de mandato del Presidente anterior de esta Corte y del Consejo de la Judicatura Federal para hacerlo coincidir con el cambio de administración sexenal. Y apenas casi dos años después, cuando la Suprema Corte recuperó su mandato y papel de Tribunal Constitucional independiente y autónomo, cuando se restauró el respeto pleno a su autonomía jurisdiccional, como siempre debió haber sido, fue entonces cuando algunos medios públicos y todos los medios oficiales se enfocaron en la anulación de la independencia judicial y el desprestigio público de las personas juzgadores sin nunca presentarse prueba alguna.

Las coincidencias entre ataques y amenazas a la judicatura federal y a sus integrantes y el legítimo ejercicio de nuestra función jurisdiccional se hicieron patentes cuando, frente a decisiones contrarias a los intereses del gobierno, se nos llamó ‘traidores al pueblo’ y, abiertamente, se nos acusó de no ser parte, como además no debía ser por no corresponder a cada juzgador, de un proyecto político dominante. ¿A qué casos me refiero? En primer lugar, el caso relativo a la Guardia Nacional en abril de dos mil veintitrés, que fue un punto de quiebre importante que intensificó las amenazas y agresiones hacia los Ministros de la Suprema Corte. Esto se dio a partir de la resolución de la acción de inconstitucionalidad 137/2022, donde el Pleno invalidó la legislación que, entre otras cosas, ordenaba el traslado del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. En segundo lugar, me refiero al decreto presidencial a través del cual se intentaron clasificar, como de interés público y seguridad nacional, todos los proyectos y las obras que el propio gobierno denominara ‘prioritarios’, tema discutido en mayo de dos mil veintitrés. Como consecuencia de esa declaratoria de seguridad nacional, se exentaron todas las autorizaciones y sistemas de protección en la legislación nacional, incluyendo mecanismos que tutelan derechos fundamentales, como la consulta pública, el acceso a la información y las evaluaciones de impactos ambientales y sociales. Vale la pena recordar que, el mismo día que la mayoría del Pleno de la Corte votó por la invalidez de este decreto, apenas unas horas más tarde se publicó otro acuerdo, reiterando el escudo de seguridad nacional y, con ello, los mecanismos contra la transparencia, información y participación para obras y megaproyectos del gobierno federal. En tercer lugar, me refiero al denominado ‘plan B’. El veintidós de junio de dos mil veintitrés, el Pleno, por mayoría de nueve votos al resolver varias acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos políticos, legisladores del Congreso de la Unión y el INAI, invalidó la segunda parte del paquete de reformas político-electorales 2022-2023 por violaciones graves al procedimiento legislativo. Cada vez que la Suprema Corte resolvió uno de esos casos, las y los Ministros que votamos en contra de lo que el gobierno percibió como contrario a su proyecto político, fuimos acusados de traidores, corruptos, aliados de minorías rapaces y delincuencia organizada y de cuello blanco, incluso, se realizaron alegorías en ataúdes de algunos de nosotros; todo ello por ejercer nuestra función como jueces y juezas constitucionales y de cara a la sociedad. En cambio, cuando la Corte resolvía casos de forma que se percibía favorable al gobierno, dichas resoluciones se celebraban públicamente y, en estas ocasiones, se llamaba ‘traidores a la patria y al pueblo’ a quienes habían promovido medios constitucionales de defensa para controvertir políticas e iniciativas o proyectos gubernamentales. Eso ocurrió, por ejemplo, cuando, por no alcanzarse una mayoría calificada en el Pleno para declarar su invalidez en acciones de inconstitucionalidad, quedó vigente la reforma en materia de industria eléctrica.

Posteriormente, se impulsó la reforma judicial de dos mil veinticuatro y, desde entonces, se volvió una práctica generalizada violar, abiertamente, las suspensiones dictadas por los jueces federales en contravención directa de la Constitución: desestimar la autoridad del Poder Judicial federal y de los jueces y magistrados, en particular. También se volvió una práctica recurrente amenazar a jueces, magistrados y Ministros con persecuciones penales y juicios políticos. ¿Por qué? ¿Qué conductas consideraron esos actores políticos que ameritaron la amenaza persecutoria y punitiva a los jueces federales de México? Por resolver casos de formas que consideraron contrarias a sus deseos e intereses; por otorgar suspensiones y medidas cautelares que, en el fondo, se puede coincidir o no con el otorgamiento, pero que están previstas en la Ley de Amparo; por atrevernos a admitir medios de defensa a los que estamos obligados por ley, interpuestos por minorías políticas o por personas que consideraron vulnerados sus derechos por actos de autoridad; por ejercer nuestra función deliberativa como Tribunal Constitucional. No soy solo yo, sino, incluso, también la Academia de los Organismos Internacionales quienes advierten que todas estas campañas en contra de las y los juzgadores federales constituyeron amenazas y ataques a la independencia judicial y, consecuentemente, una muy peligrosa práctica antidemocrática. Estas conductas son tan graves que, incluso, se citaron expresamente por la Relatora de Independencia Judicial de la ONU como ejemplo de los riesgos de gobiernos autocráticos contra la democracia.

