La República tiene 3 Poderes Constitucionales: Ministra Norma Lucía Piña Hernández

PALABRAS DE LA MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, PRESIDENTA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, CON MOTIVO DEL INFORME ANUAL DE LABORES

Ciudad de México, 14 de diciembre de 2023.- Honorables Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; señoras magistradas y señores magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Maestra Luisa María Alcalde Luján, Secretaria de Gobernación, quien acude en representación del licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; señora diputada Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Señoras y señores magistrados y jueces de Distrito; distinguidas y distinguidos invitados especiales, gracias por acompañarnos.

Me dirijo a ustedes en cumplimento del artículo 14, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece la atribución de la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de rendir, ante las y los Ministros, ante las y los Consejeros, un informe de labores al finalizarse el segundo periodo de sesiones de cada año.

Ministras y Ministros, Consejeras y Consejeros, en congruencia con lo que expresé en mis Líneas generales de Trabajo, desde el comienzo de mi administración he desempeñado este muy honroso cargo con la plena convicción de que soy su representante. No soy, ni el Poder Judicial de la Federación, ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni el Consejo de la Judicatura Federal, sino, insisto, la representante de todos y cada uno de los integrantes de estos cuerpos colegiados. Hoy reafirmo que la heterogeneidad en nuestra composición es nuestra fuerza.

Es por eso que, para 2023, en cumplimiento de la obligación de presentar un informe anual de labores a los integrantes de los cuerpos colegiados que represento, no puede ser una actividad personalísima, ni tampoco un documento que se limite a poner a disposición información pública. Por el contrario, debe ser un verdadero ejercicio de rendición de cuentas que muestre el trabajo diario que se realiza desde la judicatura federal, de frente a un proyecto de planeación estratégica que avanza hacia la consolidación de una impartición de justicia centrada en las personas.

He puesto todo mi empeño, desde el primer día, para construir sobre el dinamismo que provoca nuestra diversidad. Optando, en todo momento, por el bien del Poder Judicial de la Federación y de la totalidad de sus integrantes; por el bien de la sociedad a la que servimos, por el bien de la independencia judicial, que es el baluarte indispensable en un Estado constitucional y democrático de derecho.

Manifiesto mi mayor reconocimiento y agradecimiento a mis colegas Ministras y Ministros, Consejeras y Consejeros. Ha sido un honor caminar junto con ustedes este año.

Quiero agradecer también el esfuerzo de las 1,633 personas titulares de los 921 órganos jurisdiccionales, que desempeñan sus labores en los 32 Circuitos Judiciales en que se divide el territorio nacional. Mi reconocimiento, con especial gratitud, a los más de 50 mil servidores públicos que colaboran en los diversos órganos jurisdiccionales y en el Consejo de la Judicatura Federal y a los más de 3 mil 500 que prestan sus servicios en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sin duda el mayor honor, el mayor privilegio, la mayor responsabilidad de este cargo, es representarles. A título estrictamente personal, quiero agradecerles sus palabras, su resiliencia. Cada manifestación de apoyo de su parte es fuerza infinita y vital para mi persona.

Partiendo justamente de que la carrera judicial es uno de los pilares para lograrlo, la Escuela Federal de Formación Judicial desarrolla un nuevo perfil judicial con las más altas técnicas de calidad, humana y estándares técnicos a través de programas académicos de excelencia y de concursos caracterizados por su objetividad, transparencia, rigurosidad e imparcial.

La férrea defensa de esos principios solo la lograremos, en el día a día; con estudio, con reflexión, con acción, con autocrítica, con honradez, con prudencia, con empatía y fundamentalmente, con un profundo sentido de compromiso y responsabilidad en la edificación de una sociedad más justa, e igualitaria. La justicia no sólo pacífica el conflicto, también humaniza, edifica, y enaltece a la sociedad.

