Hacia una Reforma Migratoria Integral con Norteamérica

La política exterior mexicana en los últimos años, desafortunadamente, se ha movido más táctica que estratégicamente. Las acciones inmediatas de políticas públicas ejecutadas a diario carecen de una visión de largo plazo, o probablemente  sus gestores desconocen cuáles serán sus implicaciones. Por ejemplo, se abre prácticamente la frontera sur de nuestro país al tránsito ilegal de miles de migrantes centroamericanos, quienes con o sin apoyo viajan libremente por territorio nacional hacia los Estados Unidos, sin que nadie sepa si detrás de esa política hay una estrategia de largo plazo. Y si la hay, que la expliquen, porque de lo contrario muestran a la actual administración gubernamental como endeble, no sujeta a un estado de derecho.

Recientemente tuve una conversación con un académico norteamericano que en varias ocasiones me preguntaba. ¿Qué mensaje quiere mandar el gobierno mexicano al de Estados Unidos, dejando pasar libremente por su territorio a cientos de migrantes centroamericanos, mostrando el lomo de ese ferrocarril denominado “la bestia” atiborrado de indocumentados? ¿Quieren decir que en México el Instituto Nacional de Migración o las instituciones de derecho; poco o nada, les importa resguardar la soberanía? ¿Quizá le están mandando un mensaje al gobierno de Estados Unidos que la migración indocumentada no es un problema de México sino de ese país? ¿A lo mejor quieren decir qué por México puede ingresar quién sea con la anuencia de las autoridades? ¿O probablemente, que a México no le preocupa que grupos subversivos ingresen por su territorio? Aquí cabe la pregunta; ¿hay alguna colaboración de seguridad continental con Norteamérica?

Comenté que no tenía la menor idea de la estrategia de este gobierno con respecto a la apertura irrestricta de la frontera sur al paso de centroamericanos. Pero de lo que sí estaba seguro es que habrá consecuencias para nosotros  a múltiple escala. Sólo en el contexto de seguridad nacional se pueden generar los siguientes problemas: 1) incremento de la presencia en territorio nacional, de mafias transnacionales de trata de personas y grupos del crimen organizado controlando rutas de tránsito;  2) estructuración, con diversas modalidades, del comercio ilícito de migrantes indocumentados y expansión-proliferación de venta de documentos apócrifos de identidad nacional (actas de nacimiento, credenciales de elector, matriculas consulares, etc.); 3) presión social y de seguridad pública sobre diversas localidades del país; 4) interconexiones transnacionales entre pandillas locales con líderes de bandas centroamericanas, contacto entre integrantes de pandillas con grupos paramilitares; 5) incremento del tráfico hormiga de drogas y armas; 6) incremento de las enfermedades infecciosas (transmisibles) como la tuberculosis, hepatitis C, VIH-SIDA, dengue, etc. 7) aumento de las personas que deambulan mendingando por las calles de las localidades del país y que eventualmente se convertirán en “carga pública” sobre los presupuestos municipales y estatales.

Lo peor de esta mala decisión, la de permitir que migrantes centroamericanos utilicen nuestro territorio para ingresar a Estados Unidos ilegalmente, es que dificulta y complica las negociaciones hacia una reforma migratoria integral con el vecino del Norte.  ¿Cómo se puede pedir una reforma migratoria integral cuando se ejerce una fuerte presión migratoria ilegal de centroamericanos en la frontera sur del vecino del Norte? ¿Cómo se puede explicar la complicidad de las autoridades migratorias mexicanas para permitir que miles de indocumentados centroamericanos, quizá tres millones al final del año, hayan utilizado con toda libertad y con la complacencia de las autoridades el territorio nacional para transitar hacia Estados Unidos? Sólo para dar un ejemplo de esta intrincada situación, se aconseja leer la Sección 1324 del Titulo 8 del Código de Estados Unidos sobre Extranjería, Title 8, U.S.C. § 1324(a) y Subsection 1324(a)(2) y (a)(3), donde se indican con toda claridad las sanciones que corresponden a quien ayude y estimule la inmigración ilegal hacia Estados Unidos.

