Dónde están las huellas del ´68 Un vistazo a la historia

Por Salvador del Río

A cuarenta años de los sucesos del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en la memoria histórica hay incógnitas cuyas respuestas quizás nunca serán conocidas en cuanto a ciertos antecedentes y los hechos ahí registrados: quién inició el tiroteo en el que el primer herido fue el general José Hernández Toledo; el número de muertos entre civiles, militares y fuerzas policíacas; quiénes fueron los responsables de la intervención del ejército en la manifestación de esa tarde, y otra más profunda: cuál es la huella, la secuela del movimiento de 1968 en la vida política y social de México; hasta dónde la protesta estudiantil contenía un propósito de cambio en la sociedad y si la evolución posterior en las instituciones –principalmente en la democracia y en lo electoral—ha estado influida por aquel proceso.

Entre lo que queda del movimiento de 1968 –antiguos dirigentes del Comité Nacional de Huelga, líderes políticos de una izquierda hoy más que nunca fragmentada y carente de metas para un cambio en la sociedad—se ha planteado la exigencia de juicio y condena a posibles culpables de la represión contra los planteamientos de esa época. En la administración de Vicente Fox esos reclamos fueron canalizados a una investigación a cargo de una fiscalía especial creada en la Procuraduría General de la República.

Pero la búsqueda de posibles culpables adolecía de las ausencias, por fallecimiento, de quienes debieron ser señalados como tales: el entonces presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, y su secretario de la Defensa, general Marcelino García Barragán. De la responsabilidad del presidente no hay duda. En su cuarto informe de gobierno, el 1 de septiembre de 1968, afirmó que el recurso de la policía para la preservación del orden en los disturbios de esas semanas estaba agotado. En tal virtud, agregó en relación con la intervención del ejército, “ejerceré, siempre que sea estrictamente necesario, la facultad contenida en el artículo 89, fracción VI de la Constitución General de la República”, cuyo texto cita. Entre esas facultades está “disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente, o sea del ejército terrestre, de la marina de guerra y de la fuerza aérea para la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación… en la alternativa de escoger entre el respeto a los principios esenciales en que se sustenta nuestra organización política, económica y social (…), por un lado, y por otro las conveniencias transitorias de aparecer personalmente accesible y generoso, la decisión no admite duda alguna y está tomada: defenderé los principios y arrostro las consecuencias”. Fue una clara advertencia. Al año siguiente, en su quinto informe, el Presidente Díaz Ordaz fue mucho más contundente: “Por mi parte, asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica, por las decisiones del Gobierno en relación con los sucesos del año pasado”.

En cuanto al general García Barragán, al día siguiente de la intervención del ejército para abrir, con un basucazo, las puertas de la Escuela Nacional preparatoria, ante una pregunta de los reporteros sobre quién había sido el responsable de ese hecho, respondió tajante: ¡“Yo soy”! Y después, en documentos en forma de memorias, cuya autoría se le atribuye, entregado por un nieto del general a Carlos Monsiváis y Julio Scherer para el libro Parte de Guerra, el general hace mención a los principales capítulos previos, durante y después de los sucesos del 2 de octubre. En supuesta autoentrevista, el general García Barragán se formula a sí mismo once preguntas. En todas ellas establece claramente que la elaboración del plan para aprehender a “los cabecillas” del movimiento obedeció a “instrucciones superiores”, es decir, el presidente de la República, y pone de manifiesto el convencimiento que Díaz Ordaz tenía acerca de que se trataba de una serie de maniobras parte de una conspiración comunista con metas como sabotear los juegos olímpicos que México organizaba. La postura del general García Barragán frente al movimiento es abiertamente anticomunista. Refiere supuestos hechos desmentidos por los propios acontecimientos, cuando dice: “El entonces secretario de Gobernación (Luis Echeverría), en mi presencia le dio instrucciones al rector, ingeniero (Javier) Barros Sierra, de organizar una manifestación de maestros y alumnos de la Universidad y el Politécnico… no imaginó, al inventar a este héroe civil, que las consecuencias serían trágicas para el país y su tranquilidad (…) el rector, en el transcurso de la manifestación escuchó el canto de las sirenas comunistas y creyéndose un héroe en verdad y tomando muy en serio su papel de caudillo prefabricado, cometió la insensatez de izar nuestra enseña patria a media hasta como protesta por la supuesta agresión a la autonomía universitaria”.