Entre nosotros entendemos muy bien que en la función jurisdiccional no buscamos aplausos. Nuestra guía es honrar y preservar la justicia. Impartirla con plena convicción, con excelencia, con la mayor firmeza, y con absoluta lealtad a nuestra Constitución. Ésta es nuestra convicción. Esta es la premisa que da sentido a nuestra vida profesional.

El Poder Judicial de la Federación, al emitir sentencias, no sólo imparte justicia, sino que se convierte en un catalizador de cambios sociales y culturales, todos ellos necesarios para alcanzar la efectiva materialización de los derechos humanos. Los expedientes no son únicamente papeles y archivos, sino que representan la vida de las personas. Tenemos la responsabilidad de situar a la sociedad y a sus derechos en el centro de nuestras decisiones, bajo los principios de independencia e imparcialidad que guían la actividad jurisdiccional.

Durante el año estadístico del que doy cuenta en el presente Informe, al sistema de justicia federal, constituido por Plenos Regionales, Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Colegiados de Apelación y Juzgados de Distrito, Centros de Justicia Penal Federal, Tribunales Laborales Federales y por el Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación ingresaron 1,493,712 asuntos, que sumados a la existencia inicial de 531,571 mil asuntos, arroja una carga de trabajo de 2,025, 283 asuntos.

Cada asunto es, en sí mismo, importante e involucra la tranquilidad, la seguridad de una o varias personas, y la resolución de cada uno de ellos significa un reto enorme para las personas impartidoras de justicia, quienes, alentados con la idea de servir a la sociedad, han logrado resolver durante este año cerca del 70% de la carga total de trabajo.

Las resoluciones de este Alto Tribunal también tienen un impacto directo en la vida de todas las personas. Desde el Máximo Tribunal se establecen los precedentes que guían la interpretación de las leyes en todo el país. Estas decisiones no sólo resuelven casos particulares, sino que también delinean los alcances de los derechos fundamentales que reconoce nuestra Constitución a cada una de las personas que habitan en la República Mexicana.

La Suprema Corte recibe más de 16,000 asuntos al año que, una vez analizados en su procedencia, la llevan a resolver, tanto en Salas como en Pleno, el fondo planteado en la gran mayoría de ellos.

Del 1 de diciembre de 2022 al 30 de noviembre de 2023, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se recibieron 16,405 asuntos, de los cuales 8,217 corresponden a amparos directos en revisión; 2,724 a expedientes varios; 994 a amparos en revisión; 934 a solicitudes de facultad de atracción; 837 a recursos de reclamación; 547 a controversias constitucionales; 406 a contradicciones de criterios; 231 a acciones de inconstitucionalidad, y 222 a solicitudes de reasunción de competencia; entre otros.

Durante el presente año, la Corte emitió precedentes relevantes sobre la protección de los derechos humanos de todas las personas, en especial, de los grupos en situación de vulnerabilidad. Estas resoluciones, este trabajo colegiado, refleja el compromiso de nuestro Tribunal con la defensa de la Constitución.

En particular, entre los asuntos más relevantes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió diversas acciones de inconstitucionalidad presentadas por partidos políticos, personas integrantes del Congreso de la Unión, y un organismo autónomo en contra de dos decretos que reformaron leyes en materia política-electoral.

Al respecto, el Pleno invalidó ambos decretos porque la mayoría del Congreso de la Unión incurrió en violaciones al procedimiento legislativo. A través de esta resolución, la Corte contribuye a la protección de la Constitución, la legalidad, el respeto a los derechos fundamentales y, principalmente y de forma relevante, al principio de deliberación democrática. Este criterio no es nuevo, desde hace más de 15 años, y en más de 30 ocasiones, la Corte ha sostenido que el respeto a las formalidades del proceso legislativo es esencial para que nuestro régimen sea verdaderamente democrático. Las fuerzas políticas van cambiando, así es, van cambiando con el paso del tiempo, las minorías pasan a ser mayorías y viceversa, pero este criterio de la Corte ha permanecido constante por más de una de década.

