Educación

Gobernadores del noreste firman con el Secretario de Educación Pública la Declaración Plan de San Luis por la Educación

Los gobernadores de San Luis Potosí, Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas acordaron impulsar cambios y acciones para cumplir con la obligación de garantizar educación de calidad.

Al firmar con el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, la Declaración Plan de San Luis por la Educación, determinaron unir esfuerzos en relación con las siete prioridades con las que se impulsa la Reforma Educativa.

Reunidos en el Mecanismo de Coordinación Regional SEP Zona Noreste, los mandatarios evaluaron los avances y retos que enfrenta la región en materia de educación, como parte de la regionalización acordada en el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

67-269Nuño Mayer expresó que para poder dar resultados en la educación, “necesitamos una cooperación muy estrecha entre el gobierno federal y los gobiernos de todas las entidades”.

Reconoció que, en la práctica, “podamos tener un federalismo educativo, cooperativo, mucho más eficaz”.

En el Centro de las Artes de San Luis Potosí, los gobernadores Juan Manuel Carreras, de esta entidad; Rubén Moreira Valdez, de Coahuila; Jorge Herrera Calera, de Durango; Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León, y Egidio Torre Cantú, de Tamaulipas, plantearon las condiciones características de su estado, para considerar soluciones a la medida.

En esta cuarta reunión regional del Mecanismo de Coordinación reconocieron los desafíos para asegurar el ejercicio del derecho de los mexicanos a recibir una educación de calidad, bajo los principios rectores de equidad e inclusión.

Hicieron diversos planteamientos sobre las evaluaciones del desempeño de los maestros; deserción escolar; eficiencia terminal; mercado laboral para egresados; equidad e inclusión; atención de infraestructura de escuelas, perspectiva de posgrados para los jóvenes, y cuestiones administrativas en la Secretaría de Educación Pública, entre otros temas.

Nuño Mayer y sus colaboradores respondieron a cada una de las inquietudes de gobernadores y secretarios de Educación de las entidades federativas, quienes expusieron casos sobre cada temática.

Reiteraron su pleno apoyo a la Reforma Educativa y a su implementación integral, en el marco de su compromiso con el estado de derecho.

Asimismo, acordaron cumplir en el ámbito de sus atribuciones, la Constitución y las leyes que regulan la política educativa.

En la Declaración Plan de San Luis por la Educación , plantearon apoyar las siete prioridades para avanzar en la Reforma Educativa, como fortalecer la escuela; avanzar en infraestructura, equipamiento de escuelas y materiales educativos; impulsar el Servicio Profesional Docente, con evaluaciones y capacitación; revisar planes y programas para un nuevo modelo educativo; avanzar en equidad e inclusión, y disminución  del rezago educativo; vincular educación y mercado laboral, y transformar administrativamente la Secretaría de Educación Pública.

El secretario de Educación Pública comentó que no hay mejor política social ni mejor política económica que la política educativa.

La educación, dijo,  será lo que permita que México sea un país más próspero, que sea un país más libre, que sea un país más justo.

Si un país tiene una educación de calidad, tendrá crecimiento económico y justicia social, así como mayor libertad. Y eso precisamente, es el empeño de la Reforma Educativa, planteó.

66-269El secretario de Educación Pública reconoció a los gobernadores porque con el Mecanismo de Coordinación  se pueden fijar prioridades comunes, y avanzar en ellas con objetivos, con metas que de verdad permitan que la Reforma Educativa avance más rápido en todo el país y  se logre el objetivo común de que sea una prioridad.

En la reunión se planteó la importancia de formar a los maestros en lo relativo a la cultura y al patrimonio nacional del país.

Asimismo, se indicó que debe promoverse la lectura en escuelas, y avanzar en la digitalización.

Los gobernadores comprometieron reunirse cada cuatro meses o cuando por causas de fuerza mayor sea necesario, para dar seguimiento puntual a acuerdos e indicadores.

 

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