Fundamenta el PRI la defensa legal de su victoria electoral del 10 de Julio: Pedro Joaquín Coldwell

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), senador Pedro Joaquín Coldwell, informó que se presentó en el IFE acompañado del senador Jesús Murillo Karam, coordinador Jurídico de la oficina del candidato ganador Enrique Peña Nieto, donde hizo entrega del escrito de tercero interesado ante las impugnaciones presentadas por el Movimiento Progresista respecto a la elección presidencial con lo que inició la defensa legal de su victoria electoral del 1º de julio.

El presidente del PRI definió la postura del Partido al dar lectura al documento que se presenta a continuación:

El 1° de julio, México vivió una auténtica fiesta democrática. Por primera vez en nuestra historia, más de 50 millones de ciudadanos manifestaron su voluntad en las urnas (63.34% de la lista nominal).

Fue un proceso electoral plenamente ciudadano. Entre funcionarios de casillas, observadores y representantes de los partidos, más de 3 millones de ciudadanos organizaron, cuidaron y certificaron la elección.

Los partidos políticos tuvieron representación en el 99% de las casillas. Fue un proceso electoral que despertó el interés del mundo. Participaron 696 observadores de 69 países, que acreditaron la solidez y transparencia de nuestro régimen democrático.

El voto de los mexicanos fue informado y razonado. La mejor evidencia de ello es que fue diferenciado. Un considerable número de electores votaron por un partido para Presidente, y por otro para Senadores o Diputados o Gobernador, Presidentes Municipales y diputados locales.

En el Distrito Federal, el candidato a Jefe de Gobierno de la izquierda logró 63% de los votos, en tanto que López Obrador obtuvo 10 por ciento o 462 mil votos menos, y su propia votación en la elección presidencial bajó 239 mil votos respecto de los 2.8 millones que consiguió en 2006.

Se trató, de un voto razonado que prefirió que se compartieran las responsabilidades del poder democrático. Un voto razonado que premió y castigó también a distintas instancias gubernamentales.

Los mexicanos deberán estar orgullosos por haber sido parte del proceso electoral más limpio y con mayor participación ciudadana de nuestra historia.

En un hecho sin precedente en materia de certeza y transparencia, el IFE abrió y recontó voto por voto 78 mil 469 paquetes (54.8% del total), sin que se modificara la tendencia.

El cómputo distrital ha confirmado que la Coalición Compromiso por México, encabezada por Enrique Peña Nieto, logró el triunfo con 19 millones 200 mil votos; 3millones 329 mil más que el segundo lugar.

No obstante la amplitud de este margen, hemos manifestado nuestra aceptación a que se abran todos los paquetes, si así lo solicitaren los partidos impugnantes ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Aún así, habrá quienes no estén de acuerdo con los resultados. Afortunadamente, nuestra democracia cuenta con instituciones para dar cauce y resolver las diferencias y las quejas que resultan del propio proceso electoral federal.

Cualquier reclamo deberá transitar al Poder Judicial de la Federación, donde habrá oportunidad de valorar la veracidad de sus dichos y pruebas.

El IFE ha cumplido a cabalidad su función dentro del proceso electoral. Confiamos en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hará lo propio y será respetado el voto razonado de millones de ciudadanos.

DEFENSA LEGAL:

Precisamente para respetar la decisión ciudadana del 1º de julio, la Coalición Compromiso por México presentará esta tarde su defensa legal.

Para despejar cualquier duda, para defender la legalidad y a las instituciones, hoy vamos a iniciar la defensa legal de nuestra victoria electoral del domingo 1° de julio.

Estamos listos no sólo para defender nuestro triunfo y los más de 19 millones de votos que nos confiaron los ciudadanos, sino el voto y la decisión de 50 millones de mexicanos.

No vamos a permitir que se acuse de corruptos a millones de ciudadanos, por el simple hecho de haber votado en secreto, en libertad y con dignidad.

La Coordinación de Asuntos Jurídicos, a cargo del Senador Jesús Murillo Karam, así como el grupo de especialistas que lo está apoyando, presentarán toda la información y las pruebas concretas que acreditan la validez de nuestro triunfo electoral.

Con respecto a las acusaciones y mentiras que ha presentado el Movimiento Progresista, me permito hacer las siguientes precisiones:

Primera Mentira: Supuesto Rebase del Tope de Gastos de Campaña.

Desde el inicio de la campaña, la Coalición Compromiso por México solicitó la auditoría anticipada de sus gastos. Fuimos los únicos que así lo hicimos.

Las autoridades competentes cuentan y seguirán contando con toda la información que confirma que no se rebasaron los topes de campaña.

Segunda Mentira: Supuesta Inequidad en Medios Electrónicos.

Todos los candidatos tuvieron abundante acceso a los medios de comunicación, y lo siguen teniendo ahora.