Entre en los asuntos más relevantes, destaca la declaratoria de invalidez del Pleno del decreto que ordenaba el traslado del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Se determinó que el artículo 21 constitucional ordena expresamente que dicha corporación sea civil y que su adscripción corresponda a la Secretaría del ramo de la seguridad pública, en este caso, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Por otro lado, este Alto Tribunal validó que el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales pueda sesionar con menos de cinco personas comisionadas presentes. Al determinar que el Senado de la República fue omiso en designar a las personas comisionadas para cubrir las vacantes del Pleno del Instituto, la Corte ordenó que dichos nombramientos se materialicen en el actual periodo ordinario de sesiones.

En otro asunto, al analizar las impugnaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron disposiciones del Código de Justicia Militar y se expidió el Código Militar de Procedimientos Penales, el Pleno invalidó diversos preceptos, estableciendo límites claros para evitar posibles violaciones a los derechos de las personas civiles.

El Tribunal Pleno, también invalidó el Acuerdo mediante el cual el Poder Ejecutivo Federal emitió la declaratoria de interés público y seguridad nacional de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México, lo anterior en atención al derecho de acceso a la información, rendición de cuentas y transparencia que rige todas las acciones gubernamentales de conformidad con nuestro texto constitucional.

En diversas sesiones, la Corte resolvió tres recursos de revisión en materia de seguridad nacional relacionados con la divulgación de información sobre aspectos relativos a las vacunas contra el virus del COVID-19. Al respecto, se determinó que divulgar los datos de identificación de los frascos de la vacuna, así como de los equipos de refrigeración para el Plan Nacional de Vacunación, no pone en riesgo la seguridad nacional. Se consideró que difundir información relacionada con el procedimiento para la autorización del uso de emergencia de las vacunas contra el virus contribuye a consolidar ejercicios democráticos en la ciudadanía, generando confianza en la población que va a ser inmunizada.

Velando por la protección continua de los derechos humanos de todas las personas, el Pleno determinó que es constitucional establecer el requisito de no ser persona deudora alimentaria morosa para acceder a determinados cargos públicos, pues esto tiene como propósito la protección del derecho fundamental de recibir alimentos.

El Pleno también invalidó diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal — hoy Ciudad de México— que excluían a personas con discapacidad visual, auditiva y de lenguaje de la posibilidad de acceder al otorgamiento de un testamento público abierto por medios electrónicos. También se determinó que, conforme a ciertos requisitos, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a solicitar el cambio de su acta de nacimiento para que corresponda con su identidad de género autopercibida cuando no se identifiquen con su sexo biológico.

Asimismo, este Alto Tribunal invalidó disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Hidalgo que establecían que los hospitales generales y regionales que traten a la población indígena deberían garantizar la asistencia de traductores de ciertas lenguas, sin considerar a las personas que hablan otras diversas a las contempladas por la norma. La Corte estableció que el derecho a la salud de las comunidades indígenas implica garantizar que cuenten con traductores en sus lenguas, que les asistan en las áreas de atención médica y trabajo social, y que su atención en los hospitales sea óptima.

Este es un muy somero recuento de algunos casos resueltos por las ministras y los ministros que conformamos el Pleno, me permito reafirmar, con orgullo, que nuestras resoluciones pueden cambiar la vida de las personas y permiten que nuestra sociedad sea cada vez más incluyente e igualitaria. Me atrevo a afirmar, sin temor a equivocarme, que somos conscientes de nuestra enorme responsabilidad.

Finalmente, en relación con los asuntos resueltos por las dos Salas de la Suprema Corte de los que, en su oportunidad, han dado cuenta los señores Ministros Presidentes, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alberto Pérez Dayán, en sus respectivos informes de labores, no me queda más que expresar mi mayor reconocimiento por su extraordinaria labor.

CENTRALIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. CONSOLIDACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

En las Líneas Generales de Trabajo se definió como eje rector de la función jurisdiccional, así como de la labor cotidiana al interior de la judicatura, la centralidad de los derechos humanos. El objetivo es que la protección de estos derechos humanos y la perspectiva de género permeen, no sólo en los asuntos que se resuelven día a día, sino también en todas nuestras acciones y decisiones. Son las personas, las comunidades y sus derechos la pauta que guía nuestra actuación.

A partir de lo anterior, se redistribuyeron las atribuciones de diversas direcciones en dos nuevas unidades administrativas: la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos y la Dirección General de Prevención, Atención y Seguimiento a Casos de Violencia de Género.

A través de la Unidad de Prevención, Atención y Seguimiento a Casos de Violencia de Género se transversalizó la perspectiva de género y el fomento de ambientes laborales seguros, libres de violencia y discriminación para las personas servidoras públicas.

A través del Programa de Prevención de Violencia de Género se impartieron cursos con el objeto de proporcionar conocimientos básicos sobre igualdad y no discriminación a la mayoría del personal.

Por otro lado, a través de la recién creada Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos, me enorgullece reportar uno de los cambios más destacados en el enfoque de fortalecimiento y garantía de los derechos humanos. Por primera vez hay en la Suprema Corte un área integrada por científicos dedicados a proporcionar apoyo especializado a las ponencias en casos de alta complejidad técnica como los relacionados con la protección de la naturaleza y el medio ambiente, la prueba de la discriminación o la violencia de género, los riesgos a la salud, o controversias que requieren una visualización clara del territorio y el uso sistemas de información geográfica, entre otros.

La Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos se conforma por direcciones especializadas sobre derechos de las personas con discapacidad, justicia ambiental y climática, justicia intercultural e igualdad de género. Estas direcciones trabajan en crear condiciones reales de accesibilidad e inclusión sustantiva para todas las personas con discapacidad, dentro y fuera de la Corte.

Trabajamos en erradicar las desigualdades de género, por ejemplo, impulsando un sistema de cuidados; en combatir el racismo contra las personas indígenas y afrodescendientes y en entender cómo debe verse realmente la interculturalidad en el acceso a la justicia.

Estas áreas se esfuerzan también en lograr un acceso efectivo a la justicia en asuntos ambientales, poniendo especial atención en la intervención de la judicatura para proteger a la naturaleza y la creación de un entorno propicio para quienes defienden el medio ambiente y los derechos fundamentales que dependen de la conservación de la naturaleza, y así para que estas personas puedan efectivamente hacer su trabajo.

Desde esta Unidad, a partir de la escucha cercana y el diálogo permanente con organizaciones sociales, víctimas de violaciones graves a derechos humanos, personas que las defienden e integrantes de la judicatura federal, creamos este año un Programa de Derechos Humanos, Justicia Penal y Género, enfocado en resolver los grandes retos que persisten para un acceso efectivo a la justicia. Entre otros, los relacionados con la evidencia científica para probar violencia de género, en casos de feminicidio.

Partiendo también de la centralidad de los derechos humanos y la consolidación de la perspectiva de género, la Defensoría Pública continúa consolidándose como el órgano del Poder Judicial Federal que brinda representación y asesoría a las personas más necesitadas a fin de garantizarles acceso a la justicia. A través de esta noble institución, nos encargamos de garantizar el derecho a la defensa pública y el acceso a la justicia a la población menos favorecida, de conformidad con los principios de gratuidad, probidad, honradez y profesionalismo.

En este periodo, se registraron cerca de 20 mil aceptaciones de defensa; se obtuvieron más de 7 mil resoluciones favorables en el sistema penal acusatorio. Se prestó especial atención a las personas privadas de su libertad y, para mantenerlas informadas sobre su situación jurídica, se realizaron 113, 769 visitas carcelarias. Por otro lado, a través de únicamente 315 personas asesoras que trabajan en todo el país, el Instituto otorgó más de 55 mil asesorías jurídicas mismas que, en un 70% de los casos, brindaron representación.