Tampoco puede argumentar las autoridades que están atadas de manos porque las reglamentaciones migratorias no les permiten detener el tránsito ilegal de indocumentados hacia Estados Unidos. Qué puede argumentar el Instituto Nacional de Migración (INAMI) para explicar tal laxitud y cómo puede la Secretaría de Gobernación justificar lo injustificable, que además dígase de paso, están obligadas a regular el movimiento migratorio de extranjeros.  No pueden justificar de ninguna forma haber contravenido los fundamentos jurídicos que les obligan a controlar la migración extranjera. Y sí, por el contrario, como lo están haciendo, incurren en graves responsabilidades. Los funcionarios que encabezan estas dependencias deberían ser sancionados, por lo menos ser inhabilitados para que no vuelvan a ocupar cargos públicos.

Me pregunto de qué argumentos se valdrán los altos funcionarios de Gobernación y del INAMI para justificar estas faltas al momento de hacer la entrega-recepción de sus oficinas al gobierno federal entrante. ¿Podrán ser lo suficientemente honestos para decir que incurrieron en graves violaciones de las reglamentaciones vigentes? Las autoridades que les reciban estarán en todo su derecho de hacer las observaciones correspondientes y anotar que estas entidades del gobierno federal violentaron todas las disposiciones legales contenidas en los artículos 55, 56 y 57 (sobre todo en materia de políticas migratorias) y Art. 63 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación; y, los artículos 7, 11, 12, 13, 40, 41 y 42 de la Ley General de Población y 1, 89, 90, 91, 93 (obligación de cumplir con las disposiciones de la Ley y su Reglamento) 94, 99, 100 (Fracc. IV, sobre todo), 105, y el Capitulo VI sobre las atribuciones y responsabilidades del Instituto Nacional de Migración.

Dejando este proceso como una agenda pendiente que tendrá que resolverse. Veamos cómo se puede lograr una reforma migratoria integral con los Estados Unidos.

APUNTES DE CÓMO SE NEGOCIÓ EN EL PASADO

UNA REFORMA MIGRATORIA

Resulta de utilidad conocer cómo el gobierno de México impulsó una reforma migratoria en los Estados Unidos, para que a partir de esa experiencia se pueda hacer algo semejante en la próxima administración que encabezará Enrique Peña Nieto. Doy algunas particularidades de lo que observé y fui parte. En 1984, en la Embajada de México, Sección Consular, en Washington, D.C., conformó uno de los equipos más consistentes en el proceso de cabildeo y negociación para lograr una reforma migratoria, como lo fue la IRCA de 1986, la cual permitió la legalización de más de tres millones y medio de connacionales indocumentados.

La denominada IRCA (Immigration Reform and Control Act), es producto de este interesante proceso. El entonces embajador de México, Jorge Espinosa de los Reyes invitó a su equipo, al embajador Alberto Becerra Sierra para que se hiciera cargo de la Sección Consular, y al Dr. Juan Barona Lobato para que encabezara la Agregaduría Laboral dependiente  de la Secretaría del Trabajo. El embajador Espinosa de los Reyes sabía que en la Embajada de México contaba con un equipo muy sólido y bien estructurado para impulsar las políticas públicas de política exterior. Pero para la reforma migratoria era necesaria otra estrategia. Se requerían otro tipo de esfuerzos y de personalidades. El cabildeo lo iban a manejar el embajador Becerra Sierra y el Dr. Barona Lobato, personas de amplia experiencia en el manejo de las relaciones con el Congreso, con los grupos de interés, con líderes de opinión y con asociaciones de trabajadores agrícolas. Además se promovió entre los grupos de interés la contratación del abogado S. Steven Karalekas; un lobista de gran talante y conocedor de todos los entramados de la política estadounidense, amigo personal de varios funcionarios del gobierno de Ronald Reagan y de algunos congresistas republicanos.

Entre los tres establecieron todas las modalidades de la estrategia tendiente a una reforma migratoria de gran magnitud que permitiera la legalización de millones de connacionales que en ese entonces vivían en la clandestinidad. Barona Lobato se encargó de hacer relaciones constantes con los liderazgos de asociaciones de agricultores, quienes tenían un gran peso político en sus localidades como la North Carolina Growers Association y  la Virginia Agricultural Growers Association. Estas asociaciones fueron fundamentales durante las audiencias que organizó el Congreso de Estados Unidos. Presentaban argumentos contundentes, de alto contenido informativo y muy bien estructurados. En la mayoría de las veces preparados por Steven Karalekas.

