Tiene razón el Secretario de Gobernación, licenciado Miguel Angel Osorio Chong, cuando dice que se está llegando “al límite” en el conflicto con los profesores de la CNTE y otros grupos que se han infiltrado en Oaxaca y Chiapas, incluso de corte guerrillero o extremo.
Los gobiernos Federal y Estatal están para hacer cumplir el Estado de Derecho, sin hacer a un lado la política de diálogo, con el fin de encontrar soluciones tanto inmediatas y a largo plazo, que no causen daños humanos.
En el caso concreto de Oaxaca y Chiapas, los cortes en las carreteras y los bloqueos que han realizado estos grupos exceden con mucho los términos de tolerancia en un país donde se supone que impera el Estado de Derecho.
Decenas de miles de personas que dependen del abastecimiento de productos básicos están sufriendo las consecuencias de estos inadmisibles bloqueos a las vías terrestres de comunicación; además, se han registrado acciones peligrosas junto a la refinería de Salina Cruz, que ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores y de las poblaciones contiguas.
Los esfuerzos por mantener el diálogo en la Secretaría de Gobernación se han visto frustrados por la actitud tanto de los maestros de la CNTE como de los grupos activistas de Nochixtlán.
Es muy plausible que no se pierda la paciencia por parte del Gobierno Federal, ni la actitud de diálogo y de respeto hacia los derechos humanos de los grupos disidentes; pero tampoco se puede perder de vista la urgencia de que la región Sureste del país vuelva a la normalidad con respeto a la ley y a las instituciones.
Es el momento en que el Gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, solicite al Congreso de la Unión la declaratoria de un Estado de Emergencia para esa entidad, a fin de que legalmente se restablezca el orden y el Estado de Derecho en esa Entidad Federativa.
El caso de Chiapas no es tan grave como el de Oaxaca, pero también ha llegado el punto de que el Gobierno Estatal encabezado por Manuel Velasco, solicite tanto al Ejecutivo Federal como al Congreso de la Unión la intervención legal correspondiente para que ese Estado vuelva a la normalidad.
