Declaración de Los Ángeles Sobre Migración y Protección

La Casa Blanca

10 de junio de 2022

Nosotros, los jefes de Estado y de Gobierno de la República Argentina, Barbados, Belice, la República Federativa de Brasil, Canadá, la República de Chile, la República de Colombia, la República de Costa Rica, la República de Ecuador, la República de El Salvador, los Estados Unidos de América, la República de Guatemala, la República de Haití, la República de Honduras, Jamaica, los Estados Unidos Mexicanos, la República de Panamá, la República de Paraguay, la República de Perú y la República Oriental del Uruguay, reunidos en Los Ángeles con ocasión de la Novena Cumbre de las Américas, reiteramos nuestra voluntad de fortalecer los esfuerzos nacionales, regionales y hemisféricos para crear las condiciones de una migración segura, ordenada, humana y regular, y de consolidar los marcos para la protección y la cooperación internacional.

Coincidimos en la necesidad de promover las condiciones políticas, económicas, sociales, ambientales y de seguridad para que las personas tengan una vida pacífica, productiva y digna en sus países de origen. La migración debería ser una elección voluntaria e informada, y no una necesidad.

Estamos decididos a proteger la seguridad y la dignidad de todos los migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y personas apátridas, con independencia de su condición migratoria, y a respetar sus derechos humanos y libertades fundamentales. Nos proponemos mantener una cooperación directa para facilitar una migración segura, ordenada, humana y regular y, cuando sea pertinente, promover los retornos seguros y dignos, en consonancia con la legislación de los países, el principio de no devolución y nuestras respectivas obligaciones conforme al derecho internacional.

Reconocemos que abordar la migración internacional irregular exige un enfoque de tipo regional, y que las dificultades sanitarias, sociales y económicas que existen actualmente debido a la pandemia exacerban las causas fundamentales que propician la migración irregular, incluidas las vulnerabilidades de numerosos migrantes y comunidades.

Valoramos que nuestra región tradicionalmente ha acogido a refugiados y migrantes y ha mostrado solidaridad con sus vecinos. Reconocemos las contribuciones positivas de los refugiados y migrantes al desarrollo socioeconómico de las comunidades que los reciben. Reconocemos asimismo los esfuerzos sostenidos de Estados de nuestro hemisferio para acoger a migrantes, brindar vías para la migración regular, promover la integración económica y social local, facilitar los retornos seguros, dignos y voluntarios, y posibilitar la reintegración sostenible de las personas retornadas.

Seguimos estando decididos a aprovechar en forma colectiva los beneficios de la migración y, al mismo tiempo, responder a los desafíos que plantea en los países y comunidades de origen, tránsito, destino y retorno. Lo hacemos con ánimo de colaboración, solidaridad y responsabilidad compartida entre Estados y en alianza con la sociedad civil y las organizaciones internacionales. Ratificamos nuestro compromiso compartido de apoyar a las comunidades receptoras; fortalecer y ampliar las vías regulares y el acceso a la protección internacional; favorecer las oportunidades de trabajo digno; facilitar la regularización y el acceso a servicios básicos; y promover los principios de una migración segura, ordenada, humana y regular.

También nos proponemos fortalecer a las instituciones que son responsables de la gestión de las migraciones en nuestros países e intercambiar mejores prácticas orientadas a brindar una atención eficiente y adecuada a los migrantes y acceso a protección a los refugiados.

Promover la estabilidad y la asistencia para las comunidades de destino, origen, tránsito y retorno

