“En defensa del INFONAVIT”: Víctor García Lizama

Por el Lic. Mauro Jiménez Lazcano,

Director General de la Revista Macroeconomía

Víctor García Lizama fue el primer Delegado General del INFONAVIT en los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas; y el segundo delegado en Oaxaca. Fue jefe del departamento de Supervisión de la Construcción de las viviendas financiadas por el INFONAVIT; y después de desempeñar el cargo de Director General de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercios, Servicios y Turismo, lo que le permitió ser Asambleísta del Instituto, desempeñó el cargo de Director Sectorial Empresarial dentro del INFONAVIT. Asimismo, creó el Grupo de Fundadores del INFONAVIT, del cual fue su primer presidente.

En razón de lo anterior lo buscamos para hacerle algunas preguntas en ocasión a las reformas que se discuten en el Congreso de la Unión sobre los objetivos y organización del INFONAVIT.

¿Cuál es el motivo de la creación del Infonavit?

La Constitución Política de nuestro país establecía la obligación de los patronos de otorgar en determinadas circunstancias y condiciones viviendas a los trabajadores, obligación que no había sido posible satisfacer en condiciones razonables y que, por lo tanto, solo en algunos casos se cumplía.

El presidente Echeverría, al tomar posesión de su cargo, elaboró una lista de diez temas fundamentales que, dentro de la aspiración de justicia social y del desarrollo económico del país, debían ser atendidos prioritariamente. Uno de estos temas era el relativo al de la vivienda tanto para los trabajadores dependientes de un patrón como para los independientes.

La Comisión de la Vivienda, integrada por miembros de los sectores obrero, empresarial y del gobierno, al estudiar el tema se dio cuenta de que tenía que crear una institución de la República con sentido de justicia social y solidaridad, cuyos términos fueran viables y evitasen expectativas desmesuradas y metas incumplibles.

Fue así que, con el visto bueno del gobierno, la Comisión acordó crear el INFONAVIT como un organismo en el que participarían todos los involucrados: patronos, trabajadores y gobierno. Los dos primeros a través de sus agrupaciones sociales.

Pero la participación referida debía ser, consideraron, en igualdad de circunstancias, de autoridad y de responsabilidad, no obstante que, como se trataba de cumplir una obligación patronal, sólo este sector pondría los recursos que hicieran viable a la institución.

¿De qué recursos está usted hablando?

Los patrones aportarían al INFONAVIT, por cada uno de sus trabajadores y en beneficio de estos, el equivalente al 5% del importe mensual de los salarios asignados a sus empleados, sin que, insisto, los trabajadores tuvieran que aportar un solo peso para la constitución del Fondo.

Se trataba de crear un fondo para las viviendas de los trabajadores con la exclusiva aportación de sus empleadores, de tal manera que este hecho dio vida al nombre mismo de la nueva institución: Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT).

¿Y qué se haría con esos fondos?

Esos fondos, propiedad de cada uno de los trabajadores a cuyo nombre se aportarían, constituirían una masa económica muy importante al ser representativa del 5% de la nómina nacional de los trabajadores cuya relación laboral se regula en el apartado “A” del artículo 123 constitucional. El Fondo, se previó, sería cuantioso, de tal manera que permitiría, por un lado, financiar la construcción de vivienda y, por el otro, financiar la adquisición en propiedad de esas viviendas por los trabajadores titulares de los recursos.

Y si un trabajador tuviera su vivienda propia o un terreno en donde construir su vivienda; o su casa estuviera hipotecada, o requiriera reparaciones o ampliaciones, ¿se le ayudaría a atender estas limitaciones al disfrute de su propiedad?

Sí, también el Fondo podría autorizar otorgarle créditos a los trabajadores derechohabientes que los requirieran para atender estas cuestiones.

Y si el trabajador no requiriera del financiamiento del INFONAVIT, ¿qué beneficio tendría para él la creación del Fondo?

