Por Miguel Tirado Rasso
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A 24 semanas de que concluya el período del gobierno de la 4T y seis, de la fecha de la jornada electoral en la que se definirá el relevo del titular de la Presidencia de la República, contrario a la expresión popular, las cosas de Palacio no van despacio. Al menos no, en lo que toca a los trabajos en el Poder Legislativo, en donde la consigna es acelerar la aprobación de las reformas a leyes que constituyen el actual marco jurídico del país, cuya única falta son los límites que establecen a los excesos del poder. Algo que no va con la llamada cuarta transformación. Ahora se trata de reformas a la Ley de Amparo, a la Ley de Amnistía y al Sistema de Pensiones.
En el Congreso, la bancada del partido en el poder, en su último período de sesiones, mantiene la actitud de cerrazón al diálogo y al debate que la caracterizó durante los tres años de su ejercicio. ¿Para qué negociar con la oposición si se cuenta con una mayoría absoluta que le permite aprobar las iniciativas de Palacio, sin los fastidiosos debates? Además, tienen la instrucción de no cambiar ni una coma a los proyectos de ley enviados. ¿Y los errores y las violaciones a nuestra Carta Magna?, son detalles que no tienen la menor importancia (Arturo de Córdova, dixit).
La reforma a la Ley de Amparo, resulta inevitable verla como revancha del Ejecutivo en contra de la SCJN. Los fallos contrarios a iniciativas de Palacio, por su abierta inconstitucionalidad o por violaciones a la normatividad en su proceso legislativo ni se olvidan ni perdonan.
Habría que insistir en que la Corte, “es el Tribunal Constitucional de México…Su principal función es vigilar que las leyes y actos de autoridad se apeguen a la Constitución y no vulneren los derechos humanos de las personas”. Que en su papel de guardiana de la Constitución, garantiza la separación de poderes, el principio democrático y los derechos fundamentales de las personas. Puro neoliberalismo incensato.
Se trata de un tribunal de derecho, pues, pero en la 4T, en donde todo se politiza, las sentencias contrarias a los intereses del gobierno, no se les juzga por su juridicidad ni se admite la posibilidad de que sean consecuencia de fallas o errores jurídicos, “no me vengan con que la ley es la ley”. La interpretación morenista es que hay una intencionalidad política de la Corte, porque es enemiga del gobierno y busca boicotear sus programas.
En su arremetida, Morena va contra la Ley de Amparo (Arts 129 y 148). La principal y más efectiva herramienta jurídica con que cuentan los gobernados para defenderse, en última instancia, de los actos de autoridad que violen sus derechos humanos. “La finalidad del amparo es proteger al individuo contra los abusos del Poder, la de la suspensión, es protegerlo mientras dure el juicio constitucional,” dicta la doctrina (Ricardo Couto).
Y es, precisamente, contra esa protección a los gobernados, con la que este gobierno, en sus últimos estertores, quiere acabar. Su reforma impedirá a los jueces otorgar la suspensión de la norma impugnada, por lo que, mientras dure el jucio, continuarán su aplicación y, en su caso, los agravios al quejoso. Además, en el caso de los amparos que resuelvan la inconstitucionalidad de normas, las suspensiones que se otorguen no tendrán efectos generales. Esto es, que solo beneficiará a quien interpuso el amparo y a nadie más, aunque se encuentre en el mismo supuesto jurídico.
La reforma a la Ley de Amnistía plantea facultar al Presidente de la República a otorgar este beneficio de manera directa. Otorgar el perdón a delincuentes de cualquier calaña, narcotraficantes, violadores o secuestradores, cuando aporten información útil “para conocer la verdad de los hechos”. Un beneficio que resulta difícil entender, en particular para las víctimas del amnistiado. Una medalla para el Ejecutivo, que lo convierte en poderoso hacedor de favores.
La tercera reforma al Sistema de Pensiones, merece un comentario aparte. Por lo pronto, solo diremos que pone en riesgo los ahorros de toda la vida de los trabajadores al autorizar al gobierno a tomar el dinero de sus cuentas “inactivas” en las Afores.
Esta confiscación, que si no lo es, se parece mucho, irá a dar a un fideicomiso, una figura jurídica que la 4T abominaba y se encargó de eliminar desde el inicio de su gobierno (más de 100 fideicomisos y fondos fueron cancelados), alegando que no servían para nada, además de que “había mucha corrupción.”
Esperemos que, con la transformación, El Fondo de Pensiones del Bienestar, lugar de destino de los ahorros de los trabajadores, no vaya a correr la misma suerte del INSABI.
