“La Reforma al Poder Judicial es antifederalista “: Senador Dante Delgado Rannauro

SESIÓN ORDINARIA VESPERTINA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES,
CELEBRADA EL VIERNES 27 DE NOVIEMBRE DE 2020

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ÓSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

El Presidente Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar: Se pone a discusión en lo general.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Dante Delgado, para hablar en contra.

Ha solicitado se le respete el tiempo de diez minutos, y esta Presidencia le da el tiempo que ha solicitado.

El Senador Dante Alfonso Delgado Rannauro: Con su permiso, presidente del Senado de la República.

Compañeras y compañeros legisladores:

Tengo la responsabilidad de presentar el posicionamiento de Movimiento Ciudadano sobre la reforma constitucional, como debe hacerse en todas las reformas constitucionales.

Compañeras y compañeros Senadores:

Esta reforma tiene la más alta trascendencia para la vida pública nacional y para el Sistema de Impartición de Justicia, pero lamentablemente contiene elementos peligrosos para el futuro del país.

Es una reforma hecha sin inclusión, sin una visión republicana, presentada por el presidente de la Corte en una curiosa coalición con la Presidencia de la República, donde no se escuchó a jueces, magistrados y ministros, ni a especialistas, académicos, y los representantes de los sectores jurídicos del país.

Es una reforma que al interior del Senado ha tenido un paso accidentado. Después de la reiterada negativa de realizar un Parlamento Abierto se celebraron foros donde predominó la visión de los representantes del presidente de la Corte, ni fue abierto, ni fue parlamento, porque lo que hemos visto en las últimas horas es la cerrazón a aceptar propuestas de fondo para mejorar esta trascendente reforma constitucional.

Una reforma constitucional debe ser un momento político de profunda reflexión nacional, pero lo que hemos visto desde la confección de la iniciativa y hasta su dictaminación en el Senado ha sido precipitación e imposición.

Es una reforma que busca la concentración del poder y no del acceso a la justicia. Se plantean escenarios de empoderamiento indebido del presidente de la Corte, quien, al mismo tiempo, es presidente del Consejo de la Judicatura, pretenden que sea éste quien decida unilateralmente si proceden o no los recursos a revisión en amparos, y que ante su rechazo no proceda ningún medio de impugnación.

Además, se atribuye a un órgano auxiliar, como el Consejo de la Judicatura, atribuciones propias de un tribunal de Torquemada para doblegar a jueces y magistrados independientes, algo inaudito para los momentos críticos que hoy vive nuestra República, donde la independencia judicial debería ser inequívocamente garantizada.

Aunado a ello, se perdió la oportunidad de discutir una reforma de gran calado. Ese dictamen se queda corto y no se abrió la puerta para tratar temas fundamentales en materia de justicia como un nuevo mecanismo de designación de ministros y de consejeros de la Judicatura, se perdió la oportunidad de ver hacia el futuro y se rompió el equilibrio de poderes.

Es una reforma antifederalista con la que se corre el riesgo de cancelar la posibilidad de que las entidades federativas y los municipios presenten controversias constitucionales a decisiones que afectan sus competencias, principalmente en materia fiscal.

La controversia constitucional es un instrumento de defensa y un mecanismo de solución de conflictos entre órdenes de gobierno que no debe desdibujarse a través de un plumazo de nuestra Constitución.

Es cierto que se realizaron algunas precisiones gramaticales en ese apartado, pero eso no es suficiente para salvaguardar a cabalidad esta figura de defensa constitucional.

Hay que decirlo con claridad, este no es el momento de la vida nacional para mancillar una figura, como la controversia constitucional. Ante un gobierno federal, con claras orientaciones autocráticas, sería una irresponsabilidad cerrar las válvulas de escape que permitan solucionar conflictos entre órganos de gobierno.

Para dimensionarlo, si lo que hoy proponen estuviera vigente habría sido complicado para el gobierno de Jalisco, controvertir los acuerdos del gobierno federal en contra de las energías limpias o para los gobernadores de la Alianza Federalista la desaparición de fideicomisos.

Ahora pensemos en los municipios y en las entidades federativas que, además de perder los fideicomisos, ahora ven retenidos sus participaciones y no cuentan con un mecanismo eficiente y contundente para defenderse.

No podemos permitir que en el afán de quitarle carga de trabajo a la Suprema Corte se dejen en la indefensión a particulares y a otros órdenes del gobierno trastocando el Pacto Federal.

El Senado de la República, garante de este Pacto, no debería ser cómplice, ni participar en esta aberración política. Los supuestos cambios que se han realizado al dictamen en las últimas horas son insuficientes, algunos son intrascendentes, la mayoría son para corregir errores evidentes y huecos en la propia iniciativa, y algunos pocos han sido para atender, pero de manera ambigua y escasa, los temas sustantivos que estamos debatiendo.

Esto no debe de ser así, nuestra responsabilidad como legisladores debería ser la de dejar perfectamente a salvo esas herramientas jurídicas de defensa del federalismo y de autonomía del Poder Judicial, y no dejarlas en manos de la interpretación o la ambigüedad, y menos en el momento que vive México con un gobierno federal en su deriva autocrática, y un Poder Judicial amenazado en su autonomía. En medio de ello ahora tenemos un Poder Legislativo obsequioso.

Espero con franqueza que en un ejercicio de congruencia y responsabilidad la mayoría de los Senadores del PAN y del PRI rectifiquen su posición, o de lo contrario, en los hechos estarán disolviendo el bloque de contención que hasta hoy ha sido uno de los últimos diques para mantener el equilibrio de poderes en México.

Por todas estas razones, Movimiento Ciudadano no puede acompañar esta reforma que raya en un acto de rapiña constitucional donde se pretende trastocar el federalismo y los derechos de los particulares, donde se busca secuestrar al Poder Judicial, y no aportarle a las y los mexicanos herramientas reales de acceso a la justicia.

Esto debió haber sido un momento para pensar en el futuro de nuestro sistema de justicia; no para seguir actuando bajo la lógica de corto plazo.

Hoy se tenía la oportunidad de transformar el sistema y fortalecer la autonomía del Poder Judicial, y se decidió repetir el pasado, la concentración del poder, debilitar el federalismo y socavar la independencia judicial, cuando son tiempos que nos llaman y nos obligan a fortalecer el sistema de justicia en su conjunto.

Por todas estas razones, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano votará en contra de ésta malograda reforma.

Gracias, presidente.