Reafirmamos que los países de origen y los países y comunidades que reciben a grandes cantidades de migrantes y refugiados podrían necesitar financiamiento y asistencia internacionales relacionadas con el desarrollo, necesidades humanitarias básicas, protección, seguridad, salud pública, educación, inclusión social y empleo, entre otras cuestiones. Apoyamos esfuerzos que permiten a todos los migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y personas en situación de vulnerabilidad integrarse en los países receptores y acceder a identidad legal, condición regular, empleo digno, servicios públicos y protección internacional, cuando resulte pertinente y conforme a lo establecido en la legislación nacional, para reconstruir sus vidas y contribuir a esas comunidades. Tenemos previsto sostener los esfuerzos orientados a prevenir y reducir la apatridia. Vamos a extender los esfuerzos para abordar las causas fundamentales de la migración irregular en todo nuestro hemisferio, mejorando las condiciones y las oportunidades en los países de origen y promoviendo el respeto de los derechos humanos. Reafirmamos la importancia de asegurar que el retorno, la readmisión y la reintegración de los migrantes se den en condiciones seguras, dignas y sostenibles, a fin de facilitar que puedan reasentarse en sus comunidades de origen. Asimismo, confirmamos la importancia de que todos los ciudadanos extranjeros reciban asistencia consular oportuna cuando la requieran o la soliciten, y que se brinde a las personas retornadas un trato humano y digno, con independencia de su condición migratoria, incluso en el proceso de su repatriación y retorno.

Promover vías regulares para la migración y la protección internacional

Reafirmamos que las vías regulares, incluidas las oportunidades de migración circular y estacional con fines laborales, la reunificación familiar, los mecanismos de migración temporaria y los programas de regularización, promueven una migración más segura y más ordenada. Estamos decididos a asegurar más oportunidades justas de migración de trabajadores, con salvaguardias que aseguren el reclutamiento ético y un empleo sin explotación, violencia ni discriminación, congruente con el respeto de los derechos humanos y con una perspectiva de género. Nos proponemos promover, en consonancia con la legislación nacional, el reconocimiento de las cualificaciones y la portabilidad de los beneficios sociales. Vamos a actuar para que quienes cometen abusos y violaciones de derechos humanos respondan por sus actos. Deseamos promover el acceso a protección y a vías complementarias para solicitantes de asilo, refugiados y personas apátridas, con arreglo a lo dispuesto en las leyes nacionales y respetando el principio de no devolución. Buscamos promover la seguridad fronteriza y los procesos de gestión que respeten los derechos humanos y que alienten y faciliten los viajes lícitos y seguros dentro de la región. Nos comprometemos a garantizar los derechos humanos de las personas en situaciones vulnerables y a brindar acceso a la protección internacional, según corresponda. Asimismo, nos esforzaremos por brindar atención especializada y sensible a factores de género a las personas en situación de vulnerabilidad.

Promover la gestión humana de la migración

Habiendo renovado nuestro compromiso de respetar y asegurar los derechos humanos de todos los migrantes y personas que necesitan protección internacional, reconocemos la responsabilidad de cada país de gestionar los desplazamientos mixtos a través de las fronteras internacionales de manera segura, humana, ordenada y regular. Nos proponemos extender los esfuerzos de colaboración para salvar vidas, hacer frente a la violencia y la discriminación, contrarrestar la xenofobia y combatir el contrabando de migrantes y el tráfico de personas. Esto incluye una mayor colaboración para procesar a las organizaciones delictivas que se dedican al contrabando de migrantes y la trata de personas, así como a quienes facilitan su accionar y a las redes de blanqueo de capitales. Nos comprometemos a brindar protección y asistencia adecuadas a las víctimas. Nos proponemos, con arreglo a la legislación nacional, mejorar y facilitar el intercambio de información entre los órganos de aplicación de la ley de la región, para así contribuir a la investigación y el juzgamiento de delitos. Vamos a explorar nuevos mecanismos y, al mismo tiempo, preservar y potenciar los foros regionales, subregionales, hemisféricos y globales que ya existen, con el objeto de intensificar la cooperación en la gestión de las fronteras y aplicar los mecanismos vigentes sobre regímenes de visas y procesos de regularización para combatir la explotación por parte de organizaciones delictivas. En el caso de ciudadanos extranjeros que no tengan necesidad de protección internacional ni fundamento legal para permanecer en el país donde estén presentes, nos comprometemos a llevar a cabo retornos de un modo que sea congruente con nuestras respectivas obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados, y que respete la dignidad de la persona, integre salvaguardias para impedir las devoluciones y promueva el retorno de niños y niñas a condiciones seguras.