La participación del entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría, en el conflicto estudiantil cuyo punto inicial fue un enfrentamiento entre alumnos de la escuela vocacional del Instituto Politécnico Nacional y un grupo de jóvenes, no influyó en las decisiones del presidente Gustavo Díaz Ordaz ni en su cumplimiento por parte del secretario de la Defensa. Precisamente fue el secretario de Gobernación, como un funcionario civil, quien intervino en procura de una solución del conflicto por la vía del diálogo.

Por más que compartiera, como era su obligación como funcionario de una administración gubernamental, la tesis de un complot comunista, hay dos hechos que confirman una postura conciliadora por la vía del diálogo. Cuando se anunció la marcha universitaria para protestar contra lo que se consideraba una violación de la autonomía universitaria por el uso de armas para abrir la puerta de la Preparatoria, el secretario de Gobernación se comunicó por vía telefónica con el rector Barros Sierra para pedirle –una orden, imposible, hubiera sido contraria al respeto a la autonomía—que la manifestación recorriera sólo las inmediaciones de la Ciudad Universitaria y se limitara a una marcha pacífica y de ser posible silenciosa. El rector accedió a esta petición ante el argumento de que de otra manera se correría el riesgo de provocar disturbios incontrolables.

Un segundo hecho en este mismo sentido se produjo cuando el secretario de Gobernación decidió convocar a la dirigencia del movimiento a un diálogo para la solución del conflicto. El 22 de agosto de ese año, después de tres semanas de publicados los seis puntos petitorios del Consejo Nacional de Huelga, el secretario de Gobernación, Luis Echeverría, desde el Salón Verde del edificio de la dependencia, pronunció a través de la radio y en presencia de la prensa un mensaje en el que expresaba la disposición del gobierno para iniciar un diálogo “franco y sereno”, en busca de solución al conflicto.

El secretario de Gobernación manifestaba su convicción de que ese diálogo desembocaría “en el esclarecimiento de los orígenes y el desarrollo de este lamentable problema, muchos de cuyos aspectos todavía aparecen confusos o contradictorios”. Ofrecía la disposición del gobierno, “ajeno a cualquier tipo de prejuicios”, a examinar “los puntos de vista de los auténticos maestros y estudiantes” en unión de todos los sectores interesados, por conducto de funcionarios de la administración, con el propósito esencial de restablecer la normalidad en los centros docentes, a través del “intercambio de ideas que han propuesto por medios indirectos”.

Que fuera el secretario de Gobernación el encargado de formular el ofrecimiento al diálogo resultaba explicable por la naturaleza de sus funciones eminentemente políticas, pero también constituía una señal de disposición al entendimiento a través de un funcionario civil, cuyas responsabilidades no estaban en la esfera de los órganos policíacos o militares. En las primeras horas del día siguiente, 23 de agosto, tras arduas discusiones entre sus miembros, el Consejo Nacional de Huelga emitió un comunicado en el que, no obstante la demanda de que las pláticas fueran “públicas”, se aceptaba el diálogo.

