Para el último año de gobierno es imprescindible realizar una evaluación sobre los avances, desaciertos y pendientes que la administración pública hereda. Desde la óptica oficial los resultados de estabilidad macroeconómica son esgrimidos como los mayores logros alcanzados. El control de la inflación, de las tasas de interés, el aumento en las reservas internacionales, el moderado endeudamiento son algunos de los resultados bajo los cuales sustentan su evaluación positiva. Por otro lado, el incremento en la pobreza, la falta de generación de empleo suficiente y bien remunerado, el bajo crecimiento económico y el exponencial aumento de la inseguridad son elementos que permiten plantear severas dudas sobre la eficacia de la política económica y de las políticas públicas instrumentadas durante los últimos años.
Si el objetivo es alcanzar mejores niveles de bienestar social, solucionar problemas como el de la pobreza debería ser una prioridad. Lo anterior no implica que se descarte el mantener el equilibrio macroeconómico, sin embargo, sí plantea que esto último es una condición que debe cumplirse, pero la cual debe estar asociada a la mejora sostenible en la calidad de vida de la población. Uno de los problemas es que el control de la inflación se da en función de una afectación tanto al sector privado productivo como a la población en general. El control de los salarios limita la capacidad de compra y el desarrollo del mercado interno, la intervención en el tipo de cambio y en las tasas de interés resta competitividad a las empresas. El aumento en los precios de la gasolina, electricidad, gas e impuestos, así como la creación de nuevos gravámenes, genera ingresos adicionales al sector público pero a costa del sector privado, el cual transfiere parte de su riqueza y capacidad de inversión a un gobierno que ejecuta su gasto de manera ineficaz y poco transparente.
El crecimiento económico de los primeros cinco años de gobierno no superó, en promedio anual, el 1.5%, lo cual se traduce en una limitante para el desarrollo de las capacidades productivas del país. Esta situación revela otras restricciones y consecuencias a considerar: escaso 
crecimiento que exacerbó los precarios equilibrios sociales, políticos y económicos con los que se inició la actual administración pública. Además, la estrategia económica implementada erró en el diagnóstico que realizó sobre los desequilibrios internos y externos que a inicios del sexenio afectaban al país. Viendo el vaso medio lleno, podría indicarse que la propuesta de campaña sobre una presidencia generadora de empleo era correcta. No obstante, la realidad como gobierno es que no existió la implementación de una política integral en la que dicho objetivo se cumpliera, más aún puede observarse que el mercado laboral continuó su ritmo de precarización: pérdida de prestaciones sociales e incapacidad para poder recuperar el poder adquisitivo de los salarios.
La falta de oportunidades es el común denominador en torno al cual las empresas y ciudadanos han debido batallar. La exigua generación de empleos es la consecuencia y el origen de la mayor parte de los problemas que el país debe resolver. Visto como una consecuencia, el no tener suficientes fuentes de trabajo sintetiza que el número de empresas y la inversión son insuficientes para el tamaño de la población mexicana. Al final de cuentas no puede obviarse que la principal fuente de plazas laborales las forja el sector privado. El conocido millón de empleos que México requiere para satisfacer su crecimiento demográfico anual, sirve para ejemplificar que los 591 mil empleos registrados en el IMSS durante el 2011 son insuficientes ante las necesidades de la población. Al déficit de 400 mil empleos registrado durante el 2011 deben agregarse los empleos faltantes o eliminados en los años previos, particularmente durante la crisis de 2009. Adicionalmente es imprescindible tomar en cuenta un aspecto relevante, la falta de oportunidades laborales ha propiciado una enorme reserva de personas desocupadas, gente que se encuentra en la economía informal o que definitivamente ha optado por la ilegalidad. Todo ello contribuye a la precarización del mercado laboral mexicano y de las condiciones de vida de la población. Los salarios y las prestaciones sociales han disminuido, basta citar que 30 millones de trabajadores tienen una ocupación laboral, pero no cuentan con un acceso a la seguridad social, hecho que representa una evidencia suficiente para señalar que no existen las garantías para dar la cobertura adecuada a los empleados y sus familias.
Lo descrito permite plantear la consecuencia directa: mayor pobreza. De acuerdo con el Indicador de Tendencia de la Pobreza Laboral (ITPL), para el segundo trimestre del 2012 la situación de precariedad en la que viven los mexicanos es la más elevada desde 2005, cuando comenzó a realizarse dicha medición. La particularidad que esto reviste es que se contabiliza a la pobreza atribuible a las malas condiciones del mercado laboral: las familias mexicanas no reciben el ingreso monetario suficiente para poder vivir fuera de la dramática situación que constituye la pobreza. No puede, ni debe olvidarse, que la pobreza sintetiza la severidad de restricciones a las que se enfrenta la población, particularmente los segmentos más desprotegidos, como niños y ancianos. El hecho de tener 57.7 millones de pobres, medidos mediante la metodología por ingresos del CONEVAL,1 pone en relieve que México es un país habitado mayoritariamente por personas pobres: 51.3% del total, el porcentaje más elevado desde el año 2000. Si se toma en cuenta que en 2006 el número de pobres era de 45.5 millones de mexicanos, puede aseverarse que en tan solo 4 años existió un aumento de 12.2 millones, situación que pone en claro la poca eficacia que los programas económicos y sociales tuvieron para resolver los problemas internos y externos que enfrentó el país.