Llama también la atención que, entre las principales acusaciones que se han lanzado, reiteradamente, contra el Poder Judicial federal son que existen demasiadas personas sin sentencia en prisión. No es esto, precisamente, lo que ocasiona, en gran medida, la prisión preventiva oficiosa, que más que en ningún otro período de la historia de México se ha impulsado y continúa promoviéndose actualmente; ello, no obstante que, sobre el Estado Mexicano, pesa una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente, sobre este tema. Las exposiciones de motivos que justificaron las dos iniciativas presidenciales presentadas en bloque con la reforma judicial, esto es, la militarización de la seguridad pública en México y la expansión y el afianzamiento de la prisión preventiva oficiosa se refieren a la enorme debilidad de las policías y las fiscalías del Estado para hacer frente a la violencia y al crimen organizado, ¿Por qué, entonces, todos los esfuerzos se han concentrado en la transformación del Poder Judicial federal? ¿Dónde están las propuestas para remediar los profundos problemas de las instituciones policiales y las fiscalías, así como la atención a los millones de víctimas de delitos en México, por otra parte, viven el horror del sistema penitenciario?

Un segundo reto de la reforma judicial es que, tal como fue reconocido por el representante del gobierno de México en la audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la reforma fue concebida sin diagnóstico. ‘Al acudir a la sede del honorable Congreso de la Unión y en otros múltiples espacios y foros, hemos argumentado y sostenido que la carrera judicial y los concursos de oposición constituyen una vía adecuada para seleccionar a quienes integran la judicatura federal’: Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. ‘Que las personas juzgadoras son la cristalización de la carrera judicial y del expertise que, a lo largo de los años y con esfuerzo, se ha construido en México con mucho trabajo y mucho esfuerzo’: Ministro González Alcántara. ‘Que la mayoría de las personas juzgadoras, así como los demás integrantes de la carrera judicial, que incluye actuarios, oficiales, secretarios, etcétera, son mexicanas y mexicanos mayoritariamente honestos, competentes, que están ahí por méritos y dan su mejor esfuerzo para impartir justicia’: Ministro Javier Laynez Potisek. ‘Que la independencia judicial es fundamental para lograr una cancha pareja en los tribunales, garantizando que las personas sean escuchadas en igualdad de condiciones, independientemente de su poder político o económico; la independencia judicial es la adenda que le tapa los ojos a la justicia’: Ministro Gutiérrez Ortiz Mena. ‘Que si la sociedad merece juristas acreditados y no usurpadores de la profesión; que es conveniente tener cuidado de no denostar lo que las generaciones de mexicanas y mexicanos han forjado a lo largo de su vida; se vulneraría no solamente su memoria y nuestra historia, sino que se menoscaba la serenidad y esperanza de la generación actual, especialmente de quien tiene menos’: Ministra Ríos Farjat. ‘Que la carrera judicial implica un servicio civil de excelencia; la militancia y el sufragio, la desvirtúan y la destruyen’: Ministro Pérez Dayán. ‘Que toda institución humana puede mejorarse, puede, desde luego, perfeccionarse e irle agregando cada vez más cosas, pero siempre en la mejoría y en el bienestar de nuestro pueblo, que es a quien está dirigida la justicia y a quien debe garantizarse la independencia de los jueces en México’: Ministro, hoy en retiro, Aguilar Morales.

¿El Poder Judicial Federal se negó a una reforma? No, precisamente. En este entendido y asumiendo la responsabilidad que nos correspondía, el Poder Judicial de la Federación convocó a la construcción colaborativa de una agenda nacional de seguridad y justicia. El objetivo más importante de esta agenda fue construir una visión de justicia desde la perspectiva de las víctimas. Los usuarios e impartidores de justicia de todo el país, congregados en el Encuentro Nacional por una Agenda de Seguridad Nacional y Justicia, advirtieron que el contexto complejo que se vive en México no permitía la improvisación, pues ello suponía un retroceso en la protección de los derechos humanos de las personas y ponía en riesgo la continuidad de la impartición de justicia. Este encuentro fue el mayor ejercicio de consulta y escucha a profundidad sobre seguridad y justicia jamás realizado en México. Estamos convencidos de que escuchar es la práctica clave para proponer los cambios. El diálogo permite construir sobre aquello que no admite división en nuestro país: los derechos y las libertades de las y los mexicanos.