Finalmente, también en pleno compromiso con los derechos humanos y, en particular, con el muy relevante rol que se encomienda al Consejo de la Judicatura Federal en la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, hemos fungido como una instancia de coordinación que brinda servicios tecnológicos a las entidades federativas con el fin de garantizar las condiciones operativas del Sistema Nacional de Información Jurisdiccional y los Sistemas de Justicia Digital.

En el periodo que se reporta, el Consejo de la Judicatura Federal participó activamente en las tareas previas indispensables para la implementación de este ordenamiento, entre otros, a través de la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar, que coordina la Secretaría de Gobernación.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La actividad jurisdiccional y la administrativa forman parte de un mismo proceso integral y continuo que permite atender nuestro mandato constitucional de garantizar la separación de poderes, los principios democráticos y los derechos fundamentales en beneficio de todas las personas que habitan el territorio nacional.

El Poder Judicial Federal tiene la responsabilidad de administrar los recursos que tenemos siguiendo los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, sin poner en riesgo la función jurisdiccional. Sin embargo, nos encontramos en una situación sin precedentes en nuestra historia.

En esta nueva administración el Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han reafirmado su compromiso con el uso responsable de los recursos públicos, esta responsabilidad asumida ante la ciudadanía y expuesta por, primera vez, al escrutinio público en un diálogo abierto requiere honestidad, criterios técnicos, eficiencia, eficacia, orden y apego a los procedimientos administrativos en el ejercicio de los recursos con los que contamos.

La realización de análisis minuciosos en las áreas en donde ha sido posible la implementación de mecanismos transversales y articulados que permitan lograr este objetivo, ha implicado un esfuerzo institucional conjunto que ha permitido un ejercicio, no solamente oportuno, sino también racional de nuestro presupuesto.

La política de gasto y administración que actualmente llevamos a cabo se ha construido a partir del establecimiento de directrices precisas que vinculan directamente los procesos operativos con la labor jurisdiccional, se ha puesto especial énfasis en la incorporación de criterios técnicos que sustentan las políticas de racionalidad y razonabilidad del gasto y el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

Poniendo en el centro de las decisiones elementos fundamentales para la importante tarea de impartición de justicia, nos hemos regido por criterios como nuestro capital humano que es el activo más valioso con el que contamos, el combate eficaz a los actos contrarios a la integridad y la ética pública, así como otros elementos de planeación estratégica con un enfoque de largo plazo que permitan fortalecer los cimientos del Poder Judicial de la Federación para los siguientes años ha sido un propósito de esta administración.

Desde el año 2018, el Presupuesto del Poder Judicial Federal se ha reducido más del 23% en términos reales, aunado a que tenemos nuevas responsabilidades derivadas de reformas constitucionales y tratados internacionales en diversas materias. La viabilidad de continuar sirviendo la sociedad, de ofrecerle una justicia pronta, completa e imparcial —a la que tenemos derecho en términos de nuestra Constitución— está a prueba.

Ante este escenario, nuestra reacción es seguir adelante. Enfrentamos el reto que sabemos complejo con la entereza y los principios que nos guían. La adversidad no nos detiene. La impartición de justicia no se detiene. La impartición de justicia es y será, siempre, independiente e imparcial.

Sepan las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que sus derechos laborales, igual que los de todos los mexicanos y mexicanas, serán garantizados en términos de orden legal y constitucional que los ampara. Ustedes son el elemento fundamental para garantizar la justicia que México exige. Sin ustedes no podemos asegurarle a la sociedad que el ejercicio de sus derechos se sostendrá más allá de cualquier presión. Sin ustedes, no hay Poder Judicial Federal. Lo sabemos. Lo valoramos enormemente, estamos conscientes y orgullosos de su compromiso y responsabilidad.

ÉTICA Y RENDICION

DE CUENTAS.