La Reforma Electoral de 2007-2008 reguló estrictamente el acceso equitativo a los medios electrónicos.

Además, el monitoreo realizado por la UNAM demuestra que hubo equidad en la cobertura.

En todo caso, al candidato presidencial perdedor, le molesta la diversidad de los medios; quisiera que todos estuvieran exclusivamente a su servicio. Ya vimos que si lo apoyan, son medios “progresistas”, pero si lo critican, son “colonizantes”.

Es insultante para los mexicanos argumentar que los medios tienen el poder para imponerle un candidato a los votantes.

Tercera Mentira: Supuesta Manipulación de Encuestas.

El Movimiento Progresista denunció el supuesto uso de las encuestas para manipular a la opinión pública. Sin embargo, todas ellas previeron el orden final de los candidatos, así como el crecimiento que el Movimiento Progresista tuvo a lo largo de la campaña para quedar en segundo lugar.

Las empresas encuestadoras han ofrecido explicaciones técnicas sobre la diferencia de sus diagnósticos con respecto a los resultados finales. Es impensable que todas ellas se hubieran prestado a la manipulación.

Cuarta Mentira: Supuesta Compra y Coacción de Voto.

López Obrador se ha obstinado en reclamar la compra de 5 millones de votos, una cifra acomodada al tamaño de sus necesidades.

Esta acusación es falsa y cae por sí sola. Equivale al absurdo de que uno de cada diez votos hubiera sido comprado. Habría millones de testigos, cuando lo único que hay, son 50 millones de electores que ejercieron sus derechos políticos con dignidad.

Contrario a lo que López Obrador afirma, en las últimas dos décadas se ha fortalecido el marco institucional para limitar las prácticas antidemocráticas y así preservar la autenticidad y libertad del voto.

Acusaciones como las que implican al Grupo Soriana son falsas. Sus propios directivos han aclarado que las tarjetas presentadas forman en realidad, parte de un programa de puntos y descuentos, vigente desde 2010, para los trabajadores a los que no se les puede depositar dinero.

No sólo eso, el propio directivo recordó que durante la administración de López Obrador, Soriana emitió tarjetas donde los adultos de la tercera edad recibían depósitos de las pensiones que otorgaba el Gobierno del Distrito Federal.

Quinta Mentira: Supuesta Intervención de Gobernadores.

La denuncia afirma también, que los gobernadores priistas fueron claves en la compra de voto. Esto es falso. Si así fuera, ¿cómo explicar que el PRI no ganó en Nuevo León, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, estados gobernados por militantes de nuestro partido?¿Cómo explicar también, que Enrique Peña Nieto ganara en la mitad de los estados gobernados por miembros de otros partidos políticos?

Argumentar que el Estado de México supuestamente tenía una cuota de 2 millones 900 mil votos, es tan falso e insultante para los mexiquenses, como sería para los capitalinos decir que el Jefe de Gobierno del DF cumplió con una cuota de 2millones 569 mil sufragios para el candidato de la izquierda.

Sexta Mentira: Supuestas Estructuras Paralelas de Financiamiento.

En el caso particular de Monex, los propios directivos de la empresa han negado categóricamente la existencia de esquemas de financiamiento paralelos que lo relacionen con los partidos políticos, asimismo le ha presentado a las autoridades competentes la documentación que lo demuestra.

Sobre este particular, afirmamos lo siguiente:

El origen de todos los recursos de campaña es lícito.

Nos ajustamos estrictamente a los topes de campaña que marca la ley.

La aplicación de los recursos se llevó a cabo conforme al marco legal y no se desviaron para compra de votos como falsamente se nos imputa.

El PRI niega categóricamente todas las acusaciones que se han realizado sobre este tema. Tal y como se demuestra en el escrito que se está entregando a la autoridad electoral.

El contraste entre la magnitud de las acusaciones y la pobreza de las pruebas del Movimiento Progresista, deja en evidencia que no hay interés en que se actúe conforme a la ley, sino lo que se busca es contar con una justificación mediática para que su excandidato siga vigente.

El único fraude en esta elección es pretender invalidar sin pruebas y sin razón legal, el voto legítimo, libre y secreto de más de 50 millones de mexicanos.

Por eso, hacemos un llamado a todos los actores políticos a que nos sometamos al imperio de la Ley y a las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Los priístas acudimos al proceso electoral, con una auténtica determinación para enfrentar los desafíos del país, y convocar a los mexicanos a luchar para superarlos juntos.

Es la hora de construir. El PRI demostró su vocación democrática al reconocer el triunfo de sus adversarios en los años 2000 y 2006. En consecuencia, hoy demandamos el mismo comportamiento democrático de quienes se rehúsan a reconocer los resultados avalados por las autoridades electorales.