Señoras y señores: es reiterado que, por supuesto, se necesitaba una reforma, pero que no podíamos caer en la salida falsa. El contexto tan complejo que se vive en México no se lo merece y mucho menos sus consecuencias, insisto, hoy impredecibles. A mi juicio, ninguna falla justifica la eliminación de tajo de la carrera judicial, menos aún el establecimiento de un sistema que, según la experiencia comparada, no solo no abona a la impartición de la justicia, sino que la politiza. Por ello, siempre sostendré que la existencia de un Poder Judicial federal autónomo e independiente, ajeno a los vaivenes de la política, es un requisito indispensable para la defensa de nuestra democracia, que tanto trabajo nos ha costado construir. La realidad que vivimos nos impulsa a demostrar, públicamente, la esencia de nuestra labor y a reafirmar nuestra convicción de haber servido a la sociedad con profesionalismo, con excelencia, con integridad y, sobre todo, con un profundo sentido de responsabilidad. En los tiempos que vivimos y acordes a nuestra función, las y los jueces también hablamos por nuestras sentencias. Ahí está lo que hemos hecho; es plenamente conocido sin opacidad alguna, al contrario, con la máxima publicidad, como ordena la ley.

Parafraseando al Ministro en retiro José Ramón Cossío: ‘ahí está nuestra acta de entrega’, reflejando lo que pudimos construir con base en nuestra Constitución. Son estas sentencias, estos precedentes el punto a partir del cual se habrá de evaluar el mejoramiento no solo del sistema de justicia, sino también de nuestra democracia. El Ministro Presidente del Supremo Tribunal de Brasil hizo una reflexión que, en mi opinión, trasciende e inspira más allá de las fronteras; dijo: ‘hay auténticos patriotas con diferentes visiones del mundo; nadie tiene el monopolio del amor a su país; cualquiera que piense diferente a mí no es mi enemigo, sino mi compañero en la construcción de una sociedad abierta y plural; con buena fe y buena voluntad casi todo es posible en la vida; la historia no es un destino que se cumple, sino un camino que se elige’.

Es así que, como mexicana, como demócrata, como una persona que ha dedicado su vida profesional a la justicia, a pesar de mis reservas y, sobre todo, mis preocupaciones en función de la sociedad a la que sirvo y que he expresado, además, reiteradamente, no puedo sino desear lo mejor para mi país. No quiero concluir sin reafirmar mi respeto y absoluto reconocimiento a mis colegas tanto de la Suprema Corte como del Consejo de la

Judicatura Federal, a las señoras magistradas y señores magistrados, a las juezas y a los jueces, a todo el personal jurisdiccional, administrativo y operativo, a todos los que somos trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial federal. También quiero reconocer a la sociedad, en particular, a los estudiantes que se han manifestado, que han marchado, que se han involucrado, alzando su voz en un tema crucial para la preservación del Estado de derecho.

El trabajo de cada uno es la mejor voz y lo que hace cada uno en la labor cotidiana por la justicia es su legado. La congruencia, la ética, el trabajo, la perseverancia, la excelencia y la dignidad son y serán la mejor carta de presentación ante el escrutinio de la historia. Muchas gracias.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: La señora Ministra Presidenta Norma Lucía Piña Hernández realizará la declaratoria de clausura. Atentamente, se invita a los presentes a ponerse de pie.

SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: ESTE PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DECLARA HOY, CON EFECTOS A PARTIR DE LAS VEINTICUATRO HORAS DEL VIERNES TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, CLAUSURADO EL SEGUNDO PERÍODO DE SESIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO.

Asimismo, convoco a las señoras Ministras y a los señores Ministros a la sesión pública que tendrá lugar el próximo seis de enero de dos mil veinticinco, a la hora de costumbre.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Para clausurar esta sesión solemne, atentamente se solicita a todos los presentes mantenerse de pie para entonar el Himno Nacional con el objeto de rendir honores a la Bandera, con la participación del Grupo Coral Ágape, la Orquesta de Cámara de Minería y el Coro de la Sinfónica de Minería.

CONDUCTOR DE SESIONES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, JOSÉ DE JESÚS CRUZ SIBAJA: En el marco de esta solemne conjunta de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con motivo de la realización de este segundo informe de labores de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se da este protocolo correspondiente a rendir los honores a nuestro Lábaro Patrio y entonar el Himno Nacional: el marco correspondiente del protocolo que se establece para esta sesión solemne conjunta de Plenos.

En unos momentos más, tendremos, precisamente, esta realización del protocolo y en el marco, como hemos señalado, de este segundo informe que se rinde, de acuerdo a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es el artículo 14, la fracción XI, de esta Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Y, en este momento, se encuentra todo dispuesto para continuar con esta sesión solemne. Damos paso.

(EN ESTE MOMENTO, SE ENTONA EL HIMNO NACIONAL) SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: La señora Ministra

Presidenta dará por concluida la sesión.

SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Gracias. Si gustan ustedes sentarse, por favor. Al haberse concluido el objetivo de esta sesión plenaria solemne, se procede a levantar la sesión.

(SE LEVANTÓ LA SESIÓN A LAS 12:05 HORAS)