En una sociedad democrática, las instituciones tienen la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía, especialmente del uso de los recursos públicos que les fueron conferidos, y de mostrar resultados tangibles, de manera transparente y accesible.

Por ello, esta administración ha asumido dos importantes compromisos: combatir frontalmente la corrupción mediante una política exhaustiva y transversal que permita prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos deshonestos y las faltas administrativas al interior de la institución; y ser, al mismo tiempo, un órgano transparente, que permita el pleno acceso a la información que genera, a las decisiones que adopta, a las políticas que implementa y a la gestión y aprovechamiento de sus recursos económicos, materiales y humanos.

Promover la legitimidad del Poder Judicial implica un esfuerzo institucional que debe incentivar el compromiso, la responsabilidad y el actuar ético de todas las personas que lo integramos. Por ello, hemos considerado a la Ética Judicial como una vía prioritaria para el combate a la corrupción pues mediante su adopción e internalización pueden prevenirse y disuadirse conductas deshonestas, contrarias a la responsabilidad que deben asumirse en los puestos públicos.

La política de cero tolerancia a la corrupción es un principio fundamental que desde hace mucho subraya nuestro compromiso firme con la integridad y la justicia en todos los niveles de la sociedad. Esto no solo es una declaración de buenas intenciones, es un mensaje claro: aquellos que participan en actividades corruptas enfrentarán consecuencias severas.

La cero tolerancia es un compromiso profundo e indispensable para la construcción de una sociedad más justa.

Como una acción destacada en este rubro y en términos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, este año se integró el Comité de Ética Conjunto del Poder Judicial de la Federación, integrado por los tres órganos: el Consejo de la Judicatura Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este Código es aplicable a todo su personal y tiene como propósito fortalecer en las personas juzgadoras virtudes cívicas como la independencia y la imparcialidad judicial, como principios fundamentales que deben guiar la actividad jurisdiccional a efecto de lograr una mejor importación de justicia y, correlativamente, aumentar la confianza de la población.

En el periodo que se reporta, por conducto de las Unidades Generales de Investigación de Responsabilidades Administrativas, se brindó asesoría para la presentación de quejas o denuncias por presuntas faltas administrativas de las personas servidoras públicas. Además, las quejas o denuncias recibidas se tramitaron con oportunidad, y se atendieron de manera prioritaria los casos de acoso laboral, acoso sexual y cualquier otra forma de violencia sexual y de género.

Derivado de los procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por la Presidencia, en sus respectivas competencias, y como muestra de nuestro compromiso de que las faltas administrativas cometidas por el personal serán castigadas, se impusieron 16 sanciones, que van, desde el apercibimiento privado, hasta la destitución e inhabilitación. Esta es solo una muestra de que estamos combatiendo la corrupción y el ejercicio abusivo de la función pública, pero también es una muestra de que en el Poder Judicial de la Federación la mayoría de las personas somos gente honesta, responsables y con compromiso.

En la misma línea, en las diversas unidades administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, se le ha dado tramite a la totalidad de las quejas o denuncias por probables hechos de corrupción o nepotismo atribuidos a personal de los órganos jurisdiccionales. Se tramitaron 553 solicitudes y requerimientos ministeriales relacionados con carpetas de investigación y averiguaciones previas; se depuraron 18 asuntos concluidos por la notificación del no ejercicio de la acción penal, y se presentaron 18 nuevas denuncias, de las cuales dos se concluyeron.

Para la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal la transparencia es un tema prioritario. Más allá de considerarla como la obligación de poner al alcance de la ciudadanía información administrativa y jurisdiccional relacionada con aspectos como la organización, funcionamiento, integración y atribuciones, se reconoce como una estrategia para fortalecer la confianza y la legitimación institucional.

En este contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus fideicomisos y el Fondo JURICA obtuvieron el 100% en el Índice Global de Cumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia previstas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en los lineamientos aplicables, como resultado de la verificación vinculante 2022-2023 realizada por el INAI.