En este caso, el Fondo de cada trabajador le sería entregado, con sus rendimientos, al retirarse definitivamente del trabajo o a sus herederos en el caso de fallecimiento, de acuerdo con las normas que al respecto se dictaron. Lo importante es que el dinero que aportan los empresarios a la cuenta individual de los trabajadores, con sus rendimientos, son propiedad de cada uno de ellos y de nadie más y, por lo tanto, tarde o temprano tienen derecho a disponer del saldo de su cuenta de ahorro individual.

¿Cuál fue la estructura administrativa que se le dio al INFONAVIT para propiciar su eficiente y honesta administración?

Por un lado, todos sus órganos de administración, de operación y de vigilancia son colegiados. Esto significa que en todos sus órganos participan los tres sectores con representantes paritarios en su integración sin que predomine ninguno sobre el o los otros.

También, la Presidencia de los órganos citados es rotativa, de tal manera que los tres sectores los presiden sucesivamente. Es más, al director general lo designaría la Asamblea General aun cuando su nombramiento lo propone el Ejecutivo de la Unión.

Los órganos del INFONAVIT prevén cuerpos colegiados de vigilancia, como la Comisión que lleva este nombre y que se encarga -como su nombre lo indica- de estar al pendiente de la honesta y eficiente administración y aplicación de los recursos del Instituto.

El director general es el más importante funcionario del Instituto, pero no forma parte de los órganos colegiados ante los cuáles comparece y rinde cuentas.

Esta estructura tripartita y paritaria que se le dio al INFONAVIT establece idealmente pesos y contrapesos que han permitido que el INFONAVIT tenga más de 50 años funcionando con eficiencia y honestidad institucional.

¿Quiere usted decir que no ha habido actos de deshonestidad o decisiones imprudentes o equivocadas?

No, de ninguna manera. El INFONAVIT ha sido dirigido y administrado por seres humanos que, seguramente, en determinados casos han podido cometer errores, equivocaciones y hasta actos de mala fe; pero su estructura le permite localizarlos, identificarlos, someterlos a juicio de los tres sectores, denunciarlos, corregirlos y, en su caso, sancionar a los responsables y hasta consignarlos penalmente. Si lo hacen o no ya no es por falta de facultades, de instrumentos adecuados, sino, en todo caso, por las deficiencias y proclividad a la corrupción de algunos seres humanos, que deben corregirse por la autoridad. Es responsabilidad del Presidente de la República proponer a la Asamblea a las personas más calificadas para ocupar el cargo de Director General; si se equivoca, no es culpa de los órganos colegiados, sino falla del Ejecutivo en turno.

Pero no me negará usted que no es lo mismo que un solo sector administre y opere una institución a que se realice por tres sectores que son en sí mismos instituciones con objetivos específicos, diversos y hasta competitivos.

Recuerde que siempre se ha aconsejado que no se pongan todos los huevos en un solo canasto; en el caso del INFONAVIT que no se ponga el Instituto y su patrimonio en una sola mano, como lo sería al darle a un solo sector todo el poder de decisión por su integración mayoritaria dentro de los órganos colegidos.

¿Podemos decir, entonces, que el INFONAVIT tiene dos misiones fundamentales: 1, administrar el Fondo de Ahorro para la Vivienda en propiedad de los trabajadores y, 2, otorgar financiamientos para la construcción y adquisición de esas viviendas por parte de los derechohabientes?

Sí, exactamente. Me gustaría subrayar que ambas funciones son fundamentales para alcanzar el objetivo del Instituto y que merecen el cuidado y vigilancia del gobierno, como institución rectora; de los empresarios o patronos como aportantes de los recursos; y de los representantes de los trabajadores, como dueños únicos del patrimonio de la institución. Los tres sectores son fundamentales; ninguno debe ser excluido, ninguno sobra y todos son indispensables.

¿Por qué el INFONAVIT no construye directamente las viviendas para después vendérselas o rentárselas a los trabajadores?

El INFONAVIT fue creado como una institución financiera, no como constructora ni como arrendadora. El INFONAVIT es, en realidad, una institución social con objetivos muy concretos, claros y sanos. Convertir al INFONAVIT en una mega-constructora y en una mega-arrendadora lo destina al fracaso como el que está sufriendo la famosa mega-farmacia.