Las consecuencias que la precarización de la vida social plantean son múltiples, y derivado de las mismas se puede entender el por qué México ha debido enfrentar una creciente violencia e inseguridad. A las restricciones existentes al inicio del sexenio, se les debe agregar un rampante aumento de la pobreza, provocada por las malas condiciones laborales. El argumento utilizado para intentar justificar la falta de resultados fue que la “crisis vino de fuera”, que fue provocada por la recesión de Estados Unidos y que afectó a todo el mundo. Efectivamente la principal economía del mundo enfrentó una crisis mayúscula, la cual cimbró a la mayor parte de las naciones desarrolladas y a los países periféricos que tienen una fuerte dependencia del ciclo productivo de las primeras. Evidentemente que México no tenía argumentos para librarse de dicha situación, y las razones básicas son dos: en primera instancia se debe citar que las principales autoridades económicas y políticas negaron que la recesión de Estados Unidos afectaría al país, y en segunda instancia porque México no contaba, ni cuenta, con un mercado interno lo suficientemente sólido como para poder subsanar cualquier afectación procedente de su principal socio comercial. Durante todo 2007 y principios de 2008 se negó cualquier posibilidad de contagio sobre la economía mexicana. Lejos de tener algún argumento económico o financiero, las razones esgrimidas tuvieron más tintes voluntaristas y políticos que realmente técnicos: la nación estaba “blindada” frente a lo que ocurría y que en caso de suscitarse solamente sería un “catarrito”. No obstante los deseos oficiales, la realidad se impuso. Para el segundo semestre del 2009, la declaración de recesión económica oficializó la magnitud del problema que desde mediados de 2008 había vivido el país. Dicha aseveración fue acompañada con una prospectiva de crecimiento negativo significativamente diferente al planteado originalmente por el propio gobierno federal.
Como ejemplo de las consecuencias que se debieron de pagar por dicho yerro se pueden citar las diversas estimaciones oficiales realizadas durante dicho periodo. Lejos quedaron sus pronósticos originales para la elaboración del presupuesto de 2009, en septiembre de 2008 se prospectó un incremento del PIB de 3%. A partir de ese momento las proyecciones sufrieron repetidas correcciones, tan sólo un mes después la meta de crecimiento se planteó en 1.8%, en tanto que para la mitad del 2009 ya se reconocía que en lugar de avance existiría una contracción económica cercana al 4.1%, hasta ese momento la disminución más grande después de la contabilizada durante la crisis de 1995. En realidad la caída fue mayor, y superó el 6%. La contracción tuvo severas afectaciones sobre la sociedad mexicana, principalmente en materia de empleo, pobreza, seguridad pública, salud y educación.
La problemática que se enfrentó fue compleja, particularmente por el hecho de que el sector privado se vio envuelto en un entorno poco propicio para incrementar la inversión, la producción y el empleo. Los desequilibrios para las empresas fueron enormes, tanto las grandes como las pequeñas vivieron la posibilidad de quiebra, aunque por diversos motivos. De manera general puede señalarse que algunas de las más grandes empresas se equivocaron en su administración financiera, fundamentalmente por el manejo inadecuado de los derivados del tipo de cambio. De igual forma se tiene al sector automotriz exportador, el cual vivió una etapa complicada debido a la recesión industrial que ocurrió en Estados Unidos, mercado al cual se dirige la mayor parte de la producción realizada en México. Al igual que en el caso anterior se tiene a la industria exportadora de bienes eléctricos, electrónicos, mecánicos, de computación, textiles, entre otros, la cual no tuvo capacidad de reacción ante el histórico retroceso de la inversión y el consumo en el mercado norteamericano.
Como consecuencia de lo anterior se puede plantear que las empresas dedicadas a satisfacer la demanda del mercado interno también debieron afrontar los impactos que inicialmente acontecieron en Estados Unidos. La pérdida de empleo en las empresas de manufacturas disminuyó de manera acelerada la capacidad de consumo de la población. Lo anterior se conjuntó con la merma en la recepción de remesas, la contracción del crédito al consumo, la volatilidad del sector financiero, la depreciación del peso y el incremento de la inflación, ésta última principalmente en alimentos, combustibles y electricidad. Todo ello ocasionó que el sector servicios, el último reducto de estabilidad económica, también se viera fuertemente afectado. Debe mencionarse que en este caso los problemas pasan más allá de la coyuntura, el incremento de la pobreza asociado a la crisis de 2009 nuevamente mermó la capacidad estructural del mercado interno para funcionar como un motor de crecimiento económico.
