Elecciones 2024: los riesgos de la violencia político electoral
Nota Especial de Citibanamex
Por Nydia Iglesias
nydia.iglesias@citibanamex.com
Con agradecimiento a Carlo Varela
La deteriorada resiliencia del Estado mexicano ante el crimen organizado ha dado lugar a una crisis de extorsiones y desapariciones en el país, pero también a mayor presencia e influencia del crimen en procesos electorales. El Tribunal Electoral de la Federación (Trife), el Instituto Nacional Electoral (INE), periodistas y analistas especializados en temas de seguridad han expresado su preocupación por el incremento de violencia político-electoral en los últimos años.
Esos actores y los propios partidos políticos han contribuido a aportar evidencia tanto de financiamiento ilegal a algunos candidatos cuanto de la intimidación criminal y el asesinato de otros, así como de intervenciones violentas durante jornadas electorales. El número de candidatos, políticos y periodistas asesinados se ha cuadruplicado en los últimos años.
Después de las elecciones de 2021, los líderes de PAN y PRI denunciaron ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la intromisión de grupos criminales en los procesos electorales de ocho entidades del país.
El PRI relató que, en la elección para gobernador de Sinaloa, decenas de operadores electorales fueron secuestrados el día de la elección. En Michoacán, el ex-gobernador Silvano Aureoles denunció que el crimen organizado habría operado directamente en quince municipios del estado para favorecer al candidato a gobernador que, efectivamente, ganó la elección.
Según el Índice Global de Crimen Organizado (IGCO) 2023, que evalúa los niveles de criminalidad y de resiliencia de los gobiernos ante la actividad criminal, México ocupa el tercer lugar de 193 países analizados. El (IGCO) mide el grado de penetración del crimen organizado en los mercados para comercializar su mercancía y servicios y estima la capacidad de los gobiernos para combatir la actividad de esas organizaciones.
La última evaluación anual promedio del índice a nivel mundial fue 4.87, México obtuvo una puntuación de 7.56 en 2021 y 7.57 en 2023, donde a menor puntuación menor intensidad del problema y viceversa. México aparece colocado como el tercer país más vulnerado por este flagelo en el mundo (cuadro 1).
Desde 2009 Más presenta uno de los niveles relativos de homicidios más altos del mundo. Según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), en 2021 el promedio del número de homicidios por cada cien mil habitantes (hxc100mh) fue 5.8 a nivel mundial y en América Latina, 15.
En México, desde 2009, ese dato se ha ubicado por encima del promedio de la región. Si bien no hay estudios que muestren el nivel de correlación entre homicidios y crimen organizado, por varios años por cada 100 mil habitantes algunos medios de comunicación -como los diarios Milenio y Reforma en México- han construido y hecho públicas estadísticas propias de asesinatos con uso de violencia extrema (ejecuciones), característica de la forma de operar y los recursos de fuego con que cuenta el crimen organizado.
Al contrastar esos datos con la estadística oficial de homicidios reportados por INEGI durante esos años se advierte que alrededor de 60% de los homicidios podrían haber estado relacionados con el crimen organizado (gráfica 4).
Durante el gobierno de López Obrador, la tasa de homicidios se ha reducido, aunque los niveles absolutos se mantienen altos. Comparando el quinto año de gobierno de López Obrador con su primer año se observa una caída de 20% en el número de hxc100mh, que pasaron de 28.9 hxc100mh en 2019 a 23.3 hxc100mh en 2023.
Ahora bien, durante los cinco años que lleva su gobierno han sido asesinadas más de 170 mil personas, es la cifra más alta de los últimos 10 sexenios (121 mil durante todo el gobierno de Calderón y 157 mil con Peña Nieto). En promedio, durante el gobierno de López Obrador 92 personas han sido asesinadas al día, aunque en 2023 ese dato fue 83.