Promover una respuesta coordinada ante emergencias

Al reconocer la necesidad imperiosa de que se favorezca una migración segura, ordenada y regular, así como la seguridad de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en la región, vamos a trabajar para cooperar en la respuesta a emergencias y la asistencia humanitaria en situaciones de migración masiva y desplazamiento de refugiados. Vamos a fortalecer los mecanismos de coordinación regional vigentes y, cuando sea pertinente, la participación de la sociedad civil y de organizaciones internacionales para adelantar esos objetivos. Como parte de eso, se incrementará el intercambio de información, según resulte pertinente y en consonancia con la legislación nacional, reforzando los sistemas de alerta temprana, optimizando los foros y procesos relevantes que ya se han establecido y definiendo un conjunto común de factores que activen una respuesta coordinada.

Un enfoque común para reducir y gestionar la migración irregular

A fin de impulsar los objetivos comunes expuestos en la presente Declaración y crear las condiciones para la migración segura, ordenada, humana y regular a través de un reparto claro de responsabilidades, nos proponemos trabajar juntos en todo el hemisferio en pos de:

• Convocar a bancos multilaterales de desarrollo, instituciones financieras internacionales y donantes tradicionales y no tradicionales para revisar instrumentos de apoyo financiero a los países que reciben a poblaciones migrantes y enfrentan otros desafíos migratorios, sin perjuicio de las prioridades y los programas de financiamiento existentes.

• Mejorar los mecanismos de cooperación regional para la colaboración en materia de aplicación de la ley, el intercambio de información, la gestión de las fronteras sensible en materia de protección, los regímenes de visas y los procesos de regularización, según corresponda y con arreglo a la legislación nacional.

• Fortalecer y ampliar las vías para la migración temporal con fines laborales, conforme resulte viable, que beneficien a los países de la región, lo que incluye nuevos programas que promuevan los contactos entre empleadores y trabajadores migrantes, salvaguardas sólidas para el reclutamiento ético y protecciones legales para los derechos de los trabajadores.

• Mejorar el acceso a servicios públicos y privados para todos los migrantes, refugiados y personas apátridas con el fin de promover su inclusión social y económica plena en las comunidades receptoras.

• Ampliar el acceso a las vías regulares para migrantes y refugiados, que incluyan opciones de reunificación familiar cuando resulte pertinente y viable, en consonancia con la legislación nacional.

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La presente Declaración se basa en los esfuerzos y compromisos internacionales existentes y fomenta la visión expuesta en el Pacto Mundial sobre los Refugiados y en el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (GCM) enmarcados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Reconocemos el avance señalado en la Declaración de Progreso del Foro de Examen de la Migración Internacional para el GCM. Reafirmamos la labor fundamental que continúa conforme al Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS), la Conferencia Regional sobre Migración (CRM) y la Conferencia Suramericana sobre Migraciones (CSM), en tanto órganos regionales abocados a facilitar la implementación de la presente Declaración, así como el Proceso de Quito y la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas de 1951; su Protocolo de 1967; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; los Convenios de Ginebra de 1949 y el Derecho Internacional Humanitario; la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; su Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños; su Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire; la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas; la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; y otras convenciones internacionales, siguen siendo vinculantes para las Partes de esos instrumentos que adhieran a esta Declaración. La presente Declaración se alinea con los compromisos asumidos por los Estados en la Declaración Relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo y sus Principios Generales y Directrices para la Contratación Equitativa. Reiteramos la importancia y el significado del principio de no devolución como uno de los elementos fundamentales de la protección internacional de los refugiados. Celebramos los esfuerzos que se llevan adelante en toda la región para brindar una repuesta coordinada e integral a todos los migrantes, las personas retornadas, los refugiados, los solicitantes de asilo y las personas apátridas. Efectuamos esta Declaración sobre compromisos sin carácter jurídicamente vinculante con el propósito de asegurar una mayor cooperación y responsabilidades compartidas en la gestión de las migraciones y la protección, respetando los derechos humanos, la transparencia, la no discriminación y la soberanía de los Estados.