Estados Unidos en su trinomio de las contradicciones

Por Jorge Navarro Lucio

Tres elementos recurrentes afectan la política exterior de Estados Unidos desde hace décadas: la industria armamentista, las acciones encubiertas y las relaciones bilaterales de seguridad nacional. Estos tres rubros debieran ser considerados de manera conjunta, pero se separan o se unen de acuerdo a consideraciones estratégicas o de supervivencia de las políticas públicas tanto internas como externas de Estados Unidos. En estos momentos se considera fundamental para la política interna de Estados Unidos sobreproteger las unidades económicas que crean empleos, no importa si para ello se tenga que acelerar el crecimiento económico de la industria armamentista letal. Pero, no es fácil mantener una industria en auge sin tener el mercado de venta tanto interno como externo. Para ello, se aducen justificaciones de todo tipo desde las legales (la segunda enmienda constitucional –el derecho a poseer armas de fuego-) hasta las ilegales (acciones encubiertas que el senado rechazó desde la operación Irán-Contras) y por ende se afecta la política exterior del país en el terreno de la seguridad (afecta el equilibrio de fuerzas y acuerdos bilaterales).

En un artículo publicado por la revista Fortune intitulado  “America’s hottest export: Weapons” (feb. 11, 2011) se aborda de manera explícita los detalles de la venta de armas y accesorios a distintos países del mundo con el supuesto afán de lograr la estabilidad y la paz mundial. Para Medio Oriente, en los últimos dos años, las ventas de armas a Egipto, Arabia Saudita e Irak ascendieron a más de $100 mil millones de dólares. El Departamento de Defensa, el año pasado, le informó al Congreso sobre sus planes de vender hasta $103 mil millones de dólares en armas a compradores extranjeros, esto significa, entre 1995 y 2005, un aumento en promedio de $13 mil millones dólares al año en armas mortales. El informe al Congreso no estipula con claridad si ese monto significa sólo contratos supervisados plenamente y abiertamente por el Departamento de Estado.

Según cita la revista Fortune, el analista de Deutsche Bank, Myles Walton, indica que los acuerdos firmados por el Departamento de Defensa se han triplicado desde el año 2000 sin disminuir durante la administración del presidente Barack Obama. Ello significa que las ventas de productos letales se han ido incrementado de manera sorprendente y no como se creería que las fábricas de armas estaban a punto de quiebre o que cerrarían cuando en realidad están trabajando a plena capacidad para satisfacer la demanda creciente. El F-15 de Boeing es un buen ejemplo de un producto que está siendo impulsado de manera sorprendente por Arabia Saudita, un gobierno que supuestamente es amigo de Estados Unidos, cuyas compras de estos artefactos se mantiene de forma ascendente en los últimos años.

Hay otros países que están comprando aviones, helicópteros y armamento de segunda mano. Una forma de Estados Unidos de renovar sus inventarios. Vende mercancía usada u obsoleta y compra lo más moderno que ofrecen las industrias bélicas privadas. Por ejemplo, Pakistán se ha comprometido a comprar aviones F-16 de segunda mano y, dentro de otras iniciativas y acuerdos, se vende armamento a países amigos; armamento que en la mayoría de los casos es obsoleto. La parte que quizá sorprenda a muchos es el énfasis que en las armas ha puesto la administración de Barack Obama, cuya oposición a la guerra fue una de las razones por las cuales los votantes norteamericanos, y de cierta manera la opinión pública mundial, lo prefirieron en lugar de McCain que supuestamente seguiría las políticas bélicas de George Bush.

Obama ha hecho acuerdos bélicos con la India por unos cuatro mil millones dólares y trata de hacer más maleables las normas de exportación de armas para impulsar las ventas al mundo. Esta políticas públicas del ejecutivo, según expresan los analistas, pudieran erosionar aún más los requisitos de control y pondrían en peligro las normas de seguridad. Pero el meollo del asunto es que las ventas no sólo se han incrementado a nivel internacional sino también en el plano nacional debido a la gran demanda del Pentágono, cuyo presupuesto de defensa para 2011 es de 725 mil millones dólares, un cifra muy cercana al producto interno bruto de México.

Hay varias preguntas que saltan después del análisis de estos datos duros. ¿Por qué esta gran demanda y por qué tanta ayuda a Medio Oriente? ¿Por qué a India y a Pakistán a la vez, si ambos están con mucha frecuencia al borde de la guerra, tienen tal animosidad que pueden desequilibrar el orden de la región? La razón para esta ayuda, dicen los estrategas, es la de combatir el terrorismo. También hay razones preventivas que aducen como la lucha contra aquellas naciones que por una razón u otra han iniciado planes o programas nucleares como Irán o Corea del Norte. Y también cuando por razones de apoyo a socios estratégicos se les tiene que brindar la suficiente fuerza de Estado para aniquilar a las bandas criminales que amenazan su estabilidad como es el caso de México, Colombia o Guatemala. Cuando se anuncian políticas públicas de ese nivel los vendedores de armas estadounidenses van a Nueva Delhi, Islamabad o a Riad o cabildean en el Congreso para que se etiqueten programas de apoyo militar a otros países. En 2007, año en que se anunció el acuerdo con Arabia Saudita los Estados Unidos aumentaron su ayuda militar a Israel, en un 25 por ciento anual, a 3 mil millones de dólares. En octubre pasado, justo antes del anuncio de la venta de F-15 a Arabia Saudita, Israel ordenó 20 aviones F-35, Lockheed calificados como número uno en combate aéreo.