Casi todos los delitos más violentos presentan tendencia a la baja excepto la extorsión, que recientemente ha alcanzado niveles históricos. Durante este sexenio, los delitos de alto impacto han presentado una tendencia a la baja. Comparado con el último año de Peña Nieto, los secuestros disminuyeron -67% y los robos con violencia, –23%.
Sin embargo, las extorsiones han continuado con la tendencia de crecimiento que han observado desde el sexenio de Vicente Fox (2000-2006).
Notoriamente, durante el gobierno de López Obrador las denuncias de extorsión crecieron 48%, comparado con el último año de Peña (gráfica 5).
La disminución en la incidencia de los delitos que se presentan con mayor frecuencia en el país parece mejorar la percepción de seguridad en las principales ciudades del país. La Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, que mide la percepción de inseguridad que tiene la población de las 80 ciudades más grandes del país, muestra que, en diciembre del 2023, 59% de esas poblaciones se sentían inseguros en su ciudad, éste es el porcentaje más bajo de toda la serie, que se mide desde hace diez años.
Comparado con el último año de gobierno de Peña, la percepción de inseguridad en diciembre 2023 había caído 21%. Esa percepción corresponde con la disminución de delitos violentos y homicidios en este período (gráfica 6).
No obstante, hace más de doce años que la población nacional percibe a la inseguridad como el principal problema en México. Cuestionados sobre cuál consideran como el principal problema del país, la mayoría de los mexicanos responde que es la inseguridad.
Ante la irrupción de noticias sobre extorsión, enfrentamientos de grupos criminales, levantamientos de jóvenes, hallazgos de fosas clandestinas y presencia impune de actores criminales en más zonas del país, la preocupación por temas económicos parece desdibujarse.
Este quiebre entre la preocupación por la inseguridad y por problemas económicos se produjo al cierre del sexenio de Calderón (gráfica 7), cuando el dato de homicidios alcanzó el nivel máximo durante su gobierno y la crisis económica de 2009 había quedado atrás.
En el marco del proceso electoral 2024, el tema de seguridad se mantiene como la principal preocupación de los electores y, en consecuencia, obligará a los candidatos a pronunciarse sobre esa agenda.
Las desapariciones registran un fuerte incremento en los últimos años.
Según datos de la consultoría TResearch, el número de desaparecidos en el país
parece haberse incrementado considerablemente a lo largo de este sexenio.
Desafortunadamente, los datos oficiales de la Secretaría de Gobernación fueron recientemente desautorizados por el propio presidente López Obrador cuando Karla Quintana, Comisionada Nacional de Búsqueda, presentó su renuncia a finales de agosto pasado y denunció haber sido objeto de presiones por parte de la presidencia para depurar inadecuadamente el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
Ante la falta de confiabilidad en los datos resguardados por el gobierno, quedan las aproximaciones por investigación realizadas por actores privados como la consultora TResearch, que ha publicado datos de desaparecidos para los últimos seis sexenios (gráfica 8).
Incluso si la precisión de estos datos es discutible, la tendencia de crecimiento es notoria y respalda los debates respecto a la posibilidad de que la disminución en los datos oficiales de homicidio pueda estar relacionada por un lado con la intención del crimen organizado de hacer desaparecer los cuerpos de ejecutados y, por el otro, con la intención de actores gubernamentales para mantener bajo el registro de desaparecidas a personas que habrían sido ejecutadas.
Los asesinatos de periodistas también han alcanzado registros históricos durante este sexenio.
Los periodistas que cubren la agenda de inseguridad y violencia se han vuelto cada vez más vulnerables al asedio de grupos criminales que buscan disuadirlos del seguimiento de sus actividades y la publicación de noticias y reportajes que los involucren.
A lo largo de los primeros cinco años de esta administración, el incremento en el número promedio de asesinatos de periodistas en el país muestra cuán vulnerable se ha vuelto ese gremio y cómo el Estado mexicano no está logrando garantizarles el ejercicio de su profesión en condiciones de plena seguridad (gráfica 9).