La construcción de las viviendas debe quedar en manos de los expertos constructores que respalden sus acciones con sus propios recursos y corran el riesgo, como corresponde a los empresarios, de asumir las consecuencias de los errores que pudieran cometer en la ubicación de los conjuntos habitacionales, la calidad de los mismos, sus costos, su comercialización, etc., etc. El INFONAVIT, en todo caso, debe concretarse a financiar con el Fondo que administra los proyectos que técnicamente cumplan con los requisitos establecidos al efecto; pero no debe correr con los resultados, porque el dinero del que dispone es propiedad individual de cada uno de los trabajadores a cuyo nombre lo depositan sus patrones.

Además, ¿imagina usted la estructura burocrática de una entidad pública responsable de la construcción de viviendas en todo el país en el que deben satisfacerse legislaciones municipales y estatales que atienden las necesidades locales? ¿Imagina usted la responsabilidad que adquiriría el INFONAVIT frente a sus trabajadores por la calidad de las viviendas, su diseño, su ubicación, sus dimensiones, sus precios, etc., etc.?

Si la construcción de viviendas por el INFONAVIT toma, mediante su constructora y su responsabilidad, la tarea de venderlas a los trabajadores parece harto difícil y definitivamente muy complicado. ¿Qué opina usted de que se construyan para darlas en arrendamiento a los trabajadores?

Resultaría, a mi juicio, peor el remedio que la enfermedad. Es verdad que si el INFONAVIT construyera bajo su riesgo viviendas para vendérselas a sus derecho-habientes podría ser que éstos las rechazaran, poniendo el riesgo el ahorro de los trabajadores dueños verdaderos del patrimonio del instituto. Más grave aún sería que los trabajadores adquirieran las viviendas en arrendamiento y que no pagaran oportunamente sus rentas o, peor aún, no las pagaran definitivamente. No veo a una institución de la República, como el INFONAVIT, desalojando a miles de inquilinos por falta de pago oportuno de sus rentas. Definitivamente, pienso que si el INFONAVIT da en arrendamiento viviendas a los trabajadores pondrá en grave riesgo el patrimonio que administra por cuenta de sus titulares. ¡Esto no debe hacerlo el Instituto!

A mayor abundamiento: Ni pensarlo… Ni pensarlo. El INFONAVIT, como propietario de las viviendas que daría en arrendamiento, tendría las obligaciones de cualquier arrendador frente a sus arrendatarios que, sin duda, serían más exigentes que los arrendatarios de inmuebles de propietarios privados e individuales. ¿Imagina usted, que los inquilinos, sabiendo que las renta se las deben al INFONAVIT y no a una viuda o a un particular, dejen en segundo lugar el pago mensual de sus rentas; amén de que descuiden el uso mismo de las viviendas arrendadas? ¿Imagina usted, las complicaciones de la administración de condominios o de conjuntos habitacionales con áreas comunes como jardines, calles interiores, redes de energía eléctrica, de agua potable, etc., etc.? ¿Imagina usted, qué sucedería si el INFONAVIT demandara la desocupación de las viviendas arrendadas por falta de pago de rentas? El INFONAVIT como arrendador, ni pensarlo.

Definitivamente, pareciera que se opone a que el INFONAVIT sea administrado principalmente por la parte gubernamental; que se convierta en constructor de viviendas; y, desde luego, que sea arrendador y administrador de conjuntos habitacionales. Si es cierta mi apreciación, ¿podría ampliar y precisar sus razones?

No debe ser el principal administrador del patrimonio de los trabajadores, que constituye el activo fundamental del INFONAVIT, por no decir el único, porque el gobierno, en términos generales y no de ahora, no está estructurado ni concebido para ello. Los políticos son malos gerentes. Piense en PEMEX, Ferrocarriles y en tantas otras empresas públicas quebradas… Basta recordar las de teléfonos, azucareras, de alimentos, etc… No, de ninguna manera podemos exponer el patrimonio de los trabajadores a la mala administración de los gobernantes de hoy, de ayer y del futuro. El gobernante, a gobernar; los particulares a administrar el patrimonio, los capitales y el dinero privado, como lo es el del INFONAVIT.