Por su parte, el Consejo de la Judicatura Federal también logró un 100% de cumplimiento en las obligaciones de transparencia desde la primera revisión, sin requerimientos adicionales. Este logro demuestra el compromiso con los más altos estándares de publicidad, accesibilidad y rendición de cuentas.

Durante el periodo que se reporta, por conducto de la Unidad General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial del Alto Tribunal, se recibieron un total de 64,903 solicitudes de acceso a la información y derechos ARCO. La totalidad de las solicitudes fue atendida, y en el 95% de los casos, la información se entregó de manera inmediata.

En el Consejo se recibieron más de 8 mil solicitudes, de las cuales dio atención al 94%. Asimismo, el Consejo obtuvo el 100% de validación en el Programa de Evaluación Anual 2022- 2023 en seis vertientes relacionadas con principios, deberes y ejercicio de derechos ARCO, portabilidad, acciones preventivas en materia de protección de datos personales y responsables, todos ellos, en materia de protección de datos personales.

El somero recuento anterior —que puede consultarse con mucho mayor detalle en la versión impresa del Informe Anual que en estos momentos ya se encuentra a su disposición de ustedes y para todo el público— es el testimonio de que los órganos colegiados como los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal se definen e instrumentan a través de una estructura horizontal a partir de la cual la toma de decisiones se realiza por consenso de la voluntad de todos sus miembros a quienes, les reitero mi mayor gratitud y reconocimiento.

Señoras y señores, somos conscientes que como institución pública no estamos exentos de fallas, no reconocerlo sería un error, no reconocerlo sería incompatible con la obligación de rendir cuentas, propia de un Estado constitucional y democrático de derecho, no reconocerlo sería negar el necesario progreso y evolución de las instituciones y de quienes las integramos.

Reconocer y hacernos cargo de nuestras fallas y de nuestras debilidades es esencial para impulsar los cambios necesarios que mejoren el quehacer cotidiano de este poder del Estado, al pueblo de México servimos, a cada persona servimos, debemos ser más empáticos, más eficaces y tener una mayor proximidad con las personas, con la gente, porque ello es nuestra razón de ser.

La crítica siempre es bienvenida, nos ayuda a sensibilizar, a corregir y a mejorar, debemos incentivar la autocrítica con humildad, con altura de miras y con la mayor responsabilidad, conscientes de que no podemos fallarle a las personas que acuden al Poder Judicial Federal en busca de justicia.

En los últimos meses, el Poder Judicial Federal ha enfrentado retos sin precedentes. Ellos han obtenido como respuesta la demostración de la solidez y fortaleza, tanto de las instituciones que lo conforman, como de las personas que lo integramos. Los principios que rigen nuestra función han cobrado vida en los últimos tiempos.

En particular, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a quienes —desde los diversos ámbitos de nuestro muy variado mosaico nacional— han abogado incansablemente por la importancia de defender la Independencia del Poder Judicial Federal. Sus integrantes nos sentimos honrados al reconocer el apoyo excepcional que hemos recibido. Al mismo tiempo, sabemos que nuestra responsabilidad debe ser proporcional y es, también, excepcional.

Cada expresión de solidaridad, y también de crítica, son, en sí, valiosas. Constituyen elementos torales de la democracia y de nuestro Estado constitucional y democrático de derecho. Son la encarnación de la libertad. Es en la convivencia entre afinidades y diferencias, donde se materializa la plaza pública por excelencia. Ella es anhelo y mandato de nuestra Constitución.

La defensa de la independencia judicial de la que hemos sido testigos surge, no sólo del interior de quienes la vivimos en ejercicio de nuestras funciones, sino también de quienes, con el debilitamiento de la judicatura, con la deslegitimación de nuestra función social, ven amenazada la defensa de sus derechos, de su dignidad. Escuchamos las voces de quienes consideran que la división de poderes y la independencia judicial son valores democráticos inquebrantables para su vida cotidiana, para su tranquilidad, para la protección de lo que más aprecian en sus vidas.