Los asesinatos de periodistas también han alcanzado registros históricos durante este sexenio.
Los periodistas que cubren la agenda de inseguridad y violencia se han vuelto cada vez más vulnerables al asedio de grupos criminales que buscan disuadirlos
Las agresiones contra políticos y funcionarios públicos se ubican en sus picos históricos.
La consultora Data Cívica contabiliza los ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político y gubernamental, así como contra familiares y colaboradores, y contra instalaciones de gobierno o de partidos.
Comparado con los dos años previos al proceso electoral federal del 2021, durante los últimos dos años, el número de ese tipo de agresiones se ha incrementado más de 400% (gráfica 10).
El número de candidatos asesinados en los últimos dos comicios federales aumentó considerablemente comparado con procesos anteriores.
Según Noria Research, que ha estudiado el fenómeno de la violencia política en el país a lo largo de todo este siglo (gráfica 11), aproximadamente 64% de las incidencias ocurre durante las campañas y 3% el día de la elección.
En esa lógica, de acuerdo a la consultora Data Cívica, durante los tres primeros meses desde que inició el proceso electoral en curso (septiembre a noviembre 2023) se registraron 85 asesinatos de actores políticos. Luego, tan sólo durante enero 2024, ya se han registrado 16 asesinatos más de candidatos y precandidatos.
Según Noria Research, más de la mitad de las agresiones se producen en el sur del país, destacando a Veracruz (16%), Oaxaca (9%), Puebla (8.5%), Guerrero 7%), Michoacán (7%) y Chiapas (6%). La mayor parte de los ataques y presiones asegura Noria, ocurren en el entorno de los alcaldes y sus equipos, así como de precandidatos y candidatos a alcalde; sólo 3.5% de los ataques registrados históricamente está relacionado con funcionarios federales. 30 de los 32 estados del país renovarán alcaldes este año.
El riesgo de que el crimen organizado intervenga en las elecciones de junio próximo es alto, en nuestra opinión.
Aunque en los últimos años los homicidios y algunos de los delitos más violentos han registrado disminuciones, México se mantiene como uno de los países más vulnerados por el crimen organizado en el mundo.
Al igual que ocurrió entre 2011 y 2015, la actual reducción en la incidencia de homicidios no parece tener una explicación asociable a la eficiencia de la estrategia gubernamental de seguridad.
En todo caso, ésta sí parece explicar la mayor presencia del crimen organizado en el país y la audacia con la que esas organizaciones operan, sobre la premisa de impunidad.
Un elemento de ese tipo de operación es la violencia política con la que el crimen interviene cada vez más en la competencia por cargos de elección popular, para intimidar o incluso eliminar a quienes amenazan sus intereses desde el ámbito de la autoridad civil.
A partir de 2018 el número de agresiones y asesinatos políticos se ha incrementado tan significativamente que, este año, las autoridades electorales nacionales han expresado su preocupación por el riesgo de que la violencia política impida el ejercicio libre y pacífico del voto ciudadano.
Destacan los pronunciamientos de Tribunal Electoral y de organismos internacionales, respecto a los riesgos de violencia política electoral.
En el reporte sobre el Índice Global del Crimen Organizado, en la sección de México, se explicita que “las organizaciones de narcotraficantes han logrado ejercer una influencia notable en el proceso democrático de México, supuestamente haciendo todo lo posible para garantizar la elección y/o reelección de aliados políticos claves, incluido el asesinato de políticos percibidos como amenazas”.
Por su parte, en noviembre del 2023, el Presidente del Tribunal señalo que uno de los retos más alarmantes para la elección 2024 es la presencia del crimen organizado, pues “ha permeado en todos los rincones de la vida cotidiana”.
Otro ministro del Tribunal, más recientemente, afirmó que “la violencia por grupos criminales en las elecciones es un elefante en el cuarto de la democracia mexicana y visibilizarla es el primer paso para remediarla”.