La justificación detrás de todas estas estrategias es que Estados Unidos debe salvaguardar su interés nacional, cumplir con el mandato de la Segunda Enmienda de la Constitución y fortalecer el Estado-nación de países amigos y socios estratégicos. Aún cuando muchas de estas políticas ponen en peligro su propia estabilidad.

En aras de salvaguardar la constitucionalidad y el estado de derecho, las calles de los suburbios marginados de Estados Unidos se han convertido en campos de batalla entre pandillas criminales que tratan de controlar las plazas de venta de estupefacientes u operación de giros negros. La región de Medio Oriente, Este de Asia está cada vez más próxima a guerras más intensas. La frontera con países amigos se han convertido en centros de batalla que trastocan el comercio transfronterizo ordenado.

Y peor aún para poder controlar lo incontrolable están ahora, las autoridades de agencias de Estados Unidos, estableciendo operaciones encubiertas supuestamente para detectar dónde, quiénes y cómo están comerciando con armas letales de todo tipo. A pesar de que las operaciones encubiertas están prohibidas desde lo sucedido en el polémico caso Irán-Contras.

Este escándalo político como se recordará, ocurrió en 1985 cuando Robert McFarlane, director del Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por sus siglas en inglés), autorizó la venta de armas a Irán en un intento por lograr la liberación de rehenes norteamericanos detenidos en el Líbano por parte de grupos terroristas pro-iraníes. El acuerdo contravenía la política exterior establecida con respecto a tratos con terroristas y la ayuda militar a Irán. El plan se dio a instancias de Oliver North, miembro del Consejo de Seguridad Nacional, y con la aprobación de John M. Poindexter. Se descubrió que parte de los $48 millones de dólares pagados a Irán por armas se desviaron a un grupo pro norteamericano que luchaba contra los sandinistas nicaragüenses en el poder. Se violó con este acto en forma directa una ley de 1984 que prohibía la asistencia a terroristas. Una investigación del Senado dio lugar a la condena de Oliver North y Poindexter por cargos de obstrucción de justicia y delitos conexos, aunque sus condenas fueron anuladas posteriormente como consecuencia de negociaciones extrajudiciales. Otorgaron testimonios e información sobre la operación encubierta. Todos los funcionarios condenados funcionarios y procesados, entre ellos el secretario de Defensa Caspar Weinberger, fueron absueltos por el presidente George H. Bush, el 24 de diciembre de 1992, tras su derrota a la reelección.

Hoy en día existen más de una ley que obliga al Ejecutivo a informar al Congreso y al Senado, a los Comités de Inteligencia, con antelación de las acciones encubiertas en aras de una supuesta investigación o acciones de inteligencia clandestina. En ciertos casos especiales la ley permite las acciones encubiertas en el exterior cuando se ‹›avise de manera oportuna” a ocho líderes legislativos. Aunque el término “oportuno” no se ha definido por la ley. Por eso quizá la operación “rápida y furiosa” ejercida en México no se haya avisado con antelación hasta que un agente estadounidense informó  que la operación se había salido de control. O quizá, porque una investigación más profunda sobre el asesinato de un policía de Inmigración y Aduanas que operaba en México, Jaime Zapata, hubiera puesto al descubierto esta operación. Pero el dato duro es que la Administración no dio aviso al Congreso previamente sobre esta operación, a pesar de que se pusieron en manos de las bandas criminales, que operan en México, más de dos mil armas de asalto y de alto calibre. El Congreso de Estados Unidos no fue notificado con “oportunidad” de que la operación “Rápido y Furioso” había permitido a grupos criminales introducir a territorio mexicano 2 mil armas, con la complacencia de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas a (ATF, por sus siglas en inglés). Peor aún, si el objetivo era detener el tráfico de armas a México por qué no se ejerció el principio de responsabilidad compartida de acuerdo al espíritu de la Iniciativa Mérida, dado que la idea de ésta es trabajar para fortalecer la cooperación bilateral en la materia.

Queda claro que la prioridad en materia de seguridad, ratificada por ambos países, el pasado 3 de marzo, en Washington, fue trastocada por el plan encubierto de Rápido y Furioso. El gobierno de Estados Unidos llevó a cabo esta operación en territorio mexicano, a espaldas del gobierno federal, se trata de una clara intromisión en la soberanía nacional y muestra que el vecino del norte está dispuesto a todo, incluso a violentar sus propias leyes, los acuerdos internacionales en aras de sostener la industria bélica y militar que según dicen: asegura empleos a los norteamericanos.