Al mismo tiempo, como nunca, trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial de la Federación dejaron por momentos sus imprescindibles jornadas en la defensa del orden constitucional, para salir a defender sus propios derechos y, así, proteger los de la población. “Para protegerte, salgo a defenderme”, se leía en algunos carteles. Una leyenda que enarbola la razón del Poder Judicial Federal y que radica en un vínculo que brinda certeza a nuestro presente y garantizar la seguridad de un futuro con justicia social y que ello sólo es posible con la certidumbre vital de los impartidores de justicia.

Compañeras y compañeros del Poder Judicial Federal, hoy, la adversidad nos impulsa a demostrar públicamente la esencia de nuestra labor y a reafirmar nuestra convicción de servir a las y los mexicanos con profesionalismo, con excelencia, con integridad y, sobre todo, con un profundo sentido de responsabilidad. Ciertamente enfrentamos desafíos muy significativos, pero sé que nuestro compromiso, nuestra vocación, es suficientemente fuerte para superar las limitaciones y garantizar que la impartición de justicia prevalezca.

Trabajaremos con la mayor tenacidad de la que somos capaces para seguir defendiendo los derechos de todas las personas, sean mayorías o minorías. Trabajaremos, como siempre lo hemos hecho, incansablemente, para garantizar a la gente, no solo el pleno ejercicio de sus derechos, sino también para consolidar al Poder Judicial como contrapeso indispensable en un Estado democrático de derecho. Esta consolidación nunca cesa, la historia la va imponiendo.

Estos momentos de cambio exigen que saquemos lo mejor de nosotros mismos. No por medio de la obstinación, sino del diálogo. No por medio del sectarismo, sino de la inclusión. No por medio de las palabras, sino de los hechos. No por medio del protagonismo, sino de una participación activa y, sobre todo, colaborativa.

La independencia judicial no solo es una aspiración, es un pilar esencial de la democracia y la protección de los derechos. Hoy, la situación que se nos presenta en el futuro inmediato no solo pone a prueba al Poder Judicial, sino a los propios cimientos de una sociedad basada en los equilibrios democráticos y en el respeto por la ley. No podemos olvidar que la justicia no es un monopolio del Poder Judicial Federal, es una responsabilidad de Estado que incluye la seguridad, la procuración de justicia, el desarrollo social y el combate a la desigualdad.

El cambio que todos anhelamos en la justicia de nuestro país no solo está en manos del Poder Judicial Federal. Tampoco es exclusivo del Poder Ejecutivo, ni Legislativo Federales. Estamos ante una responsabilidad de Estado. Ante una responsabilidad compartida entre todas las autoridades de los distintos órdenes de gobierno. Se requiere convicción, pasión, conocimiento y recursos. Apostemos por trabajar en colaboración para garantizar el respeto a nuestra Constitución y a la integridad y dignidad de todas las personas.

Hoy, desde el Poder Judicial Federal continuaremos trabajando incansablemente para cumplir nuestro papel esencial en la salvaguarda del Estado constitucional y democrático de derecho. Nuestro equipo de más de 53 mil trabajadores seguirá participando en la construcción de un México en el que la justicia prevalezca y el imperio de la ley sea la piedra angular de nuestra sociedad. No daremos ni un paso atrás en la tutela de la dignidad de las personas. Nuestro único compromiso es con México. A él nos debemos.

Personalmente, mi compromiso indeclinable ha sido, es y seguirá siendo, tanto la defensa de la Constitución, nuestro pacto social fundamental, como la independencia del Poder Judicial Federal, el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad entre las mexicanas y los mexicanos.

Es nuestra labor congruente nuestra mejor voz; es la lucha por la justicia nuestro mayor legado; es la defensa de la Constitución y, por tanto, la defensa de cada persona, y de la sociedad a la que servimos, el mejor ejemplo de que somos dignos herederos de nuestra gran historia. Gracias.