El esquema que se propone para el INFONAVIT en la reforma que se discute en el Congreso, si bien es cierto que aparentemente mantiene el tripartidismo, en realidad diseña una caricatura de un órgano con dos patas flacas (las representaciones obrera y patronal) por el número de votos que representan, y una cabeza gigantesca, megacefálica, igualmente, en razón de la mayoría de votos que se propone otorgarle al gobierno dentro de los diversos órganos colegiados de dirección y de administración del INFONAVIT: diseña un monstruo orgánico gerencial, muy peligroso. Peor aún, a este monstruo orgánico peligroso lo supervisará un monstruito orgánico encabezado por el propio gobierno a quien ha de vigilar para cuidar que se tenga una buena administración de los recursos propiedad de los trabajadores.

Como constructor, el INFONAVIT no tiene ninguna experiencia; nunca ha construido vivienda alguna. En un principio, utilizó el fideicomiso para que, a través de este, en el que participaron los bancos como fiduciarios, pudieran separarse las responsabilidades de los constructores que contrataban dentro de los fideicomisos la construcción de las viviendas con financiamiento del INFONAVIT, para su adquisición por los trabajadores con créditos del mismo. De esta manera, el Instituto se deslindó de la responsabilidad directa de construir las viviendas y se concretó a ser la institución financiera para los constructores y los adquirientes del producto, coadyuvando con sus derechohabientes para ofrecerles viviendas suficientes para su elección; conservando la responsabilidad de aprobar las viviendas y sus precios, la asignación de los créditos y la libre competencia de los ofertantes en bien de los consumidores, quienes se mantuvieron siempre en libertad de seleccionar la habitación en la que deseaban vivir.

Por lo que se refiere a convertir al INFONAVIT en una institución arrendadora, mi rechazo a esta idea tiene varias aristas: por un lado, el arrendador es el dueño del inmueble y el propósito fundacional del INFONAVIT es hacer a los trabajadores propietarios desde un principio, de tal manera que se hicieran responsables de su propiedad desde el primer día que adquirieran su vivienda. No le doy mérito al argumento de que no es posible enajenar en propiedad inmuebles a los trabajadores que perciben menos de dos salarios mínimos debido a que el valor de una vivienda excede la capacidad de pago de los asalariados de estos niveles de sueldo, ya que este punto se resuelve suprimiendo los impuestos que se cargan a la construcción, enajenación y titulación de las viviendas, y hasta el impuesto predial durante el tiempo que dure el pago de su crédito. Y, si fuera necesario, otorgando al adquiriente de esta vivienda un subsidio con cargo a una partida presupuestal de desarrollo social. En ocasiones, las viviendas de mayor tamaño y mejor ubicadas dentro del conjunto habitacional tienen un precio ligeramente superior al promedio para que con el superávit compensen el menor precio que se le asigna a las viviendas más baratas.

Debido al desempleo frecuente que sufren los trabajadores de menores ingresos salariales, muy pronto dejan de pagar sus rentas, lo que obligaría al INFONAVIT a demandar la desocupación de los arrendatarios incumplidos, medida imposible moral, social y políticamente de llevarse al cabo. Bien pronto, el INFONAVIT tendría una cartera vencida enorme, que pondría, como ya dije anteriormente, en serio peligro el patrimonio de los trabajadores que no hubieran hecho uso de su derecho a obtener financiamiento para su vivienda, quienes correrían el riesgo de no poder obtener, en su oportunidad, la devolución de su Fondo de Ahorro, ni de sus rendimientos.

Hay, además, un riesgo político que consiste en que, en el devenir de los tiempos, lleguen al gobierno políticos sin escrúpulos que a cambio de no desalojar a los millones de arrendatarios morosos les ofrezcan mantenerlos en posesión de sus viviendas arrendadas, aun cuando deban las rentas, mientras su partido siga gobernando o, lo que es lo mismo, les adviertan que si el partido gobernante pierde la elección futura, los nuevos gobernantes les pedirían el pago de las rentas atrasadas o la desocupación de la vivienda. Dentro de nuestro sistema político, esta conducta es una realidad.