Por Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
La Cuarta Transformación también llegó al Congreso, imponiendo un estilo de trabajo legislativo muy a modo de los intereses del Gobierno Federal, aunque eso implicara el desprecio a las prácticas democráticas. Inevitable retroceso. El estilo no es necesariamente novedoso. En las épocas de gloria del PRI, hace 50 años, era práctica cotidiana, pero la apertura democrática y, su consecuencia, la alternancia en el poder, la habrían de superar.
Resulta difícil imaginar que, en el nuevo milenio, transcurridos casi 20 años, se impondría, de nueva cuenta, la dictadura de las mayorías. Al grito de las mayorías mandan, las bancadas de Morena en las cámaras de diputados y de senadores, impusieron el sello de la casa en el ejercicio legislativo: rechazo al debate o cerrazón, procesos al vapor y aprobación de las iniciativas de Palacio, sin mover ni una coma.
Habría que agregar que las legislaturas LXlV y LXV, con dominio de Morena y sus aliados, no se significaron por la producción de iniciativas, convirtiendo al Congreso en una mera instancia de trámite para la aprobación de las propuestas del Ejecutivo Federal, principal y, prácticamente, único impulsor de proyectos de ley.
La rigidez del control del Ejecutivo sobre el Legislativo, inhibió la presentación de propuestas de ley de los legisladores del partido oficial, sin el visto bueno previo de Palacio. Y cuando lo hicieron, en contadas ocasiones, por cierto, fueron bastante desafortunadas porque en su zalamería llevaban la penitencia.
Siguiendo una estrategia política, el presidente López Obrador decidió que las 18 propuestas de reformas a la Constitución, enviadas al Congreso el pasado 5 de febrero, no se procesaran. De cualquier manera, se trataba de iniciativas que no podrían pasar porque los números de su bancada no le alcanzaban, al no contar con la mayoría calificada requerida para su aprobación. Solo él supo porque se anticipó para presentarlas, en un escenario que no le favorecía y porque decidió, más tarde, que no continuara el trámite legislativo.
¿Jugada de distracción, mantener presencia en tiempos electorales? Tal vez.
Lo que está claro, es que prefirió ir a la segura con reformas a leyes secundarias, cuya aprobación no tendría problema en ninguna de las dos cámaras. Modificaciones a preceptos legales incómodos porque ponen límites a los excesos de poder, tema que choca con los propósitos de la 4T. Y, otra vez, con el sello de la casa, ignorando a la oposición, con oídos sordos al debate, legislando al vapor y sin cambiar ni una coma, sus iniciativas se están aprobando a pocos días de que concluya el último período de sesiones de la actual Legislatura.
Desde hace tiempo, se sabía que para la 4T la bolsa de las Afores resultaba un gran atractivo, sobre todo cuando durante los cinco años de gobierno, había dado cuenta de los recursos de todos los fideicomisos, fondos y guardaditos que, durante varios sexenios, se constituyeron y respetaron para aplicarse a fines específicos. Al grito de no me vengan con fondos como los de Desastres Naturales o Gastos Catastróficos y otros cientos más, fueron eliminados con todo y sus presupuestos que acabaron en las obras emblemáticas de la 4T. Justificaron su desaparición porque había “mucha corrupción”, sin que a la fecha haya alguna denuncia o investigación.
Las Afores manejan sobre 6 billones de pesos, solo que ese dinero es de los trabajadores. Son sus ahorros para cuando se retiren de la actividad laboral. Difícilmente el gobierno podría tomar el control de esa cartera sin que se despertara el tigre social. Pero se dio un primer paso. Una reforma al Sistema de Pensiones para que el gobierno pueda disponer de las cuentas inactivas de trabajadores retirados de más de 70 años, cuya cartera asciende a 40 mil millones de pesos.
Esos recursos servirán, se dice, para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Institución a la que los trabajadores de más 70 años, con cuentas inactivas, podrán reclamar la devolución de sus ahorros. Lo que hará el Fondo, dependiendo de la disponibilidad de los recursos, según se lee en la iniciativa. Todavía ahora, los pueden reclamar a las Afores y éstas tienen la obligación de entregárselos de inmediato, sin el pretexto de la disponibilidad o no de recursos. Pero, a partir de esta reforma, ya no será así.
El objetivo de esta propuesta, dice la propaganda, es garantizar a los trabajadores un retiro con el 100 por ciento de su salario. Esa, es la buena noticia. La no tan buena, siempre y cuando su salario no rebase la cantidad de 16 mil 777 pesos mensuales, al día de su jubilación, que es el tope máximo que se compromete pagar el gobierno. Quienes ganen más, no están contemplados.
Por cierto, en el proceso legislativo para la aprobación de esta reforma, los morenistas pretendieron sorprender a la oposición al presentar un dictamen diferente al acordado en comisiones, en el que la confiscación de los ahorros se aplicaría, también, a las cuentas de los trabajadores en activo. Un error que les permitiría disponer del total de los fondos, 6 billones de pesos, en lugar de los 40 mil millones de pesos de las cuentas inactivas. Descubierto el supuesto “error humano”, el dictamen se reformó para quedar como originalmente se había acordado.
Los de Morena dicen que se hizo escándalo de un error humano. La realidad es que se trató de un error escandaloso, si es que no, de una frustrada artimaña morenista.
Abril 25 de 2024