La relación con el mercado interno es clara, fundamentalmente porque la mayor proporción de los servicios tiene un estrecho vínculo con la evolución de los patrones de consumo de la población, por lo que su tendencia a la baja sin duda fue sinónimo de la disminución en la calidad de vida de los mexicanos. Debe mencionarse que la nueva afectación se adicionó a los problemas estructurales prexistentes, los que cuentan con una larga historia y que durante el sexenio no fueron correctamente diagnosticados y atendidos. Si bien es cierto que la crisis económica se originó en el extranjero, también lo es el que se reprodujo en un sistema económico poco productivo y con un pobre desempeño social, todo lo cual se exacerbó por la inadecuada política económica.
El contexto descrito revela que el sexenio no tuvo logros considerables en aspectos centrales para la economía y la sociedad mexicana. Aun considerando el periodo de crisis global suscitado en 2008 es evidente que existió un manejo inadecuado de la política económica que menospreció la dimensión de la recesión norteamericana y de los efectos que tendría sobre México. El escenario planteado muestra que no se logró realizar una travesía adecuada para obtener la culminación exitosa de una administración pública que de inicio había diagnosticado correctamente que parte de los problemas a resolver eran elevar el empleo, la inversión, la productividad, la competitividad y la seguridad pública. Sin embargo, tener el diagnóstico es insuficiente cuando no se implementa el modelo económico y social adecuado, situación que puede ser contraproducente y que en el caso de México ha generado desequilibrios que deberán de atenderse para garantizar la estabilidad social.
La estabilidad económica es insuficiente, México se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad, sobretodo, en términos sociales. Los programas económicos han tenido magros resultados. A pesar de que se puso énfasis en la generación de más y mejores empleos, en la obtención de mayor seguridad pública y en poner un freno a la situación de pobreza, los resultados del sexenio plantean totalmente lo opuesto. La pobreza ha crecido a tasas inaceptables y hasta 2010 más de la mitad de los mexicanos yacen en esta situación, colocando a más de 11 millones de mexicanos en pobreza extrema y otros tanto en la miseria. La inseguridad creció de manera perturbadora, el inicio de la “guerra contra el crimen organizado”, ha dejado más de 60 mil muertos, de acuerdo a las cifras oficiales. Asimismo, más de 2 millones de personas se encuentran sin trabajo, 28% de la población económicamente activa labora en la informalidad y muchos más se mantienen condiciones laborales de precariedad. La tarea a emprender es realmente retadora, esta situación debe revertirse, una pesada carga para el próximo gobierno del país.
México enfrenta problemas estructurales que se han exacerbado en la actual coyuntura. En este sentido, la desocupación, la precarización del mercado laboral, la pobreza, la inequidad en la distribución de la riqueza, el aumento en el precio de los alimentos y la inseguridad forman parte de una realidad que millones de mexicanos enfrentan día a día.
En lo correspondiente al gobierno el problema de fondo es su limitada capacidad para administrar, de manera eficiente, los recursos financieros de que dispone: durante los últimos 5 años el sector público federal contó con 850 mil millones de pesos excedentes a lo presupuestado. En este sentido, el problema no es la insuficiencia de recursos públicos sino la mala administración y distribución de los mismos. Se aprecia, por ejemplo, que el presupuesto asignado a infraestructura física no garantiza la efectividad en la obtención de mayor desarrollo económico y social, además su ejecución se realiza con retraso; hasta junio de 2012, es decir la mitad del año, apenas se ha erogado el 36% del presupuesto en la materia.
De igual forma persiste un incremento del gasto corriente, principalmente de aquel destinado a sueldos y salarios, remuneraciones adicionales y especiales y otras prestaciones sociales y económicas. La situación se agrava al considerar que el valor agregado generado por las actividades del gobierno es marginal e inclusive en algunos rubros llega a ser negativo. De tal forma, si el Estado no es garante de mejores condiciones de vida, la responsabilidad de crecimiento y bienestar recae sobre el sector privado, es decir, en las empresas.
El problema es que las empresas mexicanas tienen severas restricciones para mejorar la calidad de vida de la población. De acuerdo a la información del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), el 93.7% de las unidades económicas del país emplean como máximo a 10 personas, el 5.7% entre 11 y 100 trabajadores en tanto que solamente el 0.5% poseen más de 101 empleados. De igual manera, las estadísticas revelan que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) generan la mayor cantidad de empleos y aportan el 50% del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, dicha situación plantea un reto importante, puesto que las empresas más pequeñas, en términos generales no sólo son menos productivas y competitivas, sino que además el empleo generado es precario. Lo descrito hace patente la necesidad de implementar políticas eficaces que potencien a las MiPyMEs. En principio pareciera que ya existen: según el objetivo 6 del Plan de Desarrollo existe una estrategia avocada a la “incubación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas”.
1 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