Aunque había en el Consejo de Huelga una corriente moderada y democrática, cuyos integrantes deseaban una negociación (encabezada por Gilberto Guevara Niebla, Raúl Álvarez Garín y Lucio Hernández) y pensaban que era absurdo esperar la plena satisfacción de la totalidad de las demandas, la acción de los extremistas se intensificaba. Buscaban “un triunfo resonante” En un comunicado que Guevara Niebla cita, la Liga Espartaco (de filiación trotskista), aducía que la negociación hubiera sido un fracaso cuando “el movimiento está a un paso de un triunfo definitivo, pero al mismo tiempo se ve amenazado por nuevos peligros y más sutiles maniobras”. Dirigentes o participantes en el movimiento como Heberto Castillo y Fausto Trejo confirmaban ante el CNH la comunicación telefónica con funcionarios de la Secretaría de Gobernación para el comienzo de las pláticas que los mismos líderes estudiantiles habían recibido. En la votación de esa misma noche en el Consejo se rechazó el diálogo. En los debates, el dirigente Tomás Cervantes Cabeza de Vaca planteó lo que sería finalmente el pretexto para la decisión final: “no estamos preparados para negociar el pliego petitorio”. El argumento, al que Gilberto Guevara Niebla califica en su libro sobre esos acontecimientos como “rudimentario y silvestre”, dio al traste con cualquier posibilidad de diálogo. “De haberse dado una negociación parcial en esos términos –reflexiona después de más de 30 años–, la democracia habría llegado a México tempranamente y el país se hubiera ahorrado infinitos problemas.”

Se plantea si el movimiento de 1968 constituyó un factor para los cambios políticos y sociales que en los decenios siguientes tuvieron lugar en el país. Independientemente de sus orígenes, ciertamente relacionados con los que se registraban en Europa –Checoslovaquia, Alemania, Francia—y en Estados Unidos, la protesta estudiantil no tuvo relación alguna con sectores de la población como los de los trabajadores y los campesinos. Como en otras partes, subyacía en la inquietud de los manifestantes un rechazo a la autoridad, identificada no sólo en el gobierno, sino en todo lo que constituía y constituye el “establecimiento”. El carácter revolucionario de tipo marxista que algunos de los dirigentes enarbolaban se desmiente con la crítica, aquí y en otros países, a los gobiernos socialistas, la Unión Soviética en primer lugar. Por cuanto hace a México, un análisis sencillo de los puntos del pliego de peticiones cuya satisfacción se exigía muestra que en ninguna de ellas existía un propósito de cambio radical. Estos puntos fueron: libertad a los presos políticos; destitución de los jefes de la policía (del Distrito Federal), generales Luis Cueto Ramírez y Rafael Mendiolea, y del teniente coronel Armando Frías, jefe del cuerpo de granaderos; extinción del cuerpo de granaderos, instrumento directo de la represión, y no creación de cuerpos semejantes; derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal (delito de disolución social), instrumentos jurídicos de agresión; indemnización a las familias de los muertos y a los heridos que fueron víctimas de la agresión desde el viernes 26 de julio en adelante; deslindamiento de responsabilidades de los actos de represión y vandalismo por parte de las autoridades a través de la policía, los granaderos y el ejército.

La insistencia de los integrantes del Consejo de Huelga en el cumplimiento de estos puntos en un diálogo público con el presidente de la República en la Plaza de la Constitución, dificultó cualquier negociación como la que había propuesto el secretario de Gobernación. Por otra parte, la cercanía de los juegos olímpicos, que fueron inaugurados el 12 de octubre, diez días después de los acontecimientos de Tlatelolco, alentaba la hipótesis de que se trataba de boicotear la justa deportiva.

En los días previos y los meses posteriores a los sucesos del 2 de octubre no se registró acusación ni señalamientos algunos respecto a la responsabilidad de la intervención del ejército a otra autoridad que el secretario de la Defensa, de los cuerpos policíacos y el propio presidente de la República. En ninguna de esas acusaciones aparecía el secretario de Gobernación y un año después Echeverría era designado candidato a la presidencia de la República, sin que en el curso de su campaña fuera señalado como culpable de los sucesos de Tlatelolco. En las acusaciones de muchos años después se insiste en que el 2 de octubre de 1968 se cometió el delito de genocidio. Fallecidos los personajes principales a quienes se podría atribuir responsabilidad, una conclusión judicial sobre la comisión del genocidio recaería necesariamente en el ejército como institución, posibilidad que, particularmente en la hora actual, sin duda sería contraria a las protestas gubernamentales de lealtad a las instituciones y de apoyo en el combate a la delincuencia y el narcotráfico. Dilema difícil de resolver.