Recuerdo que en una ocasión el Sr. Hudson, presidente de la Virginia-Carolina Growers Association, dijo a los congresistas que le interrogaban durante una audiencia encabezada por Romano Mazzoli, “que mientras las compañías como la Ford llevaban sus operaciones al exterior para darle la vuelta a la escasez de mano de obra, él y sus agremiados no podían exportar sus parcelas agrícolas”.

Las actividades del Dr. Lobato eran constantes, abordaba la escasez de mano de obra en Estados Unidos y la importancia de la fuerza de trabajo mexicana cuando hablaba ante auditorios selectos de universidades, centros de pensamiento (Think Tanks), cámaras de comercio y  asociaciones al estilo de Heritage Foundation. Decía, recuerdo una de tantas ocasiones, que los norteamericanos no querían hacer el trabajo de las tres D´s, dirty, dangerous y difficult (sucio, peligroso y difícil) porque preferían que esas labores las hicieran los migrantes. Aseveraba que había un pacto velado dentro de la cultura norteamericana donde se aceptaba sin chistar que los trabajos de las tres D´s fueran realizados por los indocumentados. “Démosle  ahora el derecho de existir legalmente a quienes dan sus vidas y sus impuestos a este país”, decía Barona Lobato.

Por lo que corresponde al embajador Becerra Sierra acudía constantemente a reuniones con congresistas y staffers. Suministraba información vital sobre la circularidad de los migrantes mexicanos, manejaba con mucha soltura las teorías del push y pull tan de moda en esa época, los conceptos generales de la ética del trabajo, el valor económico de la mano de obra mexicana, el sentido familiar de nuestra nación, la compatibilidad de las culturas, la lealtad mexicana a las instituciones, la posibilidad de lograr a través de la inmigración legal compromisos de observancia del estado de derecho y el control de las fronteras,  y los beneficios binacionales detrás de una amnistía general a migrantes indocumentados.

Steven Karalekas, con un dinamismo poco usual, entre los norteamericanos acostumbrados a trabajar en un horario de 9:00 AM a 5:00 PM, hacía una labor ardua hasta en los fines de semana, cabildeaba entre amigos congresistas, líderes de opinión e integrantes del gabinete de Ronald Reagan. Karalekas, extraordinario abogado, fue capaz de visualizar con gran anticipación quienes eran los congresistas relevantes y más viables para llevar a cabo una reforma migratoria y aprobar la IRCA de 1986.

Desafortunadamente no hay el espacio suficiente para hacer toda la relatoría de cada uno de los pasos de ese extraordinario proceso, pero valga decir que las lecciones que se lograron con la reforma migratoria de 1986 aún subsisten. Los debates sobre la IRCA duraron varios años, prácticamente desde 1982 cuando el congresista Mazzoli y el Senador Simpson introdujeron la iniciativa de Ley al Congreso de los Estados Unidos. Yo tuve la fortuna de llegar a la Sección Consular de la Embajada de México en Washington, D.C., en marzo de 1982 y dejar la adscripción en 1988.

Por todo lo que este proceso encierra, estimo que se trata de una buena estrategia de política exterior hacia Estados Unidos, bien se podría nuevamente lograr una reforma migratoria integral. Pero será necesario primero atender los problemas internos antes descritos,  y  rehacer la imagen de nuestro país. No se puede lograr nada si no se resuelven rubros como la seguridad interna, el estado de derecho  y la institucionalidad de la nación. No se puede negociar una reforma migratoria integral cuando millones de indocumentados centroamericanos transitan libremente por nuestro territorio nacional. Sin el funcionamiento real de nuestras instituciones, el estado de derecho es letra muerta.

Por Jorge Navarro Lucio*

*Jorge Navarro Lucio, ha estado dos veces adscrito a la Embajada de México en Washington, D.C., como Encargado de la Protección de los connacionales, Jefe de Asuntos Fronterizos y Consejero de Asuntos Políticos.

Twitter: @jornalunam